Por Comunicaciones FCI.
Multas de hasta un 5% de la dieta parlamentaria podrán recibir diputados que no se abstengan de votar u opinar para proyectos de ley que podrían beneficiar a ellos o a sus familiares, fue la resolución que tomó unánimemente la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara.
Gracias a la aplicación “Inspector de Intereses” de la Fundación Ciudadano Inteligente (@ciudadanoi), se pudo conocer que en total los parlamentarios tienen 250 sociedades y 160 participaciones accionarias. De estas sociedades el 24% no están correctamente declaradas, y específicamente en el caso de los diputados el 26% de sus sociedades no las han declarado, contra el 15% de las de los senadores (Datos actualizados al 07 de noviembre).
Ante estos importantes datos, la resolución tomada por la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados toma una vital importancia ya que ataca al vacío legal que existía en este ámbito. Según informó La Tercera en el escrito se establece que los diputados tendrán que abstenerse de votar u opinar por la aprobación o rechazo de proyectos de leyes “que interese directa o personalmente a ellos –ya sea por beneficios económicos o de otros tipos- , a sus cónyuges, o a sus parientes de hasta el tercer grados de consanguinidad y segundo de afinidad”, e incluso a personas ligadas a ellos por adopción.
Los castigos para los diputados que no cumplan con esta nueva reglamentación van desde amonestaciones verbales y escritas, hasta multas de un 2% hasta un 5% de la dieta parlamentaria. Las únicas excepciones se harán cuando los proyectos sean de carácter general, es decir, cuando se traten de temas como una reforma tributaria o reajustes al sector público.
En palabras del Presidente Ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente, Felipe Heusser; “este es un gran avance, denota una preocupación en el tema e ir mejorando los aspectos de fiscalización interna. Hubiéramos esperado sanciones que abarcaran un mayor porcentaje de la dieta parlamentaria, o incluso, para casos graves analizar la suspensión del ejercicio del cargo, pero estamos conscientes que cada paso cuenta”.
Es importante aclarar que la Constitución protege a los parlamentarios el derecho a votar en todas las tramitaciones de ley, por lo que no se les puede prohibir a los diputados ejercer su voto. Por esto la Comisión de Ética de la Cámara resolvió ejercer control una vez efectuado el voto sancionándolos.
Por Felipe Heusser.
El predominio del interés particular por sobre el interés general en el ejercicio de un cargo público siempre amenazará a la democracia. La ciudadanía, entonces, debe ejercer activamente el rol fiscalizador que impida que esta amenaza se concrete. En Chile, sin embargo, los mecanismos para ejercer este rol fiscalizador son todavía muy imperfectos, debilidad que puede ser utilizada para deslegitimar cualquier intento de fiscalización ciudadana.
El dinero y la política pueden tener una relación peligrosa para la democracia. El riesgo está en que la política, por influencia del dinero, puede perder el horizonte de privilegiar el bien común por sobre intereses particulares. Cuando la política es cooptada por estos intereses a través del dinero, las condiciones de injusticia que la misma democracia busca corregir se acentúan.
Existen distintos mecanismos para evitar que este riesgo se concrete, y uno de los que estamos utilizando en Chile es la declaración de patrimonio e intereses de nuestras autoridades. Este mecanismo promueve el empoderamiento ciudadano, pues le otorga a la ciudadanía la principal acción fiscalizadora al acceder a información de las autoridades. El problema es que, en nuestro país, el sistema impide que la ciudadanía pueda ejercer plenamente su derecho de fiscalización en materia de patrimonio e intereses de las autoridades.
¿Cuáles son algunas de las limitaciones para que la ciudadanía pueda efectivamente fiscalizar? Actualmente, la ciudadanía no tiene la facultad de investigar más allá de los datos públicos a los que como ciudadanos tenemos acceso, pues el resto corresponde a datos privados de los que no se puede tener información certera, a menos que sean entregados por las partes involucradas.
La regulación sobre las Sociedades Anónimas Cerradas, por ejemplo, al no contemplar la fiscalización de un organismo público, hace imposible que la ciudadanía pueda conocer sus cambios de administración o las modificaciones de los socios que la componen, ya que no tienen la obligación de informar públicamente este tipo de hechos. El sistema económico protege la confidencialidad de los datos del patrimonio accionario, reserva que impera tanto en las Bolsas de Comercio del país como en las entidades financieras que manejan fondos de inversiones bursátiles.
La Fundación Ciudadano Inteligente trabajó más de un año en el proyecto Inspector de Intereses (http://www.inspectordeintereses.cl/) que le permite a la ciudadanía acceder a información para ejercer su rol fiscalizador, indagando en posibles conflictos de intereses de los parlamentarios. Para esto, utilizamos los medios de verificación disponibles (http://www.inspectordeintereses.cl/?project=metodologia-del-estudio), combinándolos con prácticas que permitieran mitigar los riesgos que implican las dificultades de acceso a información explicadas en el párrafo anterior.
El mecanismo para evitar publicar información desactualizada fue compartir con los parlamentarios los hallazgos del estudio, previo a la publicación del mismo. El 29 de septiembre dejamos en las oficinas del Congreso en Valparaíso una carta individualizada a cada Parlamentario, y el 30 de septiembre dejamos en las oficinas del Congreso en Santiago una copia de la misma. Durante la tarde de ese día, le enviamos al correo electrónico oficial de cada parlamentario la copia de esta carta.
En un principio, el plazo fue de una semana para rectificar sus antecedentes societarios, lo que finalmente se tradujo en tres semanas. Durante este tiempo los parlamentarios tuvieron la oportunidad de modificar aquellos casos que se encontraban desactualizados o complementar con la información que no estaba disponible en las bases de datos públicas.
Cada vez que un parlamentario nos respondió con antecedentes, nuestra base de datos fue actualizada, incluso después de la publicación del estudio. Por esto, el Inspector de Intereses tiene un carácter dinámico, pues su información va a variar de acuerdo a los antecedentes que las autoridades aporten. Esto implica que la ciudadanía y la prensa, en su labor fiscalizadora, estén constantemente revisando la información publicada en el sitio web.
El Inspector ha sido una herramienta tremendamente efectiva en su función de fiscalización. Después de que enviamos la carta a los parlamentarios, 11 diputados (2 PPD, 4 RN y 5 UDI) actualizaron sus declaraciones de patrimonio e intereses. Por nuestra parte, a partir de la información que entregaron las autoridades con antecedentes, realizamos 22 actualizaciones en nuestra base de datos.
Como la legislación actual es débil, para lograr el objetivo de valorizar la política necesitamos la colaboración de las autoridades. Ciertamente, la transparencia y rendición de cuentas implica un cambio cultural de la ciudadanía y de las autoridades, pues promueve la horizontalidad en el afán de fortalecer la democracia. Por esto no nos deja de sorprender (según información publicada en El Mostrador) que la UDI haya anunciado medidas legales contra la Fundación, y que el Senador Carlos Larraín denuncie una supuesta incapacidad de nuestra Fundación para distinguir entre lo que constituye y no constituye interés.
Cabe señalarle al Senador, que no es nuestra organización la que define interés y el deber de mantener un registro transparente y actualizado de la participación societaria e intereses, sino la propia Ley Orgánica del Congreso y la Constitución de la República de Chile en su artículo octavo. La ley existe para cumplirla, más allá del porcentaje de propiedad, y del movimiento que tengan o no las sociedades, si existe propiedad, éstas deben ser declaradas oportunamente. Lamentamos que el Senador Carlos Larraín no haya cumplido con dicho precepto, pues son los mismos legisladores los llamados a dar el ejemplo.
El compromiso con la institucionalidad democrática exige reformas tendientes en la dirección de corregir las debilidades de la legislación actual, no de menguar las iniciativas ciudadanas que buscan profundizar la transparencia y valorizar la actividad pública.
La actual crisis de legitimidad de la política requiere reformas decididas que promuevan en su actividad más transparencia y horizontalidad con la ciudadanía. Requiere legislar con urgencia una ley de probidad que aumente las sanciones cuando se ha falseado u omitido información en la declaración de patrimonio e intereses, y que incorpore estándares de formatos de publicación de información que le permitan a la ciudadanía ejercer efectivamente su rol fiscalizador.
Si las autoridades no han sido capaces de legislar sobre estos temas, llegó el momento en que los ciudadanos ejerzamos una presión activa por rescatar a la política del descrédito que la falta de transparencia ha generado; muchos ya hemos firmado para ejercer presión (http://www.inspectordeintereses.cl/petitorio/).
Finalmente, cabe destacar la buena disposición que ha tenido la mayoría de los parlamentarios a responder nuestro llamado y transparentar su participación societaria y aclarar sus potenciales relaciones de interés. A quienes se siguen resistiendo, les pedimos menos anuncios de querellas y más iniciativas de ley para transparentar la actividad legislativa, y abrirla a la participación responsable de ciudadanos organizados.
Fuente El Mostrador
Por Francisco Del Campo | Comunicaciones FCI
Unánime fue la reacción de los parlamentarios que conversaron con Ciudadano Inteligente acerca de su nueva aplicación “inspector de Intereses”. Todos la consideraron un aporte valioso y único en su tipo, que ayudará a mejorar la transparencia en el Congreso.
El presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, aseguró que este estudio se abre a la posibilidad de que este tema sea revisado por la instancia que crea la ley orgánica, que es la comisión de ética y conductas parlamentarias, por eso calificó a la nueva aplicación de Ciudadano Inteligente como “muy interesante y sin duda un aporte, ya que hasta ahora nunca se había dado una presión pública en esta materia” sentenció.
Asimismo el presidente de la comisión de Ética y Transparencia del Senado, Hernán Larraín, admitió que “la declaración de patrimonio de intereses que rige actualmente en el congreso es más que insuficiente y no obliga a hacer muchas declaraciones que permitan realmente conocer el patrimonio de los parlamentarios”, por esto mismo considera a “Inspector de intereses” como un verdadero aporte.
Por su parte, como “uno de los esfuerzos más importante que el sector privado puede hacer por la transparencia”, calificó a esta innovadora aplicación el director del grupo interparlamentario Pro Transparencia, el senador Eugenio Tuma, y aseguró que por ser una herramienta tecnológica va a incentivar aún más que todo sea más transparente.
“Inspector de Intereses es más exigente que la declaración de patrimonio misma”, estimó el vicepresidente del mismo grupo Pro Transparencia, el diputado Jorge Burgos, que a su vez valoró la gran contribución a la transparencia pública y a la probidad que la iniciativa significa.
Cristián Monckeberg, diputado y también director de la unión interparlamentaria a favor de la transparencia, dijo que esperan sacarle el máximo provecho a esta innovadora aplicación ya que “no sólo informa y ayuda a la ciudadanía, sino que también a nosotros mismos, obligándonos a ser más exigentes y lo más transparentes posible”, afirmó entusiasmado.
Reacción a los datos duros
De los 158 parlamentarios chilenos, 53 no tienen participación en sociedades ni patrimonio accionario, por lo que no tienen intereses económicos de ningún tipo. Pero entre todo el resto de congresistas tienen 188 participaciones accionarias y 298 sociedades. De éstas 298, el 66% está correctamente declarado por los parlamentarios, es decir, el tercio de estas sociedades económicas no están declaradas como la ley estipula que deberían.
Ante esto, Patricio Melero indica que “no me corresponde a mí, como presidente de la Cámara, ver si están mal o bien hechas las declaraciones, si están completas o incompletas, o si no las han puesto al día o actualizado adecuadamente”. Mientras que Hernán Larraín dice no dilucidar el por qué de esta irregular situación, “no tengo una explicación, yo esperaría que tuviéramos el 100% de nuestras sociedades declaradas, pero si los parlamentarios no han declarado las sociedades en que pertenecen obviamente han incumplido su deber ante la ley”, declara el presidente de la comisión de Ética y Transparencia del Senado.
El partido Unión Demócrata Independiente (UDI) es el partido político con mayor cantidad de sociedades por parte de sus parlamentarios con 136 de estos proyectos económicos, de los cuales 57 no han sido declarados como corresponde , lo que los posiciona como el grupo político que mayor porcentaje tiene de sociedades no declaradas alcanzando un 42%.
Ante esto, el presidente de la UDI, el senador Juan Antonio Coloma, admitió que no existe un mecanismo interno en el partido que fiscalice o regule esto. Aunque aseguró que “muchas veces son sociedades que se han constituidos pero nada más, no llegan a tener actividades, así es el mundo de los emprendedores”, considera que mantener las declaraciones reguladas “son responsabilidades personales, pero aún así, no siento que haya habido una voluntad de alterar una situación patrimonial, y eso es para mí lo más importante” reflexionó Coloma.
En la otra vereda se encuentra Renovación Nacional, que con las 53 sociedades que tienen sus parlamentarios, son 8 las que no han declarado, alcanzando un 85% de efectividad. El jefe de bancada de este partido, Cristian Monckeberg, contó que ellos siempre le piden permanentemente a sus congresistas que mantengan regulada su situación, “pero parece que eso no se traspasa a los otros partidos”, concluyó.
Explicación en común
Al igual que la unanimidad de estos parlamentarios en el gran aporte que significa “Inspector de intereses” para los ciudadanos y para los congresistas, también hubo concordancia en la razones por las que ellos creen que un tercio de las sociedades no han sido declaradas. Para ellos muchas de estas omisiones se deben a que muchas veces se constituyen sociedades que finalmente no llegan a realizar actividades, y simplemente dejan de existir para ellos, pero no para la ley, por lo que termina olvidándose al momento de realizar las declaraciones. Pero de todas formas concuerdan que todas esas situaciones deben ser reguladas.
Por Álvaro Castañón
Hace algunos años, en nuestro país teníamos toda una institución de la reparación doméstica: los“maestros chasquilla”. Estos versátiles personajes eran una verdadera caja de sorpresas, pues en base a la experiencia de la vida, o al “echando a perder se aprende”, ”le hacían” a la pintura, gasfitería, jardinería y quizás hasta leían el Tarot. Sus habilidades eran múltiples, y conforme a las preguntas del cliente eran más y más.
Con el paso de los años, la sociedad ha ido evolucionando hacia una especialización en los rubros. Por un trabajo se paga un sueldo, y eso conlleva una serie de cláusulas de exclusividad, horario y competencias.
Pero hay un lugar donde los años no pasan, y no es la Tierra de Nunca Jamás. Es nuestro Congreso Nacional, donde la realidad es muy distinta.
105 de nuestros 158 parlamentarios poseen actividades comerciales -como sociedades e inversión en acciones- de forma paralela a su trabajo legislativo. Para muchos ciudadanos quizás esto sea una sorpresa, pero ha sido una constante histórica, la función legislativa ha sido considerada siempre como una de las varias habilidades “a las que le hacen” nuestros representantes, en un mismo tiempo.
El problema que se presenta, cuando aceptamos que nuestros legisladores van de paso y, por ende, pueden mantener nexos con sus negocios, actividades académicas o profesionales, son los conflictos de intereses. Entendido como una relación de “tironeo” entre “lo público” del trabajo legislativo, y “lo privado” de sus negocios paralelos.
Pero hasta aquí al parecer no ha existido motivo de escándalo.
La solución fue entregada por la ley hace no más de 12 años. Una reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional introdujo un artículo muy específico; el 5 letra B. Dicha norma se refiere a los conflictos de intereses, limitando la presentación de mociones y promoción de proyectos de ley donde el parlamentario tenga sus negocios personales. El mismo artículo, establece la prohibición de votar asuntos que se vinculen con los intereses privados.
Declarados los intereses y patrimonios de nuestros legisladores, nosotros como ciudadanos deberíamos tener la tranquilidad de saber cuál es la gama de intereses y habilidades financieras de nuestros representantes populares. Con este conocimiento, sería claro identificar cual parlamentario no está dando cumplimiento a la ley.
El problema es que nunca ha existido una herramienta de fiscalización ciudadana que permitiera hacer el cruce entre los proyectos en tramitación y los intereses de los parlamentarios. Con ello, descubrir las situaciones que atentan contra le ley y que podrían repercutir en un posible conflicto de interés era casi imposible. Ahora sí podemos escandalizarnos.
La Fundación Ciudadano Inteligente desarrolló su aplicación el “Inspector de Intereses” que entrega la información cruzada desnudando a los que cumplen con el Artículo 5 letra B, y los que no.
Pero el “Inspector de Intereses” no sólo nos ha clarificado la situación “declarada” y que finalmente se encontraba a disposición de los ciudadanos (o del ciudadano que se tome unos meses para procesarla), sino que también nos develó una situación preocupante: Tenemos políticos chasquilla.
El político chasquilla es aquel que más allá de sus habilidades financieras declaradas, tiene otras no declaradas. La oportunidad hace el negocio, y eso al parecer lo saben muy bien 32 parlamentarios, quienes no declararon participaciones que poseen en acciones o sociedades.
Son en total más de 100 sociedades las que nuestros “políticos chasquilla” omitieron declarar, y si pensamos en la tremenda variedad de temas que trata nuestro Congreso en cada una de sus sesiones, el resultado de esos pensamientos es preocupante. Si ya era casi imposible fiscalizar los conflictos de intereses respecto de “lo declarado” ¿Cómo nuestros parlamentarios pretenden que fiscalicemos lo “no declarado”? ¿O no les interesa dicha fiscalización?
El problema histórico ha sido justamente la fiscalización. Hace años atrás, no teníamos idea si efectivamente lo que declaraba saber un maestro se condecía con el trabajo que le entregábamos, como instalar un calefont. Con posterioridad, se reformó eso por el peligro que significaba y se empadronó a quienes se encontraban certificados, entregando más certeza y fiscalización a la población. Nosotros respecto de nuestros parlamentarios no tenemos certeza, y hasta antes del “inspector de intereses” no teníamos herramientas de fiscalización.
Tal cual pasó con los “maestros chasquilla”, hoy debemos avanzar a un sistema donde nuestros representantes sean un poco más especializados en el trabajo legislativo, y con ello se aparten de los otros “rubros” que pueden terminar en una desgracia; un conflicto entre los intereses nacionales y los privados.
Los ciudadanos tenemos una nueva arma, la información. Ahora todo está en nuestras manos, debemos hacer de éste un tema relevante. La mala elección de nuestro político puede terminar en una explosión, no del calefont, sino que de la confianza que le tenemos a nuestras instituciones y a quienes las componen.
Es urgente avanzar hacia un nuevo marco regulatorio, donde las sanciones sean mucho más que un susto, sean una realidad dolorosa. Nuestro sistema debe tener un verdadero incentivo a elegir entre la transparencia y las omisiones; entre los intereses nacionales y los particulares
Fuente: El Dínamo
