Los correos electrónicos recibidos y despachados desde la cuenta oficial del ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, entre los días 18 y 21 de julio de 2011 son información pública. Así se determinó -por dos votos contra uno- en la sesión N° 328 del 04 de abril de 2012 realizada por el Consejo para la Transparencia, resolviendo favorablemente el amparo al derecho de acceso a la información interpuesto por el ciudadano Juan José Soto.
El 5 de septiembre de 2011, Juan José Soto, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, recurrió al Consejo para la Transparencia – representado por la fundación Pro Acceso- en contra de la Subsecretaría General de la Presidencia (SEGPRES), luego de que dicha institución denegara el acceso a los correos electrónicos del ministro en un determinado periodo. El ciudadano alegó que al ser una cuenta institucional de un órgano del estado, ésta debía ser susceptible de ser solicitada a través de la normativa de acceso a la información.
El ministro Larroulet, por su parte, defendió su postura de no entregar los mails asegurando que la diferenciación entre una información privada y una pública aún no está clarificada, pero que un email se puede comparar tecnológicamente con una llamada telefónica, y hoy hay una institucionalidad que define que un llamado es una información privada.
Finalmente la controversia fue zanjada, señalando los consejeros en su decisión de mayoría que “los correos electrónicos de funcionarios públicos, enviados o recibidos desde su casilla institucional y en ejercicio de funciones públicas —esto es, no los que tengan que ver con su vida privada o personal—, son públicos sino se acredita la concurrencia de una causal legal específica de secreto o reserva. El secreto o la reserva de la información dependen del contenido y no del continente. Sólo así son posibles el control y la participación ciudadana en el ejercicio de las funciones públicas y el adecuado ejercicio de la libertad de expresión“.
Para Soto, “Este fallo reafirma el derecho de acceso a la información pública que tenemos como ciudadanos, considerando que lo que solicité eran correos electrónicos que sólo se refirieran a materias de interés público, solicitando expresamente excluir información que el Ministro considerara bajo el alero de su vida privada”.
Esta decisión reviste de especial importancia, ya que se sienta un precedente sobre el tema, donde el Consejo fue claro al señalar que, “…así como no puede sostenerse que todos los correos electrónicos de las autoridades son reservados no cabe, tampoco, estimar que todos esos correos son públicos“, reafirmando a su vez, que para denegar la entrega de la información es preciso justificar suficientemente la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva específica.
La Fundación Ciudadano Inteligente elaboró un estudio que determina la congruencia entre el comportamiento legislativo del Ejecutivo y las promesas contenidas en el Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
La investigación se puede ver directamente enwww.deldichoalhecho.cl y entre las principales conclusiones se puede señalar que el Programa de Gobierno tiene un cumplimiento de 24,4% en materia legislativa. Para Manuel Arís, Director de Vota inteligente de la Fundación Ciudadano Inteligente, “Más allá de la calificación de bueno o malo del 24% de cumplimiento, en lo que tenemos que avanzar es que los futuros candidatos a elecciones, de cualquier tipo, elaboren sus programas de gobierno con la intención real de implementarlos cuando hayan sido elegidos, para que los ciudadanos mejoremos la confianza en los políticos y dejemos atrás la idea de que los políticos se olvidan de sus promesas cuando llegan al poder”
Otra de las conclusiones relevantes obtenidas por FCI es la llamada “agenda alternativa”, donde podemos apreciar que el 69% de los proyectos de ley ingresados al Congreso por el Ejecutivo no tienen relación con el cumplimiento de alguna de las promesas contenidas en el Programa de Gobierno, lo que demuestra que no necesariamente éste ha significado una carta de navegación en materia legislativa. Este 69% excluye los proyectos de ley relacionados con la reconstrucción, los que representan el 8% del total de proyectos ingresados al Congreso en estos dos años de Gobierno.
Felipe Heusser, Presidente Ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente comenta al respecto, “Como hemos constatado en este estudio, un 71% de los proyectos de ley ingresados por el Ejecutivo al Congreso corresponden a la Agenda Alternativa, lo que, más allá de evaluar la pertinencia de estos proyectos, nos invita a reflexionar sobre cómo vincular lo prometido en campaña con lo que se hace durante la gestión, es decir, a que se establezca una relación proporcional entre lo dicho y lo hecho”
Al mismo tiempo, el estudio concluye que la administración Piñera ha ingresado al Congreso un 28% más de proyectos de ley que el gobierno de Michelle Bachelet en sus dos primeros años de mandato.
¿Qué es lo que se busca con este estudio?
La Fundación Ciudadano Inteligente, a través de estudio, deja en evidencia que en Chile se necesita:
Mayor proporcionalidad entre lo prometido en los Programas de Gobierno y lo que se ejecuta desde la gestión pública.
Un mecanismo para informar a la ciudadanía los cambios que se producen en la carta de navegación establecida en el Programa de Gobierno.
Perfeccionar los mecanismos por medio de los cuales se informa sobre la gestión del Gobierno.
Te invitamos a revisar el estudio, formar parte del debate y revisar la metodología en http:www.deldichoalhecho.cl otro sitio de Ciudadano Inteligente.
Durante el último tiempo, hemos puesto énfasis en hacernos –los ciudadanos- personas más informadas y participativas. A su vez, las instituciones han comenzado a revelar información a la que antes no podíamos acceder. Por eso, si tienes dudas en temas de transparencia y acceso a la información, estos son los sitios que no puedes dejar de visitar a la hora de hacerte preguntas, seguramente en ellos, podrás encontrar respuestas.
Desde 1988, la corporación Participa ha buscado mejorar la calidad de la democracia promoviendo la participación ciudadana en los asuntos de interés público y un ejercicio responsable del gobierno. La idea principal de esta entidad es contribuir para que los valores y derechos democráticos sean conocidos, respetados y ejercidos por personas informadas, organizadas y participativas. Además, aboga por prácticas transparentes y por la rendición de cuentas en la gestión pública.
Dentro de sus proyectos, destacan los de participación ciudadana y de transparencia y acceso a la información pública como el programa “Quiero mi barrio” (2007-2010), “Incide” (2010-2011) e “Iniciativa y Acceso”. Durante el 2011 se realizaron “Seminarios Participativos” y el proyecto “Ciudadanía Activa”.
Nació en julio del 2004 como una fundación sin fines de lucro que buscó -desde un comienzo- promover el acceso a la información pública, y consolidarlo como un derecho humano fundamental, generando cambios a nivel legal y cultural. Intenta garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública y promocionarlo como una herramienta central en el desarrollo de políticas públicas de Chile.
Actualmente, Pro Acceso realiza un arduo seguimiento al fallo de la Corte Interamericana y a los cambios institucionales que están en trámite legislativo.
El proyecto Transparentemos busca que las organizaciones que participen en él se autorregulen e incorporen a su gestión los principios de la transparencia activa y rendición de cuentas. Esto incrementará la legitimidad del sector, permitirá alcanzar una mayor eficacia e impacto tras su gestión y así, alcanzar más oportunidades de acceso a recursos del sector público y privado.
Transparentemos contempla construcción de estándares, en base al modelo Chile Transparente. También, tiene un plan piloto, donde se convocarán a 60 organizaciones sin fines de lucro para hacerse parte de esta experiencia. Por último, se emprenderán acciones con las distintas instituciones públicas y privadas.
En el 2000 se fundó Ciudad Viva , su compromiso fue tomar el conocimiento adquirido durante la lucha de cinco años contra el primer gran proyecto de autopista urbana en Chile (Costanera Norte), que hubiera destruido la rivera norte del río Mapocho y todo su patrimonio tangible e intangible, y ponerlo a disposición de las comunidades urbanas en conflicto o que estén buscando jugar un rol más activo en la planificación, para construir barrios y ciudades más justas socialmente y sustentables ambientalmente.
Finalmente, Ciudad Viva busca el empoderamiento de los ciudadanos y especialmente sus organizaciones, los espacios colectivos donde se construyen consensos cruciales.
El Consorcio es un grupo de organizaciones de carácter multidisciplinario que través de su experiencia y conocimiento en materias de transparencia, participación ciudadana, acceso a la información y tecnología, busca facilitar el acceso real de los ciudadanos a la información, y monitorear a las diferentes instituciones públicas y privadas. Además, se preocupa de desarrollar acciones de educación, difusión y empoderamiento ciudadano en torno a estos derechos.
Dentro de las organizaciones, cuentan con la participación de: Corporación Participa, Fundación Pro Acceso, Fundación Pro Bono y la Fundación Ciudadano Inteligente.
El Consejo para la Transparencia es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por la ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información del Administración del Estado. Busca promover y cooperar en la construcción e institucionalización de una cultura de la transparencia en Chile, garantizando el derecho de acceso a la información pública de las personas.
Es una red de intercambio entre organismos y entidades públicas que desarrollan supervisión en funciones de transparencia y acceso a la información pública. Esta red la conforman, el Ministerio Institucional de Transparencia y lucha contra la corrupción de Bolivia, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos de México, la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay, la Defensoría del Pueblo de Perú y el Consejo para la Transparencia de Chile.
Acá podrás enterarte que sucede no solamente en Chile, sino en otros países de América sobre el tema de transparencia y acceso a la información.
En este portal se encuentra toda la información sobre transparencia de las entidades públicas. Dentro de las opciones que te da, puedes ingresar y ver datos de organismos públicos, sistema de compras, informes de ejecución presupuestaria, transferencias, actos y resoluciones, estructuras orgánicas, la dotación de personal de las distintas instituciones y la declaración de intereses de nuestras autoridades, entre otras opciones.
Chile Transparente, combate la corrupción desde una perspectiva integral. Crea conciencia sobre los beneficios de la transparencia en las organizaciones públicas y privadas, y da a conocer los costos económicos y sociales que implica la corrupción.
Desarrolla proyectos que posicionan los valores de la transparencia y la probidad, y elabora herramientas y prácticas que permitan mejorar los niveles de integridad y acceso a la información de la ciudadanía.
Las actividades y acciones emprendidas por el organismo son financiadas por el aporte de socios individuales y de empresas cooperadoras, junto a las donaciones recibidas por proyectos específicos de parte de distintas entidades nacionales e internacionales.
El Open Goverment Partnership tiene por objeto asegurar el compromiso concreto de los gobiernos en promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana, luchar contra la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para hacer que los gobiernos sean más abiertos, efectivos y contables. Otra tarea, consiste en apoyar la participación ciudadana de todas las personas, por igual y sin discriminación, en la toma de decisiones y la formulación de políticas.
El miércoles 18 se realizó una audiencia en el Consejo para la Transparencia por solicitud de correos electrónicos, que hizo un ciudadano, al Ministro Larroulet.
Es la tercera vez que en Chile sucede algo así. La primera, fue la petición de correos electrónicos que se hizo al Servicio Agrícola Ganadero (SAG), a raíz del proyecto HidroAysén; la segunda, una solicitud de los e-mails enviados sobre el tema de reconstrucción entre la Subsecretaría del Interior y la Gobernación de Talagante. En la actualidad el CPLT se encuentra conociendo su tercer caso.
Todo comenzó con una solicitud de acceso a la información pública del ciudadano Juan José Soto quien pidió acceder a los correos electrónicos despachados y recibidos desde la cuenta de correo institucional del Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, entre los días 18 y 21 de julio de 2011, solicitando expresamente, excluir cualquier tipo de correo privado del Secretario de Estado.
El 5 de septiembre de 2011, Juan José Soto, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Subsecretaría General de la Presidencia (SEGPRES), basado en que dicha institución habría denegado el acceso a datos solicitados.
“El artículo 5° de la Ley de acceso a la Información Pública establece que es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”, explica Juan José Soto
También, asegura que el derecho a la protección de la vida privada no se ve amenazado por la entrega de dicha información, pues se pidieron sólo aquellos correos electrónicos que tratan temas relativos a la gestión pública, y no los que tengan contenido privado.
Agregó que la tecnología actual, supone el reemplazo de las tradicionales formas de comunicación escrita entre funcionarios públicos, siendo los e-mails de cuentas institucionales pagadas por el Estado, y usadas por funcionarios contratados por este, escritos de carácter público, de interés ciudadano y parte esencial de la memoria institucional de un país. En naciones como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra o México, los ciudadanos pueden solicitar los correos electrónicos de sus autoridades, y no ha habido grandes problemas por ello, por eso no se entiende que el Gobierno quiera mantener sus comunicaciones en secreto.
Por su parte, el ministro Larroulet defiende su postura de no entregar los mails porque asegura que la diferenciación entre una información privada y una pública aún no está clarificada, pero que un email se puede comparar tecnológicamente con una llamada telefónica, y hoy hay una institucionalidad que define que un llamado es una información privada.
Es por ello que el Gobierno interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional, defendiendo la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la privacidad.
El miércoles 18, el Consejo para la Transparencia vio ambas posturas y se espera que adopte una decisión definitiva, pronto respecto al criterio sobre si los emails institucionales de las autoridades públicas deben ser privados o tienen un carácter público respecto del interés ciudadano.
Después de la horrible analogía del cajón de manzanas con una de ellas podridas, la frase sobre las preguntas, debe ser lo segundo más repetido en la educación chilena.
Advierto que no soy experto ni en educación, ni en negocios, ni en leyes, sólo un ciudadano interesado en la sociedad civil. No quiero atacar a nadie, pero sí hostigar a todos. Como declarado inexperto yo tengo muchas preguntas y para evitar que me tilden de tonto, voy a hacerlas:
¿Cuántos profesores de Enseñanza Media están estudiando la ley 20.285 de Acceso a la Información Pública y la ley 20.500 de Participación Ciudadana para luego enseñárselas a sus alumnos?
Un país que aspire a tener una democracia participativa, con una ciudadanía responsable y fuerte, debe educar en esos aspectos a sus jóvenes o como he escuchado por ahí “pre-ciudadanos”. Me parece que asignar trabajos escolares que, en vez de una búsqueda en wikipedia, requieran una solicitud de acceso a la información pública pueden tener un impacto tremendo como una primera interacción directa entre un estudiante de tercero medio y el gobierno central de Chile.
En mi trabajo como encargado del proyecto www.accesointeligente.org de la Fundación Ciudadano Inteligente yo percibo ese ideal de un gobierno que trabaja por nosotros, a veces bien, a veces mal, pero veo que se mueven por nuestras solicitudes. Recordemos que mandatario es quien recibe los mandatos.
¿Cuántas acciones pro sociedad civil has hecho durante esta primera quincena del 2012?
Es muy común olvidarse que somos parte activa de la sociedad, está el gobierno, está el Congreso, están los bancos, las farmacias, los liceos, las sociedades agrícolas y está la sociedad civil, tan importantes somos que incluso en nuestra Constitución estamos considerados ¿Te imaginas cuántas acciones pro-banca realizaron los bancos en lo que ya va del 2012 y cuántas planean hacer? Se entiende, ellos están preocupados de su sector, lo cultivan y protegen. Nosotros debiésemos hacer lo mismo, porque tu sector –y el mío- es el de la sociedad civil; debemos protegerlo y cultivarlo. No es fácil porque no te pagan por eso, pero te sugiero algo que al menos es gratis.
¿Por qué no elijes un tema y haces una pregunta al gobierno? La lees y si te parece que hay algo sospechoso sobre lo que profundizar envíalo a algún periodista amigo tuyo para que lo ponga en la tabla de investigaciones. O, al menos, publícalo en facebook o en twitter con un comentario, quizás una amiga tuya lo quiera investigar.
¿Acaso te parece que en libre competencia todo anda bien?, ¿El Serviu es lo suficientemente transparente y eficiente?, ¿Las Isapres son fiscalizadas tanto como a ti te gustaría?, ¿Carabineros explica perfectamente la asignación de patrullas en los distintos sectores del país? Estas preguntas y muchas otras pueden ser respondidas en menos de 20 días si tú las haces.
¿No tienes nada que decirle a ningún senador respecto a ningún proyecto de ley, entonces por qué no has usado nunca el sitio www.senadorvirtual.cl?
¿Qué Chile es más valioso, el solidario que dona más de $20.000.000.000 a la teletón o un Chile fiscalizador que evita que Kodama reciba sumas similares por razones injustificadas?
Una de las consecuencias más importante y beneficiosa de la ley de transparencia es un efecto secundario o colateral: la inhibición de actos de corrupción. Sólo por la posibilidad de que alguna vez alguien empiece a preguntar cosas al respecto y que investigando por aquí o por allá descubra la corrupción.
¿Cuántos Juan Pablo Davila andan por ahí a punto de cometer unos inexplicables “errores de tipeo” inhibidos ante la posibilidad de que a uno de los 17 millones de chilenos se le ocurra indagar en algo que lo comprometa?, ¡Porque con uno basta! Imagina que conveniente la acción, pro-sociedad civil, de tener una fuerza fiscalizadora de cientos de miles al establecer como obligatorio al menos un trabajo que use la ley de transparencia en tercero medio. Millones de alumnos preguntando al gobierno, para ser buenos fiscalizadores hay que tener práctica ¿Puede eso ser malo?
En definitiva, la gran pregunta es cuánto más eficiente sería el Estado de Chile si contara con una sociedad civil fuerte y responsable. Cuánta de la debilidad actual de nuestra sociedad civil es nuestra responsabilidad. Dicen por ahí que las sociedades tienen los gobiernos e instituciones que se merecen ¿Cuál nos merecemos los chilenos?
Las organizaciones de la sociedad civil entregaron a la Segpres un documento con una serie de propuestas que buscan cooperar en la iniciativa gubernamental que tiene por objetivo la promoción de la transparencia y la participación ciudadana, y la modernización del Estado. Todo esto en el marco de la adhesión a la Alianza del Gobierno Abierto, a la que se le presentará una propuesta final en marzo de este año.
El Consorcio por la Transparencia y Fundación Ciudad Viva enviaron al secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia, Alberto Precht, un documento con una serie de propuestas que apuntan al perfeccionamiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la promoción de la participación ciudadana.
La entrega del documento se dio en el contexto de la invitación que realizó la Agencia de Probidad de la Segpres a la sociedad civil para presentar propuestas en el marco de los compromisos que el Gobierno está elaborando para integrar la Iniciativa del Gobierno Abierto (Open Government Partnership). Un proceso de consulta en el que también participan el Parlamento, la Contraloría General de la República y el Consejo para la Transparencia.
Dentro de las propuestas que el Consorcio y Ciudad Viva presentaron a la instancia dependiente de las Naciones Unidas, destacan la publicidad actualizada y permanente de las estadísticas por servicio público, en la que se indiquen la cantidad de solicitudes de información recibidas y las respuestas entregadas por los servicios respectivos; la administración de un Observatorio por parte de la Agenda de Probidad, que realice seguimiento y apoyo a la implementación de la Ley 20.500 (“Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública”) y de la calidad de las consultas públicas on-line; el perfeccionamiento de la institucionalidad vigente del Consejo para la Transparencia, fortaleciendo su institucionalidad y presupuesto; y la creación de un Convenio Regional del P10 como un resultado concreto de la Cumbre de Río+20, a celebrarse en Junio del 2012 en Brasil.
El documento, además, busca definir las principales líneas del Plan de Acción, estableciendo metas de corto plazo en un primer año, así como otras de más largo alcance en temas como el compromiso del fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, la utilización de las nuevas tecnologías (Tic’s) para incrementar la eficiencia, la apertura y la rendición de cuentas de los países.
El Consorcio por la Transparencia es una agrupación de organizaciones sin fines de lucro y pro transparencia, que vela por el bienestar de la sociedad civil; conformado por Fundación Pro Acceso, Fundación Ciudadano Inteligente, Fundación Pro Bono y Corporación Participa.
La propuesta completa que el Consorcio y Fundación Ciudad Viva entregaron al gobierno, puede ser descargada del sitio web www.consorcioporlatransparencia.cl.
El consenso de analistas, columnistas, periodistas, políticos y público en general es que el año que acabamos de despedir fue uno, cuanto menos, difícil, complejo y, dicho con cierta siutiquería, “raro”.
Comparto dicha impresión, generada sobre todo por una suma difusa y algo etérea de eventos trascendentes que tuvieron auge en los más disímiles puntos del planeta. Y lo interesante –como vivimos en una sociedad globalizada– es que cada uno de estos eventos repercutió de alguna manera en otras latitudes y, al final, en el mundo entero, tanto en una dimensión política como económica y sobre todo social.
Fue el año de las revoluciones, de las caídas de tiranías que llevaban décadas incólumes, de la muerte del terrorista número 1 buscado por Estados Unidos, de los movimientos sociales, de las redes sociales, del flujo expedito de información pero también de la censura de la información.
Es difícil ubicar un punto de partida, y siempre el evento que convengamos en escoger como episodio inicial tendrá, a su vez, otros antecedentes y causas, de suerte que podríamos remontarnos al momento en que Eva mordió la manzana. Sin embargo, creo que un buen punto de partida, más o menos claro y explicativo –y el que en cierta manera desencadenó todo lo que ocurrió a lo largo del 2011–, corresponde a la filtración de cables diplomáticos por obra de Wikileaks, acontecido cuando ya se nos iba el 2010.
Si reflexionamos por un momento, todo lo que ocurrió el 2011 podría explicarse de alguna manera a partir del efecto dominó que generó lo hecho por Bradley Manning, Julian Assange y compañía; no por directa influencia de los propios contenidos de los cables diplomáticos expuestos, sino por el aura general y el contexto ideológico al que nos permitía arribar tal suceso.
Me refiero puntualmente al ensalzamiento del derecho de acceso a la información. Al final, lo que demostró primero Wikileaks, y luego Twitter con su formidable soporte a la hora de organizar movilizaciones y protestas en todo el mundo, es que, en definitiva, la información se encuentra actualmente en manos de todos, de manera instantánea y sin intermediarios (exceptuando los soportes tecnológicos).
Hoy en día todos cuentan con una cuota de poder más o menos significativa que les permite levantar causas en un par de minutos y derribar proyectos de ley o cualquier otra iniciativa que atente contra los intereses de esa selecta casta de personas informadas e hiperconectadas. Hasta aquí podríamos concluir entonces, y con relativo acierto, que el 2011, a pesar de los constantes intentos de boicot (léanse a modo de ejemplo las medidas de censura ejecutadas por el régimen egipcio para frustrar las protestas, o la propia ley SOPA), fue el año del acceso a la información y el libre flujo de ésta.
Lamentablemente no me van quedando muchas razones para mirar con optimismo el 2012, al menos en este aspecto. La ya mencionada ley SOPA es la mejor muestra de que los gobiernos de occidente no miran con buenos ojos la manera en que redes sociales y, en general, las nuevas tecnologías de la información permiten levantar causas que –más allá de que sean justas y sensatas o no– tienden a incomodar el poder central.
No es que estemos descubriendo el fuego. Desde hace mucho tiempo hemos podido comprobar la importancia de las nuevas tecnologías de la información como motor de cambio social y político, y hemos tenido también la oportunidad inferir que estas herramientas son un arma de doble filo, con una capacidad de generar gran suspicacia en los gobernantes de todas partes. Sin embargo, creo que es 2011 el año en que este cúmulo de ideas y valores ha alcanzado su auge, y por ello es que los órdenes de Occidente comienzan a tomar cartas en el asunto.
Tomemos como ejemplo la ya mencionada Stop Online Piracy Act. Desconozco lo que irá a ocurrir con ella en el estado en que se encuentra en el Congreso, con sus evidentes y abiertas contradicciones a la primera enmienda y otros derechos fundamentales garantizados en la propia legislación norteamericana. En el mejor de los casos, tal vez el lobby ejercido por usuarios de a pie e importantes empresas que dependen de una Internet relativamente libre logre derribar el proyecto.
Podría ocurrir también –de todo se puede esperar de la tierra del tío Sam– que la iniciativa SOPA, tal como se encuentra redactada hoy, llegue a convertirse en una ley plenamente vigente para todos y cada uno de los Estados del país del norte, con las consiguientes y nefastas implicancias para todos los países conectados a Internet y que dependan de lo que hagan o dejen de hacer los servidores establecidos en Estados Unidos.
Pero si llegara a concretarse el peor de los temores de todo internauta, ¿estamos condenados? Parecen haber dos salidas o posibles desenlaces.
La primera y la “más legítima” radica en la confianza que podamos tener en la sanidad del sistema legal estadounidense. La aprobación de una norma antijurídica por donde se le mire, que atenta abiertamente contra la primera enmienda y los más sacrosantos valores políticos y sociales de Estados Unidos, debiera ser revisada por la Corte Suprema y ser declarada inconstitucional. Si las instituciones funcionan, sabemos que una ley federal ya aprobada es susceptible de ser declarada inconstitucional por los tribunales superiores de justicia, en virtud, precisamente, del principio de supremacía constitucional, y así restablecer el imperio del derecho.
Pero si nada de esto llegara a ocurrir, lo más probable es que sólo se contribuya a profundizar el problema y termine desahogándose una manifestación global de proporciones épicas. Internet es el último verdadero bastión de libertad que nos va quedando, y por ello podría afirmar con convicción que, si bien hay muchas cosas que desconozco y soy incapaz de predecir, ésta es una de esas en la que el futuro ya se puede anticipar con relativa seguridad. Y es que nadie se quedará de brazos cruzados mirando cómo la fuente universal de conocimiento por excelencia queda atrapada en las redes del poder central, la censura y –si nos compramos la tesis de que realmente todo esto pasa por la protección de los derechos de autor– los intereses de las compañías discográficas y grandes medios.
El 2011 fue el inicio de un proceso de cambios y descontento a nivel global; algunos con causas distintas, pero todos interrelacionados de alguna manera (sea desde un punto de vista geopolítico, tecnológico o sociológico). No hay razón alguna para pensar que el 2012 la tendencia se detendrá o revertirá, y por ello es no sería aventurado esperar, asimismo, una feroz oposición de gobernantes de todas partes. Por ello creo que, definitivamente, el año que recién comienza verá de alguna manera frustrados sus intentos por consagrar el acceso a la información y la transparencia como los grandes valores a los que aspira la sociedad moderna. El panorama que se vislumbra durante los próximos doce meses aparenta ser más difícil, complejo y “raro” que nunca.
Imagina que las principales ONG’s chilenas en pro de la transparencia y la participación ciudadana se unieran en un consorcio para potenciarse y crear una organización multidisciplinaria que fortalezca como nunca el monitoreo a las instituciones públicas, privadas y la relación entre las personas y la información pública. Eso es lo que realizaron las fundaciones chilenas Ciudadano Inteligente, Pro Acceso, Pro Bono y Participa que hoy inauguraron el sitio web de la nueva agrupación “Consorcio por la Transparencia”.
www.consorcioporlatransparencia.cl es la página web de esta nueva iniciativa que une a expertos en transparencia, acceso a la información, participación ciudadana, tecnología y derecho, para trabajar en pos del bien social. Las organizaciones que ahora trabajarán en conjunto pretenden acrecentar su compromiso con la sociedad, promoviendo y facilitando el acceso a la información pública, incentivando la participación ciudadana, y monitoreando a las diferentes instituciones públicas y privadas. Además de desarrollar acciones de educación, difusión y empoderamiento ciudadano en torno a estos derechos.
Específicamente la agrupación realizará un programa de apoyo legal para los ciudadanos y su relación con el cumplimiento de la Ley N°20.285 y el Acceso a la Información Pública por parte de los órganos de la administración del Estado y las empresas públicas. Como también, realizarán una constante fiscalización de estas instituciones públicas en cuanto a su probidad y legislación.
Cómo lo harán
Estas ONG’s trabajarán con las peticiones de información pública que los ciudadanos realizan en el sitio web www.accesointeligente.cl, plataforma de la fundación Ciudadano Inteligente que le permite a las personas una mejor interacción, facilidad y rapidez en la solicitud de acceso a la información pública. De estas demandas ciudadanas el consorcio analizará los problemas más reiterados y las mayores dificultades con que frecuentemente se encuentran las peticiones para lograr una respuesta satisfactoria y correspondiente a lo solicitado a los entes públicos.
A su vez, el Consorcio por la Transparencia proporcionará gratuitamente servicios legales para ayudar a los ciudadanos que se enfrenten con un incumplimiento de la Ley de transparencia y vean entrampado el derecho de todas las personas al acceso a la información pública.
Con estas actividades la agrupación pretende ser un aporte en la gestión de políticas públicas sobre transparencia –al detectar las mayores dificultades con que se enfrenta la ciudadanía al momento de requerir información pública-, mostrarle a la ciudadanía cuáles son sus derechos en estas materias, sus deberes como ciudadanos y promoverles la participación cívica. Todo esto con la intención de mejorar la calidad de la democracia en Chile.
El sitio web
La página de la agrupación estará contantemente informando sobre las investigaciones, publicaciones, asesorías legales a organizaciones y ciudadanos, actividades y otras iniciativas que el Consorcio por la Transparencia esté realizando. Asimismo, se mostrarán las opiniones de los miembros de la agrupación sobre la transparencia y democracia en Chile.
La agrupación pretende ser un actor y aportar en el debate público sobre estas materias, con la intención de mejorar los estándares en probidad, transparencia y democracia.
Una visualización que contiene datos claves necesarios para tomar la mejor opción personal al momento de afiliarse a una Isapre es el proyecto que crearon tres alumnos de diseño de la Universidad Católica con la intención de aumentar la transparencia y entrega de información para la ciudadanía.
Por motivos académicos los estudiantes debieron analizar las Isapres mediante su uso y afiliación, para posteriormente detectar los problemas que se les presentan a los usuarios al momento de determinar su plan y su Isapre. Así llegaron a la conclusión de que existe una falta de transparencia por parte de las Isapres al momento de entregar información a los cotizantes de afiliación.
Así nació “La letra chica” la cual busca proveer de información clave – y que las Isapres no dan- a quienes quieran cotizar para afiliarse a una Isapre. Datos como las principales enfermedades por sexo y edad, cuánto cubren cada una de las Isapres estas enfermedades; en definitiva, cuál es la que más conviene es lo que busca entregar la visualización.
El proyecto fue diseñado por los estudiantes de tercer año de Diseño de la Universidad Católica: Amanda Astorga, Macarena González y Eduardo Parás durante las clases de Taller Integral de Diseño Estratégico impartidas por los profesores: Álvaro Sylleros, Bernardita Figueroa, Ignacio Henríquez, Rosario Sánchez, Javier Cancino. Mientras que los datos utilizados fueron extraídos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (www.deis.cl), además de datos que cada Isapre tiene disponible.
“Nos enfocamos para el proyecto en los jóvenes de 26 años, y a partir de ahí nos dimos cuenta de que por ejemplo muchos solteros cotizan pensando sólo en ellos, por lo que al momento de casarse y adjuntar a su pareja al plan, el costo de éste sube mucho. O cuáles eran las mayores enfermedades por las que estos jóvenes estaban ingresando a los hospitales, cruzamos la información entregada por la Isapre y creamos esta visualización que entrega esta información que facilitaría la toma de decisión”, explica Amanda Astorga una de las creadoras del proyecto.
“Ojalá sea un proyecto que se abra más y pueda usarse también para mejorar la información entregada a los usuarios de las inmobiliarias o contratos de las universidades”, finaliza motivada la estudiante de diseño UC.
Una de las áreas de oportunidad dentro del sector gubernamental en donde el uso de las tecnologías de información puede tener un impacto positivo es en los archivos, un aspecto que reviste suma importancia si se pretende garantizar de manera eficiente y eficaz el derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos.
Al interior de las dependencias gubernamentales, la organización de sus archivos en muchas ocasiones se encuentra en un estado deplorable, en donde ni siquiera se cuenta con procesos que garanticen el resguardo de los documentos, un presupuesto asignado para la construcción y organización del mismo, personal capacitado en la materia ni mucho menos mecanismos físicos o tecnológicos para la búsqueda y recuperación de la información.
En el caso de la transparencia y el acceso a la información pública en México, por mencionar un ejemplo ilustrativo, las dependencias gubernamentales federales así como otros sujetos obligados a través de sus titulares, deben por Ley asegurar el adecuado funcionamiento de sus archivos, así como elaborar y poner a disposición del público una guía simple de su sistema de clasificación, catalogación y organización del mismo (artículo 32 LFTAIPG). De igual forma, dicha Ley menciona que las dependencias y entidades deben preparar la automatización, presentación y contenido de su información como también su integración en línea (primer vínculo inicial entre la necesidad de utilizar tecnologías de información en los archivos).
Para reforzar lo anterior, la Constitución Mexicana en su artículo 6º fracción V menciona que los sujetos obligados deben preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados. Sin embargo, al día de hoy, los profesionistas que a diario trabajan con la documentación de la información, siguen cuestionando en México la falta de la promulgación de una Ley Federal de Archivos, que debió haber salido a la luz antes que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (caso similar de Chile).
Su reclamo de estos profesionistas es muy claro: ¿cómo se pretende garantizar plenamente el acceso a la información por parte de los ciudadanos cuando no existe una regulación a nivel federal en materia de archivos?, y cuando a pesar de lo establecido en la Constitución y la Ley en la materia, los titulares de las dependencias en muchos casos no le han tomado la importancia que debiera, para lo cual dichos profesionistas exigen el reconocimiento de su labor, mayor presupuesto para el desempeño de sus funciones y sobre todo un cambio de mentalidad en los titulares de las dependencias gubernamentales para que valoren la importancia que reviste la organización, resguardo y consulta de los archivos institucionales.
La organización y el almacenamiento de la información y su posterior recuperación son dos aspectos que no pueden estar separados. Cuando una persona dentro de una dependencia gubernamental busca información, ésta previamente se debió de haber organizado y almacenado de cierta manera. Esto implica encontrar la mejor forma de representar esa información (la cual puede ser texto, imágenes, sonido, etc.) para que posteriormente pueda ser recuperada. De la calidad en que se realicen esas representaciones de la información y de cómo reflejen con precisión su contenido dependerá la eficacia de la recuperación de la misma. De igual forma, la dependencia debe de contar con un proceso interno que explique a los servidores públicos y que en una primera instancia debiera de existir, el sistema documental de la misma (hoy en día basado en tecnologías de información), la manera en que trabaja éste, explicando con claridad el flujo que tiene que seguir un documento desde que se crea, ya sea impreso o electrónico, la manera en cómo debe clasificarse y resguardarse, hasta el último paso que puede ser la destrucción del mismo.
En la era de la información y el conocimiento, los gobiernos deben dejar de tomar decisiones de manera unilateral y aprovechar los beneficios del uso e implementación de tecnologías de información que permitan construir espacios digitales que logren incrementar y motivar la participación ciudadana, permitir el escrutinio público de la sociedad, transparentar las funciones gubernamentales, establecer herramientas de acceso a la información a través de sistemas informáticos en Internet, facilitar la rendición de cuentas, entre otros, lo que contribuirá a la construcción y mejoramiento de la democracia de un país.
El no contar con lo anterior, representa una barrera para los ciudadanos que esperan de sus gobiernos la simplificación y reducción de costos parcial o total de los servicios que ofrecen así como de la consulta de información que es de su interés. Es ahí, independientemente que exista una regulación legislativa, donde radica la importancia de mantener archivos actualizados y organizados así como reconocer su necesaria y actual relación de interdependencia con estas tecnologías, ya que los mismos contienen información que en su momento serán de utilidad para que el ciudadano concrete algún tipo de trámite administrativo, se le brinde acceso a información solicitada por Ley de Transparencia así como preservar la memoria colectiva, en este caso de las dependencias gubernamentales.
Sin duda, los gobiernos en la actualidad ya se dieron cuenta que no basta con tener un gobierno on-line, sino que se debe de avanzar hacia la construcción de gobiernos interactivos, inter jurisdiccionales, conectados a los ciudadanos, trabajando de manera conjunta con los mismos para encontrar soluciones a los problemas de la sociedad, es decir, avanzar hacia la construcción y consolidación de un gobierno electrónico.
Anteriormente la información contenida en los archivos se encontraba de manera local y sólo la podían accesar o restringir cierto número de personas. Con la aparición de la web, la información ya no se encuentra centralizada, sino más bien dispersa a lo largo y ancho de la red de redes, lo que dificulta el saber en dónde específicamente se encuentra una información determinada. De igual manera, antes existía un control social de la información restringido ya que no se le permitía al ciudadano ejercer su derecho fundamental a la información.
Con la llegada del Internet, las tecnologías de la información y el cambio paulatino de mentalidad en la administración pública, orientada al reconocimiento de este derecho, empieza a darse un incremento en el control social de la información. La desventaja principal que se observa es la existencia todavía de una percepción equivocada de parte de los titulares de las dependencias gubernamentales quienes demeritan (o no aprecian) la importante actividad desempeñada por los profesionistas dedicados a la actividad documental, desconociendo que esa actividad es el eje central para garantizar entre muchas cosas, el derecho de acceso a la información de los ciudadanos y la prestación de mejores servicios a estos.
Finalmente, podemos afirmar que son más los beneficios que se obtienen de la relación entre las tecnologías de información y los archivos: mejor administración de la información, creación de un sistema de información único, mayor seguridad tanto para el resguardo físico de los documentos así como informático, facilitan el derecho de acceso a la información, apoya las funciones de los profesionistas en actividades de tipo documental de las dependencias, elevando su productividad y principalmente se mejora la prestación de servicios.
¿Qué piensa cada congresista sobre el binominal, el semipresidencialismo, el matrimonio homosexual o sobre el aborto terapéutico?, ¿A qué opositor de su conglomerado político admiran más, a cuál menos?, ¿cuáles son sus creencias religiosas y cuáles sus referentes personales? 19 parlamentarios de diferentes partidos políticos accedieron a someterse al Rayo X Político, la nueva iniciativa de El Vaso, el blog de la Fundación Ciudadano Inteligente.
