La anterior fue semana de encuestas, un verdadero festín mediático con una serie de ritos característicos a los que ciertamente ya estamos acostumbrados, y entre los que pueden contarse entrevistas a directores de centros de estudio sobreanalizando cualquier cosa, sociólogos haciendo juicios políticos livianos como los de ningún otro profesional, y vocero de gobierno intentando mantener la compostura y demostrar una calma zen que —pretenden hacernos creer— supuestamente se cierne sobre todos los funcionarios de La Moneda, como si realmente tuvieran mil y una mayores preocupaciones antes que comentar los resultados de una encuesta.
Pero la verdad es que en un palacio de gobierno efectivamente existen —creo yo— mayores preocupaciones que los resultados de una CEP o una Adimark, aunque los hechos pudieren demostrar otra cosa. Porque si hay algo en lo que no podemos dejar de convenir es que durante los últimos años las encuestas han alcanzado un grado de importancia insano y casi patológico. ¿Lo peor? Siempre es el propio gobierno de turno uno de los principales impulsores a la hora de darles a estas preguntas y sus dígitos correlativos más mérito del que realmente revisten.
Ahora bien, desde luego los propios candidatos, ministros y Presidente no son los únicos actores de esta función. Un rol tanto o más relevante lo cumplen, desde luego, los encuestados, quienes deben evaluar con un tajante sí o un lapidario no —como si en la vida no existieran matices— el trabajo de los antes aludidos. ¿En base a qué criterio? Vaya a saber usted.
Sería interesante, por ejemplo, preguntarle a los encuestados, después de que hubieren respondido si acaso aprueban o desaprueban la gestión del Presidente, por qué razón afirman una cosa o la otra. Para ponerlo en términos pedagógicos, hago una especie de alusión a esa clásica pregunta de prueba escrita, acompañada al final de un no menos típico «fundamente».
El problema radica —me aventuro a pensar— en que en la mayoría de las ocasiones no hay mucho que fundamentar.
Dicen que las emociones rigen el mundo, empero, ello no significa que deba suprimirse todo atisbo de racionalidad de lo que decimos, hacemos y pensamos a diario, máxime cuando se trata del arte de gobernar. Así, creo con toda confianza que cuando un encuestado, un ciudadano cualquiera como usted o yo, con un mayor o menor grado de conocimiento, “desaprueba” la gestión del Presidente —más allá de que ésta efectivamente sea o no cuestionable—, sólo se está dejando influenciar por la labor de los medios de comunicación, quienes suelen ser realmente los que en la práctica modelan aquel difuso y cuestionable ente llamado “opinión pública”.
Soy un convencido de que cuando una persona desaprueba la gestión del Presidente, se está limitando a reducir una entera gestión política —con sus aciertos y errores, pero llena de matices y complejidades— a criterios absurdos pero inconscientes, como si lo ha visto últimamente en matinales, si ha emitido últimamente un chiste de mal gusto o si —aquí estriba el factor más poderoso— ha sido blanco de ataques o críticas políticas recientes.
Y qué poco importa realizar una mínima operación intelectual, por cierto, para diagnosticar la justicia o rigurosidad detrás de frases muchas veces diseñadas para la galería, que no atañen al fondo de los problemas políticos, sociales y económicos que pudieran aquejarnos como país. En cambio, resulta más fácil quedarse con el comentario vacuo del diputado de oposición, o a veces con el del compañero de oficina que pretende saber más de política que el resto.
Insistiendo en lo errático de las encuestas de opinión, y sin ir más lejos, el propio Eugenio Tironi ha señalado, incluso, que existen estudios que indican que las poblaciones tienden a ser más duras en la evaluación de sus mandatarios en períodos invernales, como si el frío actuara de forma subconsciente y moldeara el temple y las opiniones políticas de los ciudadanos sin que estos se den cuenta.
Y ya que estamos en lo determinante que pueden llegar a ser factores completamente exógenos y aparentemente irrelevantes, qué decir de la actuación de los mismos candidatos presidenciales en tiempos de campaña (períodos en que las acciones de los centros de estudio suben como la espuma, y la realización de encuestas políticas se transforma en una nueva fiebre del oro). Porque a veces basta haber visto a alguien dando conferencias de prensa en el momento preciso, bailando cueca o subiéndose a un tanque para que la ciudadanía adquiera una impresión positiva de ellos y les dé un voto favorable a la hora de responder una encuesta.
Pareciera, entonces, que un estudio de opinión en la práctica se ve más influenciado por vaivenes aleatorios de cualquier tipo antes que por un mínimamente riguroso e informado análisis o juicio político. De otra manera, no podría explicarse cómo —ya volviendo al presente— se mantienen bajas las cifras de aprobación que atienden a áreas en que al país —y por extensión al Presidente—, objetivamente, le va bien.
Si no parece verosímil lo dicho hasta ahora, basta tomar cualquier encuesta relativamente prestigiada y comenzar a desmenuzar sus números, para que comiencen a aparecer las contradicciones de quienes responden afirmando primero tal cosa, pero después, con una respuesta inocente y bienintencionada (o desinformada) socavan lo dicho anteriormente.
¿Acaso no es obvio? Las encuestas no son pruebas escritas como las de la universidad o el colegio, donde con relativa certeza puede comprobarse el grado de conocimiento sobre una determinada materia, asignándose una calificación en atención a si se ha cumplido o no con estándares objetivos y predeterminados. A diferencia de este tipo de exámenes, una encuesta como las de Adimark o CEP parecieran estar más cerca de un juicio de valor modelado por sensaciones vacuas y, en ocasiones, carentes de fundamento técnico alguno.
Entonces, la gran duda que queda dando vuelta es: si esto resulta archisabido, ¿por qué ignorarlo? Y es aquí cuando me pregunto si la llamada clase política opera de buena fe, dejándose atrapar por la vorágine de los números y de la instantaneidad moderna con cierta torpeza e ingenuidad, o si se trata de un consenso malévolo del que oficialismo y oposición han sido actores por mucho tiempo, donde el acuerdo tácito consistiría en jugar las reglas del juego y dejarse regir por números insignificantes atribuidos por gente no más importante.
No quiero dejar de aclarar, en todo caso, que mi intención no es decir que los resultados de la encuesta CEP de la semana pasada se deben a que se cambió a la hora de invierno, o realizar una alegoría a la actual gestión presidencial, ya que si bien es cierto que mi diagnóstico de ésta sea probablemente un poco más condescendiente que el de la mayoría, lo dicho hasta acá puede aplicarse en realidad a cualquier mandato presidencial anterior, y cualquiera sea el venidero. Después de todo, el fenómeno de las encuestas y sus simpáticas externalidades no es nuevo, ni privativo de una coalición política, ni tampoco limitado a los tiempos en que los números no remontan.
Mi intención pasa, en cambio, por deslegitimar en un grado más general a las encuestas como indicativos fiables de que una gestión va bien o no, y por destacar que los países no crecen al son de las cifras de popularidad.
A veces siento que esto es como si se tratara de un reality show, y no mucho más que eso. Por ello es que añoro el día en que conformemos una ciudadanía lo suficientemente informada como para leer entre líneas, darse cuenta de lo que sucede día a día en la política, y de que lo determinante no es si el candidato de turno aumenta, disminuye o mantiene su “capital político”. Hasta entonces, que la función continúe. Y usted, disfrute.
Decir que Chile es un país que cambió, con ciudadanos hoy más “empoderados“, es un lugar común. Y de los favoritos en el vocablo de los políticos que pretenden vender el fiasco de la renovación.
Algunos más osados, como Tironi, aseveran que todo tiene su génesis en el mandato de la ex Presidente Bachelet; que fue ella quien instauró en el país un liderazgo “distinto”, más “horizontal”, más “maternal” y merecedor de toda clase de rasgos y apelativos siúticos de esos que fascinan a sociólogos, columnistas u opinólogos en general.
Sin embargo, no tantos se han esmerado en tratar de desentrañar a qué hacen alusión estas manoseadas frases clichés, que como otras tantas que se han instalado en la política nacional en distintos períodos –recuérdese la prostitución del vocablo “progresismo” durante la última presidencial–, parecen tener más de floritura retórica que de contenido.
Podría aseverarse que el que hoy los ciudadanos de Chile se encuentren más “empoderados” equivale a que sean más conscientes en la exigencia de sus derechos, y probablemente pocos se opondrían. Lamentablemente, si entendiésemos que efectivamente ocurre así, no parece saludable que tal cambio social tenga asidero si se lleva a la práctica de forma extrema, máxime si consideramos la existencia de esa clásica cultura, tan asentada en nuestra idiosincrasia, de exigir muchos derechos, pero cumplir pocos deberes.
Esto ha llegado en pleno 2012 a límites absurdos. Donde existe una colectividad –llámese ciclistas, homosexuales, heterosexuales, cuidadores de mascotas, pescadores, conductores, cocineros o meseros–, existe una causa que merece ser luchada (intereses privados, legítimos, pero aún circunscritos a un reducido grupo de la población). Donde existe una causa que merece ser luchada, hay un grupo de ciudadanos aguerridos dispuestos a exigir a la autoridad. Y donde hay un grupo de ciudadanos exigentes, supuestamente “empoderados” y conscientes de sus derechos, existe la enorme posibilidad de que se incurra en el ya clásico recurso de salir con todo a la calle, y de ahí para adelante que sea lo que Dios quiera.
Por supuesto que no siempre resulta especialmente alarmante esto último. El más novedoso de los paros es el declarado hace algunos días por un grupo de trabajadores del Censo 2012. Y más allá de la legitimidad o inexistencia de ésta en el movimiento, no parece sensato prever que se tratará de uno que podría alcanzar ribetes insospechados y poner a La Moneda de cabeza, como sí lo han hecho tantos otros en los últimos dos años.
El problema aparece, en cambio, cuando se trata de grupos que, precisamente, sí pueden llegar a conseguir un gran arrastre, al punto de poner en entredicho la institucionalidad del país y, peor aún, su estabilidad sociopolítica, como fue el caso de Aysén y las llamadas marchas estudiantiles.
Desde luego, podrá alegarse desde el fondo del movimiento de turno la legitimidad de sus demandas y la obligación del Estado por satisfacerlas, ya que el objetivo de este último es propender al bien común. Sin embargo, suele olvidarse muchas veces que así como cada grupo de interés privado cuenta con una serie de exigencias legítimas, hay cientos de otros grupos al lado haciendo fila para conseguir su propio proyecto de ley o aumento de lucas. Así, prima una cultura del egoísmo y egocentrismo que desnuda, más que un auténtico “empoderamiento” en la sociedad civil chilena –que tampoco es tal puesto que implica responsabilidades–, un deseo de llegar hasta las últimas consecuencias, por complejas que aparezcan, sin que importe demasiado resto.
Y qué importante es ese resto, por cierto. Podríamos hablar aquí de orden público, para que nos entendamos, pero probablemente a muchos el concepto les traiga aparejados viejos y malos recuerdos. Sin embargo, es necesario hacer notar que no se trata de defender estandartes de la vieja guardia ni ideas supuestamente autoritarias que pretenden sublimar valores cuestionables del republicanismo por sobre otros más democráticos y socialmente aceptados.
El orden público no es otra cosa que un cierto estado de paz social que posibilite el normal desenvolvimiento de la comunidad; que un oficinista pueda llegar a su trabajo sin necesidad de esquivar barricadas; que familias puedan salir a pasear un fin de semana sin temer encontrarse con piedras o desórdenes de otro tipo.
También podría alegarse eventualmente que quien suscribe confunde la legitimidad de las marchas autorizadas como manifestación de la voluntad social, con los desmanes de encapuchados que nada tienen que ver con los protestantes que anhelan ser escuchados. Sin embargo, resulta imposible convocar a esta clase de manifestaciones sin prever que los resultados acabarán siendo los mismos de siempre; los mismos que la historia reciente se ha encargado de reafirmar una y otra vez. Crear una barrera entre ambos fenómenos, con el pretensioso deseo de disociar una cosa y la otra, parece artificioso y autocomplaciente.
Junto con el orden público, suele arriesgarse también una cosa no menos importante, que es la legitimidad de nuestra institucionalidad. En efecto, en la medida en que cualquier demanda comienza a ser canalizada a través de gritos y marchas, se va creando una situación de inestabilidad social en que pareciera que no hay nadie capaz de representarnos, en que las autoridades no cuentan con legitimidad para actuar y en que el margen de acción de las instituciones es casi inexistente, porque sencillamente todo parece muy burocrático y engorroso y ya nada resulta tan expedito y efectivo como cortar un par de caminos, llamar a la prensa y “emplazar” (otro término trillado y de significado equívoco) a las autoridades.
En resumen, este falso “empoderamiento” sólo ha contribuido a que ante cualquier seña de descontento o problemática nos valgamos única y exclusivamente del que antaño era el último recurso, pero que ahora parece ser la primera opción en la lista de medidas a tomar.
Hoy, cuando nos encontramos ad portas de la que parece ser una nueva oleada de movilizaciones promovidas por la Confech, parece necesario recordar que la legitimidad de nuestras demandas no difiere demasiado de la legitimidad de las exigencias de quien se encuentra al lado, y que ser escuchado porque uno grita más fuerte, porque se puede reunir a más colaboradores o porque –aunque se niegue– se cuenta con la maquinaria de un partido detrás, no parece justo. Pintarse la cara, gritar fuerte y exigir hasta las últimas consecuencias, según mi humilde criterio, dista bastante de un verdadero “empoderamiento”.
Puede que el hecho de que Chile haya cambiado en los últimos años sea el único cliché verdadero, pero, lamentablemente, tampoco parece que dicha metamorfosis haya operado para bien.
A partir del conflicto en Aysén y de la reciente polémica por el nuevo intento de algunos parlamentarios de trasladar el Congreso a Santiago, se ha vuelto a instalar en la discusión pública el tema de la descentralización. Un tema en el que si bien existe gran consenso sobre la urgencia de hacer algo, este no se ha podido materializar en hechos concretos, más allá de algunas medidas y anuncios por aquí y por allá, sin consistencia ni armonía alguna.
A estas alturas ya resulta frustrante que nadie haga algo que vaya más allá de las medidas parche. Todos están de acuerdo en que Santiago no da para más. Nuestros políticos, a raíz de los hechos del sur, por enésima vez han rasgado vestiduras realizando una dura autocrítica por la poca importancia que le han dado al tema, pero el tiempo sigue pasando y las palabra nuevamente con el transcurso de los días se han ido borrando. Los ejemplos para escandalizarse son muchos: la diferencia en los precios de las bencinas, la falta de conectividad, las medidas contra la contaminación que se adoptan en un lugar y no en otro, el nivel de inversiones, el nivel de las autopistas y caminos, el acceso a educación universitaria, son sólo algunos de los tantos que podríamos enumerar.
Y es dentro de este contexto, que quisiera invitarlos a reflexionar, quizás una vez más, sobre las siguientes cuestiones que han dado vueltas alrededor de este tema: ¿Es razonable que quienes quieran estudiar en una universidad tengan que irse necesariamente a vivir a Santiago, separándose de su familia, amigos, y dejando la región donde vieron gran parte de su vida? ¿Es razonable la construcción de centrales hidroeléctricas que perjudican el mayor capital económico de una región (turismo) y que además conllevan la construcción de líneas de transmisión que atravesarán miles de kilómetros, todo con el fin de abastecer con energía eléctrica a la capital? ¿Es razonable que muchos de los “representantes” de regiones sean de Santiago y vivan en esta ciudad? ¿Es razonable que el equivalente a lo que se gasta anualmente en una región en transporte público (Metropolitana), sea lo que se destine al total de las otras regiones? ¿Es razonable que todos los puestos políticos importantes de regiones, con salvedad de alcaldes y parlamentarios, sean elegidos por alguien de Santiago?
Las anteriores son algunas de las muchas preguntas que deberíamos hacernos para darnos cuenta de lo absurda que es la situación actual. Los Aiseninos se dieron cuenta de ello, rompieron la inercia y decidieron decir basta, obteniendo una respuesta hasta ahora satisfactoria. Pero el gran desafío es determinar como se puede atacar estructuralmente este problema que, lamentablemente, afecta a gran parte de los países de América. ¿Mayores recursos?, ¿mayor autonomía?, ¿elección directa de autoridades regionales? Son algunas de las soluciones que se han propuesto y que bien implementadas podrían ayudar, pero lamentablemente no serán suficientes mientras no opere un cambio más profundo en la forma de pensar Chile, en la forma que queremos que sea Chile. Pero para ello urge un cambio tanto de los santiaguinos, como de aquellos que vivíamos en regiones.
Respecto de los primeros la situación es evidente, la capital está pronta a colapsar, el Sanhatan y el caos vial que éste va a generar es prueba de que hay lugares donde la ciudad ya “tocó techo”. La contaminación, que se hace insostenible cada invierno y que para variar afecta a los más pobres, es síntoma de que Santiago está pagando el precio por su crecimiento desmedido. Una mejor calidad de vida, que signifique menor tiempo de transporte, más tiempo con la familia, ritmos de vida más normales y un entorno más limpio y natural, son elementos que poco a poco están haciendo que mucho capitalinos emigren fuera de la metrópoli, pero se requiere que esta migración vaya acompañada con mejoras sustantivas en las regiones, para que al primer problema al que estas personas se vean enfrentadas, no tengan como única alternativa volver a Santiago. Hay que sacar del subconciente la idea de esta ciudad como refugio frente a las desgracias y adversidades, porque día a día se va transformando en una desgracia y adversidad en sí misma.
Respecto de quienes vivíamos en regiones el desafío es aún mayor, porque si no somos nosotros quienes volvemos a hacernos cargo de los problemas de nuestras ciudades, si no nos hacemos protagonistas en los lugares donde vivíamos y aprovechamos los conocimientos y experiencias adquiridas en la capital para trabajar por y en las ciudades y pueblos donde crecimos, difícilmente operará el giro que tanto necesitamos. Aquel por el que continuamente nos quejamos.
En nuestras manos está, y ha estado siempre, la posibilidad de acabar con la excesiva centralización, pero para ello tenemos que darnos cuenta que depende de nosotros y sólo de nosotros, de las decisiones que tomemos a futuro, que Santiago, de una vez por todas, deje de ser Chile y pase a ser de Chile.
Con la muerte de Daniel Zamudio se dio comienzo, una vez más, a la ya clásica oleada de comportamientos que esta clase de tristes sucesos mediáticos suele inspirar: parlamentarios de todas partes rasgando vestiduras por la más reciente incorporación en su repertorio de prioridades y preocupaciones sociales, todo un país demostrando una cierta autoridad moral y ese doble estándar tan propio del comportamiento criollo, prensa estrujando el asunto en cuestión a niveles vergonzosos y, cómo no, los infaltables y correspondientes proyectos de ley, cuyos nombres, por si fuera poco, suelen –o intentan– hacer honor a la conmoción pública que demande la atención de la prensa y del resto de la sociedad en un momento determinado.
En beneficio de la llamada clase política puede decirse, sin embargo, que la “ley Zamudio” –boletín Nº 3815-07– no es algo surgido de la noche de la mañana, pues, como ya sabemos estas alturas, dicho mensaje se ingresó a tramitación hace ya siete años, aunque sólo fue aprovechándose de la contingencia más reciente que decidió otorgársele urgencia.
El problema de este modus operandi reactivo –y sobre todo efectista– a la hora de legislar es que se pierde de vista la verdadera labor del actor político, de la nobleza y el estricto sentido de su misión, generándose, en consecuencia, ciertos fenómenos lamentables.
En primer lugar se le intenta otorgar a la ley una labor a la que difícilmente podría hacer frente, cual es la de reeducar o modificar la visión y comportamiento de una sociedad respecto de un determinado asunto; todo lo cual, evidentemente, resulta muy difícil, por no decir imposible (sobre este tema en particular ya se ha dicho bastante, tanto en columnas de opinión como en espacios televisivos, de manera que no agregaré más).
El segundo gran problema es que se evidencia la falta de una debida discusión de fondo que garantice que el proyecto de ley, antes de ver la luz, cumplirá ciertos estándares mínimos desde un punto de vista cualitativo. Así, toda ley debería discutirse fríamente, con el mayor ánimo de racionalidad posible y siempre con miras al bienestar de la mayoría. Lo anterior implica no sólo que el contenido se apoye, como sea posible, en criterios completamente empíricos, sea cual sea la materia en cuestión, sino también que tenga sentido desde un punto de vista jurídico.
Por desdicha, como se desea despachar el proyecto rápido y con ello satisfacer las expectativas sociales generadas –casi como si se tratase de darle pan al pueblo–, suele descuidarse precisamente la “calidad jurídica” de un texto, imperando así un “cortoplacismo” simplista que, en desmedro de la anticipación a problemáticas que pudieran suscitarse a futuro, opta por limitarse a trabajar, sea como sea, sobre la base del polémico asunto del momento de la forma más expedita posible.
Por ello es que me resulta satisfactorio el hecho de que la llamada Ley Antidiscriminación haya resistido la dictadura del discurso políticamente correcto, y en vez de haber visto aprobado su articulado completo durante esta semana en la Cámara de Diputados, haya sido ingresado a comisión mixta. Ello porque un análisis más profundo del tema permite concluir que, de aprobarse, no se trataría sencillamente una buena ley.
¿Dónde queda la libertad de expresión?
En el programa de televisión Tolerancia Cero, Lily Pérez afirmaba que lo que aquí se pretende sancionar es la “incitación al odio”. Sin embargo, ¿qué debe entenderse, en estricto rigor, cuando se refiere la acérrima defensora del proyecto a “la incitación al odio”?
Como acusaba correctamente Fernando Villegas en la misma oportunidad, se genera en el proyecto un clásico conflicto de colisión de derechos, especialmente agravado en esta oportunidad por la excesiva laxitud de la ley y lo ambiguo del concepto de discriminación.
Menos feliz es el intento del propio texto por aterrizar esta terminología al incluir en su articulado un amplísimo catálogo de criterios en los que se entendería que se ha, por decirlo de alguna manera, “incitado al odio”.
Con criterios que ciertamente se extienden mucho más allá de la raza, la sexualidad y la nacionalidad, nos enfrentamos a una letanía que una vez más cede ante el discurso políticamente correcto y abre la aberrante posibilidad de que se coarte, sin mayores dificultades, el ejercicio de otro derecho fundamental como la libertad de expresión.
Es cierto que la propia senadora también se ha esmerado en intentar fundamentar por qué no sería procedente una hipótesis del tipo “se sancionará a alguien que haya emitido un simple comentario en un blog y pueda eventualmente herir susceptibilidades de ciertos grupos”, pero las explicaciones no parecen satisfactorias en lo absoluto.
La libertad de expresión es un derecho fundamental –sagrado en una sociedad cuyo sustrato político es eminentemente liberal– que debe concebirse como verdadera regla general y frente al a cual las limitaciones debieran ser excepcionalísimas. Por ello es que resulta chocante los amplísimos términos en que se encuentra redactado el proyecto, al señalar:
“Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, identidad de género, la orientación sexual, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.”
Desde luego, lo anterior da pie para que elementos sustanciales en una sociedad moderna basada en el respeto y la tolerancia que muchos aparentan pregonar –e indispensables para sostener un Estado de Derecho–, tales como la libertad de opinión, se vean peligrosamente afectados por una polémica transitoria (aunque sea reflejo de algo mucho más antiguo y trascendente) que lleva a legislar en caliente y perder de vista cierto sentido de sensatez.
Si bien es cierto que “la libertad de uno comienza donde termina la del otro”, no parece apropiado ni sano para una sociedad democrática restringir las opiniones de sus ciudadanos a lo que parezca ser el discurso políticamente correcto de turno. Así, me parece que se genera un error de toda trascendencia al confundirse la gravedad de un acto criminal como el visto hace algunos días y el consiguiente deseo por evitar la comisión de estos delitos, con la obligatoriedad de que la sociedad comience a utilizar un lenguaje más apropiado y cercano a lo que significa ser un hombre de bien y la clase de ciudadano ejemplar que el Estado espera que seamos (una tendencia ya implantada, por ejemplo, con la prohibición draconiana de beber la más mínima gota de alcohol al conducir, o las crecientes restricciones al derecho de cualquier mortal de fumar).
Curiosamente el propio proyecto parece establecer algunos mecanismos con la pretensión de evitar cualquier problemática como la antes descrita. Así, señala en su articulado que las discriminaciones realizadas conforme al legítimo ejercicio de ciertas garantías constitucionales (entre las que, paradójicamente, se encuentra la del artículo 19 número 12 de la Constitución, esto es, “la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio”), aún cuando se cumplan los criterios de arbitrariedad señalados por mismo texto, “se considerarán razonables”. (Como se podría esperar, este despropósito jurídico ya se ha hecho notar por diversos actores, de suerte que, una vez que se vuelva a revisar el proyecto, el problema antes aludido cobrará sin duda mayor relevancia.)
Es cierto que el trayecto que este proyecto de ley ha recorrido ha resultado más extenso de lo necesario, y la paciencia en muchos sectores parece comenzar a agotarse. Sin embargo, en favor de los honorables que tuvieron la oportunidad de dirimir el asunto durante esta semana, puede decirse que, aún en las condiciones actuales tan peculiares, fueron capaces de resistir a la presión y darse de cuenta de que, entre otorgar a la sociedad un producto legislativo defectuoso y extender aún más la tramitación del mismo con tal de hacer una buena ley, más vale lo segundo. Eso, qué duda cabe, siempre es de agradecer en una sociedad donde antes que la “ciencia jurídica” y las evidencias empíricas priman las emociones y el discurso del que grite más fuerte y en el momento apropiado.
Con la puesta en vigencia de la Ley de Transparencia en abril del 2009, muchos creyeron que sería un paso más para poder fiscalizar y saber lo que las autoridades realizan. A pesar de que las instituciones, durante estos años, han entregado la información solicitada por la ciudadanía, hay ciertos aspectos que con el pasar del tiempo, deberían mejorarse.
El artículo 10 de la Ley N°20285 de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, estipula que: “toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley. El acceso a la información comprende el derecho deacceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones“.
También, el artículo 11, sobre el principio de facilitación, dice que los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo.
Durante el 2011 y lo que llevamos de este año, diferentes han sido las solicitudes que se enviaron desde accesointeligente.org a los ministerios y a sus derivados. La mayoría de las preguntas fueron contestadas, pero hubo ciertas respuestas que no se entendían y para un ciudadano común y corriente, la información entregada se debe encontrar lo más comprensible posible.
Hubo situaciones que llamaron la atención, no por la calidad de las respuestas sino por la poca claridad y el desorden de los datos recibidos por los distintos organismos públicos.
¿Entregar para cumplir?
El 22 de noviembre del 2011, se envió una solicitud al Ministerio de Educación, más específicamente a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, pidiendo información sobre el costo de producir o crear un pase escolar, sus características y los servicios que monitorean la correcta asignación de la Tarjeta Nacional Estudiantil.
Cuando se cumplían los 20 días hábiles que estipula la ley para que los organismos entreguen la información -el 20 de diciembre del 2011- el ministerio en cuestión pidió la prórroga de 10 días hábiles, por lo que el 3 de enero debían responder.
Precisamente, el 3 de enero llegó la respuesta a la solicitud. En ella, se adjuntaba un archivo Word, que decía: “Junaeb no maneja costos, sólo maneja precios de la fabricación de tarjetas. Los precios para 2010 – 2011 fueron: Básica y Media Región Metropolitana: $2.038, Educación superior de la región Metropolitana: $2.038, Enseñanza Superior en otras Regiones: $2.140, Enseñanza Básica y Media en otras regiones: $904. Por lo tanto, la primera pregunta, se respondió.
Respecto al resto de las preguntas, se recibió (dentro del mismo documento) una planilla que contenía el nombre de la empresa, cobertura 2010-2011 y el monto del contrato 2010-2011. Nada de esto fue especificado y no decía a qué correspondía cada empresa, es más, las empresas eran de buses y solamente una pertenecía al rubro de tarjetas plásticas.
Se supone, y una de las ventajas de esta ley de Transparencia, es que la información la entiendan todos y no haya que ser un experto para comprender datos y gráficos, que al final si no se entienden por sí mismos son trabas para la anhelada “transparencia” de los organismos públicos.
Fue así como El Vaso el 6 de enero renvió la solicitud al Ministerio de Educación, señalando que la información recibida no había sido clara y que una explicación más específica del recuadro sería lo adecuado para lograr entender dichos datos que eran engorrosos.
Tras esta medida, con fecha 11 de enero, el organismo en cuestión, respondió nuevamente a la solicitud. Esta vez, el archivo adjunto era un Excel por lo que se creyó que la respuesta sería diferente y más completa respecto a la anterior, pero se trataba de exactamente lo mismo, sólo que en un formato diferente.
¿Entiendes?
Algo similar sucedió con una solicitud enviada al mismo organismo. El 19 de diciembre del 2011 se preguntó sobre el total de escolares en la educación pública y cuáles eran los costos promedio de cada alumno, es decir cuánto se gasta al mes en almuerzo, infraestructura y en útiles
El 3 de enero de este año, llegó la información solicitada, el problema fue que ésta venía en desorden, las regiones no coincidían con los montos entregados, y no era una planilla en la que había que hacer conjeturas para lograr comprender esos números. Por esa razón, se renvió una nota diciendo que los datos eran ilegibles.
La ley no estipula una fecha límite cuando el solicitante renvía una pregunta con la que no quedó conforme, por lo que la institución tiene tiempo suficiente para dar una respuesta legible, y así fue. Tres días después, la información llegó completa, ordenada y clara.
Si bien esta situación no sucede en todos los casos, debemos ser más rigurosos con nuestras autoridades, pues a la hora de pedir información, también tenemos que hacer valer nuestro derecho e insistir en la buena entrega de datos para que las instituciones cumplan con la ley.
Revisa de manera interactiva a través de la línea de tiempo todos los grandes sucesos de la Fundación Ciudadano Inteligente durante este 2011.
Nuevas aplicaciones para el bien común que promueven la participación ciudadana y la transparencia pública, el apoyo de grandes organizaciones mundiales como Google y Omidyar Network (E-bay), y el reconocimiento mundial entregado por el premio Golden Nica, entre lo más destacado.
Pero esto no termina ahí, pues para el Presidente Ejecutivo de Ciudadano Inteligente, Felipe Heusser, el 2012 viene cargado de desafíos;
“Seguiremos trabajando por crear espacios de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, usando la tecnología web como nuestro mejor aliado. Pero además, debemos continuamente ir afinando nuestra puntería, fortaleciendo nuestra organización, y revitalizando nuestra vocación y compromiso. Queremos ser de aquellos que atacan la injusticia desde su raíz, y llegar a todos con una invitación clara; sumarse a esta acción colectiva”.
Televisión Nacional de Chile y la productora La Ventana Cine, se han asociado con la Fundación Ciudadano Inteligente para dar inicio a un estilo inédito de realizar programas televisivos. Lo que se busca, es que a partir de cada programa se genere debate, y para ello, la FCI desarrolló una plataforma especial donde se podrá encontrar información, tomar posturas sobre el conflicto y debatir con otros usuarios.
A las 23:00 de ayer–y todos los miércoles al mismo horario- se estrenó la nueva apuesta del canal estatal “Por qué en mi jardín” que busca mostrar los dos puntos de vistas que se enfrentan en un mismo conflicto. Casos como la construcción de antenas celulares, cárceles, Isla Riesco, HidroAysén y otros serán tocados desde los reclamos de los vecinos que ven cómo sus barrios se transformarán radicalmente por la llegada de estos proyectos, como también desde las posturas de las empresas y ejecutivos o autoridades que los lideran.
La novedad es que desde el programa se incita a que los televidentes opinen y debatan por medio de la aplicación creada por la Fundación Ciudadano Inteligente especialmente para “Por qué en mi jardín”.
La plataforma que se puede visitar en http://mijardin.ciudadanointeligente.cl/, y busca ser un lugar de encuentro de las opiniones de los espectadores, entregar antecedentes simples respecto de las posturas que se desarrollan en cada programa, y además incluye los videos de cada capítulo. “Con todo ello, buscamos un debate informado y certero, que los televidentes tomen una postura votando por una u otra de las partes involucradas en cada episodio”, asegura Álvaro Castañón, encargado de las redes sociales de la Fundación Ciudadano Inteligente.
El capítulo de ayer mostró el caso de la lucha de los vecinos de Alhué y Til Til contra la construcción anunciada por el Gobierno de un recinto penitenciario en sus barrios. Se pudo ver cómo los habitantes se organizaron para oponerse al proyecto, mientras cómo el entonces ministro de Justicia Felipe Bulnes justificaba su construcción dado a la necesidad nacional de realizarlos.
Este historia que finalmente terminó con el triunfo de los vecinos al determinarse la cancelación de la construcción de la cárcel en Alhué, tuvo una importante cantidad menciones en Twitter a través de su haschtag #porqueenmijardin. Justamente ese es el llamado que hace Castañón, “la invitación es a que ocupemos este hashtag cuando estemos debatiendo con nuestros amigos y seguidores, así seremos muchos los que nos podremos sumar y realmente le vamos a estar sacando el jugo a las redes sociales”, incita quien maneja las redes sociales de la FCI.
En definitiva Ciudadano Inteligente apuesta con esta plataforma a tener ciudadanos informados, opinantes e interesados. “No es malo hacer el ejercicio y empoderarnos de investigaciones como las que nos trae #porqueenmijardin, y qué mejor lugar que las redes sociales para eso”, finaliza Castañón.
Te invitamos a echar una mirada a este capitulo, desde el debate en redes sociales:
El movimiento estudiantil, entre otras cosas, ha develado la incapacidad de las elites chilenas de observar e interpretar ciertos conceptos y prácticas asociadas a la vida pública que hace rato se están redefiniendo. Las demandas por una mayor circulación y distribución del poder político y económico -que permita integrar la diversidad de historias y geografías de los chilenos y así dar curso a la realización de sus proyectos individuales y colectivos- están siendo empujadas desde abajo hacia arriba por grupos organizados que buscan cambiar el paradigma del “modelo impuesto” por uno nuevo hecho a la medida de esa diversidad. Este modelo se sustenta en un sistema político rígido que impide la entrada de nuevos actores, y en un sistema económico que por un lado promueve la libertad individual, pero al mismo tiempo condiciona su ejercicio. Dos iniciativas ciudadanas dan cuenta de los imaginarios, expectativas y prácticas en torno a estas demandas.
CinEducación (www.cineducacion.cl) y Vota Inteligente (www.votainteligente.cl) surgen en distintos momentos, motivados por diversas fuerzas y conceptos. Apoyando explícitamente el cambio al “modelo” e inspirados en el movimiento estudiantil del ‘68 y en el papel que jugaron cineastas como Godard y Marker, CinEducación hace un llamado público a documentar el movimiento estudiantil desde una mirada ciudadana. Empujados por las ganas de transparentar información respecto al desempeño de las autoridades para fortalecer la actividad política, Vota Inteligente monitorea el trabajo de los legisladores y facilita el acceso de información pública a la ciudadanía. Ambas iniciativas encuentran en las tecnologías online un medio y un espacio a través del cual difundir y materializar sus propuestas, demandas y visiones de mundo. Éstas toman forma en el mundo online, pero no están desconectadas de la vida cotidiana offline de sus participantes. Son esas tecnologías las que permiten la organización líquida en el sentido de que operan como colectivos- y contingente en torno a temas y demandas específicas- de estos actores sociales.
Tanto CinEducación como Vota Inteligente dan cuenta de la diversidad de conceptos y visiones que circulan en Chile en torno al poder, la democracia y el papel de las instituciones: no como conceptos fijos o modelos impuestos, sino como el resultado de prácticas de deliberación en torno a los imaginarios individuales y colectivos de quienes participan en la vida pública. CinEducación emerge como una plataforma donde confluyen diversas visiones no sólo la de los expertos- sobre el movimiento estudiantil y sus demandas. Acá la diversidad y la discusión en torno a un problema social a través de las imágenes y los discursos- operan como instrumento para cambiar “el modelo”. Vota Inteligente, en tanto, opera como un puente entre el ciudadano y la autoridad, facilitando información que permita mejorar la toma de decisiones políticas de los chilenos, a través de la fiscalización y la demanda de más instancias de accountability al sector público. Este tipo de iniciativas -como otras menos visibles- dan cuenta de la diversidad de imaginarios sociales en torno al “modelo” en el que vivimos y que construimos cotidianamente.
Con sus semejanzas y diferencias, lo que plantean CinEducación y Vota Inteligente es el interés por llevar a la acción esos imaginarios, representándolos en una plataforma online. Esas plataformas se convierten en instrumentos y espacios que entran en la lucha por la visibilidad de las demandas que allí se expresan en la esfera pública. Emergen como actores que concentran poder, pero que también lo hacen circular. Ya sea a través de empoderar y darle cabida a un ciudadano para grabar y subir un video sobre su visión del movimiento estudiantil; a través del desarrollo de una plataforma para transparentar los conflictos de interés de diputados y senadores, o la transmisión online de las movilizaciones. Ambas iniciativas develan y complementan las agendas de actores sociales como los medios de comunicación, dejando en evidencia sus limitaciones para reflejar las demandas ciudadanas por más diversidad de visiones y deliberación sobre los asuntos públicos, más transparencia y fiscalización a los actores políticos y económicos, pero también más independencia de estos últimos. En la medida que circule el poder entre los actores sociales, los medios podrán reflejar la diversidad de visiones de mundo que habitan en la sociedad actual.
Urgentes, innovadoras y complementarias son las propuestas de CinEducación y Vota Inteligente. Seguirlas y apoyarlas es una buena instancia para reflexionar sobre nuestros imaginarios del “modelo” que queremos construir.
El inspector de intereses de la Fundación Ciudadano Inteligente ha logrado uno de objetivos; causar reacciones ciudadanas y de nuestras autoridades, poniendo sobre la mesa los temas relacionados a la transparencia en los intereses económicos de nuestros representantes del Congreso Nacional.
El 22 de octubre la Fundación Ciudadano Inteligente lanzó su aplicación “Inspector de Intereses”, herramienta que permite fiscalizar los intereses económicos de los parlamentarios y los proyectos de ley que ellos promueven o votan para detectar posibles conflictos de intereses.
Los datos se obtuvieron a través de una verificación de información con dos fuentes de datos públicos: El Diario Oficial y el Servicio de Impuestos Internos, información que luego se complementó y contrastó con lo publicado por cada parlamentario en su declaración de patrimonio e intereses, la que están obligados de confeccionar por mandato legal y constitucional.
Con fecha 29 de septiembre la Fundación Ciudadano Inteligente les envió a todos los diputados y senadores una carta para verificar que los datos obtenidos en el estudio estuvieran actualizados. En un principio, el plazo fue de una semana para rectificar sus antecedentes societarios, lo que finalmente se tradujo a tres semanas. Durante este tiempo los parlamentarios tuvieron la oportunidad de modificar aquellos casos que se encontraban desactualizados o incompletos según las bases de datos públicas del Diario Oficial e Impuestos Internos.
El Inspector de Intereses no tiene la facultad de investigar más allá de los datos públicos a los que como ciudadanos tenemos acceso, pues el resto corresponde a datos privados de los que no se puede tener información certera de su existencia, a menos que sean entregados por las partes involucradas. Las Sociedades Anónimas Cerradas, por ejemplo, al no requerir la ley de publicidad en sus movimientos, es imposible que la ciudadanía pueda conocer sus cambios de administración o las modificaciones de los socios que la componen, ya que -como se ha indicado- no tienen la obligación de informar públicamente este tipo de hechos.
La investigación que sustenta a inspectordeintereses.cl fue realizada bajo una metodología rigurosa, la cual es detallada en la misma página web. El objetivo, es empoderar a los ciudadanos en el ejercicio de la fiscalización, así como velar por principios tan importantes como el de transparencia y probidad reconocidos en nuestra Constitución. Es precisamente en razón de las dificultades que este tipo de estudios enfrenta, al no poder acceder a la totalidad de la información y contar con ella de manera oportuna, que se hace necesaria una reforma a la legislación actual, destinada a transparentar las relaciones de interés y evitar los conflictos sobre estas mismas. En este objetivo deben concentrarse los esfuerzos de nuestros legisladores y de la ciudadanía.
Una plataforma dinámica que ha causado reacciones.
Desde el lanzamiento del Inspector de intereses no se han hecho esperar las reacciones. A la fecha, ya son variados los parlamentarios que han realizado aclaraciones en relación a sus patrimonios e intereses. Conforme a los nuevos antecedentes aportados, la aplicación web se ha ido actualizando de forma rápida, manteniendo con ello el compromiso de ser una aplicación al permanente servicio de la comunidad.
En términos generales, 11 diputados han actualizado sus declaraciones de patrimonio e intereses desde la publicación del Inspector de Intereses. Respecto a los Senadores, no se ha podido hacer la revisión por problemas que presentó la página oficial del Senado este viernes 4 de noviembre. En total, se han realizado 21 actualizaciones en la base de datos, con 12 confirmaciones de parlamentarios señalando que los datos eran correctos y 5 parlamentarios que señalaron que había errores pero no adjuntaron antecedentes concretos que pudieran contradecir la información arrojada por las fuentes de dato públicas del Diario Oficial y el Servicio de Impuestos Internos. Sólo en estos casos no se actualizó la información en inspectordeintereses.cl, a la espera de que los antecedentes a verificar llegaran a la Fundación.
Algunos ejemplos más concretos son:
El diputado UDI José Antonio Kast, envió sus antecedentes a la Fundación Ciudadano Inteligente el jueves 3 de noviembre. En su información se confirma la venta de sus acciones de las sociedades Inversiones y Asesorías Buin S.A. e Inversiones y Asesorías Paine S.A. el año 2001. Con la información proporcionada se actualizó de forma inmediata –el mismo 3 de noviembre- el perfil del jefe de bancada de la UDI.
El senador DC Andrés Zaldívar hizo llegar el 28 de octubre los documentos que confirman la venta de sus acciones en Agrícola e Inversiones La Laguna de Batuco S.A y el acta de disolución de la misma, por lo que se actualizó su perfil en la aplicación.
El mismo día que el senador de la Concertación, su par de RN Francisco Chahuán entregó su declaración de patrimonio e intereses actualizada. Dos días antes el diputado de la Democracia Cristiana Jorge Burgos informó de la venta de sus acciones de Azul Azul. Ante estos nuevos datos, los perfiles de los dos parlamentarios fueron renovados.
El Senador Alberto Espina hizo llegar a la Fundación el 24 de octubre la documentación que confirma la realización de un Fideicomiso Ciego de la sociedad Espina, Zepeda y Acosta y Cía. Ltda. y de la venta de su participación en la sociedad Asesoría e Inversiones Santa Teresita S.A. Tras esto su información en el Inspector de intereses fue actualizada.
Además de lo anterior, varios parlamentarios en sus declaraciones de interés y patrimonio, publicaron el detalle de las acciones administradas por sus fondos de pensiones. Éstas habían sido inicialmente recogidas de manera automática por la aplicación web, sumando dichas acciones (y la clasificación de sector económico correspondiente al tipo de acción) al total de patrimonio compuesto también por la participación en sociedades con fines de lucro. En razón de que dicho grupo de sociedades y sus áreas de interés eran automáticamente cruzados con áreas de interés legislativo, se decidió eliminar del registro dichas acciones en poder de las administradoras de fondos de pensiones, pues sobre su inversión no intervienen ni pueden intervenir los parlamentarios. Por encontrarse en esta situación, se actualizaron los perfiles de los siguientes parlamentarios: Gonzalo Arenas, Pepe Auth, Jorge Burgos, Alberto Cardemil, Eduardo Cerda, Patricio Hales, Hernán Larraín, Juan Carlos Latorre, Gabriel Silber y José Manuel Edwards.
El Inspector de Intereses continúa constituyéndose como un espacio de transparencia que le permite a la ciudadanía ejercer su rol fiscalizador y de comunicación entre nuestras autoridades y los ciudadanos. Su carácter dinámico le permite a los parlamentarios incorporar comentarios en sus perfiles y a la ciudadanía denunciar conflictos de interés para ser investigados. Mientras nuestra legislación no promueva un estándar de transparencia superior al actual, instancias como el Inspector de Intereses seguirán contribuyendo al fortalecimiento de la democracia y a la valorización de la clase política.
La transparencia es tarea de todos. Y todos podemos colaborar.
¿Qué piensa cada congresista sobre el binominal, el semipresidencialismo, el matrimonio homosexual o sobre el aborto terapéutico?, ¿A qué opositor de su conglomerado político admiran más, a cuál menos?, ¿cuáles son sus creencias religiosas y cuáles sus referentes personales? 19 parlamentarios de diferentes partidos políticos accedieron a someterse al Rayo X Político, la nueva iniciativa de El Vaso, el blog de la Fundación Ciudadano Inteligente.
