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Comentarios a la “Ley Hinzpeter” (parte I)

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Por José Francisco García G.

La denominada “Ley Hinzpeter” causa controversia por estos días en la agenda pública y en el debate legislativo en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Se trata en realidad del proyecto de ley que “Fortalece el resguardo del orden público” (Boletín N° 7975-25), mensaje presidencial ingresado en octubre de 2011 a la Cámara de Diputados.

Nace sobre la base de legítimos reclamos ciudadanos –de los cuales dio cuenta en extenso la prensa de la época- acerca de la afectación de derechos fundamentales -amparados por la Constitución Política- en materia de movilización, emprendimiento, trabajo y propiedad de miles de pequeños comerciantes, locatarios, dueños de inmuebles, apoderados y, en general, ciudadanos, con ocasión de las protestas estudiantiles ocurridas el año pasado.

En este contexto, han (re)surgido por estos días críticas en torno a que con esta iniciativa, más que buscar hacer frente a los desórdenes públicos que suelen suscitarse en conexión a marchas y protestas, se estaría buscando derechamente criminalizar la protesta social. Se trata de una acusación infundada.

La denominada “Ley Hinzpeter” no hace más que empatizar con buena parte de una ciudadanía que, por un lado, valoraba las demandas estudiantiles, pero que, por otro, pedían un límite ahí donde las movilizaciones y los actos posteriores de vandalismo pasaban a llevar el legítimo ejercicio de otros derechos. Se pone en el debate público una agenda de reformas principalmente orientadas a modificar los Códigos Penal y Procesal Penal para, como sociedad, iniciar una conversación necesaria acerca de cómo fortalecemos y defendemos el derecho de reunión y la libertad de expresión de aquellos que utilizan las movilizaciones y tomas como excusa para delinquir y generar violencia.

La denominada “Ley Hinzpeter” propone, en lo principal, modificar el tipo penal de desórdenes públicos ante la falta de tipos penales que describan adecuadamente las conductas ilícitas que buscan ser abordadas (e.g., participación en desórdenes o actos de fuerza o violencia que paralicen o interrumpan algún servicio público, o invadir, ocupar o saquear viviendas); agravar las penas por delitos de desórdenes públicos cuando se actúa encapuchado; fortalecer la protección de la fuerza pública cuando actúa en resguardo del orden público y facilitar la obtención de medios de prueba para acreditar la existencia de delitos o la participación en los mismos, lo que sufrió modificaciones por una indicación presentada por el Ejecutivo en enero de este año.

Pero antes de analizar el contenido del proyecto, y áreas de perfeccionamientos (propondré tres), veamos algunos números.

No existen todavía evaluaciones cuantitativas sistemáticas y robustas respecto de los sucesos ocurridos en 2011. Sin embargo, es posible encontrar información parcial. En este sentido, al analizar las cifras entregadas respecto al año 2011, se observa que en Chile se produjeron 5.942 actividades de expresión pública vinculadas a manifestaciones, marchas, caravanas, velatones, etc., lo que corresponde a un incremento de 153% respecto a las cifras de 2010 y de 278% respecto a las del año 2009. El saldo: más de 15.000 detenidos; millonarios daños al patrimonio público y privado; 1.100 carabineros y más de 600 civiles heridos.

Si analizamos la realidad experimentada en la Región Metropolitana, es posible observar que de un total de 2.014 manifestaciones públicas autorizadas por la Intendencia durante el 2011 -que incluyen eventos de diversa índole-, 240 fueron marchas y de ellas, 75 correspondieron a marchas estudiantiles.

En el contexto de las manifestaciones estudiantiles, la Intendencia Metropolitana presentó acciones legales en contra de 114 personas, obteniendo sentencias condenatorias en contra de 7 personas y se impusieron 21 suspensiones condicionales del procedimiento.

Por otra parte, respecto a la V Región, existieron 288 marchas estudiantiles autorizadas y 44 no autorizadas, lo que hizo necesario desplegar más de 8 mil efectivos y tuvo como resultado más de 66 carabineros lesionados, más de 1.100 detenidos y pérdidas totales por más de $ 1.000 millones.

Y es que el Estado surge y tiene sentido con un objetivo central: garantizar la seguridad individual como condición de preservar las libertades de las personas y la paz social. El Presidente de la República tiene un mandato constitucional expreso en torno a que su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto “la conservación del orden público interno”. El mismo mandato fue el que impulsó, por lo demás, a la ex Presidenta Michelle Bachelet al enviar al Congreso Nacional en enero de 2007 un proyecto de ley que buscaba modificar diversos cuerpos legales en materia de orden público, basados  -según el mensaje y el texto propuesto- en un diagnóstico bastante similar al que se generó en 2011, y proponiendo instrumentos regulatorios similares.

Nada hasta lo aquí dicho implica que la “Ley Hinzpeter” no deba ser objeto de perfeccionamientos; de hecho, propondré tres ámbitos. Pero ello será objeto de análisis en mi próxima columna.

Elecciones primarias (parte II)

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Por José Francisco García.

En la primera columna sobre esta materia, mostramos nuestro apoyo a la implementación de elecciones primarias. Dijimos también que el proyecto presentado por el Ejecutivo es exitoso. Sin embargo, existen al menos tres modificaciones -o ámbitos de modificación- que están en discusión y que podrían mejorar sustancialmente el proyecto: en qué condiciones los candidatos independientes pueden entrar a las primarias; el rol de los militantes -que en el proyecto actual no son actores relevantes-; y el periodo de campaña y el gasto electoral. Dichas modificaciones serán analizadas a continuación.

En primer lugar, el proyecto obliga a los independientes a requerir del patrocinio de un partido político para entrar a la “papeleta”. Eso es un candado. Una de las indicaciones que ha sido puesta en la mesa es que por tratarse de un tipo especial de independiente -aquel que es perfectamente identificable con una coalición política-, éste pueda pedir un 10% de firmas de los militantes del pacto electoral para poder ingresar a la primaria. Se trata de una regla que sólo operaría en pacto electoral y es exigente: en un plazo cercano a los 70 días se deben juntar muchas miles de firmas que además deben ser representativas de los militantes de todos los partidos de dicho pacto.

Precisamente porque debe ser un independiente que represente a la totalidad del pacto electoral es que debe ser complementada con una regla adicional: un límite máximo de 50% de esas firmas de un solo partido, la que por supuesto es más exigente respecto de una coalición de 2 partidos, que las de 3 o más, al requerir de igual número de firmas por parte de los dos partidos del pacto. Porque es bien discutible que un candidato que recibe el 99% de sus firmas sólo de un partido represente a toda una coalición política.

En segundo lugar, se debe aumentar el peso relativo de los militantes de los partidos políticos. Hoy no tienen un rol relevante en decisiones básicas como gatillar una primaria ante el Consejo General o poner un nombre en la papeleta de candidatos.

En efecto, según el proyecto actual, y en materia de primarias presidenciales, corresponderá al Consejo General de cada partido político la decisión de: (a) participar en una elección primaria para la nominación de candidato a Presidente; (b) el hacerlo en forma individual o en pacto electoral; y (c) la nominación de los candidatos para dicha elección. El Consejo General de cada partido deberá pronunciarse respecto de estas materias cuando lo solicite la Directiva Central o un 10% de los miembros de dicho Consejo.

En materia de primarias parlamentarias y alcaldicias, corresponderá al Consejo General tomar las tres decisiones anteriores, más, lógicamente, la de (d) los territorios electorales en los que se participará. El Consejo General de cada partido deberá pronunciarse respecto de estas materias cuando lo solicite: la Directiva Central o el Consejo Regional que corresponda. El Consejo Regional deberá pronunciarse sobre solicitar al Consejo General del partido elecciones primarias en algún territorio electoral de su jurisdicción para Alcaldes o parlamentarios cuando así lo solicita la Directiva Regional del partido o un 10% de los miembros del Consejo Regional.

Se trata entonces de órganos representativos de los militantes, pero en donde ellos no tienen un canal directo de participación. En este sentido, una de las ideas es que un porcentaje de ellos (10%), pertenecientes a un territorio electoral, puedan pedirle al Consejo General que se pronuncie respecto de la realización de primarias en dicho territorio electoral. Un paso conservador ciertamente como éste, pero inteligente, al poner presión -y los focos de los medios- en potenciales intentos de bloquear candidaturas locales desde las alturas, va en la dirección correcta.

En el fututo debiesen discutirse perfeccionamientos a esta normativa en la línea de profundizar esta participación, por ejemplo, permitiendo que un determinado porcentaje de militantes pueda, derechamente, tener el derecho a incorporar a un candidato a la papeleta.

Finalmente, clave respecto de las posibilidades de elección de los desafiantes resultan las reglas de límite al gasto electoral (cuánto puedo gastar) y el periodo de campaña son fundamentales. Para los candidatos desafiantes, la clave es lograr el conocimiento del electorado. Y sabemos que los incumbentes son amigos de dos reglas: disminuir el periodo de campaña y tener gastos electorales bajos. Mantener un periodo de campaña de primarias razonable como el actualmente propuesto de 70 días y ojalá permitir que los desafiantes puedan gastar más que los incumbentes son dos reglas claves pro competencia.

Respecto de esta última, Libertad y Desarrollo ha manifestado su posición contraria a la existencia de los mismos, incluso antes de la discusión de la Ley 19.884 sobre gasto electoral. Siguiendo la literatura en la materia, hemos sostenido que se trata de una barrera clave para afectar las posibilidades de elección de candidatos desafiantes contra incumbente que tienen gran reconocimiento público y que además cuentan con financiamiento permanente no incluido como gasto electoral durante la campaña electoral (dieta parlamentaria). Dicha lógica también es asimilable a la situación de las primarias. Por lo demás, la Corte Suprema norteamericana –modelo regulatorio que hemos seguido en la materia– declaró estos límites como inconstitucionales en 1976 (Buckley v. Valeo), precedente que se mantiene hasta el día de hoy.

Es por ello que una regla que elimina el límite de gasto o lo eleva significativamente (del 25% al 50%) respecto del incumbente, nos parece positivo. Por el contrario, cualquier modificación que reduzca el tope de 25% o que impute dicho gasto al límite de las elecciones generales, afectará la votación de los desafiantes. Evidencia reciente en nuestro país lo muestra. En un reciente estudio, Agostini (2011) muestra que un aumento de 1% de gasto electoral por parte del incumbente, aumenta su votación en 0,7%. Asimismo, el aumento de 1% del gasto por parte del desafiante, reduce la votación del incumbente entre 0,2 y 0,3%.

Es por ello que una correcta solución legislativa respecto de cuestiones relevantes como la forma de integrar a los independientes a las primarias (en especial si tienen domicilio político conocido en alguna de las coaliciones y tienen apoyo en los militantes de los partidos y/o partidos de los pactos electorales) creemos que es; potenciar el poder decisorio de los militantes; y utilizar las reglas de límite de gasto electoral a favor de los desafiantes y la competencia político (y no como una barrera de ingreso de nuevos actores); reforzaran estos bienes de competencia y legitimidad.

Promesas presidenciales: ¿Chiste repetido sale podrido?

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Por Álvaro Castañón.

Parte esencial de ser un buen político es prometer a los ciudadanos un futuro mejor. El problema ocurre, cuando prometer “cielo, mar y tierra” se convierte en una costumbre, y cumplir es un acto más bien excepcional. Desgraciadamente, la adictiva costumbre  de prometer algo como acto reflejo ante algún problema contingente o cuestionamiento, ha llevado a que los ciudadanos sean un poco más exigentes, mirando con desilusión y posterior rabia cuando las promesas quedan en el olvido de la autoridad.

Es así como se hace necesaria la constante fiscalización de los compromisos que adquieren nuestras autoridades, específicamente el Presidente de la República, quien tiene variadas instancias para prometer a nivel micro y macro, como ocurre en las campañas electorales o los discursos del 21 de mayo.

En la Fundación Ciudadano Inteligente se han realizado tres estudios en esta materia, pero además pusimos especial atención en el último discurso del 21 de mayo, y mucho de lo que allí escuchamos resultó conocido. De 45 promesas que implican iniciativa legal, es decir, hacen participes del debate al congreso como órgano de representación popular, 27 de ellas eran repetidas de alguno de los dos discursos anteriores, y sólo 18 son promesas nuevas.

Dentro de las promesas repetidas podemos encontrar la -a estas alturas- famosa Superintendencia de Educación Superior, o la regulación respecto de las empresas multi rut. Quizás también le suene la ley que nos proveería de una  carretera energética, la Subsecretaría de DDHH, una nueva ley de Isapres, o la reina de las promesas repetidas; “una ley de reconocimiento de pueblos originarios”. En total, un 60% de las promesas del pasado discurso del Presidente Piñera son “chistes repetidos”.

Pero no debemos sesgar nuestro análisis y agotarlo en el Presidente Piñera, pues muchos de estos chistes ya habían sido contados antes. Algunos, se reiteran intentando superar los problemas de apoyo político, como es el caso del voto de chilenos en el extranjero. Otras promesas sin embargo, responden a la necesidad recurrente de dar una respuesta a un problema clásico, pero sin llegar a concretar una iniciativa legal que sea permanente en el tiempo, así ocurre con el reconocimiento de los pueblos originarios.

El no cumplimiento de promesas, o la reiteración de éstas, afectan de manera importante la confianza de los ciudadanos con sus autoridades. Pero hasta acá no hay novedad, pues como dijimos, prometer es parte del oficio.

Lo realmente malo, es cuando un factor que habíamos dado por habitual pasa a ser “la gota que rebalsó el vaso”. Hoy, ya es innegable la crisis que afecta a nuestra clase política y sus instituciones vinculadas. Bajo ese escenario, la sumatoria de “molestias” produce políticos histéricos y ciudadanos indignados, y con justa razón, pero con efectos negativos para el país. Moraleja: no hay que abusar del oficio.

Como sociedad, tenemos que acostumbrarnos a que las nuevas tendencias apuntan a una mayor transparencia y rendición de cuentas, pero también al empoderamiento ciudadano que se traduce en fiscalización. La solución, son los gobiernos  abiertos a la sociedad civil, donde los flujos de información son honestos en relación a lo que se cumplió, en lo que se está trabajando y lo que no se va a poder hacer. Tomando lo anterior como un primer paso, podemos seguir escuchando promesas de futuro, y aplaudiendo aquellos chistes que tienen un sustento para ser aplaudidos.

Los ciudadanos vamos ganando la carrera. Estamos más organizados, las tecnologías de la información ayudan mucho a que sea fácil generar puntos de encuentro y compartir información. De ésta forma las promesas que se repiten una y otra vez, de gobierno en gobierno, ya no son una formula de éxito.

Más temprano que tarde nuestras autoridades tendrán que tomar conciencia y tener cuidado con lo que prometen, o arriesgarse lanzando el chiste repetido, y esperar la reacción de un público que aparentemente cada vez entienden menos.

Fuente: La Tercera Blogs

Trabajo legislativo en periodos electorales

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Por José Francisco García.

Existen una serie de reformas de carácter constitucional y legal que pudieron haber sido introducidas en el “paquete” de reformas constitucionales aprobadas en 2005  y que tienen como objeto y propósito definir el marco dentro del cual se puedan desarrollar las actividades propias de los períodos electorales, de manera que se garantice la igualdad de oportunidades y condiciones para los candidatos de los diversos partidos y coaliciones, especialmente como garantías a las coaliciones opositoras y a los candidatos desafiantes.

Sabemos, en primer lugar, que el Presidente de la República –cualquiera que sea– cuenta con un mecanismo que desfigura toda la lógica del trabajo parlamentario, al poder usar indiscriminada y caprichosamente las urgencias en un período electoral, siendo el conjunto de los ciudadanos y los miembros de la sociedad quienes se ven perjudicados con la existencia de leyes defectuosas. Existe cierto consenso en el mundo político, como asimismo en el jurídico-académico,  respecto a que el Presidente de la República cuenta con excesivos privilegios legislativos que pueden ser usados y abusados discrecionalmente en perjuicio de la dignidad de otro poder del Estado, y que redunda finalmente en la calidad de nuestra legislación.

Así las cosas, la normativa de la formación de la ley debiera moderar la discrecionalidad política de esta herramienta de poder, impidiendo que el Primer Mandatario haga uso de este mecanismo durante el período inmediatamente anterior a una elección (por ejemplo, un período de restricción de 60 días). En esa línea se propone que sea el Ejecutivo el que solicite las urgencias, pero que sea el Parlamento el que las califique de simple, suma o discusión inmediata. Asimismo, esta prohibición se debería extender para el período propiamente electoral y por tanto, entre la primera y segunda vuelta electoral.

Por otra parte, parece relevante analizar reformas que impidan la utilización política de proyectos legislativos de gran relevancia durante períodos electorales.

El derecho comparado nos nutre de un sinnúmero de soluciones que han resultado de gran éxito en naciones más adelantadas en el control del abuso electoral. Así, por ejemplo, en la Constitución francesa existe un período de reposo o decantación de la ley en que las normativas orgánico-constitucionales no pueden ser conocidas por la cámara respectiva sino hasta 15 días de ingresada en la oficina del partes del Congreso. Esto permite reducir o evitar un ánimo político oportunista en materias fundamentales que tratan este tipo de leyes.

En este sentido, se debería analizar la implementación de un período de vacancia o reposo, tanto para las reformas constitucionales, leyes interpretativas constitucionales y las orgánico-constitucionales. Asimismo, se debe contemplar un período, tal vez menor, para aquellas normas de quórum calificado.

En la misma línea anterior, creemos se debe hacer especial hincapié respecto del análisis de las reformas constitucionales, que por su jerarquía y relevancia no debieran ser objeto de uso electoral de ningún tipo. Junto con incorporar un período de vacancia, se deben estudiar reformas para evitar una manipulación política electoral de la Carta Fundamental.

En este sentido, se podría pensar en establecer la prohibición de presentar y tramitar reformas constitucionales dentro de los 60 días anteriores a una elección presidencial, prohibición que se extienda por otros 30 en caso de una segunda vuelta.

El show de las encuestas

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Por Francisco Luco.

La anterior fue semana de encuestas, un verdadero festín mediático con una serie de ritos característicos a los que ciertamente ya estamos acostumbrados, y entre los que pueden contarse entrevistas a directores de centros de estudio sobreanalizando cualquier cosa, sociólogos haciendo juicios políticos livianos como los de ningún otro profesional, y vocero de gobierno intentando mantener la compostura y demostrar una calma zen que —pretenden hacernos creer— supuestamente se cierne sobre todos los funcionarios de La Moneda, como si realmente tuvieran mil y una mayores preocupaciones antes que comentar los resultados de una encuesta.

Pero la verdad es que en un palacio de gobierno efectivamente existen creo yo mayores preocupaciones que los resultados de una CEP o una Adimark, aunque los hechos pudieren demostrar otra cosa. Porque si hay algo en lo que no podemos dejar de convenir es que durante los últimos años las encuestas han alcanzado un grado de importancia insano y casi patológico. ¿Lo peor? Siempre es el propio gobierno de turno uno de los principales impulsores a la hora de darles a estas preguntas y sus dígitos correlativos más mérito del que realmente revisten.

Ahora bien, desde luego los propios candidatos, ministros y Presidente no son los únicos actores de esta función. Un rol tanto o más relevante lo cumplen, desde luego, los encuestados, quienes deben evaluar con un tajante sí o un lapidario no —como si en la vida no existieran matices— el trabajo de los antes aludidos. ¿En base a qué criterio? Vaya a saber usted.

Sería interesante, por ejemplo, preguntarle a los encuestados, después de que hubieren respondido si acaso aprueban o desaprueban la gestión del Presidente, por qué razón afirman una cosa o la otra. Para ponerlo en términos pedagógicos, hago una especie de alusión a esa clásica pregunta de prueba escrita, acompañada al final de un no menos típico «fundamente».

El problema radica —me aventuro a pensar— en que en la mayoría de las ocasiones no hay mucho que fundamentar.

Dicen que las emociones rigen el mundo, empero, ello no significa que deba suprimirse todo atisbo de racionalidad de lo que decimos, hacemos y pensamos a diario, máxime cuando se trata del arte de gobernar. Así, creo con toda confianza que cuando un encuestado, un ciudadano cualquiera como usted o yo, con un mayor o menor grado de conocimiento, desaprueba la gestión del Presidente más allá de que ésta efectivamente sea o no cuestionable, sólo se está dejando influenciar por la labor de los medios de comunicación, quienes suelen ser realmente los que en la práctica modelan aquel difuso y cuestionable ente llamado “opinión pública”.

Soy un convencido de que cuando una persona desaprueba la gestión del Presidente, se está limitando a reducir una entera gestión política con sus aciertos y errores, pero llena de matices y complejidades a criterios absurdos pero inconscientes, como si lo ha visto últimamente en matinales, si ha emitido últimamente un chiste de mal gusto o si —aquí estriba el factor más poderoso— ha sido blanco de ataques o críticas políticas recientes.

Y qué poco importa realizar una mínima operación intelectual, por cierto, para diagnosticar la justicia o rigurosidad detrás de frases muchas veces diseñadas para la galería, que no atañen al fondo de los problemas políticos, sociales y económicos que pudieran aquejarnos como país. En cambio, resulta más fácil quedarse con el comentario vacuo del diputado de oposición, o a veces con el del compañero de oficina que pretende saber más de política que el resto.

Insistiendo en lo errático de las encuestas de opinión, y sin ir más lejos, el propio Eugenio Tironi ha señalado, incluso, que existen estudios que indican que las poblaciones tienden a ser más duras en la evaluación de sus mandatarios en períodos invernales, como si el frío actuara de forma subconsciente y moldeara el temple y las opiniones políticas de los ciudadanos sin que estos se den cuenta.

Y ya que estamos en lo determinante que pueden llegar a ser factores completamente exógenos y aparentemente irrelevantes, qué decir de la actuación de los mismos candidatos presidenciales en tiempos de campaña (períodos en que las acciones de los centros de estudio suben como la espuma, y la realización de encuestas políticas se transforma en una nueva fiebre del oro). Porque a veces basta haber visto a alguien dando conferencias de prensa en el momento preciso, bailando cueca o subiéndose a un tanque para que la ciudadanía adquiera una impresión positiva de ellos y les dé un voto favorable a la hora de responder una encuesta.

Pareciera, entonces, que un estudio de opinión en la práctica se ve más influenciado por vaivenes aleatorios de cualquier tipo antes que por un mínimamente riguroso e informado análisis o juicio político. De otra manera, no podría explicarse cómo —ya volviendo al presente— se mantienen bajas las cifras de aprobación que atienden a áreas en que al país —y por extensión al Presidente—, objetivamente, le va bien.

Si no parece verosímil lo dicho hasta ahora, basta tomar cualquier encuesta relativamente prestigiada y comenzar a desmenuzar sus números, para que comiencen a aparecer las contradicciones de quienes responden afirmando primero tal cosa, pero después, con una respuesta inocente y bienintencionada (o desinformada) socavan lo dicho anteriormente.

¿Acaso no es obvio? Las encuestas no son pruebas escritas como las de la universidad o el colegio, donde con relativa certeza puede comprobarse el grado de conocimiento sobre una determinada materia, asignándose una calificación en atención a si se ha cumplido o no con estándares objetivos y predeterminados. A diferencia de este tipo de exámenes, una encuesta como las de Adimark o CEP parecieran estar más cerca de un juicio de valor modelado por sensaciones vacuas y, en ocasiones, carentes de fundamento técnico alguno.

Entonces, la gran duda que queda dando vuelta es: si esto resulta archisabido, ¿por qué ignorarlo? Y es aquí cuando me pregunto si la llamada clase política opera de buena fe, dejándose atrapar por la vorágine de los números y de la instantaneidad moderna con cierta torpeza e ingenuidad, o si se trata de un consenso malévolo del que oficialismo y oposición han sido actores por mucho tiempo, donde el acuerdo tácito consistiría en jugar las reglas del juego y dejarse regir por números insignificantes atribuidos por gente no más importante.

No quiero dejar de aclarar, en todo caso, que mi intención no es decir que los resultados de la encuesta CEP de la semana pasada se deben a que se cambió a la hora de invierno, o realizar una alegoría a la actual gestión presidencial, ya que si bien es cierto que mi diagnóstico de ésta sea probablemente un poco más condescendiente que el de la mayoría, lo dicho hasta acá puede aplicarse en realidad a cualquier mandato presidencial anterior, y cualquiera sea el venidero. Después de todo, el fenómeno de las encuestas y sus simpáticas externalidades no es nuevo, ni privativo de una coalición política, ni tampoco limitado a los tiempos en que los números no remontan.

Mi intención pasa, en cambio, por deslegitimar en un grado más general a las encuestas como indicativos fiables de que una gestión va bien o no, y por destacar que los países no crecen al son de las cifras de popularidad.

A veces siento que esto es como si se tratara de un reality show, y no mucho más que eso. Por ello es que añoro el día en que conformemos una ciudadanía lo suficientemente informada como para leer entre líneas, darse cuenta de lo que sucede día a día en la política, y de que lo determinante no es si el candidato de turno aumenta, disminuye o mantiene su “capital político”. Hasta entonces, que la función continúe. Y usted, disfrute.

 

Marchas y empoderamiento

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Por Francisco Luco.

Decir que Chile es un país que cambió, con ciudadanos hoy más “empoderados“, es un lugar común. Y de los favoritos en el vocablo de los políticos que pretenden vender el fiasco de la renovación.

Algunos más osados, como Tironi, aseveran que todo tiene su génesis en el mandato de la ex Presidente Bachelet; que fue ella quien instauró en el país un liderazgo “distinto”, más “horizontal”, más “maternal” y merecedor de toda clase de rasgos y apelativos siúticos de esos que fascinan a sociólogos, columnistas u opinólogos en general.

Sin embargo, no tantos se han esmerado en tratar de desentrañar a qué hacen alusión estas manoseadas frases clichés, que como otras tantas que se han instalado en la política nacional en distintos períodos –recuérdese la prostitución del vocablo “progresismo” durante la última presidencial–, parecen tener más de floritura retórica que de contenido.

Podría aseverarse que el que hoy los ciudadanos de Chile se encuentren más “empoderados” equivale a que sean más conscientes en la exigencia de sus derechos, y probablemente pocos se opondrían. Lamentablemente, si entendiésemos que efectivamente ocurre así, no parece saludable que tal cambio social tenga asidero si se lleva a la práctica de forma extrema, máxime si consideramos la existencia de esa clásica cultura, tan asentada en nuestra idiosincrasia, de exigir muchos derechos, pero cumplir pocos deberes.

Esto ha llegado en pleno 2012 a límites absurdos. Donde existe una colectividad –llámese ciclistas, homosexuales, heterosexuales, cuidadores de mascotas, pescadores, conductores, cocineros o meseros–, existe una causa que merece ser luchada (intereses privados, legítimos, pero aún circunscritos a un reducido grupo de la población). Donde existe una causa que merece ser luchada, hay un grupo de ciudadanos aguerridos dispuestos a exigir a la autoridad. Y donde hay un grupo de ciudadanos exigentes, supuestamente “empoderados” y conscientes de sus derechos, existe la enorme posibilidad de que se incurra en el ya clásico recurso de salir con todo a la calle, y de ahí para adelante que sea lo que Dios quiera.

Por supuesto que no siempre resulta especialmente alarmante esto último. El más novedoso de los paros es el declarado hace algunos días por un grupo de trabajadores del Censo 2012. Y más allá de la legitimidad o inexistencia de ésta en el movimiento, no parece sensato prever que se tratará de uno que podría alcanzar ribetes insospechados y poner a La Moneda de cabeza, como sí lo han hecho tantos otros en los últimos dos años.

El problema aparece, en cambio, cuando se trata de grupos que, precisamente, sí pueden llegar a conseguir un gran arrastre, al punto de poner en entredicho la institucionalidad del país y, peor aún, su estabilidad sociopolítica, como fue el caso de Aysén y las llamadas marchas estudiantiles.

Desde luego, podrá alegarse desde el fondo del movimiento de turno la legitimidad de sus demandas y la obligación del Estado por satisfacerlas, ya que el objetivo de este último es propender al bien común. Sin embargo, suele olvidarse muchas veces que así como cada grupo de interés privado cuenta con una serie de exigencias legítimas, hay cientos de otros grupos al lado haciendo fila para conseguir su propio proyecto de ley o aumento de lucas. Así, prima una cultura del egoísmo y egocentrismo que desnuda, más que un auténtico “empoderamiento” en la sociedad civil chilena –que tampoco es tal puesto que implica responsabilidades–, un deseo de llegar hasta las últimas consecuencias, por complejas que aparezcan, sin que importe demasiado resto.

Y qué importante es ese resto, por cierto. Podríamos hablar aquí de orden público, para que nos entendamos, pero probablemente a muchos el concepto les traiga aparejados viejos y malos recuerdos. Sin embargo, es necesario hacer notar que no se trata de defender estandartes de la vieja guardia ni ideas supuestamente autoritarias que pretenden sublimar valores cuestionables del republicanismo por sobre otros más democráticos y socialmente aceptados.

El orden público no es otra cosa que un cierto estado de paz social que posibilite el normal desenvolvimiento de la comunidad; que un oficinista pueda llegar a su trabajo sin necesidad de esquivar barricadas; que familias puedan salir a pasear un fin de semana sin temer encontrarse con piedras o desórdenes de otro tipo.

También podría alegarse eventualmente que quien suscribe confunde la legitimidad de las marchas autorizadas como manifestación de la voluntad social, con los desmanes de encapuchados que nada tienen que ver con los protestantes que anhelan ser escuchados. Sin embargo, resulta imposible convocar a esta clase de manifestaciones sin prever que los resultados acabarán siendo los mismos de siempre; los mismos que la historia reciente se ha encargado de reafirmar una y otra vez. Crear una barrera entre ambos fenómenos, con el pretensioso deseo de disociar una cosa y la otra, parece artificioso y autocomplaciente.

Junto con el orden público, suele arriesgarse también una cosa no menos importante, que es la legitimidad de nuestra institucionalidad. En efecto, en la medida en que cualquier demanda comienza a ser canalizada a través de gritos y marchas, se va creando una situación de inestabilidad social en que pareciera que no hay nadie capaz de representarnos, en que las autoridades no cuentan con legitimidad para actuar y en que el margen de acción de las instituciones es casi inexistente, porque sencillamente todo parece muy burocrático y engorroso y ya nada resulta tan expedito y efectivo como cortar un par de caminos, llamar a la prensa y “emplazar” (otro término trillado y de significado equívoco) a las autoridades.

En resumen, este falso “empoderamiento” sólo ha contribuido a que ante cualquier seña de descontento o problemática nos valgamos única y exclusivamente del que antaño era el último recurso, pero que ahora parece ser la primera opción en la lista de medidas a tomar.

Hoy, cuando nos encontramos ad portas de la que parece ser una nueva oleada de movilizaciones promovidas por la Confech, parece necesario recordar que la legitimidad de nuestras demandas no difiere demasiado de la legitimidad de las exigencias de quien se encuentra al lado, y que ser escuchado porque uno grita más fuerte, porque se puede reunir a más colaboradores o porque –aunque se niegue– se cuenta con la maquinaria de un partido detrás, no parece justo. Pintarse la cara, gritar fuerte y exigir hasta las últimas consecuencias, según mi humilde criterio, dista bastante de un verdadero “empoderamiento”.

Puede que el hecho de que Chile haya cambiado en los últimos años sea el único cliché verdadero, pero, lamentablemente, tampoco parece que dicha metamorfosis haya operado para bien.

 

¿Santiago es (de) Chile?

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Por José Ignacio Vial.

A partir del conflicto en Aysén y de la reciente polémica por el nuevo intento de algunos parlamentarios de trasladar el Congreso a Santiago, se ha vuelto a instalar en la discusión pública el tema de la descentralización. Un tema en el que si bien existe gran consenso sobre la urgencia de hacer algo, este no se ha podido materializar en hechos concretos, más allá de algunas medidas y anuncios por aquí y por allá, sin consistencia ni armonía alguna.

A estas alturas ya resulta frustrante que nadie haga algo que vaya más allá de las medidas parche. Todos están de acuerdo en que Santiago no da para más. Nuestros políticos, a raíz de los hechos del sur, por enésima vez han rasgado vestiduras realizando una dura autocrítica por la poca importancia que le han dado al tema, pero el tiempo sigue pasando y las palabra nuevamente con el transcurso de los días se han ido borrando. Los ejemplos para escandalizarse son muchos: la diferencia en los precios de las bencinas, la falta de conectividad, las medidas contra la contaminación que se adoptan en un lugar y no en otro, el nivel de inversiones, el nivel de las autopistas y caminos, el acceso a educación universitaria, son sólo algunos de los tantos que podríamos enumerar.

Y es dentro de este contexto, que quisiera invitarlos a reflexionar, quizás una vez más, sobre las siguientes cuestiones que han dado vueltas alrededor de este tema: ¿Es razonable que quienes quieran estudiar en una universidad tengan que irse necesariamente a vivir a Santiago, separándose de su familia, amigos, y dejando la región donde vieron gran parte de su vida? ¿Es razonable la construcción de centrales hidroeléctricas que perjudican el mayor capital económico de una región (turismo) y que además conllevan la construcción de líneas de transmisión que atravesarán miles de kilómetros, todo con el fin de abastecer con energía eléctrica a la capital? ¿Es razonable que muchos de los “representantes” de regiones sean de Santiago y vivan en esta ciudad? ¿Es razonable que el equivalente a lo que se gasta anualmente en una región en transporte público (Metropolitana), sea lo que se destine al total de las otras regiones? ¿Es razonable que todos los puestos políticos importantes de regiones, con salvedad de alcaldes y parlamentarios, sean elegidos por alguien de Santiago?

Las anteriores son algunas de las muchas preguntas que deberíamos hacernos para darnos cuenta de lo absurda que es la situación actual. Los Aiseninos se dieron cuenta de ello, rompieron la inercia y decidieron decir basta, obteniendo una respuesta hasta ahora satisfactoria. Pero el gran desafío es determinar como se puede atacar estructuralmente este problema que, lamentablemente, afecta a gran parte de los países de América. ¿Mayores recursos?, ¿mayor autonomía?, ¿elección directa de autoridades regionales? Son algunas de las soluciones que se han propuesto y que bien implementadas podrían ayudar, pero lamentablemente no serán suficientes mientras no opere un cambio más profundo en la forma de pensar Chile, en la forma que queremos que sea Chile. Pero para ello urge un cambio tanto de los santiaguinos, como de aquellos que vivíamos en regiones.

Respecto de los primeros la situación es evidente, la capital está pronta a colapsar, el Sanhatan y el caos vial que éste va a generar es prueba de que hay lugares donde la ciudad ya “tocó techo”. La contaminación, que se hace insostenible cada invierno y que para variar afecta a los más pobres, es síntoma de que Santiago está pagando el precio por su crecimiento desmedido. Una mejor calidad de vida, que signifique menor tiempo de transporte, más tiempo con la familia, ritmos de vida más normales y un entorno más limpio y natural, son elementos que poco a poco están haciendo que mucho capitalinos emigren fuera de la metrópoli, pero se requiere que esta migración vaya acompañada con mejoras sustantivas en las regiones, para que al primer problema al que estas personas se vean enfrentadas, no tengan como única alternativa volver a Santiago. Hay que sacar del subconciente la idea de esta ciudad como refugio frente a las desgracias y adversidades, porque día a día se va transformando en una desgracia y adversidad en sí misma.

Respecto de quienes vivíamos en regiones el desafío es aún mayor, porque si no somos nosotros quienes volvemos a hacernos cargo de los problemas de nuestras ciudades, si no nos hacemos protagonistas en los lugares donde vivíamos y aprovechamos los conocimientos y experiencias adquiridas en la capital para trabajar por y en las ciudades y pueblos donde crecimos, difícilmente operará el giro que tanto necesitamos. Aquel por el que continuamente nos quejamos.

En nuestras manos está, y ha estado siempre, la posibilidad de acabar con la excesiva centralización, pero para ello tenemos que darnos cuenta que depende de nosotros y sólo de nosotros, de las decisiones que tomemos a futuro, que Santiago, de una vez por todas, deje de ser Chile y pase a ser de Chile.

 

Ley Zamudio y ciudadanos de bien

ley zamudio

Por Francisco Luco.

Con la muerte de Daniel Zamudio se dio comienzo, una vez más, a la ya clásica oleada de comportamientos que esta clase de tristes sucesos mediáticos suele inspirar: parlamentarios de todas partes rasgando vestiduras por la más reciente incorporación en su repertorio de prioridades y preocupaciones sociales, todo un país demostrando una cierta autoridad moral y ese doble estándar tan propio del comportamiento criollo, prensa estrujando el asunto en cuestión a niveles vergonzosos y, cómo no, los infaltables y correspondientes proyectos de ley, cuyos nombres, por si fuera poco, suelen –o intentan– hacer honor a la conmoción pública que demande la atención de la prensa y del resto de la sociedad en un momento determinado.

En beneficio de la llamada clase política puede decirse, sin embargo, que la “ley Zamudio” –boletín Nº 3815-07– no es algo surgido de la noche de la mañana, pues, como ya sabemos estas alturas, dicho mensaje se ingresó a tramitación hace ya siete años, aunque sólo fue aprovechándose de la contingencia más reciente que decidió otorgársele urgencia.

El problema de este modus operandi reactivo –y sobre todo efectista– a la hora de legislar es que se pierde de vista la verdadera labor del actor político, de la nobleza y el estricto sentido de su misión, generándose, en consecuencia, ciertos fenómenos lamentables.

En primer lugar se le intenta otorgar a la ley una labor a la que difícilmente podría hacer frente, cual es la de reeducar o modificar la visión y comportamiento de una sociedad respecto de un determinado asunto; todo lo cual, evidentemente, resulta muy difícil, por no decir imposible (sobre este tema en particular ya se ha dicho bastante, tanto en columnas de opinión como en espacios televisivos, de manera que no agregaré más).

El segundo gran problema es que se evidencia la falta de una debida discusión de fondo que garantice que el proyecto de ley, antes de ver la luz, cumplirá ciertos estándares mínimos desde un punto de vista cualitativo. Así, toda ley debería discutirse fríamente, con el mayor ánimo de racionalidad posible y siempre con miras al bienestar de la mayoría. Lo anterior implica no sólo que el contenido se apoye, como sea posible, en criterios completamente empíricos, sea cual sea la materia en cuestión, sino también que tenga sentido desde un punto de vista jurídico.

Por desdicha, como se desea despachar el proyecto rápido y con ello satisfacer las expectativas sociales generadas –casi como si se tratase de darle pan al pueblo–, suele descuidarse precisamente la “calidad jurídica” de un texto, imperando así un “cortoplacismo” simplista que, en desmedro de la anticipación a problemáticas que pudieran suscitarse a futuro, opta por limitarse a trabajar, sea como sea, sobre la base del polémico asunto del momento de la forma más expedita posible.

Por ello es que me resulta satisfactorio el hecho de que la llamada Ley Antidiscriminación haya resistido la dictadura del discurso políticamente correcto, y en vez de haber visto aprobado su articulado completo durante esta semana en la Cámara de Diputados, haya sido ingresado a comisión mixta. Ello porque un análisis más profundo del tema permite concluir que, de aprobarse, no se trataría sencillamente una buena ley.

 

¿Dónde queda la libertad de expresión?

En el programa de televisión Tolerancia Cero, Lily Pérez afirmaba que lo que aquí se pretende sancionar es la “incitación al odio”. Sin embargo, ¿qué debe entenderse, en estricto rigor, cuando se refiere la acérrima defensora del proyecto a “la incitación al odio”?

Como acusaba correctamente Fernando Villegas en la misma oportunidad, se genera en el proyecto un clásico conflicto de colisión de derechos, especialmente agravado en esta oportunidad por la excesiva laxitud de la ley y lo ambiguo del concepto de discriminación.

Menos feliz es el intento del propio texto por aterrizar esta terminología al incluir en su articulado un amplísimo catálogo de criterios en los que se entendería que se ha, por decirlo de alguna manera, “incitado al odio”.

Con criterios que ciertamente se extienden mucho más allá de la raza, la sexualidad y la nacionalidad, nos enfrentamos a una letanía que una vez más cede ante el discurso políticamente correcto y abre la aberrante posibilidad de que se coarte, sin mayores dificultades, el ejercicio de otro derecho fundamental como la libertad de expresión.

Es cierto que la propia senadora también se ha esmerado en intentar fundamentar por qué no sería procedente una hipótesis del tipo “se sancionará a alguien que haya emitido un simple comentario en un blog y pueda eventualmente herir susceptibilidades de ciertos grupos”, pero las explicaciones no parecen satisfactorias en lo absoluto.

La libertad de expresión es un derecho fundamental –sagrado en una sociedad cuyo sustrato político es eminentemente liberal– que debe concebirse como verdadera regla general y frente al a cual las limitaciones debieran ser excepcionalísimas. Por ello es que resulta chocante los amplísimos términos en que se encuentra redactado el proyecto, al señalar:

“Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, identidad de género, la orientación sexual, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.”

Desde luego, lo anterior da pie para que elementos sustanciales en una sociedad moderna basada en el respeto y la tolerancia que muchos aparentan pregonar –e indispensables para sostener un Estado de Derecho–, tales como la libertad de opinión, se vean peligrosamente afectados por una polémica transitoria (aunque sea reflejo de algo mucho más antiguo y trascendente) que lleva a legislar en caliente y perder de vista cierto sentido de sensatez.

Si bien es cierto que “la libertad de uno comienza donde termina la del otro”, no parece apropiado ni sano para una sociedad democrática restringir las opiniones de sus ciudadanos a lo que parezca ser el discurso políticamente correcto de turno. Así, me parece que se genera un error de toda trascendencia al confundirse la gravedad de un acto criminal como el visto hace algunos días y el consiguiente deseo por evitar la comisión de estos delitos, con la obligatoriedad de que la sociedad comience a utilizar un lenguaje más apropiado y cercano a lo que significa ser un hombre de bien y la clase de ciudadano ejemplar que el Estado espera que seamos (una tendencia ya implantada, por ejemplo, con la prohibición draconiana de beber la más mínima gota de alcohol al conducir, o las crecientes restricciones al derecho de cualquier mortal de fumar).

Curiosamente el propio proyecto parece establecer algunos mecanismos con la pretensión de evitar cualquier problemática como la antes descrita. Así, señala en su articulado que las discriminaciones realizadas conforme al legítimo ejercicio de ciertas garantías constitucionales (entre las que, paradójicamente, se encuentra la del artículo 19 número 12 de la Constitución, esto es, “la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio”), aún cuando se cumplan los criterios de arbitrariedad señalados por mismo texto, “se considerarán razonables”. (Como se podría esperar, este despropósito jurídico ya se ha hecho notar por diversos actores, de suerte que, una vez que se vuelva a revisar el proyecto, el problema antes aludido cobrará sin duda mayor relevancia.)

Es cierto que el trayecto que este proyecto de ley ha recorrido ha resultado más extenso de lo necesario, y la paciencia en muchos sectores parece comenzar a agotarse. Sin embargo, en favor de los honorables que tuvieron la oportunidad de dirimir el asunto durante esta semana, puede decirse que, aún en las condiciones actuales tan peculiares, fueron capaces de resistir a la presión y darse de cuenta de que, entre otorgar a la sociedad un producto legislativo defectuoso y extender aún más la tramitación del mismo con tal de hacer una buena ley, más vale lo segundo. Eso, qué duda cabe, siempre es de agradecer en una sociedad donde antes que la “ciencia jurídica” y las evidencias empíricas priman las emociones y el discurso del que grite más fuerte y en el momento apropiado.

 

La ruta de tu pregunta

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Por Rocío Palma | Comunicaciones FCI.

Con la puesta en vigencia de la Ley de Transparencia en abril del 2009, muchos creyeron que sería un paso más para poder fiscalizar y saber lo que las autoridades realizan. A pesar de que las instituciones, durante estos años, han entregado la información solicitada por la ciudadanía, hay ciertos aspectos que con el pasar del tiempo, deberían mejorarse.

El artículo 10 de la Ley N°20285 de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, estipula que: “toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley. El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones“.

También, el artículo 11, sobre el principio de facilitación, dice que los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo.

Durante el 2011 y lo que llevamos de este año, diferentes han sido las solicitudes que se enviaron desde accesointeligente.org a los ministerios y a sus derivados. La mayoría de las preguntas fueron contestadas, pero hubo ciertas respuestas que no se entendían y para un ciudadano común y corriente, la información entregada se debe encontrar lo más comprensible posible.

Hubo situaciones que llamaron la atención, no por la calidad de las respuestas sino por la poca claridad y el desorden de los datos recibidos por los distintos organismos públicos.

¿Entregar para cumplir?

El 22 de noviembre del 2011, se envió una solicitud al Ministerio de Educación, más específicamente a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, pidiendo información sobre el costo de producir o crear un pase escolar, sus características y los servicios que monitorean la correcta asignación de la Tarjeta Nacional Estudiantil.

Cuando se cumplían los 20 días hábiles que estipula la ley para que los organismos entreguen la información -el 20 de diciembre del 2011- el ministerio en cuestión pidió la prórroga de 10 días hábiles, por lo que el 3 de enero debían responder.

Precisamente, el 3 de enero llegó la respuesta a la solicitud. En ella, se adjuntaba un archivo Word, que decía: “Junaeb no maneja costos, sólo maneja precios de la fabricación de tarjetas. Los precios para 2010 – 2011 fueron: Básica y Media Región Metropolitana: $2.038, Educación superior de la región Metropolitana: $2.038, Enseñanza Superior en otras Regiones: $2.140,  Enseñanza Básica y Media en otras regiones: $904. Por lo tanto, la primera pregunta, se respondió.

Respecto al resto de las preguntas, se recibió (dentro del mismo documento) una planilla que contenía el nombre de la empresa, cobertura 2010-2011 y el monto del contrato 2010-2011. Nada de esto fue especificado y no decía a qué correspondía cada empresa, es más, las empresas eran de buses y solamente una pertenecía al rubro de tarjetas plásticas.

Se supone, y una de las ventajas de esta ley de Transparencia, es que la información la entiendan todos y no haya que ser un experto para comprender datos y gráficos, que al final si no se entienden por sí mismos son trabas para la anhelada “transparencia” de los organismos públicos.

Fue así como El Vaso el 6 de enero renvió la solicitud al Ministerio de Educación, señalando que la información recibida no había sido clara y que una explicación más específica del recuadro sería lo adecuado para lograr entender dichos datos que eran engorrosos.

Tras esta medida, con fecha 11 de enero, el organismo en cuestión, respondió nuevamente a la solicitud. Esta vez, el archivo adjunto era un Excel por lo que se creyó que la respuesta sería diferente y más completa respecto a la anterior, pero se trataba de exactamente lo mismo, sólo que en un formato diferente.

 

¿Entiendes?

Algo similar sucedió con una solicitud enviada al mismo organismo. El 19 de diciembre del 2011 se preguntó sobre el total de escolares en la educación pública y cuáles eran los  costos promedio de cada alumno, es decir cuánto se gasta al mes en almuerzo, infraestructura y en útiles

El 3 de enero de este año, llegó la información solicitada, el problema fue que ésta venía en desorden, las regiones no coincidían con los montos entregados, y no era una planilla en la que había que hacer conjeturas para lograr comprender esos números. Por esa razón, se renvió una nota diciendo que los datos eran ilegibles.

La ley no estipula una fecha límite cuando el solicitante renvía una pregunta con la que no quedó conforme, por lo que la institución tiene tiempo suficiente para dar una respuesta legible, y así fue. Tres días después, la información llegó completa, ordenada y clara.

Si bien esta situación no sucede en todos los casos, debemos ser más rigurosos con nuestras autoridades, pues a la hora de pedir información, también tenemos que hacer valer nuestro derecho e insistir en la buena entrega de datos para que las instituciones cumplan con la ley.

El 2011 de Ciudadano Inteligente: simplemente memorable

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Por Francisco del Campo | Comunicaciones FCI.

Revisa de manera interactiva a través de la línea de tiempo todos los grandes sucesos de la Fundación Ciudadano Inteligente durante este 2011.

Nuevas aplicaciones para el bien común que promueven la participación ciudadana y la transparencia pública, el apoyo de grandes organizaciones mundiales como Google y Omidyar Network (E-bay), y el reconocimiento mundial entregado por el premio Golden Nica, entre lo más destacado.

Pero esto no termina ahí, pues para el Presidente Ejecutivo de Ciudadano Inteligente, Felipe Heusser, el 2012 viene cargado de  desafíos;

“Seguiremos trabajando por crear espacios de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, usando la tecnología web como nuestro mejor aliado. Pero además, debemos continuamente ir afinando nuestra puntería, fortaleciendo nuestra organización, y revitalizando nuestra vocación y compromiso. Queremos ser de aquellos que atacan la injusticia desde su raíz, y llegar a todos con una invitación clara; sumarse a esta acción colectiva”.

El Trago Fuerte

¿Qué piensa cada congresista sobre el binominal, el semipresidencialismo, el matrimonio homosexual o sobre el aborto terapéutico?, ¿A qué opositor de su conglomerado político admiran más, a cuál menos?, ¿cuáles son sus creencias religiosas y cuáles sus referentes personales? 19 parlamentarios de diferentes partidos políticos accedieron a someterse al Rayo X Político, la nueva iniciativa de El Vaso, el blog de la Fundación Ciudadano Inteligente.

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