¿Santiago es (de) Chile?

Por José Ignacio Vial.

A partir del conflicto en Aysén y de la reciente polémica por el nuevo intento de algunos parlamentarios de trasladar el Congreso a Santiago, se ha vuelto a instalar en la discusión pública el tema de la descentralización. Un tema en el que si bien existe gran consenso sobre la urgencia de hacer algo, este no se ha podido materializar en hechos concretos, más allá de algunas medidas y anuncios por aquí y por allá, sin consistencia ni armonía alguna.

A estas alturas ya resulta frustrante que nadie haga algo que vaya más allá de las medidas parche. Todos están de acuerdo en que Santiago no da para más. Nuestros políticos, a raíz de los hechos del sur, por enésima vez han rasgado vestiduras realizando una dura autocrítica por la poca importancia que le han dado al tema, pero el tiempo sigue pasando y las palabra nuevamente con el transcurso de los días se han ido borrando. Los ejemplos para escandalizarse son muchos: la diferencia en los precios de las bencinas, la falta de conectividad, las medidas contra la contaminación que se adoptan en un lugar y no en otro, el nivel de inversiones, el nivel de las autopistas y caminos, el acceso a educación universitaria, son sólo algunos de los tantos que podríamos enumerar.

Y es dentro de este contexto, que quisiera invitarlos a reflexionar, quizás una vez más, sobre las siguientes cuestiones que han dado vueltas alrededor de este tema: ¿Es razonable que quienes quieran estudiar en una universidad tengan que irse necesariamente a vivir a Santiago, separándose de su familia, amigos, y dejando la región donde vieron gran parte de su vida? ¿Es razonable la construcción de centrales hidroeléctricas que perjudican el mayor capital económico de una región (turismo) y que además conllevan la construcción de líneas de transmisión que atravesarán miles de kilómetros, todo con el fin de abastecer con energía eléctrica a la capital? ¿Es razonable que muchos de los “representantes” de regiones sean de Santiago y vivan en esta ciudad? ¿Es razonable que el equivalente a lo que se gasta anualmente en una región en transporte público (Metropolitana), sea lo que se destine al total de las otras regiones? ¿Es razonable que todos los puestos políticos importantes de regiones, con salvedad de alcaldes y parlamentarios, sean elegidos por alguien de Santiago?

Las anteriores son algunas de las muchas preguntas que deberíamos hacernos para darnos cuenta de lo absurda que es la situación actual. Los Aiseninos se dieron cuenta de ello, rompieron la inercia y decidieron decir basta, obteniendo una respuesta hasta ahora satisfactoria. Pero el gran desafío es determinar como se puede atacar estructuralmente este problema que, lamentablemente, afecta a gran parte de los países de América. ¿Mayores recursos?, ¿mayor autonomía?, ¿elección directa de autoridades regionales? Son algunas de las soluciones que se han propuesto y que bien implementadas podrían ayudar, pero lamentablemente no serán suficientes mientras no opere un cambio más profundo en la forma de pensar Chile, en la forma que queremos que sea Chile. Pero para ello urge un cambio tanto de los santiaguinos, como de aquellos que vivíamos en regiones.

Respecto de los primeros la situación es evidente, la capital está pronta a colapsar, el Sanhatan y el caos vial que éste va a generar es prueba de que hay lugares donde la ciudad ya “tocó techo”. La contaminación, que se hace insostenible cada invierno y que para variar afecta a los más pobres, es síntoma de que Santiago está pagando el precio por su crecimiento desmedido. Una mejor calidad de vida, que signifique menor tiempo de transporte, más tiempo con la familia, ritmos de vida más normales y un entorno más limpio y natural, son elementos que poco a poco están haciendo que mucho capitalinos emigren fuera de la metrópoli, pero se requiere que esta migración vaya acompañada con mejoras sustantivas en las regiones, para que al primer problema al que estas personas se vean enfrentadas, no tengan como única alternativa volver a Santiago. Hay que sacar del subconciente la idea de esta ciudad como refugio frente a las desgracias y adversidades, porque día a día se va transformando en una desgracia y adversidad en sí misma.

Respecto de quienes vivíamos en regiones el desafío es aún mayor, porque si no somos nosotros quienes volvemos a hacernos cargo de los problemas de nuestras ciudades, si no nos hacemos protagonistas en los lugares donde vivíamos y aprovechamos los conocimientos y experiencias adquiridas en la capital para trabajar por y en las ciudades y pueblos donde crecimos, difícilmente operará el giro que tanto necesitamos. Aquel por el que continuamente nos quejamos.

En nuestras manos está, y ha estado siempre, la posibilidad de acabar con la excesiva centralización, pero para ello tenemos que darnos cuenta que depende de nosotros y sólo de nosotros, de las decisiones que tomemos a futuro, que Santiago, de una vez por todas, deje de ser Chile y pase a ser de Chile.

Ley Zamudio y ciudadanos de bien

Por Francisco Luco.

Con la muerte de Daniel Zamudio se dio comienzo, una vez más, a la ya clásica oleada de comportamientos que esta clase de tristes sucesos mediáticos suele inspirar: parlamentarios de todas partes rasgando vestiduras por la más reciente incorporación en su repertorio de prioridades y preocupaciones sociales, todo un país demostrando una cierta autoridad moral y ese doble estándar tan propio del comportamiento criollo, prensa estrujando el asunto en cuestión a niveles vergonzosos y, cómo no, los infaltables y correspondientes proyectos de ley, cuyos nombres, por si fuera poco, suelen –o intentan– hacer honor a la conmoción pública que demande la atención de la prensa y del resto de la sociedad en un momento determinado.

En beneficio de la llamada clase política puede decirse, sin embargo, que la “ley Zamudio” –boletín Nº 3815-07– no es algo surgido de la noche de la mañana, pues, como ya sabemos estas alturas, dicho mensaje se ingresó a tramitación hace ya siete años, aunque sólo fue aprovechándose de la contingencia más reciente que decidió otorgársele urgencia.

El problema de este modus operandi reactivo –y sobre todo efectista– a la hora de legislar es que se pierde de vista la verdadera labor del actor político, de la nobleza y el estricto sentido de su misión, generándose, en consecuencia, ciertos fenómenos lamentables.

En primer lugar se le intenta otorgar a la ley una labor a la que difícilmente podría hacer frente, cual es la de reeducar o modificar la visión y comportamiento de una sociedad respecto de un determinado asunto; todo lo cual, evidentemente, resulta muy difícil, por no decir imposible (sobre este tema en particular ya se ha dicho bastante, tanto en columnas de opinión como en espacios televisivos, de manera que no agregaré más).

El segundo gran problema es que se evidencia la falta de una debida discusión de fondo que garantice que el proyecto de ley, antes de ver la luz, cumplirá ciertos estándares mínimos desde un punto de vista cualitativo. Así, toda ley debería discutirse fríamente, con el mayor ánimo de racionalidad posible y siempre con miras al bienestar de la mayoría. Lo anterior implica no sólo que el contenido se apoye, como sea posible, en criterios completamente empíricos, sea cual sea la materia en cuestión, sino también que tenga sentido desde un punto de vista jurídico.

Por desdicha, como se desea despachar el proyecto rápido y con ello satisfacer las expectativas sociales generadas –casi como si se tratase de darle pan al pueblo–, suele descuidarse precisamente la “calidad jurídica” de un texto, imperando así un “cortoplacismo” simplista que, en desmedro de la anticipación a problemáticas que pudieran suscitarse a futuro, opta por limitarse a trabajar, sea como sea, sobre la base del polémico asunto del momento de la forma más expedita posible.

Por ello es que me resulta satisfactorio el hecho de que la llamada Ley Antidiscriminación haya resistido la dictadura del discurso políticamente correcto, y en vez de haber visto aprobado su articulado completo durante esta semana en la Cámara de Diputados, haya sido ingresado a comisión mixta. Ello porque un análisis más profundo del tema permite concluir que, de aprobarse, no se trataría sencillamente una buena ley.

¿Dónde queda la libertad de expresión?

En el programa de televisión Tolerancia Cero, Lily Pérez afirmaba que lo que aquí se pretende sancionar es la “incitación al odio”. Sin embargo, ¿qué debe entenderse, en estricto rigor, cuando se refiere la acérrima defensora del proyecto a “la incitación al odio”?

Como acusaba correctamente Fernando Villegas en la misma oportunidad, se genera en el proyecto un clásico conflicto de colisión de derechos, especialmente agravado en esta oportunidad por la excesiva laxitud de la ley y lo ambiguo del concepto de discriminación.

Menos feliz es el intento del propio texto por aterrizar esta terminología al incluir en su articulado un amplísimo catálogo de criterios en los que se entendería que se ha, por decirlo de alguna manera, “incitado al odio”.

Con criterios que ciertamente se extienden mucho más allá de la raza, la sexualidad y la nacionalidad, nos enfrentamos a una letanía que una vez más cede ante el discurso políticamente correcto y abre la aberrante posibilidad de que se coarte, sin mayores dificultades, el ejercicio de otro derecho fundamental como la libertad de expresión.

Es cierto que la propia senadora también se ha esmerado en intentar fundamentar por qué no sería procedente una hipótesis del tipo “se sancionará a alguien que haya emitido un simple comentario en un blog y pueda eventualmente herir susceptibilidades de ciertos grupos”, pero las explicaciones no parecen satisfactorias en lo absoluto.

La libertad de expresión es un derecho fundamental –sagrado en una sociedad cuyo sustrato político es eminentemente liberal– que debe concebirse como verdadera regla general y frente al a cual las limitaciones debieran ser excepcionalísimas. Por ello es que resulta chocante los amplísimos términos en que se encuentra redactado el proyecto, al señalar:

“Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, identidad de género, la orientación sexual, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.”

Desde luego, lo anterior da pie para que elementos sustanciales en una sociedad moderna basada en el respeto y la tolerancia que muchos aparentan pregonar –e indispensables para sostener un Estado de Derecho–, tales como la libertad de opinión, se vean peligrosamente afectados por una polémica transitoria (aunque sea reflejo de algo mucho más antiguo y trascendente) que lleva a legislar en caliente y perder de vista cierto sentido de sensatez.

Si bien es cierto que “la libertad de uno comienza donde termina la del otro”, no parece apropiado ni sano para una sociedad democrática restringir las opiniones de sus ciudadanos a lo que parezca ser el discurso políticamente correcto de turno. Así, me parece que se genera un error de toda trascendencia al confundirse la gravedad de un acto criminal como el visto hace algunos días y el consiguiente deseo por evitar la comisión de estos delitos, con la obligatoriedad de que la sociedad comience a utilizar un lenguaje más apropiado y cercano a lo que significa ser un hombre de bien y la clase de ciudadano ejemplar que el Estado espera que seamos (una tendencia ya implantada, por ejemplo, con la prohibición draconiana de beber la más mínima gota de alcohol al conducir, o las crecientes restricciones al derecho de cualquier mortal de fumar).

Curiosamente el propio proyecto parece establecer algunos mecanismos con la pretensión de evitar cualquier problemática como la antes descrita. Así, señala en su articulado que las discriminaciones realizadas conforme al legítimo ejercicio de ciertas garantías constitucionales (entre las que, paradójicamente, se encuentra la del artículo 19 número 12 de la Constitución, esto es, “la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio”), aún cuando se cumplan los criterios de arbitrariedad señalados por mismo texto, “se considerarán razonables”. (Como se podría esperar, este despropósito jurídico ya se ha hecho notar por diversos actores, de suerte que, una vez que se vuelva a revisar el proyecto, el problema antes aludido cobrará sin duda mayor relevancia.)

Es cierto que el trayecto que este proyecto de ley ha recorrido ha resultado más extenso de lo necesario, y la paciencia en muchos sectores parece comenzar a agotarse. Sin embargo, en favor de los honorables que tuvieron la oportunidad de dirimir el asunto durante esta semana, puede decirse que, aún en las condiciones actuales tan peculiares, fueron capaces de resistir a la presión y darse de cuenta de que, entre otorgar a la sociedad un producto legislativo defectuoso y extender aún más la tramitación del mismo con tal de hacer una buena ley, más vale lo segundo. Eso, qué duda cabe, siempre es de agradecer en una sociedad donde antes que la “ciencia jurídica” y las evidencias empíricas priman las emociones y el discurso del que grite más fuerte y en el momento apropiado.

De tus impuestos a los escolares: cuánto gasta el Estado en alimentación y útiles para la educación pública

289.692.417.254, no es ni un número de llamado al extranjero, ni los minutos que hay en un año, esa es la cifra en pesos de lo que en promedio el Gobierno gasta al año en mantención de servicios básicos para los estudiantes de la educación pública.

Gracias a una solicitud de información pública realizada por El Vaso en la plataforma Acceso Inteligente, de la Fundación Ciudadano Inteligente, que te permite solicitar información a los organismos públicos de manera simple y efectiva, se pudo conocer cuánto gastó el Gobierno el 2011 en entregar alimentación, útiles y computadores a los escolares de la educación pública.

En útiles escolares el Estado desembolsó el 2011 un total de $2.954.725.523 para 1.212.125 escolares, es decir, por cada estudiante se invirtió $2.437 pesos para sus útiles. La región en la que más se gastó en este ítem fue la Metropolitana, dado su mayor número de colegiales, donde para 398.364 estudiantes se destinaron poco más de $932 millones de pesos. Mientras que en la región que menos dinero se gastó fue en la de Magallanes que recibió $17.712.620 pesos para 7.060 alumnos.

En cuanto a la comida, la Junaeb no especificó la cantidad de estudiantes que reciben este beneficio, pero sí mostró los montos gastados por el Estado en este servicio durante el mes de noviembre del pasado año, tomándolo como mes referencial. El total de $30.148.701.009 pesos fue lo que se invirtió en el penúltimo mes del 2011 para entregarles alimentación a los escolares de la educación pública.

La entrega de esta alimentación, que consiste en desayuno y almuerzo o sólo este último – dependiendo del recinto- y que les proporciona a los jóvenes entre 700 a 1000 calorías,  costó poco más de  8 mil millones de pesos para los alumnos de Media, $18.515.270.832  para los alumnos de Básica, $1.718.786.985 para los de Kinder, mientras que para los de Pre kínder se desembolsó mil millones y medio de pesos.

En definitiva, si consideramos 9 meses de asistencia escolar, se puede decir que para entregar alimentación en la educación pública el Estado gasta $271.338.309.081, algo así como US$542 millones de dólares.

Además de los útiles y la alimentación, el Gobierno ofrece una iniciativa llamada “Yo elijo mi PC” la cual consiste en premiar con un computador de regalo a los alumnos de 6° Básico que tuvieron mejor rendimiento  y que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población.  Estos aparatos tecnológicos se escogen a partir de un catálogo que el Gobierno ofrece donde se encuentran diversas marcas con distintas capacidades de funcionamiento.

El programa lleva tres años y 150 mil escolares ya han recibido su PC. Este año 59.334 estudiantes fueron escogidos para recibir este beneficio lo que le significará al Estado $15.399.382.650 pesos. De estos casi 31 millones de dólares la Región Metropolitana es la que se lleva mayor parte, con 4 mil millones y medio de pesos, dado a sus 16.756 alumnos que clasificaron para el premio. De tras lo siguen la VIII Región con 9.169 estudiantes recompensados y la V Región con 5.858 de estos alumnos. Por su parte, la región con menos escolares premiados fue la de Aysén, que tuvo 361 colegiales clasificados para el beneficio, lo que al Estado le costará $97.127.772 pesos.

En definitiva, si se consideran los gastos por alimentación de 9 meses, más lo desembolsado por útiles escolares, y el programa “Yo elijo mi PC”, el Estado gasta al año en estos servicios de mantención para los alumnos de la educación pública  $289.692.417.254 pesos, cerca de US$ 579 millones de dólares

Revolución educativa y la otra brecha digital

Por Francisco Luco

A mediados de enero Apple anunció sorpresivamente un conjunto de tres nuevas herramientas de software, las que permiten asignar a la tecnología un tremendo valor como agente de cambio en el campo de la educación: iBooks 2 –una plataforma de distribución de libros electrónicos que podría eventualmente desplazar a los textos educativos tradicionales–, iBooks Author –una aplicación que permite a cualquier persona desarrollar su propio texto educativo electrónico– y iTunes U –una aplicación para iPad, iPhone y iPod Touch que pretende acercar a los usuarios una serie de contenidos académicos puestos a disposición por las más prestigiosas universidades del mundo–.

Mientras tanto, en nuestras provincianas y todavía pacíficas latitudes –al menos hasta que verdaderamente comience el año en marzo–, la relativa calma del escenario social y político augura con efectividad lo que todos prevemos que sucederá una vez que el grueso de la población haya dado término a sus días de reposo. Es una pasividad que augura lo evidente e inevitable; la calma antes de esa tormenta que prontamente se dejará caer y que podremos denominar “Revolución (?) Educativa: Parte II”. Una revolución que implicará, está claro, que actores políticos y sociales salgan a las calles a vociferar por una mejor educación. Podemos prever que será un período de conmoción y agitación que, como varios dirigentes ya auguraban el año pasado, probablemente sea de igual o incluso mayor magnitud que lo ya visto en meses previos.

Sin embargo, ¿qué clase de delirio podría hallar una coherencia entre la –digamos merecida– holgazanería de que muchos disfrutan en estas semanas, las futuras movilizaciones “por la educación” y lo anunciado hace un mes por el gigante informático de Cupertino? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Mucho, a decir verdad.

Cuando uno evoca el concepto “Internet”, probablemente el primer impulso de muchos chilenos sea pensar en un portal blanco y azul plagado de chismes, mini juegos y otras frivolidades, en el cual suelen desperdiciar una excesiva cantidad de horas (estadísticas a mano no tengo, pero tampoco podemos ser tan cínicos como para negar que cada vez que una secretaria, estudiante, empleado de oficina o funcionario cualquiera está mirando con atención y suma concentración una pantalla sobre su escritorio, al observar la misma comprobaremos que está conectado a Facebook).

Por otra parte, a la hora de mirar el historial de navegación de esos mismos computadores en la oficina o en la universidad, comprobaremos que ya varios han visitado, entre otros sitios afines, el diario de circulación nacional por excelencia si lo que deseamos es informarnos de las banalidades del mundo de la farándula (ustedes me entienden).

Por último, si tomamos el smartphone de cualquier conocido, probablemente nos encontremos con un cuantioso surtido de contenidos fútiles, entre aplicaciones que, sí, a veces entretienen y sanamente distraen, pero que en exceso sólo contribuyen a perder el tiempo y a desaprovechar la tremenda utilidad que un computador en la palma de nuestra mano verdaderamente puede aportar.

La deprimente conclusión que podemos sacar a partir de esto es, entonces, que Internet y la tecnología en general (el computador personal, teléfonos inteligentes y todo lo demás) hoy parecen adolecer del mismo problema que presentó y aún presenta la televisión: involucionar, aunque sea por causas externas, de un medio concebido para entretener, informar y educar a uno que sólo pareciera concentrarse en lo primero (aún cuando en el caso de Internet, y a diferencia de la televisión, buena parte del problema no sea atribuible a los proveedores de contenidos, sino a los consumidores.)

En esta interesante entrevista a Isaac Asimov, realizada en 1988, el visionario y genial escritor fue capaz de vaticinar con optimismo y acierto cómo en el futuro cada hogar contaría con una computadora conectada a bibliotecas universales, de manera que podríamos acceder todos a una cantidad de información ilimitada. Así, nos veríamos enfrentados a lo que él describió como una verdadera revolución educativa.

Esa revolución permitiría, sin llegar al extremo de abolir la escuela, que cada persona adquiriera conocimientos desde su más tierna infancia, guiándose por su propia vocación y a su propio ritmo. Era una oportunidad, creía Asimov, para despojar al concepto “educación” de connotaciones absurdas y nefastas, como que se trata de un proceso para niños y jóvenes, que se inicia con el ingreso al sistema educativo obligatorio y que acaba una vez que se egresa de él para adentrarse en el mundo laboral. La tecnología, y más precisamente Internet, eran una oportunidad –observen el optimismo de Asimov– para que la adquisición de conocimiento no resultara aburrida porque alguien la impone en un salón, sino para que fuera, en su lugar, interesante y deseada por todos.

Sin embargo, las aspiraciones antes aludidas parecen chocar estrepitosamente con la triste realidad. En un contexto en que la televisión abierta atraviesa una decadencia impresentable e innegable, Internet parecía ser la salvación. Pero lamentablemente no parece ser el caso.

Incluso Steve Jobs, el hombre cuyas ideas y trabajo constituyeron la piedra angular sobre la que se cimentó el imperio de Apple, dijo en una entrevista a mediados de los 90:

“La gente está pensando menos de lo que solía hacer. Eso es principalmente por la televisión. La gente está leyendo menos y están ciertamente pensando menos. Así es que no veo a la mayoría de la gente usando la red para obtener más información.”

Con esto no pretendo decir que Asimov se equivocó y que su visión optimista se vio sepultada por la visión más sombría de otro hombre que al final sí acertó, mientras el mundo se dirige a un pozo sin fondo. Esto lo preciso porque, en cierta manera, Asimov sí tuvo razón: si bien aún queda trabajo por hacer, la infraestructura está, así como la posibilidad de acceder al conocimiento disponible en ella. Las oportunidades de conectarse a esas bibliotecas rebosantes de información existen, de manera que la educación, en su sentido más puro y genuino, se encuentra hoy al alcance de buena parte de la población mundial, incluido por cierto nuestro país. Por ello insisto: esos vaticinios felices, en cierta forma, son hoy una realidad.

¿Cuál es el problema entonces?

El problema es que si bien la infraestructura y la información están, algo falló en el camino y jamás llegó a existir esa añorada revolución educativa de la que el prolífico escritor hablaba. Es decir, está todo al alcance de nuestra manos, menos una genuina voluntad e interés de parte de los usuarios –sean niños, estudiantes universitarios, trabajadores, dueñas de casa, jubilados o lo que sea– por educarse.

Desde luego lo anterior no responde mucho a la pregunta formulada, pues de inmediato nos cuestionamos: ¿y por qué a pesar de tener esa revolución educativa frente a nuestros ojos, la sociedad no se ha interesado por la adquisición del conocimiento?

La respuesta a esta nueva pregunta por cierto que no es de mi competencia, pero la formulación de estas interrogantes al menos debiera animarnos a observar que, mientras una buena parte de los estudiantes probablemente sobrecargue sus semanas de vacaciones de actividades hedonistas y sin sentido, la cacareada revolución educativa está mucho más cerca de lo que creen y al alcance de su mano, así como al alcance de la mano de cualquier otro, más joven o viejo, que quiera verdaderamente profesar algo de amor propio y adquirir conocimiento e información relevante para sí.

Es por esto que me gustaría saber, mientras la industria de la tecnología desarrolla aplicaciones que acercan la educación a la gente aún más de lo que ya lo hace Internet por sí sola, cuántos de los nobles partisanos que salieron a las calles y volverán a hacerlo este año porque quieren “educación de calidad”, efectivamente han aprovechado las oportunidades que –como a Jobs le gustaba decir– el cruce de la tecnología con las humanidades puede ofrecer. Y con aprovechar estas tecnologías no me refiero, por cierto, a desperdiciar buena parte del día conectado a Facebook o diarios de farándula.

Hay una sobrecarga de información en nuestras vidas; es verdad. Internet cuenta con cantidades inconmensurables de contenidos inútiles; innegable. Pero no es menos cierto, asimismo, que muchos realmente están haciendo algo por salir a buscar su educación de calidad (trabajo que en las condiciones actuales ni siquiera es tan laborioso y demandante de energía y tiempo), mientras otros se limitan nada más a sentarse y esperar que aquella caiga del cielo.

Y es que, como afirmó el especialista en educación Curtis Johnson: “según el modelo que sigue siendo dominante en la mayoría de escuelas del mundo, al entrar en el aula casi parece que el conocimiento sea algo escaso, difícil, prácticamente imposible de obtener a no ser que tengamos a un adulto debidamente cualificado de pie frente a un grupo de jóvenes que le escuchen solícitos, dispuestos a anotar en sus cuadernos cualquier dato supuestamente de valor. Pero los alumnos saben que no es así: el conocimiento es ubicuo. Pueden entrar en Google para buscar una respuesta y llegar a ella mucho más rápido que nadie en esta sala –hasta un muchacho de 9 o 10 años puede hacerlo–. Es cierto que tal vez no tengan el criterio para saber cuáles son las coas que merece la pena buscar, ni la sabiduría para valorar lo que encuentran, pero es evidente que pueden acceder al conocimiento; no tenemos que dárselo.”

Así, lo anterior parece generar otra brecha digital, no una entre usuarios conectados y desconectados, sino una entre usuarios que realmente aprovechan el potencial informativo y educativo que Internet genera y usuarios que, aun con acceso a la red, condicionan su vida de forma negativa de la misma manera que han sido condenados quienes han recibido una educación formal deficiente.

Esa es una brecha digital mucho más problemática que la que ya conocemos, puesto que, probablemente, el abismo entre los dos porcentajes de la torta sea más grande aquí que en un gráfico que ilustra cuántos ciudadanos están conectados a Internet y cuántos no. Además, será sin duda la siguiente brecha digital contra la cual nos enfrentaremos una vez que la anterior sea superada. Y es una brecha de la cual, por cierto, no he oído a nadie hablar.

Conflicto educacional para un webmaster

Por Pedro Daire.

En FCI decidimos lanzar un quick win (así les decimos a los proyectos breves y oportunos) sobre el conflicto educacional hace unos meses atrás. No podíamos seguir fuera del tema más importante del acontecer nacional.

El éxito de acuerdoeducacion.cl fue inmediato, con decenas de miles de visitas el día del lanzamiento. Estábamos contentos de poder ayudar a aclarar la información que por meses se veía contaminada por dichos, riñas y personalidades que no eran parte del núcleo del conflicto, es decir, noticias que no se centraban en las demandas de los estudiantes y los ofrecimientos del gobierno.

Como miembro del equipo tecnológico de FCI enfrenté un problema de responsabilidad luego del relativo éxito de acuerdoeducacion.cl. Con decenas de miles de visitas no podemos dejar el sitio botado, debemos mantenerlo actualizado. Esto se contradecía con la idea de quick win con que habíamos decido abordar el proyecto. Tenemos demasiadas cosas en las que trabajar, y esto significaba más pega para nosotros, no podemos dedicarle tiempo a un proyecto que no está en el programa (esta es una confidencia, en FCI tenemos serios problemas para negarnos a proyectos).

Finalmente decidimos aperrar y sacrificar tiempos a otros proyectos y tiempos personales para poder dedicarle tiempo a acuerdoeducacion.cl y mantenerlo vivo. Designamos a algunos miembros del equipo estar atentos a lo que sucediera, resumir la información cuando se entregaran nuevas propuestas, etc.

Teníamos todo preparado, estábamos esperando los hechos, dispuestos a registrar el progreso del conflicto.

Los dirigentes de la CONFECH fueron al congreso -recordándonos que existe un canal llamado TVSenado-, luego el presidente los invitó a la Moneda. Hubo tomas en el congreso de Santiago, muchas en liceos, universidades, etc. manifestaciones masivas, conciertos. Cada domingo en Tolerancia Cero había una discusión respecto al conflicto estudiantil, hubo elecciones en la FECH, FEUC,  FEUSACH, etc.

Movimiento ha habido, pero toda nuestra preocupación inicial por mantener acuerdoeducacion.cl actualizado fue en vano. Parece que  nos pasó la cuenta el idealismo propio de los jóvenes que trabajan en un ONG, parece que fuimos ingenuos y optimistas, parece que pensamos que teníamos instituciones más eficientes, protagonistas hábiles para generar acuerdos y resolver conflictos, representantes que velaban con dedicación por el interés de sus representados. Parece que acuerdoeducacion.cl sí era un quick win.

Nunca pensé decir esto, pero lamento mucho no haber tenido que sacrificar tiempo personal ni tiempo de otros proyectos. Hoy es el primer día hábil de 2012, el 2011 ya se fue y desde que lanzamos el sitio no hemos actualizado ni una sola vez los acuerdos y desacuerdos que se muestran en la pizarra.

Alinco, ¿el peor de todos?

Por Hernán Ortega:

Alinco… Que personaje es este Alinco. Pretérito PPD, que conduce borracho, que tiene sexo en su camioneta y lo pillan, que rehúsa hacerse la alcoholemia, que está a favor del megaproyecto HidroAysen y hoy, que da su voto al peor presupuesto de educación que se recuerde, traicionando a su compinche MEO y de paso, al movimiento estudiantil.

Odiado y despreciado por la derecha antes, luego por la izquierda. Ahora por los estudiantes.
Indolente, inconsecuente, probablemente inculto y feo. Así lo vemos desde acá. Tan feo comparado con los grandes señores DC, RN, UDI.
Pero, ¿quién es verdaderamente René Alinco? Es sólo un hombre que vive lejos de Santiago.

¿Tiene una razón de ser, a parte de una desfachatez enorme?

El tipo es de campo, del sur. Si hasta habla cantadito. Nos resulta imposible entenderlo. ¿Y saben por qué no lo entendemos?, porque al momento de analizar la actualidad de Chile, lo hacemos pensando que Santiago es Chile. Que los problemas que nos aquejan suelen ser los que en verdad importa. Somos tan egocéntricos como MEO y tan ciegos como Carlos Larraín, que pretendemos que todo lo que pase aquí, pasa en todo el país.

Quizás Alinco tenga razón: en el sur sí hace falta Hidroaysen porque faltan trabajos. Qué importa preservar un paisaje hermoso donde sólo pueden llegar los que están en un quintil muy arriba. La mayoría de los chilenos jamás conocerá la Patagonia. ¿No mejor tener algo con qué abrigarse en vez de tener una vista despejada?

¿Qué tiene de malo aprobar el presupuesto de educación si no van a cambiar de un año para otro los resultados? Y lo imperante ahora es asegurar que los niños de esos colegios que a nadie le importa, porque terminarán siendo formadores de temporeros o inquilinos, sí tengan recursos para calentar los pies que recorren kilómetros y kilómetros cada día con el fin de que los cabros al menos junten las letras para entretenerse con LUN.

¿Qué importa que haya conducido borracho? ¿No lo hizo el hermano del presidente y está libre? ¿Qué importa que haya tenido sexo una camioneta?, ¿No es parte de una fantasía colectiva?

A mi me indignan más Sergio Molina, José Joaquín Brunner, Mónica Jiménez y la Mariana Aylwin, ex ministros de educación que se manifestaron en contra de la educación gratis. Ellos, que pudieron hacer algo por frenar la gran estafa que es el mercado de las universidades y sostenedores. Ellos, que desde la aureola de “ex ministro de educación” pretenden venir a aconsejarnos o a inmiscuirse en una batalla que ya no es de nadie más que de de los alumnos, los padres y nosotros, los indignados.

Con qué moral, si cada uno de ellos tienen intereses en el mercado de las universidades privadas o son sostenedores. Y ganan dinero con sus colegios. ¿Y nos dicen que no es buena la gratuidad? Por lo menos que tengan la decencia de llamar a su comunicado de prensa como “Su Propina Es Mi Sueldo”.

Ellos sí viven en Santiago, sí conocen de cerca las necesidades y realidades de los alumnos de la capital. Saben del esfuerzo de sus padres y del sacrificio que es endeudarse. Saben las peleas que la Confech ha dado. Saben de los argumentos que dejan callados a parlamentarios. Saben que hay muchos de sus camaradas y compañeros que han tratado de hacernos creer que cuando fueron Gobierno, sólo la derecha se opuso a acabar con el mercado de los mercenarios de la educación. Saben de qué se trata todo esto…

Pero han preferido usar un viejo traje para justificar que Chile sea uno de los países con peor distribución del ingreso, con la más cara educación, con un endeudamiento insostenible, porque a ellos, cada uno de estos aspectos los hace mejores “emprendedores“.

Así como Patricio Aylwin dijo “Justicia en la medida de lo posible” hoy tenemos a su hija diciéndonos “Educación en la medida que yo siga lucrando”.

Alinco será un cara de raja, pero no un chupasangre.

Mira las ideas de apps sociales que han llegado a DAL

Una aplicación para comparar los precios de las bencinas de las estaciones en su localidad o una para donar regalos pedidos por niños vulnerables para navidad, son algunas de las ideas que ya han propuesto a sólo días del evento de open data más grande de la región, “Desarrollando América Latina” http://desarrollandoamerica.org, organizado por la Fundación Ciudadano Inteligente (FCI).

La creación de aplicaciones tecnológicas para el bien común en ámbitos como educación, seguridad y presupuesto público, es la finalidad de este evento que se efectuará este 3 y 4 de diciembre, y que ya cuenta  con 120 emprendedores sociales inscritos  en Chile y  436 en total, que también incluye a Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y México. Aun así,  ciudadanos como tú motivados por aportar al bien social, y expertos de estas diferentes áreas ya han dejado sus ideas para la creación de apps.

“Alexia”, de Valparaiso, propuso una aplicación de colaboración social para ayudar a ahorrar a través de una multiplataforma que permita a los usuarios revisar el precio de los combustibles de las estaciones de servicio de su sector, precios que son actualizados por los mismos usuarios de la comunidad

A su vez, “Marceleita”, también de Chile, planteó realizar un sistema donde niños soliciten un regalo, para que donadores y voluntarios se inscriban, pudiendo así realizar una donación libre o desde la lista de peticiones. Esta idea, que sienta muy bien a menos de un mes de la navidad,  podría complementarse –propone su autora- con funcionalidades como geolocation, Gmaps, Twitter y Facebook.

También han llegado proposiciones de aplicaciones desde Argentina, como la realizada por “Eazel7” de Buenos Aires, que presenta un sistema integrado para que las gobernaciones (intendencias, provinciales, nacionales) transparenten las acciones que llevan a cabo, como los presupuestos y licitaciones. Para que así –dice él- los ciudadanos puedan interactuar con los datos.

Desde  el DF México “Ricardo GC” propuso crear un botón de pánico en los celulares debidamente registrados que no sólo permitan emitir una llamada de emergencia del portador del móvil, sino que también ayuden como vigilante ciudadano cuando se sea testigo de un delito. Esto aprovechando la tecnología 3 o 4G, que también podría avisar a través del GPS la ubicación en que está ocurriendo el incidente.

Continuando en el ámbito de la seguridad Pedro Daire, jefe de tecnología de la FCI, ha propuesto  una aplicación web que permita revisar los conductores y teléfono móvil de una patrulla policial, con sólo ingresar la patente (placa) del vehículo. De esta forma- dice Daire- se puede contactar la patrulla al verla o saber quién está operándola.

En definitiva todas las ideas son bienvenidas en http://desarrollandoamerica.org/tus-ideas-aqui/ , y si bien proponerlas no quiere decir que se lleven a cabo, puede que estos proyectos de aplicaciones inspiren a los participantes del evento o a desarrolladores motivados por aportar al bien social y a una sociedad en la que todos aportan para aumentar el bienestar de la ciudadanía.

Consecuencia y el ser limpio en política

Por Cristian E. Ibarra González

En este último tiempo, hemos presenciado como nuestra clase política se ha enfrentado en diversas oportunidades sobre los temas que se han tomado la agenda nacional. Espectáculos como Parlamentarios de la Oposición tratando en duros términos al Presidente Piñera y al Gobierno, han sido la tónica en estos meses marcados principalmente por el movimiento estudiantil.

La Oposición estuvo 20 años en el Gobierno y no fue capaz de dar una solución concreta a la salud, educación y transporte, temas por los cuales hoy se protesta. Hay que reconocer que cuando fueron Gobierno se avanzó en “cantidad” en el tema educacional (Construcción de Colegios de Enseñanza Básica y Media, Construcción de Salas Cunas) pero la cantidad no se vio reflejada en una mayor calidad de la Educación en Chile, y ni hablar del Lucro en el sistema educacional del país, donde crecieron los colegios particulares subvencionados y las Universidades Privadas, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica.

Sorprende en muchos casos diputados y senadores de la Concertación solicitando soluciones reales y rápidas para el tema educacional, cuando durante 20 años no hicieron nada por solucionar este conflicto, y cuando les tocó enfrentar el Conflicto Educacional del 2006 (Pingüinos) terminaron engañando a los estudiantes del país.

En estos momentos es cuando la gente se pregunta, dónde queda la consecuencia de los dirigentes de la oposición quieren que los problemas originados durante sus gobiernos no fueron solucionados y ahora el gobierno tiene que presentar soluciones, parece que no cuenta con el apoyo de ellos y dar una solución a los miles de estudiantes.

Y uno de los principales motivos por los cuales la gente no participa en política es que piensan que la política es cochina. Es cierto, muchos con sus actitudes dan a entender que sus acciones no son muy limpias, u ocupan los recursos de todos los chilenos para sus intereses particulares.

Debemos preocuparnos que nuestros parlamentarios hagan su pega legislativa y contribuyan al normal funcionamiento de nuestro país y no se desprestigien  ellos mismos con sus actitudes como por ejemplo; mandar cartas con membrete de la Cámara de Diputados, o el famoso intervencionismo electoral que fue utilizado cuando la Concertación fue gobierno, el cual beneficiaba a los candidatos de la coalición gobernante en esos tiempos frente a los candidatos de la centroderecha o llamada oposición de este tiempo.

Consecuencia y ser limpio  en política son dos cosas que van de la mano, muchas veces la corrupción y el mal uso por parte de algunos para su beneficio personal, muchos de los que ahora son parlamentarios y fueron parte de esos gobiernos, no tomaron acciones para detener la corrupción y el despilfarro de recursos de todos los chilenos.

Hay que generar las condiciones para que nuestros políticos actúen en consecuencia con sus dichos y actos con el paso del tiempo y puedan ser transparentes en el ejercicio de su labor legislativa.

Conoce cómo y cuánto desembolsó el Gobierno en la campaña “Yo sí quiero estudiar”

$282.100.000 millones de pesos fue lo que gastó el Ministerio de Educación en la campaña promocional “Yo sí quiero estudiar” destinada a evitar que los escolares perdieran el año escolar debido a las tomas.

Gracias a una solicitud enviada por un ciudadano anónimo vía accesointeligente.org de la Fundación Ciudadano Inteligente a la Oficina de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, se pudo acceder a todos los detalles del dinero invertido por el Gobierno.

La maniobra publicitaria destinada a promover el programa “Salvemos el año escolar”  desembolsó  $35.000.000 millones de pesos en la promoción por radio, $242.800.000 para la por prensa,  $2.500.000 en pendones y $1.800.000 en la distribución de estos. Alcanzando un total de  $282.100.000 con IVA incluido.

Las radios escogidas para pasar la campaña fueron  la 40 Principales, la Radio Corazón, Radio Disney, Carolina, Radio Agricultura y 30 radios regionales. Para realizar estas publicidades radiales se contrató a la agencia especialista McCann Ericsonn, siendo el único ente externo contratado para diseñar los spot promocionales.

En cuanto a los medios escritos los anuncios de “Yo sí quiero estudiar” se pudieron ver en Las Últimas Noticias, La Hora, La Tercera, La Cuarta, Publimetro, El Mercurio y 16 medios de prensa regionales, como  La Estrella de Arica, La Estrella de Chiloé, El Mercurio de Valparaíso, entre otros.

La iniciativa “Salvemos el año escolar” abrió sus inscripciones el 16 de agosto y finalizó el 1 de octubre, luego de dos prolongaciones de su término debido al poco éxito que la medida había tenido. De un total de 250 mil escolares se vieron perjudicados por las tomas, 200 mil se inscribieron, quedando 50 mil estudiantes fuera del programa, arriesgando seriamente sus posibilidades de pasar de curso.

Educación de calidad, pública y para todos, es un bien público

Estas últimas semanas hemos sido testigos de un monumental movimiento ciudadano tras una demanda que lleva en el debate público, sin tener avances significativos: educación de calidad, pública y para todos. Profesores, padres, jóvenes de la educación básica, media y superior reclaman por una educación entendida como un bien público.

Publicación original de El Dinamo