289.692.417.254, no es ni un número de llamado al extranjero, ni los minutos que hay en un año, esa es la cifra en pesos de lo que en promedio el Gobierno gasta al año en mantención de servicios básicos para los estudiantes de la educación pública.
Gracias a una solicitud de información pública realizada por El Vaso en la plataforma Acceso Inteligente, de la Fundación Ciudadano Inteligente, que te permite solicitar información a los organismos públicos de manera simple y efectiva, se pudo conocer cuánto gastó el Gobierno el 2011 en entregar alimentación, útiles y computadores a los escolares de la educación pública.
En útiles escolares el Estado desembolsó el 2011 un total de $2.954.725.523 para 1.212.125 escolares, es decir, por cada estudiante se invirtió $2.437 pesos para sus útiles. La región en la que más se gastó en este ítem fue la Metropolitana, dado su mayor número de colegiales, donde para 398.364 estudiantes se destinaron poco más de $932 millones de pesos. Mientras que en la región que menos dinero se gastó fue en la de Magallanes que recibió $17.712.620 pesos para 7.060 alumnos.
En cuanto a la comida, la Junaeb no especificó la cantidad de estudiantes que reciben este beneficio, pero sí mostró los montos gastados por el Estado en este servicio durante el mes de noviembre del pasado año, tomándolo como mes referencial. El total de $30.148.701.009 pesos fue lo que se invirtió en el penúltimo mes del 2011 para entregarles alimentación a los escolares de la educación pública.
La entrega de esta alimentación, que consiste en desayuno y almuerzo o sólo este último – dependiendo del recinto- y que les proporciona a los jóvenes entre 700 a 1000 calorías, costó poco más de 8 mil millones de pesos para los alumnos de Media, $18.515.270.832 para los alumnos de Básica, $1.718.786.985 para los de Kinder, mientras que para los de Pre kínder se desembolsó mil millones y medio de pesos.
En definitiva, si consideramos 9 meses de asistencia escolar, se puede decir que para entregar alimentación en la educación pública el Estado gasta $271.338.309.081, algo así como US$542 millones de dólares.
Además de los útiles y la alimentación, el Gobierno ofrece una iniciativa llamada “Yo elijo mi PC” la cual consiste en premiar con un computador de regalo a los alumnos de 6° Básico que tuvieron mejor rendimiento y que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población. Estos aparatos tecnológicos se escogen a partir de un catálogo que el Gobierno ofrece donde se encuentran diversas marcas con distintas capacidades de funcionamiento.
El programa lleva tres años y 150 mil escolares ya han recibido su PC. Este año 59.334 estudiantes fueron escogidos para recibir este beneficio lo que le significará al Estado $15.399.382.650 pesos. De estos casi 31 millones de dólares la Región Metropolitana es la que se lleva mayor parte, con 4 mil millones y medio de pesos, dado a sus 16.756 alumnos que clasificaron para el premio. De tras lo siguen la VIII Región con 9.169 estudiantes recompensados y la V Región con 5.858 de estos alumnos. Por su parte, la región con menos escolares premiados fue la de Aysén, que tuvo 361 colegiales clasificados para el beneficio, lo que al Estado le costará $97.127.772 pesos.
En definitiva, si se consideran los gastos por alimentación de 9 meses, más lo desembolsado por útiles escolares, y el programa “Yo elijo mi PC”, el Estado gasta al año en estos servicios de mantención para los alumnos de la educación pública $289.692.417.254 pesos, cerca de US$ 579 millones de dólares
Por Francisco del Campo | Comunicaciones FCI.
Una visualización que contiene datos claves necesarios para tomar la mejor opción personal al momento de afiliarse a una Isapre es el proyecto que crearon tres alumnos de diseño de la Universidad Católica con la intención de aumentar la transparencia y entrega de información para la ciudadanía.
Por motivos académicos los estudiantes debieron analizar las Isapres mediante su uso y afiliación, para posteriormente detectar los problemas que se les presentan a los usuarios al momento de determinar su plan y su Isapre. Así llegaron a la conclusión de que existe una falta de transparencia por parte de las Isapres al momento de entregar información a los cotizantes de afiliación.
Así nació “La letra chica” la cual busca proveer de información clave – y que las Isapres no dan- a quienes quieran cotizar para afiliarse a una Isapre. Datos como las principales enfermedades por sexo y edad, cuánto cubren cada una de las Isapres estas enfermedades; en definitiva, cuál es la que más conviene es lo que busca entregar la visualización.
El proyecto fue diseñado por los estudiantes de tercer año de Diseño de la Universidad Católica: Amanda Astorga, Macarena González y Eduardo Parás durante las clases de Taller Integral de Diseño Estratégico impartidas por los profesores: Álvaro Sylleros, Bernardita Figueroa, Ignacio Henríquez, Rosario Sánchez, Javier Cancino. Mientras que los datos utilizados fueron extraídos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (www.deis.cl), además de datos que cada Isapre tiene disponible.
“Nos enfocamos para el proyecto en los jóvenes de 26 años, y a partir de ahí nos dimos cuenta de que por ejemplo muchos solteros cotizan pensando sólo en ellos, por lo que al momento de casarse y adjuntar a su pareja al plan, el costo de éste sube mucho. O cuáles eran las mayores enfermedades por las que estos jóvenes estaban ingresando a los hospitales, cruzamos la información entregada por la Isapre y creamos esta visualización que entrega esta información que facilitaría la toma de decisión”, explica Amanda Astorga una de las creadoras del proyecto.
“Ojalá sea un proyecto que se abra más y pueda usarse también para mejorar la información entregada a los usuarios de las inmobiliarias o contratos de las universidades”, finaliza motivada la estudiante de diseño UC.
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Por José Francisco García
En sociedades democráticas consolidadas como la nuestra, las protestas y las marchas, son esperables; es más, en la actualidad son un fenómeno mundial que ha buscado ser explicado por autores de la talla de Huntington o Fukuyama, sobre la base de las tensiones que están enfrentando diversos sistemas políticos frente a niveles crecientes de desarrollo económico y social, y las expectativas generadas asociadas–. Y si bien con frecuencia no buscan oponerse a algo, sino apoyar una cierta causa –lo que además revela la importancia de que en una sociedad libre el Estado sea neutral respecto de los contenidos discursivos de las marchas, y permita las más diversas–; suelen ser instrumentos de última ratio que se generan ahí cuando no han podido ser canalizadas y procesadas demandas legítimas por parte de los poderes políticos.
Porque de lo que estamos hablando al final del día, es que están en juego una serie de derechos constitucionales –de reunión, de asociación y de expresión– que permiten a las personas y a las asociaciones dar cauce a sus demandas y descontento, interpelando a los poderes políticos y a la sociedad toda. Ello, per se, no es negativo ni ilegítimo. Muy por el contrario. Debemos mirar con simpatía el que 100.000 estudiantes marchen por la Alameda de manera pacífica (o 40.000 ciudadanos gays y heterosexuales marchen por el matrimonio homosexual). Se trata, al final de cuentas, de una manera de control ciudadano o accountability respecto de las autoridades, control que como sabemos, es uno de los objetivos de la libertad de expresión.
Sin embargo, no es legítima toda clase de protesta o marcha, y creer que no existan otros bienes en juego –i.e., los derechos de otras personas–, que deban ser ponderados por la autoridad a la hora de establecer las reglas que regirán estas materias, como asimismo al momento de ejercer el instrumental regulatorio disponible (i.e., la actuación policial). Las protestas ponen en jaque, entre otros, la libertad de tránsito de miles de ciudadanos, el derecho de reunión, el derecho de propiedad, la libertad de emprendimiento y por cierto el derecho a la integridad física. Es por ello que existen límites naturales para las mismas, y así lo reconoce nuestro ordenamiento.
Un límite que por obvio no se ha discutido en Chile a pesar de estar reconocido, pero que en el derecho comparado ha tenido gran desarrollo, dice relación con la ilegitimidad de manifestarse o protestar en propiedad privada cuando no existe autorización de su dueño. En estos casos, se ha sostenido jurisprudencialmente que el derecho de propiedad no puede ceder ante la libertad de expresión. Dicha regla es de evidente aplicación en caso de tomas de colegios, sobre todo cuando se trata de establecimientos privados.
En el “foro público”–ahí donde los manifestantes buscan hacer uso de bienes nacionales de uso público como calles o parques–, es precisamente donde se deben compatibilizar los distintos bienes y derechos en juego. Por ejemplo la Constitución garantiza el derecho de reunión, de forma pacífica, sin armas y si bien es sin permiso previo, cuando se lleva a cabo en lugares de uso público, se deben seguir las disposiciones generales de policía
Violan dichas reglas de legitimidad (y legalidad) los daños a la propiedad pública y privada por varios millones de dólares que generaron las marchas del movimiento estudiantil.
Pero la manifestación en el foro público distó mucho de ser la única forma utilizada por los estudiantes; radicalizándose los medios de protesta empleados. En este sentido, una de estas formas extremas fue sin lugar a dudas, la huelga de hambre –uno de los medios de presión más extremos– que llevaron a cabo un grupo de estudiantes del liceo A-131 de Buin –caso que causó polémica por su gravedad–.
En esta materia existe una serie de argumentos para fundamentar su ilegitimidad. En primer lugar, la vida no es un bien disponible, regla que, nuestro ordenamiento jurídico y jurisprudencia han consistentemente defendido. La Constitución asegura a todas las personas en el artículo 19 N° 1 el derecho a la vida y a la integridad física y síquica de las personas. Nuestros jueces han sido claros a la hora de ponderar los principales bienes en juego en casos equivalentes: derecho a la vida y libertad de expresión (en la forma de protesta), incluso cuando esta última busca vincularse a la libertad de conciencia. Primará el primero.
Las personas son fines en sí mismos, no medios, y por tanto, nada justifica que sean utilizadas como monedas de cambio (o presión) en un debate democrático –o de cualquier naturaleza–. Incluso en el caso en que pudiéramos afirmar que la vida no es un absoluto –ningún derecho lo es– y que admitiera excepciones cuando se buscan bienes superiores –justificación tradicional de los mártires–, ¿podría alguien razonablemente decir que el único medio válido y disponible para conseguir reformas a nuestro sistema educacional (bien superior) consiste en perder la vida, no existiendo medios alternativos?
17 de octubre de 2011
Panelistas: Javiera Moraga, Elizabeth Wolf y Álvaro Castañón.
29 de Agosto de 2011.
Panelistas: Felipe Heusser y Juan José Soto
Invitado: Giorgio Jackson, Presidente de la FEUC.
Estas últimas semanas hemos sido testigos de un monumental movimiento ciudadano tras una demanda que lleva en el debate público, sin tener avances significativos: educación de calidad, pública y para todos. Profesores, padres, jóvenes de la educación básica, media y superior reclaman por una educación entendida como un bien público.
Existe un consenso relativamente generalizado respecto a que el problema de fondo de todo el sistema educativo chileno es la falta de calidad, la enorme segregación que existe en ella -ricos educados entre ricos y pobres entre pobres – yel negocio de la educación. Tres factores que se observan por no contar con una legislación adecuada que exija tanto a los actores públicos como a los privados del sistema, a los llamados tradicionales y no tradicionales, estándares de educación apropiados para un país que pretende alcanzar niveles de desarrollo.
Estándares de educación de calidad regularían la apertura de establecimientos educacionales de nivel básico y medio cuando estos no cumplieran con ciertos mínimos. En el caso de la educación superior, las universidades sólo debiesen poder impartir carreras cuando cumplan con ciertos estándares y acceder a aportes del Estado únicamente cuando demuestren requisitos de calidad y también de inclusión social.
Así, los parámetros de medición no sólo consistirían en la calidad a través de puntajes mínimos de ingreso por carrera, número de profesores de planta y cantidad de investigaciones, sino también el porcentaje de personas provenientes de establecimientos municipales o particulares subvencionados de condiciones socioeconómicas desfavorecidas.
Por otra parte, Chile tiene una gran segregación social, donde la educación es sólo un reflejo de la sociedad que hemos construido, con sectores pobres al borde de los límites urbanos, con malos accesos y malos servicios. En consecuencia, incluir en la evaluación de las universidades factores de integración social, resulta crucial para mejorar el capital cultural de las personas más vulnerables de nuestra sociedad, lo que permitirá que estas puedan relacionarse con otras de distintos sectores y formar redes de apoyo mutuo.
Por ultimo, nuestra legislación llena de libertades, pero con muy pocos deberes, ha permitido la proliferación de establecimientos educacionales de mala calidad, sobre todo en el ámbito universitario. Por tanto, mas allá de la discusión acerca de la municipalización o si es el Estado o los privados quienes deben administrar los establecimientos, un paso importante para avanzar en la materia sería contar con una buena legislación protectora de la calidad junto con organismos fiscalizadores, con potestades reales. .
Sin embargo, hay una mala noticia… ¿cómo podemos hacerlo con la Constitución Política que tenemos actualmente en Chile? Hoy nuestra Constitución no otorga el derecho a la educación como lo entendería cualquier ciudadano; en realidad lo que otorga a cualquier persona es el derecho a poder abrir un establecimiento educacional, la libertad de los padres de elegir el establecimiento de sus hijos y, para los establecimientos, la libertad de enseñanza y la obligatoriedad de la enseñanza preescolar, básica y media.
Nunca se menciona la calidad de la educación. Los únicos parámetros para impartir educación, tal como señala nuestra Constitución política, es “la libertad de enseñanza [que] no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional”.
Algunos podrán decir que la falta de parámetros de calidad es inmoral y que el negociado de algunos establecimientos de educación superior también lo es. Lamentablemente, ese argumento no nos llevará hacia una mejor educación. Hoy la libertad económica que permite abrir establecimientos de mala calidad prima por sobre el estándar de calidad. Es por esta razón, que necesitamos una nueva Constitución que establezca derechos y deberes efectivos para todos los ciudadanos.
Publicación original de El Dinamo
