Desde hoy y hasta el 18 de abril se realizará en la ciudad de Brasilia una nueva conferencia anual de la Sociedad de Gobierno Abierto (Open Government Partnership). En dicha instancia, más de 50 gobiernos del mundo se encontrarán con organizaciones de la sociedad civil para fortalecer el compromiso que mantienen sus miembros de promover la transparencia, la autonomía delos ciudadanos, combatir la corrupción, y aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernabilidad.
Como miembro y representante de la sociedad civil latinoamericana, una vez más la Fundación Ciudadano Inteligente reafirma su compromiso con los Gobiernos Abiertos, y se hará presente representada por el Presidente Ejecutivo de la Fundación, Felipe Heusser, y el Gerente Juan José Soto. Además, por primera vez participarán del encuentro dos grandes proyectos de Ciudadano Inteligente; Desarrollando América Latina y Desarrollando El Caribe, que van representados por su coordinadora Anca Matioc.
M.I.F.S. son sus iniciales, degolló a dos jóvenes la semana pasada, tiene 16 años y por determinación de la Fiscalía Centro Norte quedó recluido en un centro del Sename, esto por 70 días a partir del miércoles 25 de enero. Hasta $242.045 pesos podría significarle al Estado mensualmente mantenerlo, ya que eso es lo que cuesta tener a un menor en los centros del Sename.
El Vaso quiso saber cuánto cuesta mantener a los menores de edad en un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename), para esto utilizamos la plataforma Acceso Inteligente, de la Fundación Ciudadano Inteligente, que te permite solicitar información a los organismos públicos de manera simple y efectiva.
El Sename dispone de distintos tipos de recintos en todo el país para atender a lactantes, niños y adolescentes. Estos establecimientos están clasificados en cuatro tipos distintos, funcionando y atendiendo de distintas maneras, por tanto teniendo diferentes gastos y costos para la mantención de los menores de edad. Están los Centros de Reparación Especializados de Administración Directa (CREAD), los Centros Semi Cerrados (CSC ), los Centros de Régimen Cerrado (CRC), y los Centros de Internación Provisoria (CIP).
1259 menores fueron atendidos por estos dos últimos centros entre el 1 de enero del año pasado hasta el 30 de noviembre, lo que al Estado le costó en promedio $242.045 pesos mensuales por joven. Estos dos servicios funcionan en un mismo recinto y con una administración común, por lo que el costo es el mismo a pesar de las distintas prestaciones que se realizan.
Los Centros de Internación Provisoria (CIP) -donde se encuentra M.I.F.S. esperando su condena- reciben a adolescentes y jóvenes que están en espera de la resolución de los fiscales para los cargos que presentan. Mientras que los Centros de Régimen Cerrados (CRC) atiende a los menores que deben cumplir sus condenas.
Según los datos entregados por el Sename por cada adolescente en estos recintos se gasta en promedio mensualmente $80.824 en alimentación, $4.007 en vestuario y calzado, $19.426 en materiales ( artículos de aseo, de enseñanza, de oficina, materiales, y más), $5.115 en mantención y reparación del establecimiento, $67.592 en consumos básicos, y $65.081 en otros (Insumos de computación, mantención de vehículos, combustible, etc)
Por lo que sólo en los CIP y en los CRC entre enero y noviembre del 2011 el Estado desembolsó $304.734.655, para mantener a los menores en estos centros del Sename.
Por otra parte, los Centros Semi Cerrados (CSC) reciben adolescentes y jóvenes condenados a sanción privativa de libertad que tienen residencia obligatoria en el centro, pero reciben programas de actividades personalizados que se desarrollan dentro y fuera del recinto.
Tanto en los Centro de Régimen Cerrados como en los Semi Cerrados desarrollan un programa de reinserción social que incluye la continuación de estudios, la formación para el trabajo, el manejo de tecnologías digitales, la atención de salud, el tratamiento de adicciones y el fortalecimiento del vínculo con la familia.
El costo mensual promedio de mantener a un menor en los CSC durante el año pasado fue de $237.900 pesos. Estos se desglosan en $53.398 en alimentación, $3.040 en vestuario y calzado, $73.650 en materiales (artículos de aseo, de enseñanza, de oficina, materiales, y más), $3.085 en mantención y reparación del establecimiento, $35.817 en consumos básicos, y $68.910 en otros (Insumos de computación, mantención de vehículos, combustible, etc).
311 jóvenes fueron atendidos entre enero y noviembre del 2011 en los Centros Semi Cerrados por lo que en total en esos once meses el Estado gastó $73.986.900 en la mantención de estos menores.
El cuarto sistema de atención son los Centros de Reparación Especializados de Administración Directa (CREAD) que reciben a población de menores de mayor complejidad, donde en una modalidad residencial entregan una atención especializada con estrategias apuntadas a reparar el daño asociado a la vulneración de derechos, entregar calidad de vida, y dar protección especial
$197.223 pesos mensuales fue lo que le costó en promedio al Estado la mantención de los 774 menores que estuvieron en los CREAD durante el 2011. $67.827 en alimentación, $10.373 en vestuario y calzado, $18.625 en materiales (artículos de aseo, de enseñanza, de oficina, materiales, y más), $3.587 en mantención y reparación del establecimiento, $36.660 en consumos básicos, y $60.151 en otros (Insumos de computación, mantención de vehículos, combustible, etc).
Considerando el total de menores en las cuatro modalidades de atención y el total de gasto promedio por cada uno, se ve que el total desembolsado por el Estado entre enero y noviembre del año pasado para mantener a los 2344 menores de edad en estos centros del Sename fue de $531.372.157 pesos.
There is no question regarding the fact that transparency policies, generally speaking, have captured the attention of a wide variety of stakeholders that from different grounds and interests have praised transparency to be one of the cornerstone initiatives of modern governance. In the words of Christopher Hood, transparency has become a pervasive cliché, and he may be just right. Everyone loves it, though we are not sure if it’s for the same reasons, nor actually do we know if we all love the same thing.
Big expectations are over the shoulders of transparency; governments expect public sector efficiency and growth, civil society expects accountability and participation in the policy process, companies and entrepreneurs expect new business opportunities, and democracy more generally expects that with transparency we will all be better off.
Vast amounts of articles and columns have stressed the bright side of transparency, highlighting why is it better to be open than closed and better bottom-up than merely top-down. Even though as member of a pro-transparency community of NGOs I would quickly classify myself and our organization in the side of the optimists, in times where OGP and the transparency agenda is getting increasing attention, it looks like appropriate to focus not only on transparency expectations, but also on the challenges associated with meeting those expectations and the risks involved in the process, which may potentially hazard any apparent transparency achievement.
Looking forward to the Open Government Partnership meeting in Brasilia, the first big challenge is about participation and the level of cohesion behind a transparency action plan that is expected to be the result of an open and franc dialogue between governments and civil society organizations. The degree to which the actions plans are the result of a participatory process, and not a mere consultation or top-down notification, is fundamental for the luck of a transparency initiative that is said to be defined by civil society participation. Risks to a participatory process include CSO’s that may push to hard in an “all in” transparency agenda for the action plan that may provoke government’s robust opposition, but it may also include the risk of a government that smiles to the camera every-time the word “transparency” and “participation” is mentioned, but that in practice, does not understand that participation is about dialogues and not monologues, about agreements and not notifications. It will be hard for many governments that will face a more substantive participation for the first time.
A second big challenge regards to the governance of OGP. It is yet to be seen how will OGP govern member countries without mediating international treaties or law enforcing tools, and how will it govern such a diverse group of civil society organizations that though committed to democracy, are not necessarily elected bodies. We witness an innovative organization that will have to prove that transparency and civic participation can move forward without traditional law-binding instruments. Risks on the other hand remain on failing to pressure governments to fulfill their transparency commitments, and to have them praise their OGP membership without achieving nor even committing to real substantive transparency reforms, in opposition to small cosmetic transparency policies that are abundant in many country action plans. The governance of civil society organizations on the equal side of governments is a chapter in itself. It is also to be seen how coordination, standards and agreements will be achieved among CSO’s, how will they be represented at upper levels of OGP, but above all, how will we develop enough cohesion to protect organizations that are left on the sides by governments that oppose an open dialogue, and cohesion to stand together to push for real transparency change.
No doubt that transparency is the hot topic of our days, and that OGP will gather the creme of governments and civil society organizations that will smile to the camera every-time someone mentions the word “transparency”. We will be there for the picture, but will also be there to make sure that OGP takes off, and that governments keep their transparency promises as strong as they keep their smiles to the camera.
In the mid-nineties, following the return to democracy (1990), Chile began a process of cultural change aimed toward greater transparency. At that point, “the Chilean state was known as a state of secret” explains Alberto Precht, Secretary of the Commission on Integrity and Transparency of the Ministry General Secretariat of the Presidency and Chile’s representative to Open Government Partnership.
Corruption cases reinforced the need for a pro-transparency agenda that became increasingly formalized from 2002-2003 onwards. According to Precht, it was an agenda of “consensus” that would ultimately change the political makeup of the government.
Increasing Public Access
One of the most important milestones during this pro-transparency reform period has been the enactment of a 2008 law increasing public access to information. To monitor compliance, the government created an independent agency, the Council for Transparency.“More than 100,000 requests for information have been submitted to date,”notes Precht.
While embraced by the public, the requests for increasing transparency sparked fears among some government officials. “I remember the fear public officials had of publishing their salaries on the Internet. However, despite all the concern, nothing serious happened,” says Precht. One outcome of the law has been the revelation of the properties, assets, and potential conflicts of interest for government officials. This has generated news reports and increased audits and scrutiny by civil society representatives, which have in turn helped restore integrity and stronger accountability mechanisms among public officials. “While modernization requires public participation, this implies a paradigm shift because policies have historically been generated from the experts and not from the people,” Precht adds.
He also suggests that other measures will soon go up for parliamentary debate, including a new regulation on lobbying and financing of electoral campaigns. Additionally, other open government initiatives are in the works, such as the recently launched beta version of a public data portal, which according to Precht “allows for databases that can build applications and provide information, such as crime maps or how much longer a bus will reach a particular stop.”
“We want to shine in OGP”
Last September, the government of Chile submitted a letter of intent to join the Open Government Partnership (OGP). In December, officials created a domestic OGP working group that included four NGOs and the Comptroller General of the Republic and the Commission for Transparency, which are autonomous auditors in this area. These groups will work together with the Government to create the first draft country action plan to be presented on March 30, 2012 by President Sebastián Piñera to the Chilean public.
Felipe Heusser, Director of Ciudadano Inteligente, one of the civil society organizations invited to the working group in charge of developing a country action plan for Chile, says that there is no doubt that Chile is much better off than it was a few years ago. “We now have a Freedom of Information Law in place that has worked reasonably well thanks to all stakeholders, including Government, civil society organizations, and the Transparency Council (Information Commissioner) that have done a fantastic job. In comparative terms, Chile is one of the countries with most submissions of information requests, which is a healthy sign of a society that is using its right to know,”Heusser notes.
“As a country, one of our greatest assets should be to have the image of a transparent country,” says Precht. Chile recently ranked number 22 in the Transparency International Corruption Perceptions Index and wants to move to the top 20. “Though we are witnessing some positive signs towards transparency like the publishing of data catalogs, much more needs to be done. Open data is not about the publication of a few pieces of data, but the substantive publication of enough data that may allow us to understand policies and account government’s performance. Policies will never be transparent if they can’t be tested and openly evaluated,” adds Heusser.
In March, Chile attended the OGP regional outreach meeting in Mexico, and also undertook a technical visit to Colombia to learn about the government’s strategy to reduce paperwork.
These past few months, Chile reached agreements on OGP at the technical committee level. However, the public consultation process involved only five organizations, so the remaining challenge is to get input from a larger number of citizens who may not yet be aware of these new measures.
According to Heusser, Chilean civil society organizations are looking forward to OGP and its upcoming annual meeting in Brazil. “We see it as a great opportunity to persuade our governments to move the transparency agenda forward and deeper by learning and sharing from some of the best transparency practices that exist among the international community.”
Thus far Precht and Heusser believe that the greatest success for Chile since joining the OGP has been the understanding that secrecy in public affairs has to be the exception, not the rule, and that ensuring accountability requires independent bodies to oversee public agencies. Chile will deliver its first draft action plan in April 2012 “and we want shine in this initiative,” concludes Precht.
289.692.417.254, no es ni un número de llamado al extranjero, ni los minutos que hay en un año, esa es la cifra en pesos de lo que en promedio el Gobierno gasta al año en mantención de servicios básicos para los estudiantes de la educación pública.
Gracias a una solicitud de información pública realizada por El Vaso en la plataformaAcceso Inteligente,de la Fundación Ciudadano Inteligente, que te permite solicitar información a los organismos públicos de manera simple y efectiva, se pudo conocer cuánto gastó el Gobierno el 2011 en entregar alimentación, útiles y computadores a los escolares de la educación pública.
En útiles escolares el Estado desembolsó el 2011 un total de $2.954.725.523 para 1.212.125 escolares, es decir, por cada estudiante se invirtió $2.437 pesos para sus útiles. La región en la que más se gastó en este ítem fue la Metropolitana, dado su mayor número de colegiales, donde para 398.364 estudiantes se destinaron poco más de $932 millones de pesos. Mientras que en la región que menos dinero se gastó fue en la de Magallanes que recibió $17.712.620 pesos para 7.060 alumnos.
En cuanto a la comida, la Junaeb no especificó la cantidad de estudiantes que reciben este beneficio, pero sí mostró los montos gastados por el Estado en este servicio durante el mes de noviembre del pasado año, tomándolo como mes referencial. El total de $30.148.701.009 pesos fue lo que se invirtió en el penúltimo mes del 2011 para entregarles alimentación a los escolares de la educación pública.
La entrega de esta alimentación, que consiste en desayuno y almuerzo o sólo este último – dependiendo del recinto- y que les proporciona a los jóvenes entre 700 a 1000 calorías, costó poco más de 8 mil millones de pesos para los alumnos de Media, $18.515.270.832 para los alumnos de Básica, $1.718.786.985 para los de Kinder, mientras que para los de Pre kínder se desembolsó mil millones y medio de pesos.
En definitiva, si consideramos 9 meses de asistencia escolar, se puede decir que para entregar alimentación en la educación pública el Estado gasta $271.338.309.081, algo así como US$542 millones de dólares.
Además de los útiles y la alimentación, el Gobierno ofrece una iniciativa llamada “Yo elijo mi PC” la cual consiste en premiar con un computador de regalo a los alumnos de 6° Básico que tuvieron mejor rendimiento y que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población. Estos aparatos tecnológicos se escogen a partir de un catálogo que el Gobierno ofrece donde se encuentran diversas marcas con distintas capacidades de funcionamiento.
El programa lleva tres años y 150 mil escolares ya han recibido su PC. Este año 59.334 estudiantes fueron escogidos para recibir este beneficio lo que le significará al Estado $15.399.382.650 pesos. De estos casi 31 millones de dólares la Región Metropolitana es la que se lleva mayor parte, con 4 mil millones y medio de pesos, dado a sus 16.756 alumnos que clasificaron para el premio. De tras lo siguen la VIII Región con 9.169 estudiantes recompensados y la V Región con 5.858 de estos alumnos. Por su parte, la región con menos escolares premiados fue la de Aysén, que tuvo 361 colegiales clasificados para el beneficio, lo que al Estado le costará $97.127.772 pesos.
En definitiva, si se consideran los gastos por alimentación de 9 meses, más lo desembolsado por útiles escolares, y el programa “Yo elijo mi PC”, el Estado gasta al año en estos servicios de mantención para los alumnos de la educación pública $289.692.417.254 pesos, cerca de US$ 579 millones de dólares
La Fundación Ciudadano Inteligente elaboró un estudio que determina la congruencia entre el comportamiento legislativo del Ejecutivo y las promesas contenidas en el Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
La investigación se puede ver directamente enwww.deldichoalhecho.cl y entre las principales conclusiones se puede señalar que el Programa de Gobierno tiene un cumplimiento de 24,4% en materia legislativa. Para Manuel Arís, Director de Vota inteligente de la Fundación Ciudadano Inteligente, “Más allá de la calificación de bueno o malo del 24% de cumplimiento, en lo que tenemos que avanzar es que los futuros candidatos a elecciones, de cualquier tipo, elaboren sus programas de gobierno con la intención real de implementarlos cuando hayan sido elegidos, para que los ciudadanos mejoremos la confianza en los políticos y dejemos atrás la idea de que los políticos se olvidan de sus promesas cuando llegan al poder”
Otra de las conclusiones relevantes obtenidas por FCI es la llamada “agenda alternativa”, donde podemos apreciar que el 69% de los proyectos de ley ingresados al Congreso por el Ejecutivo no tienen relación con el cumplimiento de alguna de las promesas contenidas en el Programa de Gobierno, lo que demuestra que no necesariamente éste ha significado una carta de navegación en materia legislativa. Este 69% excluye los proyectos de ley relacionados con la reconstrucción, los que representan el 8% del total de proyectos ingresados al Congreso en estos dos años de Gobierno.
Felipe Heusser, Presidente Ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente comenta al respecto, “Como hemos constatado en este estudio, un 71% de los proyectos de ley ingresados por el Ejecutivo al Congreso corresponden a la Agenda Alternativa, lo que, más allá de evaluar la pertinencia de estos proyectos, nos invita a reflexionar sobre cómo vincular lo prometido en campaña con lo que se hace durante la gestión, es decir, a que se establezca una relación proporcional entre lo dicho y lo hecho”
Al mismo tiempo, el estudio concluye que la administración Piñera ha ingresado al Congreso un 28% más de proyectos de ley que el gobierno de Michelle Bachelet en sus dos primeros años de mandato.
¿Qué es lo que se busca con este estudio?
La Fundación Ciudadano Inteligente, a través de estudio, deja en evidencia que en Chile se necesita:
Mayor proporcionalidad entre lo prometido en los Programas de Gobierno y lo que se ejecuta desde la gestión pública.
Un mecanismo para informar a la ciudadanía los cambios que se producen en la carta de navegación establecida en el Programa de Gobierno.
Perfeccionar los mecanismos por medio de los cuales se informa sobre la gestión del Gobierno.
Te invitamos a revisar el estudio, formar parte del debate y revisar la metodología en http:www.deldichoalhecho.cl otro sitio de Ciudadano Inteligente.
La suma de $1.147.984.473 pesos le costó al Estado detener el incendio forestal de Torres del Paine, que dejó una gran pérdida en parte del sector de Olguín de la reserva nacional de la Región de Magallanes.
Para saber esto, El Vaso realizó una solicitud de información pública a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) a través de la plataforma “Acceso Inteligente”, herramienta de la Fundación Ciudadano Inteligente que permite solicitar datos públicos a los organismos del Estado de una manera más simple y directa. La respuesta dada en definitiva por la Onemi mostró cuánto fueron los gastos incurridos para solucionar el incendio de Torres del Paine hasta el 3 de febrero.
El incendio comenzó el 27 de diciembre del pasado año después que un turista israelí prendiera fuego a un papel higiénico. Los gastos para contener el desastre que consumió 17.606 hectáreas del parque nacional han sido para contratar aeronaves, equipamiento de operaciones, combustible, y el traslado de personas y elementos.
El arriendo de aeronaves de combate de incendio especiales para las condiciones meteorológicas de la zona fue lo más costoso de todo el proceso, alcanzando la cifra de $656.731.956 pesos. Esto además de todo el combustible que se tuvo que usar para estas aeronaves que tuvo un costo de $46.868.979 pesos.
Hasta 900 personas se encontraron intentando detener el fuego en el momento de mayor complejidad de la operación, señaló a la prensa el director de la Conaf en Magallanes, José Fernández. Entre ellos habían brigadistas de la Conaf, bomberos, personal de las fuerzas armadas, brigadas forestales del Ejercito de Chile, además de brigadistas extranjeros (principalmente de Argentina y Uruguay) que llegaron a colaborar.
Para todos estos servicios que corresponden a los gastos de logística el Estado desembolsó $351.907.873 pesos. Estos se desglosan en el desplazamiento de las brigadas, el alimento para ellos, sus respectivos equipamientos, la habilitación de albergues, entre otros.
Otro gasto importante fue el del traslado de las personas que se encontraban en el sector del incendio, que incluso significó la evacuación emergencia por los servicios nacionales de más de 400 turistas. Todas estas asistencias le costaron a la Onemi $48.896.501 pesos.
El resto de los gastos se desembolsaron tanto en combustible para otras maquinarias, lo que costó $40.040.354, como para el traslado de elementos que la Onemi no especifica, que tuvo un costo de $3.538.810 pesos.
En definitiva, todo el operativo para detener y solucionar el incendio forestal de 17.606 hectáreas en Torres del Paine le significó al Estado $1.147.984.473 pesos.
Las organizaciones de la sociedad civil entregaron a la Segpres un documento con una serie de propuestas que buscan cooperar en la iniciativa gubernamental que tiene por objetivo la promoción de la transparencia y la participación ciudadana, y la modernización del Estado. Todo esto en el marco de la adhesión a la Alianza del Gobierno Abierto, a la que se le presentará una propuesta final en marzo de este año.
El Consorcio por la Transparencia y Fundación Ciudad Viva enviaron al secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia, Alberto Precht, un documento con una serie de propuestas que apuntan al perfeccionamiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la promoción de la participación ciudadana.
La entrega del documento se dio en el contexto de la invitación que realizó la Agencia de Probidad de la Segpres a la sociedad civil para presentar propuestas en el marco de los compromisos que el Gobierno está elaborando para integrar la Iniciativa del Gobierno Abierto (Open Government Partnership). Un proceso de consulta en el que también participan el Parlamento, la Contraloría General de la República y el Consejo para la Transparencia.
Dentro de las propuestas que el Consorcio y Ciudad Viva presentaron a la instancia dependiente de las Naciones Unidas, destacan la publicidad actualizada y permanente de las estadísticas por servicio público, en la que se indiquen la cantidad de solicitudes de información recibidas y las respuestas entregadas por los servicios respectivos; la administración de un Observatorio por parte de la Agenda de Probidad, que realice seguimiento y apoyo a la implementación de la Ley 20.500 (“Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública”) y de la calidad de las consultas públicas on-line; el perfeccionamiento de la institucionalidad vigente del Consejo para la Transparencia, fortaleciendo su institucionalidad y presupuesto; y la creación de un Convenio Regional del P10 como un resultado concreto de la Cumbre de Río+20, a celebrarse en Junio del 2012 en Brasil.
El documento, además, busca definir las principales líneas del Plan de Acción, estableciendo metas de corto plazo en un primer año, así como otras de más largo alcance en temas como el compromiso del fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, la utilización de las nuevas tecnologías (Tic’s) para incrementar la eficiencia, la apertura y la rendición de cuentas de los países.
El Consorcio por la Transparencia es una agrupación de organizaciones sin fines de lucro y pro transparencia, que vela por el bienestar de la sociedad civil; conformado por Fundación Pro Acceso, Fundación Ciudadano Inteligente, Fundación Pro Bono y Corporación Participa.
La propuesta completa que el Consorcio y Fundación Ciudad Viva entregaron al gobierno, puede ser descargada del sitio web www.consorcioporlatransparencia.cl.
Durante el 2011, la Fundación Ciudadano Inteligente, dentro de todas las aplicaciones que creó, lanzó “Acceso Inteligente” con el fin de promover la solicitud de información a los órganos del Estado y a la vez, compartir sus respuestas en un sólo lugar.
Esta herramienta permite que el usuario, a través de una sola plataforma, realice y ponga en ejercicio la Ley de Transparencia que durante estos últimos años ha sido promovida por el Gobierno en pos de mayor monitoreo de la ciudadanía a sus instituciones.
Por esta razón, es que la Fundación Ciudadano Inteligente quiso realizar el mismo ejercicio y traducir de manera simple los resultados de estas solicitudes que se hicieron durante los dos últimos meses del año, para ver en qué estado se encuentran las peticiones a los diferentes órganos del Estado.
Hay que recordar que la ley establece que aquél organismo que recibe una consulta tiene un plazo máximo de 20 días hábiles para responder la solicitud, de negarse a contestar, esta situación debe ser informada al solicitante. El plazo puede ampliarse por 10 días hábiles más en el caso que sea difícil reunir la información solicitada, informando esta prórroga al usuario.
Los resultados
Durante noviembre, se enviaron 77 solicitudes de las cuáles 12 no obtuvieron respuesta por parte de los organismos requeridos. El Ministerio que contestó la menor cantidad de solicitudes fue el de Agricultura junto al de Salud, pues en el último caso ninguna de ellas fue respondida, hecho que se demuestra con la situación desolicitudes enviadas a FONASA durante todo el 2011.
Respecto a los ministerios más solicitados para hacer las peticiones, se encuentra el del Interior con un 25,3% se las preguntas, luego el Ministerio de Agricultura con un 16,4% y por último el de Defensa Nacional con un 13,9%. En cuanto a los organismos menos requeridos, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la Secretaría General de Gobierno y el de Relaciones Exteriores, fueron aquellos que menos peticiones tuvieron, solamente con un 1,3% de preguntas respectivamente.
Durante el mes, hubo un promedio de 2,5 preguntas enviadas al día a las instituciones correspondientes. La primera solicitud se realizó el 2 de noviembre y fue respondida el mismo día y la última se hizo el 29 de noviembre y se contestó el 28 de diciembre.
El ministerio que llamó la atención por la baja cantidad de solicitudes realizadas, fue el de Educación. Durante el 2011, el Gobierno como la ciudadanía se vio convulsionada por la situación y las demandas que exigían los estudiantes de una educación gratuita y sin lucro, hecho que mantuvo a varios establecimientos universitarios con paros que duraron prácticamente más de cinco meses.
Durante noviembre, al ministerio de Educación se le realizaron preguntas respecto a la PSU y al costo de producir un Pase Escolar, por lo que el tema que durante todo el año causó impacto, no se consultó durante este mes.
En cuanto a diciembre, se hicieron 66 solicitudes en la página accesointeligente.org, la institución que más solicitudes recibió fue el ministerio de Agricultura, con más de 10 peticiones, lo que equivale al 22,7% de las preguntas enviadas a través de esta aplicación web.
Un año exitoso
Como recuento global y de fin de año, hubo ciertas respuestas que generaron polémica dentro de distintas esferas. A través de las preguntas enviadas a accesointeligente.org pudimos obtener que el presupuesto para la cena realizada al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, fue de más de 26 millones de pesos por el servicio de coctelería y cena completa.
También, solicitudes como el costo de la campaña del Gobierno “Yo sí quiero estudiar”, desembolsó $35.000.000 millones de pesos en la promoción por radio, $242.800.000 para la por prensa, $2.500.000 en pendones y $1.800.000 en la distribución de estos. Alcanzando un total de $282.100.000 con IVA incluido.
La Operación Loreto, fue una buena iniciativa para entregar información. Se pudo descubrir que para el rescate de la Isla Juan Fernández se habían gastado 105 millones de pesos durante las dos primeras semanas de rescate.
Gracias a la herramienta accesointeligente.org se solicitó información que ayudó a facilitar la transparencia de diferentes instituciones, y ver, respaldado con las respuestas, el trabajo que ellas realizan.
En FCI decidimos lanzar un quick win (así les decimos a los proyectos breves y oportunos) sobre el conflicto educacional hace unos meses atrás. No podíamos seguir fuera del tema más importante del acontecer nacional.
El éxito de acuerdoeducacion.cl fue inmediato, con decenas de miles de visitas el día del lanzamiento. Estábamos contentos de poder ayudar a aclarar la información que por meses se veía contaminada por dichos, riñas y personalidades que no eran parte del núcleo del conflicto, es decir, noticias que no se centraban en las demandas de los estudiantes y los ofrecimientos del gobierno.
Como miembro del equipo tecnológico de FCI enfrenté un problema de responsabilidad luego del relativo éxito de acuerdoeducacion.cl. Con decenas de miles de visitas no podemos dejar el sitio botado, debemos mantenerlo actualizado. Esto se contradecía con la idea de quick win con que habíamos decido abordar el proyecto. Tenemos demasiadas cosas en las que trabajar, y esto significaba más pega para nosotros, no podemos dedicarle tiempo a un proyecto que no está en el programa (esta es una confidencia, en FCI tenemos serios problemas para negarnos a proyectos).
Finalmente decidimos aperrar y sacrificar tiempos a otros proyectos y tiempos personales para poder dedicarle tiempo a acuerdoeducacion.cl y mantenerlo vivo. Designamos a algunos miembros del equipo estar atentos a lo que sucediera, resumir la información cuando se entregaran nuevas propuestas, etc.
Teníamos todo preparado, estábamos esperando los hechos, dispuestos a registrar el progreso del conflicto.
Los dirigentes de la CONFECH fueron al congreso -recordándonos que existe un canal llamado TVSenado-, luego el presidente los invitó a la Moneda. Hubo tomas en el congreso de Santiago, muchas en liceos, universidades, etc. manifestaciones masivas, conciertos. Cada domingo en Tolerancia Cero había una discusión respecto al conflicto estudiantil, hubo elecciones en la FECH, FEUC, FEUSACH, etc.
Movimiento ha habido, pero toda nuestra preocupación inicial por mantener acuerdoeducacion.cl actualizado fue en vano. Parece que nos pasó la cuenta el idealismo propio de los jóvenes que trabajan en un ONG, parece que fuimos ingenuos y optimistas, parece que pensamos que teníamos instituciones más eficientes, protagonistas hábiles para generar acuerdos y resolver conflictos, representantes que velaban con dedicación por el interés de sus representados. Parece que acuerdoeducacion.cl sí era un quick win.
Nunca pensé decir esto, pero lamento mucho no haber tenido que sacrificar tiempo personal ni tiempo de otros proyectos. Hoy es el primer día hábil de 2012, el 2011 ya se fue y desde que lanzamos el sitio no hemos actualizado ni una sola vez los acuerdos y desacuerdos que se muestran en la pizarra.
¿Qué piensa cada congresista sobre el binominal, el semipresidencialismo, el matrimonio homosexual o sobre el aborto terapéutico?, ¿A qué opositor de su conglomerado político admiran más, a cuál menos?, ¿cuáles son sus creencias religiosas y cuáles sus referentes personales? 19 parlamentarios de diferentes partidos políticos accedieron a someterse al Rayo X Político, la nueva iniciativa de El Vaso, el blog de la Fundación Ciudadano Inteligente.
