Por Víctor Jaque Orellana.
Siempre que conversaba con un viejo amigo, salía a flote la historia de una candidata del partido socialista que llegaba en época de campaña a la población donde aún vive parte de su familia recordando que ella “era del pueblo”, aunque lo hacía desde su 4×4, con un abrigo largo, rodeada de guardaespaldas, buenos autos y muchos, muchos regalos para la gente. Ahora, que hace unos días se destrabó lo que para unos es una de las más importantes reformas al sistema político, esa historia me hace mucho más sentido que antes. Quizás no por lo trascendental del “cambio” (discutible por lo demás, si recordamos que el sistema binominal se mantiene igual), sino por un detalle que ayuda bastante en política y sobretodo en período electoral: el dinero.
Para el espectro político en general era un negocio redondo que todo se mantuviera tal y como estaba hasta hace poco. Muchos tienen un universo de votantes cautivos, conocen la zona, tienen una red de contactos y poseen una cantidad de adherentes (casi “soldados electorales”) importante prestos a colaborar en los “puerta a puerta”, repartiendo afiches o cuidando las palomas aquellas en época de elecciones.
¿Qué los llevó a cambiar de parecer? Antonio Leal postula que la inscripción automática y el voto voluntario “(…) permite rejuvenecer un padrón electoral envejecido, aumentar en cuatro millones y medio el número de inscritos, crear una mayor incertidumbre en el voto y, sobretodo, porque obliga a los partidos a considerar a los jóvenes como parte de sus propuestas (…)”[1] OK, de acuerdo, pero ¿se puede crear incertidumbre cuando dos candidatos de veredas opuestas tienen presupuestos sideralmente diferentes para hacer campaña? ¿los partidos considerarán a los jóvenes cuando el candidato que asegure la cuota de poder sea el que no los representa? ¿De verdad ayuda que se incorporen más votantes, cuando lo más probable es que muchas de las elecciones de candidatos sean hechas aún “a dedo”?
En un año de despertar social como este había que dar una señal, a lo mejor calculada para no afectar mayormente el statu quo existente, pero que fuera rimbombante. Pasó igual que con la “Constitución Lagos”: una serie de reformas a nuestra carta fundamental que con el paso del tiempo varios postulan que fueron menores, pero que en el momento daba la impresión de un cambio importante.
Sin duda que el problema es mucho más de fondo, partiendo por el sistema binominal que convenientemente muchos ayudan a perpetuar (basta averiguar cuántos parlamentarios llevan dos o más períodos en el edificio de Valparaíso). Se trata en el fondo del cómo luchas contra un candidato que tiene el suficiente dinero para hacer un despliegue territorial mucho mejor que el tuyo, cómo logras traspasar tu concepción de sociedad justa al elector si otro candidato le paga la cuenta de la luz a toda una población, cómo demuestras tu preocupación genuina si otro candidato llega con un equipo de oftalmólogos para entregarle lentes a los abuelitos de la villa.
Lo más terrible, es que hay candidatos que lo logran a pesar de todo pero no llegan al Congreso, mientras hay otros que no se interesan en cuestionar el sistema, porque puede que no hagan nada, pero llegan igual al hemiciclo.
Debo reconocer que soy un tipo desconfiado de la política, pero aún así hice la fila para inscribirme en el registro electoral (de eso ya algunos años), hago la tediosa fila en mi mesa para votar y miro de reojo si falta algún vocal para que no me “designen”. Al final, siempre recuerdo a un profesor universitario que una vez me dijo que la política “debe ser arte de los acuerdos y no el arte de ponerse de acuerdo”.
[1] http://www.antonioleal.cl/2011/12/26/inscripcion-automatica-%C2%BFcambio-estadistico-o-politico/#.Tvkqj0OWzSQ.twitter
Por José Larrea
La nueva oferta de los iluminados congresista debe llamarnos la atención, generar un punto de vigilancia permanente. La demanda por una nueva constitución es la mayor aspiración que los movimientos sociales han hecho sentir este último tiempo, se ha expresado en las calles y las redes sociales, corresponde a una demanda legítima fruto de la profunda desigualdad existente en la sociedad.
La actual Constitución es ilegítima y espuria, surge de la necesidad que tiene la dictadura para proyectar el dominio de los poderosos del país y las empresas extranjeras que hacen su picnic en Chile, llevándose a manos llenas nuestros recursos naturales.
Esta constitución tiene la particular característica que garantiza el desarrollo de un modelo económico basado en la economía de libre mercado y la competencia como eje fundamental de la vida en la sociedad, evitando por todos los medios el rol regulador y fiscalizador del estado que históricamente existe en un estado republicano.
Es la Asamblea Constituyente el mecanismo que asegura representatividad democrática y no un congreso representativo de poderes fácticos que solo se ha preocupado de maquillar la actual carta constitucional, con el objeto de mantener la situación de desigualdad y miseria para la gran mayoría de la población.
La Asamblea Constituyente es la que debe recoger el sentir de la mayoría ciudadana, legítimamente elegida y que en justas aspiraciones debe expresar su anhelo de justicia y libertad.
Es tarea de la ciudadanía integrar el descontento que provocan las actuales condiciones de vida con trabajo precarizado y mal remunerado, endeudamiento endémico que tiene agobiada a las personas y que genera situación de incertidumbre, inseguridad respecto al futuro, considerando que los fondos de pensiones para quienes lo poseen, cada vez se ven más exiguos gracias a la volatibilidad especulativa del mercado.
La forma demagógica e impopular que tienen estos congresistas para buscar una salida airosa y que les permita seguir usufructuando de los beneficios del poder, es lo que debe llevarnos a desconfiar de sus propósitos. No han hecho otra cosa que engañar y postergar a la población, mantienen y aumentan escandalosamente sus cuotas de poder, han pactado nuestra riqueza fundamental como es el cobre, desnacionalizándola y hoy contamos solo con el 28% de su propiedad; el agua, la electricidad, las rutas camineras, las cuotas de pesca, los medios de comunicación, son el gran negocio con el que se han enriquecido ante la impavidez de la ciudadanía.
Es este movimiento estudiantil el que ha hecho conciencia y ha proyectado la necesidad sobre un nuevo orden constitucional, que reemplace el actual nivel de precariedad en que se encuentra este país. No permitamos que los mismos ladrones que ayer ofrecieron representar al pueblo, sean los artífices de un nuevo engaño.
Nueva Constitución mediante Asamblea Constituyente. La soberanía popular es un derecho que no se transa en el mercado.
Hace algunas semanas atrás, en una entrevista realizada en el programa Tolerancia Cero, el Presidente Sebastián Piñera anunció que se enviaría al Congreso un proyecto de ley de primarias voluntarias y vinculantes financiadas por el Servicio Electoral, junto con otro proyecto sobre elección directa de Consejeros Regionales (CORES) que iría en el marco de una reforma a la administración regional.
El tema de las primarias cobró una especial relevancia en la pasada elección presidencial cuando la Concertación realizó un pésimo proceso cargado de subterfugios para proclamar a Eduardo Frei como su candidato presidencial, que de paso potenció la candidatura de Marco Enríquez-Ominami. Desde entonces se ha discutido la idea de hacer que las candidaturas a cargos de elección popular sean ratificadas mediante procesos de primarias en vez de instancias cerradas de decisión.
Por su parte, el tema de la elección de CORES ha estado siempre en el tapete, aunque todas las iniciativas al respecto han estado durmiendo el sueño de los justos en el Parlamento durante varios años, tal como gran parte de las iniciativas de ley relacionadas con descentralización. Si se ven estas iniciativas desde un plano general, éstas constituyen un avance al cambiar parte de las prácticas que definen el quehacer político en nuestro país, y por hacer recaer parte de los procesos de decisión en los votantes. Sin embargo, al entrar a analizar con mayor profundidad, es posible afirmar que estos proyectos son en sí incompletos o insuficientes.
¿Por qué? Partamos primero por el proyecto de elección de CORES. Si vemos la forma en que hoy se les elige, que pasa por la votación de todos los concejales electos de la región, constituyendo de esta forma un sistema de elección indirecta, obviamente es positivo que dichas autoridades sean electas directamente por los propios votantes. El problema radica principalmente en las pocas o nulas atribuciones y potestades que la ley les otorga a los gobiernos regionales, que están atados de mano en materia fiscal y tienen que aceptar que las decisiones de inversión regional vengan en gran medida ya definidas desde Santiago. En pocas palabras, el asfixiante centralismo chileno termina por estrangular una iniciativa descentralizadora relevante como ésta antes de nacer. Elegir directamente a los CORES con el statu quo actual serviría solamente para elegir autoridades con poco margen de acción, lo que de momento podría volverse poco efectivo.
En el caso de la ley de primarias, el asunto se vuelve más complejo. Es cierto que se vuelve necesario, en aras de la representatividad política, que las candidaturas se ratifiquen en procesos de primarias abiertas y vinculantes. No obstante, si el objetivo de esta iniciativa es, por un lado evitar que el fiasco de la primaria concertacionista del 2009 se repita, y por otro hacer que un sector que siempre ha decidido sus candidaturas entre cuatro paredes haga primarias de una buena vez, entonces se hace necesario que las primarias además de ser abiertas y vinculantes sean obligatorias manteniendo la autonomía partidaria, ya que en este caso la voluntariedad genera espacios para que las cúpulas partidarias recurran a subterfugios y vacíos para realizar procesos viciados de proclamación y/o ratificación de candidaturas.
Por otro lado, respecto al tema de las primarias, la gran camisa de fuerza que neutraliza un posible efecto positivo de esta iniciativa es el sistema binominal y las falencias de los partidos políticos, magnificadas por una legislación que a todas luces se ve obsoleta. En ocasiones, los sistemas electorales y el marco institucional definen la conducta de los partidos políticos que compiten en un sistema político. Sus características y normas inciden al momento de definir candidaturas, establecer estrategias de campaña e incluso en la posibilidad de prever resultados. Aspectos como la trampa de los doblajes en el binominal, la distribución de los distritos electorales, la falta de transparencia y controles externos de los partidos, la dificultad para presentar candidaturas independientes y la cuestión del financiamiento de partidos y campañas hacen que, mientras no se aborden estos problemas y se establezcan soluciones, el impacto de hacer primarias vinculantes sea muy bajo en virtud de lo que se busca lograr con esta iniciativa.
Las reformas políticas, desde que se volvió a la democracia en 1990 se han caracterizado por dos cosas: Por realizarse de forma inorgánica, y por realizarse para mantener intactos los aspectos más relevantes, que hoy son abiertamente cuestionados. Dado el escenario actual, donde la representatividad de los partidos y la clase política va cayendo en picada, realizar reformas que mejoren la institucionalidad político-partidaria se vuelve de suma importancia si se quiere evitar un desenlace caótico para el sistema político chileno. Tomando lo anterior, las iniciativas anunciadas por el Presidente Piñera son bienvenidas al abrir un debate necesario en dos frentes: Representatividad y Descentralización; sin embargo es importante, e incluso crítico, que estas reformas políticas se diseñen y se discutan de forma sistémica, que al abordar un tópico se vea de inmediato el efecto que tendrá en otros puntos para elaborar respuestas más integrales a los problemas que enfrenta el sistema político.
En conclusión, es posible afirmar que estos proyectos son muy importantes al abrir ventanas que permiten discutir a fondo en el contexto actual aspectos clave de nuestra institucionalidad, pero el éxito o fracaso de estas reformas no pasará por la votación que puedan obtener en el Parlamento, sino que más bien por la factibilidad de que el debate sobre reformas políticas se aborde de forma más integral y se haga una agenda macro de cambios institucionales que permitan dejar atrás la gatopardiana historia de las reformas políticas de la transición. O sea, ahora es cuando para debatir cambios, pero que se discutan de verdad y a fondo, o de lo contrario no se logrará nada.
Hablando con una amiga, me di cuenta de lo desconcertados que estamos los concertacionistas. Mis sentimientos hacia el sistema político-económico eran tranquilos y de protección hasta marzo de 2010; hoy no lo son. ¿Oportunismo político? ¿Intento de destrucción de un gobierno por el que no voté? ¿Estoy picado?. Siendo súper objetivo, Piñera –más allá de las estupideces valóricas de la UDI y de sus conflictos de interés- no ha hecho nada muy distinto de lo que hicimos por 20 años. ¿Porqué ahora es distinto? ¿Porqué ahora me irrita?
Cuando la Concertación ganó la elección presidencial de 1989, la propuesta era de cambios. No nos gustó el sistema político-económico que se impuso a la fuerza por la dictadura. El sistema político generaba una democracia protegida o limitada, donde los militares tenían un poder inadmisible para un país libre. El sistema económico establecía la “iniciativa privada” sin contrapesos, donde la ley de la oferta y la demanda resolvían toda problemática.
Ante un quiebre violento, la Concertación, desde el PS a la DC, aceptaron las reglas del juego, a fin de un cambio paulatino. Fue la época de “la medida de lo posible” y de la “democracia de los acuerdos”, lo que se parecía bastante a un co-gobierno, con un fuerte poder de veto de los militares y grupos fácticos de la derecha.
Esa estrategia, es absolutamente entendible los primeros 8 años de gobiernos democráticos: Pinochet estaba en la comandancia en jefe y el riesgo de un golpe de Estado o regresión autoritaria era evidente. Es difícil que la nueva generación pueda entenderlo. Yo lo entiendo, porque viví en esa época. Las elecciones parlamentarias de 1997 y la salida de Pinochet de la comandancia en jefe en marzo de 1998 desnudaron nuestros sentimientos al respecto (nuestras bajadas de bandera, como dijo Garretón), y aparecieron 2 almas transversales en los partidos de la Concertación: los autocomplacientes, que creían muy valorable todo lo avanzado en materia de libertades políticas y de combate a la pobreza, y los autoflagelantes, que criticaban haber perdido el alma de cambios en nuestra alianza, haber aceptado el sistema de Pinochet.
La discusión se mantuvo siempre escondida, bajo la alfombra, porque “había que asegurar la gobernabilidad”, por miedo a los militares, o por lo que fuere. Aunque la lucha electoral, fue más estrecha, aún quedaban 2 victorias presidenciales que mantuvieron la discusión low profile.
Llegó el momento de la derrota, y al momento de discutirse las razones de la derrota, salió el tema a la luz. Los autocomplacientes argumentaron, por cierto, que si eso fuera verdad, habría ganado un candidato a la izquierda de la Concertación y no a la derecha. Sin embargo, a mi entender, y como dice Tironi, no entendieron que la victoria de la derecha fue un accidente: No ganó la derecha, perdió la Concertación. Ante un programa moderado y centrista del candidato Piñera, se castigó la inconsecuencia del arcoíris y sus malas prácticas al momento de gobernar, que –dicho sea de paso- eran muchas. Y esto aún no lo entiende la dirigencia de nuestros partidos. ¿Y qué pasa con la gente de a pie, los que no perdimos cargos por perder el gobierno y no tenemos cargos por los que luchar en las próximas elecciones? Bueno, lo que pasa es que tuvimos que asumir el porrazo de enero de 2010 y asumir de un sopetón nuestras propias inconsecuencias. Porque la culpa no es sólo del chancho, sino también del que le da afrecho; en este caso, de quienes votamos 20 años por la Concertación. Veo las demandas estudiantiles y son absolutamente justas. Veo las demandas de Asamblea Constituyente y nueva Constitución y las encuentro justas y obvias. Siento un estado de “choreamiento” que no es consecuente con mi cautela y complacencia de hace sólo 1 año y medio.
En lo personal, creo que es mejor asumir los errores y complacencias del pasado, corregirlos y proponer algo a futuro. Ante el duopolio político, me veo sin alternativas electorales a corto plazo, a menos que la Concertación o la alianza que la sustituya enmiende su horizonte en miras a las próximas elecciones. Tengo súper claro que de estas movilizaciones sociales no se van a lograr cambios de fondo en este gobierno, sólo cambios cosméticos; por eso es importante, que mi alianza haga un mea culpa y proponga al país cosas básicas.
Por lo pronto, el pacto social generado en 1988-1989 que dio origen a esta transición interminable (y que dio origen a la misma Concertación) se quebró, se terminó. Es necesario proponer un marco constitucional nuevo, plebiscitado o generado a través de una asamblea constituyente o la mezcla de ambos, en que el poder constituyente del pueblo maque las nuevas reglas del juego.
En lo político, se necesita un sistema participativo, no de elite; eso se logra con primarias obligatorias para todos los cargos de elección popular, elegir intendentes, limitar la reelección de todas las autoridades, incluir en el tejido constitucional instituciones de democracia directa (como la iniciativa popular de ley, la revocatoria, etc.), establecer un sistema semi-presidencial, en que exista una figura fuerte en la presidencia, pero que no sea un rey sin corona como existe ahora. Demás está decir que se necesita un sistema electoral proporcional.
En lo económico, no soy anti-empresarios ni anti-iniciativa privada, pero me parece que hay un ámbito en el que ellos deben estar, con normas laborales y medioambientales claras y de protección. Hay otros ámbitos (educación, salud) en que el Estado debe tener un papel clave; en que el lucro sea retirado. También se necesita una reforma tributaria de verdad, a nivel de un país más avanzado. Es inmoral que los bancos ganen miles de millones de dólares al año, en que el sueldo mínimo sea poco más de 180.000 y en que el Estado no garantice, al menos, una educación y salud gratuita y de calidad.
Para mí sólo un pacto social nuevo en base a esos mínimos parámetros, nos posibilita salir del atolladero en que nos encontramos ahora. Si los políticos, especialmente los que se llaman a sí mismo “progresistas”, no están a la altura, esto será una olla de presión que en algún momento va a explotar. Porque las crisis no se dan sólo por golpes de estado, sino también por ilegitimidad de quienes nos representan. Me declaro observante de la realidad política, a la espera de programas y propuestas serias de gente que tiene en sus hombros la conducción de mi país. Pensar más en el programa, que en el candidato.
