Por Comunicaciones FCI.
Los anuncios realizados el 21 de mayo del 2011 por el Presidente Sebastián Piñera alcanzan, en materia legislativa, un 56% de cumplimiento, siendo las áreas de Tercera Edad (con un 100%), Desarrollo Social (con un 95%) y Seguridad Pública (con un 88%) las con más avance. En contraste, el estudio arrojó que en el área de Energía el cumplimiento corresponde a 0%.
Por su parte, en un seguimiento a los anuncios realizados el 21 de mayo del 2010, vemos que a la fecha sólo se han cumplido en un 100% las promesas -que implican iniciativa legal- referentes a Tercera Edad, Desarrollo Social y Telecomunicaciones, manteniéndose un 0% de cumplimiento las áreas de Energía, Discapacidad, Infraestructura, Clase Media y Deportes.
Por último, los ciudadanos podrán encontrar en www.deldichoalhecho.cl un análisis elaborado por la Fundación Ciudadano Inteligente respecto del “Informe de cumplimiento legislativo de los Mensajes Presidenciales 21 de mayo” publicado por SEGPRES, y que cifró en un 71% el cumplimiento en relación a los discursos 2010 y 2011, detallando por parte las discrepancias y concordancias con dicho informe.
La Fundación Ciudadano Inteligente evalúa año a año el cumplimiento, en materia legislativa, de los compromisos asumidos por la autoridad presidencial en sus discursos del 21 de mayo. El objetivo es entregar a los ciudadanos -a través de una web de fácil acceso y entendimiento- la posibilidad de realizar un seguimiento comparativo del cumplimiento de las promesas, fomentando una adecuada rendición de cuentas por parte de nuestras autoridades, así como el empoderamiento y fiscalización de la ciudadanía.
Para Felipe Heusser, Presidente Ejecutivo Fundación Ciudadano Inteligente, “El objetivo de “del Dicho al Hecho; 21 de mayo” es darle seguimiento en el tiempo al cumplimiento de los anuncios que involucran iniciativa legal y que son efectuados en los discursos de 21 de mayo por el Presidente de la República”, agregando que “en la actualidad, la tecnología ofrece a la ciudadanía la posibilidad de fiscalizar las promesas que nuestros gobernantes nos hacen. Se acabó el tiempo en que las promesas y los discursos quedaban en el olvido sin ser fiscalizados, en la era digital tenemos más herramientas para ejercer control de la gestión pública”.
Por su parte, Manuel Arís, encargado del proyecto y Jefe Área de Incidencia de la Fundación Ciudadano Inteligente, sostuvo que “la correcta rendición de cuentas le permite a la ciudadanía fiscalizar la gestión pública y revalorizar la actividad política, pero quienes se ven más beneficiados con este mecanismo son las autoridades, que legitiman sus decisiones y visibilizan sus logros. Ése es el objetivo que buscamos a través de una metodología imparcial y rigurosa como la que presentamos en Del Dicho al Hecho”.
Por Felipe Heusser.
El predominio del interés particular por sobre el interés general en el ejercicio de un cargo público siempre amenazará a la democracia. La ciudadanía, entonces, debe ejercer activamente el rol fiscalizador que impida que esta amenaza se concrete. En Chile, sin embargo, los mecanismos para ejercer este rol fiscalizador son todavía muy imperfectos, debilidad que puede ser utilizada para deslegitimar cualquier intento de fiscalización ciudadana.
El dinero y la política pueden tener una relación peligrosa para la democracia. El riesgo está en que la política, por influencia del dinero, puede perder el horizonte de privilegiar el bien común por sobre intereses particulares. Cuando la política es cooptada por estos intereses a través del dinero, las condiciones de injusticia que la misma democracia busca corregir se acentúan.
Existen distintos mecanismos para evitar que este riesgo se concrete, y uno de los que estamos utilizando en Chile es la declaración de patrimonio e intereses de nuestras autoridades. Este mecanismo promueve el empoderamiento ciudadano, pues le otorga a la ciudadanía la principal acción fiscalizadora al acceder a información de las autoridades. El problema es que, en nuestro país, el sistema impide que la ciudadanía pueda ejercer plenamente su derecho de fiscalización en materia de patrimonio e intereses de las autoridades.
¿Cuáles son algunas de las limitaciones para que la ciudadanía pueda efectivamente fiscalizar? Actualmente, la ciudadanía no tiene la facultad de investigar más allá de los datos públicos a los que como ciudadanos tenemos acceso, pues el resto corresponde a datos privados de los que no se puede tener información certera, a menos que sean entregados por las partes involucradas.
La regulación sobre las Sociedades Anónimas Cerradas, por ejemplo, al no contemplar la fiscalización de un organismo público, hace imposible que la ciudadanía pueda conocer sus cambios de administración o las modificaciones de los socios que la componen, ya que no tienen la obligación de informar públicamente este tipo de hechos. El sistema económico protege la confidencialidad de los datos del patrimonio accionario, reserva que impera tanto en las Bolsas de Comercio del país como en las entidades financieras que manejan fondos de inversiones bursátiles.
La Fundación Ciudadano Inteligente trabajó más de un año en el proyecto Inspector de Intereses (http://www.inspectordeintereses.cl/) que le permite a la ciudadanía acceder a información para ejercer su rol fiscalizador, indagando en posibles conflictos de intereses de los parlamentarios. Para esto, utilizamos los medios de verificación disponibles (http://www.inspectordeintereses.cl/?project=metodologia-del-estudio), combinándolos con prácticas que permitieran mitigar los riesgos que implican las dificultades de acceso a información explicadas en el párrafo anterior.
El mecanismo para evitar publicar información desactualizada fue compartir con los parlamentarios los hallazgos del estudio, previo a la publicación del mismo. El 29 de septiembre dejamos en las oficinas del Congreso en Valparaíso una carta individualizada a cada Parlamentario, y el 30 de septiembre dejamos en las oficinas del Congreso en Santiago una copia de la misma. Durante la tarde de ese día, le enviamos al correo electrónico oficial de cada parlamentario la copia de esta carta.
En un principio, el plazo fue de una semana para rectificar sus antecedentes societarios, lo que finalmente se tradujo en tres semanas. Durante este tiempo los parlamentarios tuvieron la oportunidad de modificar aquellos casos que se encontraban desactualizados o complementar con la información que no estaba disponible en las bases de datos públicas.
Cada vez que un parlamentario nos respondió con antecedentes, nuestra base de datos fue actualizada, incluso después de la publicación del estudio. Por esto, el Inspector de Intereses tiene un carácter dinámico, pues su información va a variar de acuerdo a los antecedentes que las autoridades aporten. Esto implica que la ciudadanía y la prensa, en su labor fiscalizadora, estén constantemente revisando la información publicada en el sitio web.
El Inspector ha sido una herramienta tremendamente efectiva en su función de fiscalización. Después de que enviamos la carta a los parlamentarios, 11 diputados (2 PPD, 4 RN y 5 UDI) actualizaron sus declaraciones de patrimonio e intereses. Por nuestra parte, a partir de la información que entregaron las autoridades con antecedentes, realizamos 22 actualizaciones en nuestra base de datos.
Como la legislación actual es débil, para lograr el objetivo de valorizar la política necesitamos la colaboración de las autoridades. Ciertamente, la transparencia y rendición de cuentas implica un cambio cultural de la ciudadanía y de las autoridades, pues promueve la horizontalidad en el afán de fortalecer la democracia. Por esto no nos deja de sorprender (según información publicada en El Mostrador) que la UDI haya anunciado medidas legales contra la Fundación, y que el Senador Carlos Larraín denuncie una supuesta incapacidad de nuestra Fundación para distinguir entre lo que constituye y no constituye interés.
Cabe señalarle al Senador, que no es nuestra organización la que define interés y el deber de mantener un registro transparente y actualizado de la participación societaria e intereses, sino la propia Ley Orgánica del Congreso y la Constitución de la República de Chile en su artículo octavo. La ley existe para cumplirla, más allá del porcentaje de propiedad, y del movimiento que tengan o no las sociedades, si existe propiedad, éstas deben ser declaradas oportunamente. Lamentamos que el Senador Carlos Larraín no haya cumplido con dicho precepto, pues son los mismos legisladores los llamados a dar el ejemplo.
El compromiso con la institucionalidad democrática exige reformas tendientes en la dirección de corregir las debilidades de la legislación actual, no de menguar las iniciativas ciudadanas que buscan profundizar la transparencia y valorizar la actividad pública.
La actual crisis de legitimidad de la política requiere reformas decididas que promuevan en su actividad más transparencia y horizontalidad con la ciudadanía. Requiere legislar con urgencia una ley de probidad que aumente las sanciones cuando se ha falseado u omitido información en la declaración de patrimonio e intereses, y que incorpore estándares de formatos de publicación de información que le permitan a la ciudadanía ejercer efectivamente su rol fiscalizador.
Si las autoridades no han sido capaces de legislar sobre estos temas, llegó el momento en que los ciudadanos ejerzamos una presión activa por rescatar a la política del descrédito que la falta de transparencia ha generado; muchos ya hemos firmado para ejercer presión (http://www.inspectordeintereses.cl/petitorio/).
Finalmente, cabe destacar la buena disposición que ha tenido la mayoría de los parlamentarios a responder nuestro llamado y transparentar su participación societaria y aclarar sus potenciales relaciones de interés. A quienes se siguen resistiendo, les pedimos menos anuncios de querellas y más iniciativas de ley para transparentar la actividad legislativa, y abrirla a la participación responsable de ciudadanos organizados.
Fuente El Mostrador
En el marco de los premios austríacos PrixArs, la Fundación chilena Ciudadano Inteligente obtuvo un Golden Nica, la máxima distinción, en la categoría “Comunidades Digitales”. Es la primera vez que una institución nacional gana uno de estos importantes premios al arte electrónico, que en el pasado ha reconocido a Wikipedia, Creative Commons y grandes como Pixar, entre otros.
Desde 1987, Prix Ars Electrónica realiza una selección de los mejores proyectos de arte cibernético y vanguardia, premiando en siete categorías a los mejores de todo el mundo. Este año, la organización dio a conocer que la Fundación chilena Ciudadano Inteligente ha sido distinguida con el premio Golden Nica 2011 a la mejor “Comunidad Digital”, por su importante trabajo desde la tecnología en pro de la transparencia, la rendición de cuentas y la disminución de las brechas de información entre ciudadanos y gobernantes.
En su categoría, la ONG chilena logró imponerse por sobre otros 407 proyectos de decenas de países, siendo el favorito de los 35 jueces expertos. Es la primera vez que una institución nacional gana uno de estos importantes premios al arte electrónico.
A lo largo de su historia, se han configurado como ganadores de un Golden Nica proyectos de gran impacto, los que van desde producciones cinematográficas de Hollywood (como “Toy Story” en 1996), hasta el reconocimiento en 2004 de Creative Commons, Wikipedia y una mención honrosa para Wikileaks.
Frente a tal reconocimiento, Felipe Heusser, Presidente Ejecutivo de Ciudadano Inteligente, declaró que “es un orgullo para nosotros recibir este reconocimiento. Los ARS son como los “Oscar” del desarrollo digital, y nada mejor que ser reconocidos en la categoría que más nos convoca; la de comunidades digitales”.
Pero además, Heusser, hizo un llamado a que como sociedad tomemos nota de estos avances, pues en estos últimos años el mundo ha sido testigo de cómo las plataformas digitales se han convertido en un espacio central de convocatoria, organización y acción pública, y precisó que “en ese contexto estamos nosotros, ofreciendo a los Chilenos y a los Latinoamericanos, espacios concretos de participación, y fuentes alternativas de información que antes no eran posibles sin las tecnologías y herramientas web que conocemos hoy en día. Ojalá estos temas se transformen en un tema país, y se constituyan nuevas ONG’s de este tipo.”
La Fundación Ciudadano Inteligente hoy cuenta con una variada gama de aplicaciones, entre las que destacan, Vota Inteligente que se dedica al monitoreo parlamentario, Acceso Inteligente que busca facilitar la solicitud de información a organismos públicos, su Estudio de Promesas Presidenciales del 21 de mayo, y otros proyectos que están en desarrollo como Señal Alo! Que da cuenta de la ubicación de antenas celulares, Criik, Donar, y su plataforma blog El Vaso.
Los premios de 2011, serán entregados el 2 de septiembre en una ceremonia de gala en el Brucknerhaus de Linz, en Austria, en otra celebración más de este afamado festival.
