Por José Francisco Garcia.
Hablar de descentralización en Chile hoy en día está de moda. Sin embargo, es un tema de gran complejidad. Ni siquiera los expertos están de acuerdo en una única estrategia de descentralización para Chile. Para algunos ello pasa por potenciar la regionalización a través de los gobiernos regionales (siendo el paradigma la existencia de un intendente o un presidente regional elegido popularmente) o avanzando hacia un esquema de federal (de discutible raigambre cultural e histórica en nuestro país); otros creen se debe abandonar la estrategia de regionalización a cambio de una reforma radical que potencie los gobiernos locales (y en donde sea posible, por ejemplo, otorgar a los Municipios potestades amplias en materias de seguridad pública, como la posibilidad de crear policías municipales).
Lo anterior va acompañado, además, de discusiones en torno a la posibilidad de que exista una descentralización fiscal: financiamiento de bienes públicos regionales o locales mediante tributos que no van a un fondo común, y que permitiría, que la carga tributaria fuese parte de las ventajas competitivas de cada región y del atractivo de las mismas. Ello se ha vinculado, por ejemplo, a la competencia en Estados Unidos entre los estados para cobrar bajos impuestos a las empresas para constituirse en dichos estados, o bien transformarse en un “paraíso fiscal” a la hora de cobrar impuestos bajos a los adultos mayores que ya se han jubilado.
Hay todavía una tercera estrategia, un modelo ecléctico, como el actualmente existente bajo nuestra legislación, que busca integrar ambos ámbitos de actuación estatal bajo la lógica de la subsidiariedad competencial. Esta última es la posición que pareciera buscar sacar adelante el Presidente de la República al sostener en el discurso del 21 de mayo de 2010 que: “Todo aquello que puedan realizar los gobiernos regionales mejor que el gobierno central, será de competencia de las regiones. Y todo lo que puedan hacer mejor los municipios que los gobiernos regionales, será de competencia de los municipios”.
La actual agenda gubernamental en descentralización está buscando aterrizar en medidas concretas la visión presidencial antes descrita. Ello ha implicado para este año duplicar la inversión regional respecto al promedio 2002-2009 y un aumento sustancial en recursos en salud y educación a nivel local; aumento de más de $100 mil millones respecto al 2009 en el Fondo Común Municipal; la transferencia de competencias a nivel regional y comunal; la elección directa de los consejeros regionales; simplificar y facilitar la realización de plebiscitos comunales y consultas ciudadanas; y repensar el esquema de incentivos especiales para las zonas extremas en cuanto a la bonificación a la mano de obra, crédito tributario a la inversión y el fondo de fomento de zonas extremas.
Se trata entonces no sólo de un aumento de recursos; sino un esfuerzo serio por intentar delinear una estrategia en la materia.
Si bien creemos es un buen punto de partida; debe, en todo caso, considerar el potencial de distorsiones que se pueden generar; la captura de la legislación pro parte de los grupos de interés (que sólo potencia movimientos y protestas como los de Aysén bajo la forma de un discurso de interés nacional); evitar una lógica desarrollista desde el gobierno central; y, que el actual esquema de evaluación de políticas (tanto a nivele de beneficios como de regulaciones) es todavía débil.
El Estado, por lo mismo, no puede perder de vista cumplir sus principales roles. Es por eso que es necesario mejorar el acceso a estas regiones y la conectividad del país, porque indirectamente se atacarán los problemas anteriormente mencionados, y se logrará la verdadera unión geopolítica del país, terminando con el aislamiento de las zonas extremas.
Asimismo, el establecimiento y respeto por reglas claras que permitan el desarrollo de mercados y de la iniciativa privada en actividades como minería, comercio y turismo en la zona norte, y la agrícola-silvícola, pesquera y manufacturera para la del sur; tienen un potencial mayor que la entrega de beneficios selectivos.
Por José Ignacio Vial.
A partir del conflicto en Aysén y de la reciente polémica por el nuevo intento de algunos parlamentarios de trasladar el Congreso a Santiago, se ha vuelto a instalar en la discusión pública el tema de la descentralización. Un tema en el que si bien existe gran consenso sobre la urgencia de hacer algo, este no se ha podido materializar en hechos concretos, más allá de algunas medidas y anuncios por aquí y por allá, sin consistencia ni armonía alguna.
A estas alturas ya resulta frustrante que nadie haga algo que vaya más allá de las medidas parche. Todos están de acuerdo en que Santiago no da para más. Nuestros políticos, a raíz de los hechos del sur, por enésima vez han rasgado vestiduras realizando una dura autocrítica por la poca importancia que le han dado al tema, pero el tiempo sigue pasando y las palabra nuevamente con el transcurso de los días se han ido borrando. Los ejemplos para escandalizarse son muchos: la diferencia en los precios de las bencinas, la falta de conectividad, las medidas contra la contaminación que se adoptan en un lugar y no en otro, el nivel de inversiones, el nivel de las autopistas y caminos, el acceso a educación universitaria, son sólo algunos de los tantos que podríamos enumerar.
Y es dentro de este contexto, que quisiera invitarlos a reflexionar, quizás una vez más, sobre las siguientes cuestiones que han dado vueltas alrededor de este tema: ¿Es razonable que quienes quieran estudiar en una universidad tengan que irse necesariamente a vivir a Santiago, separándose de su familia, amigos, y dejando la región donde vieron gran parte de su vida? ¿Es razonable la construcción de centrales hidroeléctricas que perjudican el mayor capital económico de una región (turismo) y que además conllevan la construcción de líneas de transmisión que atravesarán miles de kilómetros, todo con el fin de abastecer con energía eléctrica a la capital? ¿Es razonable que muchos de los “representantes” de regiones sean de Santiago y vivan en esta ciudad? ¿Es razonable que el equivalente a lo que se gasta anualmente en una región en transporte público (Metropolitana), sea lo que se destine al total de las otras regiones? ¿Es razonable que todos los puestos políticos importantes de regiones, con salvedad de alcaldes y parlamentarios, sean elegidos por alguien de Santiago?
Las anteriores son algunas de las muchas preguntas que deberíamos hacernos para darnos cuenta de lo absurda que es la situación actual. Los Aiseninos se dieron cuenta de ello, rompieron la inercia y decidieron decir basta, obteniendo una respuesta hasta ahora satisfactoria. Pero el gran desafío es determinar como se puede atacar estructuralmente este problema que, lamentablemente, afecta a gran parte de los países de América. ¿Mayores recursos?, ¿mayor autonomía?, ¿elección directa de autoridades regionales? Son algunas de las soluciones que se han propuesto y que bien implementadas podrían ayudar, pero lamentablemente no serán suficientes mientras no opere un cambio más profundo en la forma de pensar Chile, en la forma que queremos que sea Chile. Pero para ello urge un cambio tanto de los santiaguinos, como de aquellos que vivíamos en regiones.
Respecto de los primeros la situación es evidente, la capital está pronta a colapsar, el Sanhatan y el caos vial que éste va a generar es prueba de que hay lugares donde la ciudad ya “tocó techo”. La contaminación, que se hace insostenible cada invierno y que para variar afecta a los más pobres, es síntoma de que Santiago está pagando el precio por su crecimiento desmedido. Una mejor calidad de vida, que signifique menor tiempo de transporte, más tiempo con la familia, ritmos de vida más normales y un entorno más limpio y natural, son elementos que poco a poco están haciendo que mucho capitalinos emigren fuera de la metrópoli, pero se requiere que esta migración vaya acompañada con mejoras sustantivas en las regiones, para que al primer problema al que estas personas se vean enfrentadas, no tengan como única alternativa volver a Santiago. Hay que sacar del subconciente la idea de esta ciudad como refugio frente a las desgracias y adversidades, porque día a día se va transformando en una desgracia y adversidad en sí misma.
Respecto de quienes vivíamos en regiones el desafío es aún mayor, porque si no somos nosotros quienes volvemos a hacernos cargo de los problemas de nuestras ciudades, si no nos hacemos protagonistas en los lugares donde vivíamos y aprovechamos los conocimientos y experiencias adquiridas en la capital para trabajar por y en las ciudades y pueblos donde crecimos, difícilmente operará el giro que tanto necesitamos. Aquel por el que continuamente nos quejamos.
En nuestras manos está, y ha estado siempre, la posibilidad de acabar con la excesiva centralización, pero para ello tenemos que darnos cuenta que depende de nosotros y sólo de nosotros, de las decisiones que tomemos a futuro, que Santiago, de una vez por todas, deje de ser Chile y pase a ser de Chile.
Por David Sasaki.
Politicians love to make promises. Here in Mexico, presidential contender Enrique Peña Nieto even spent the morning of the first official day of campaigning at a public notary’s office where he signed his name next to his first three campaign promises.
But politicians, like most of us, find it easier to make promises than keep them.
In Chile back in 2010, newly inaugurated president, Sebastián Piñera, was eager to present his country with an ambitious program for change, covering everything from entrepreneurship to judicial reform to mining concessions. The bright, young open government activists at Fundación Ciudadano Inteligente (disclosure: grantee of my employer) wanted to know just how many of those legislative commitments had actually been achieved in the past two years. The answer: half way into Piñera’s term, he’s only been able to pass 24% of what he committed to.
When I sat down with Fundación Ciudadano Inteligente Director Felipe Heusser last month to take a look at the new site called “From What Was Said to What Was Done“, my first question was: “is 24% high or low?”
We simply don’t have enough data to compare. My hunch is that most politicians achieve less than 20% of the commitments they make during their campaigns, most of which remain forgotten in the depths of Google and recycled newspaper.
That may soon start to change thanks to a new trend in the online transparency community. The first website I’m aware of that set out to track the fulfillment of campaign promises by politicians is Mumbai Votes, which was first created back in 2004. (You can see Namita Singh’s interview with Mumbai Votes founder Vivek Gilani at the Technology for Transparency Network.)
Then in 2009 PolitiFact launched the Obameter, a compilation of President Obama’s 508 campaign promises, categorized by topic and the current level of fulfillment. (So far Obama has kept roughly 34% of his promises, which puts him well ahead of Chile’s Piñera.)
Last month, in Perú, the transparency organization Proetica — in partnership with the National Democratic Institute, Citivox, and Escuelab — launched Promesometro.pe, the “promise meter,” which encourages citizens to document and monitor the promises of politicians. The Monterrey-based Mexican newspaper El Norte launched its own Promesometro for the 2009 gubernatorial race in Mexico’s northern state of Nuevo Leon.
Of all the new promise-tracking platforms, the most intriguing for me is Arena Electoral, which has yet to track a single promise. But that’s because Mexico has yet to elect its next president. (Elections are in July.) Until then, Arena Electoral has worked with political scientists to develop a methodology to rank the four candidates’ proposals on 11 different issues. It has also grown a community of dozens of Mexico’s most respected civil society organizations and think tanks to participate in the evaluation of the candidate’s proposals. For example, Cencos and Espolea will evaluate the candidates’ proposals related to human rights while CIDAC, IDEA, and IMCO will evaluate their proposals for economic development. The strict methodology and the diversity of thought among all these organizations should help ensure something resembling objectivity. Throughout the campaign, Arena Electoral will create a database of each candidate’s campaign promises and then rank the fulfillment of each of those promises during the next president’s six-year term.
I believe that the demand for promise-tracking software is only just beginning. Carole Excell of The Access Initiative says that civil society organizations participating in this year’s United Nations Conference on Sustainable Development have called for a global registry of all commitments made by federal governments in international fora related to sustainable development. That’s right, a “sustainabledevelopmentometer.” OK, so they’ll come up with a better name.
There are similar calls for a platform to monitor the commitments of governments at the Open Government Partnership. In fact, OpenTheGovernment.org has already launched Open Government Partners as a WordPress-based blog where civil society organizations involved in the Open Government Partnership can leave updates on their government’s progress toward commitments. I’m a fan of launching early, but it seems to me that the site could benefit from studying some of the other commitment monitoring platforms.
Finally, and perhaps the most ambitious promise-monitoring project of them all, the Avina Foundation has launched the Latin America Network of Sustainable Cities to unite civil society organizations in major cities across the region in order to standardize indices that measure a city’s performance on seven major topic areas related to sustainability (for example, “access to water” or “climate change”). They then hope to link the results of those investigations to the commitments by local politicians in order to improve their cities’ sustainability.
So here are my own initial reactions to the rise of promise monitoring. They are probably ill-conceived and mostly off-the-mark, but I offer them with the hope that readers can help improve my thinking.
First, fulfillment of promises isn’t always the most important metric. Rather, we should focus on results. The Chilean project, From What Was Said to What Was Done, emphasizes that 69% of the legislative proposals made by President Piñera didn’t correspond to his original commitments, but what if those pieces of legislation are actually better than what Piñera had originally proposed? (Always keeping in mind that “better” is that most subjective of adjectives.) Just because a politician promises something doesn’t mean that it’s good. Here in Mexico, for example, candidate Lopez Obrador has promised to lower the cost of fuel, but Mexico’s leading think tanks have demonstrated effectively how fuel subsidies hurt the country’s economy, environment, and urban planning. This is what I like about Arena Electoral — it will measure progress toward commitments that have already been assessed by the country’s leading civil society organizations.
Second, these platforms seem to offer an important opportunity to educate citizens as to how legislation is crafted, how it is passed, and how it is obstructed. Both The Obameter and From What Was Said to What Was Done do this in their own ways. The Obameter hires bloggers to post updates to each of Obama’s 508 commitments (lots of work), and those blog posts usually include links to related documents from The White House and the Congress. For example, we’re told that Obama promised to “expand and make refundable the child and dependent care credit.” But Obama had to let go of that promise in order to get an extra year of unemployment benefits for qualified workers and a one-year reduction of Social Security taxes. To bad for those busy parents paying for costly child care, but a boost for the unemployed in return.
From What Was Said to What Was Done relies more on graphics and visualizations, but for each piece of proposed legislation we are given a link to its sister site, Vota Inteligente, which offers a full summary of the bill, the voting results, and the record of the congressional debate — all scraped directly from the official congressional website.
Neither website, however, seeks to show how lobbying often influences which promises a presidential candidate is able to keep and which remain broken. The Obameter, it seems, could benefit from linking more liberally to Sunlight Foundation’s Lobbying Tracker and Influence Explorer while From What Was Said to What Was Done could mine some fascinating data from its sister site, Interest Inspector.
I think that promise monitoring platforms will need to partner with influential media if they want politicians to feel pressured to keep their commitments. Here in Mexico, the Internet has enabled the rise of fascinating and relatively influential indie pundit sites like Crítica Pura, Vivir Mexico, and Homozapping. But the vast majority of Mexican voters still form their opinions based on what they are told by mainstream news anchors Joaquin Lopez-Doriga and Carmen Arestegui. Such influential opinion-shapers could help hold elected leaders more accountable by consistently pointing their respective audiences to promise monitoring platforms. Only then would politicians feel compelled to respond.
Thinking in the long term, it seems that promise monitoring platforms will be most effective in countries and situations where sanction mechanisms are in place. For example, the Obameter is better positioned in the United States than Arena Electoral in Mexico because the US has re-election while Mexico does not. Obama has clear incentives to show the electorate that he fulfilled the promises of his first campaign now that he is once again up for re-election. However in Mexico, where there is no re-election, President Felipe Calderon has less incentive to fulfill his initial commitments since he will be out of office (and likely out of the country) no matter what. (The group “Reelect or Punish” has produced an excellent documentaryexplaining the importance of re-election in Mexico.)
Similarly, the member countries of the Open Government Partnership have no clear incentives to fulfill their commitments because there are no clearly defined rewards or sanctions for doing so. Governments such as Mexico’s receive positive coverage on the Open Government Website despite making little progress toward their commitments. Promise monitoring platforms will be most impactful in situations where the “promisers” have clearly defined incentives to fulfill their commitments (and sanctions when they don’t).
Finally, I would stress that it is important to recognize the achievements of elected officials, rather than merely dwelling on their shortcomings. It’s easy to glance at the first page of The Obameter and criticize the US president for only keeping 175 of his 508 campaign promises. On the other hand, when I dug deeper into each of Obama’s “kept promises,” it is rather extraordinary what he has been able to do in the past three years despite the lack of a shared vision with Congress. It seems to me that promise monitoring platforms can be most effective by strategically doling out criticism and recognition.
Those are my initial thoughts about the rise of political promise monitoring. What do you think?
Original publication: http://davidsasaki.name/2012/04/helping-politicians-keep-their-promises/
Por Paulina Ibarra.
In the mid-nineties, following the return to democracy (1990), Chile began a process of cultural change aimed toward greater transparency. At that point, “the Chilean state was known as a state of secret” explains Alberto Precht, Secretary of the Commission on Integrity and Transparency of the Ministry General Secretariat of the Presidency and Chile’s representative to Open Government Partnership.
Corruption cases reinforced the need for a pro-transparency agenda that became increasingly formalized from 2002-2003 onwards. According to Precht, it was an agenda of “consensus” that would ultimately change the political makeup of the government.
Increasing Public Access
One of the most important milestones during this pro-transparency reform period has been the enactment of a 2008 law increasing public access to information. To monitor compliance, the government created an independent agency, the Council for Transparency.“More than 100,000 requests for information have been submitted to date,”notes Precht.
While embraced by the public, the requests for increasing transparency sparked fears among some government officials. “I remember the fear public officials had of publishing their salaries on the Internet. However, despite all the concern, nothing serious happened,” says Precht. One outcome of the law has been the revelation of the properties, assets, and potential conflicts of interest for government officials. This has generated news reports and increased audits and scrutiny by civil society representatives, which have in turn helped restore integrity and stronger accountability mechanisms among public officials. “While modernization requires public participation, this implies a paradigm shift because policies have historically been generated from the experts and not from the people,” Precht adds.
He also suggests that other measures will soon go up for parliamentary debate, including a new regulation on lobbying and financing of electoral campaigns. Additionally, other open government initiatives are in the works, such as the recently launched beta version of a public data portal, which according to Precht “allows for databases that can build applications and provide information, such as crime maps or how much longer a bus will reach a particular stop.”
“We want to shine in OGP”
Last September, the government of Chile submitted a letter of intent to join the Open Government Partnership (OGP). In December, officials created a domestic OGP working group that included four NGOs and the Comptroller General of the Republic and the Commission for Transparency, which are autonomous auditors in this area. These groups will work together with the Government to create the first draft country action plan to be presented on March 30, 2012 by President Sebastián Piñera to the Chilean public.
Felipe Heusser, Director of Ciudadano Inteligente, one of the civil society organizations invited to the working group in charge of developing a country action plan for Chile, says that there is no doubt that Chile is much better off than it was a few years ago. “We now have a Freedom of Information Law in place that has worked reasonably well thanks to all stakeholders, including Government, civil society organizations, and the Transparency Council (Information Commissioner) that have done a fantastic job. In comparative terms, Chile is one of the countries with most submissions of information requests, which is a healthy sign of a society that is using its right to know,”Heusser notes.
“As a country, one of our greatest assets should be to have the image of a transparent country,” says Precht. Chile recently ranked number 22 in the Transparency International Corruption Perceptions Index and wants to move to the top 20. “Though we are witnessing some positive signs towards transparency like the publishing of data catalogs, much more needs to be done. Open data is not about the publication of a few pieces of data, but the substantive publication of enough data that may allow us to understand policies and account government’s performance. Policies will never be transparent if they can’t be tested and openly evaluated,” adds Heusser.
In March, Chile attended the OGP regional outreach meeting in Mexico, and also undertook a technical visit to Colombia to learn about the government’s strategy to reduce paperwork.
These past few months, Chile reached agreements on OGP at the technical committee level. However, the public consultation process involved only five organizations, so the remaining challenge is to get input from a larger number of citizens who may not yet be aware of these new measures.
According to Heusser, Chilean civil society organizations are looking forward to OGP and its upcoming annual meeting in Brazil. “We see it as a great opportunity to persuade our governments to move the transparency agenda forward and deeper by learning and sharing from some of the best transparency practices that exist among the international community.”
Thus far Precht and Heusser believe that the greatest success for Chile since joining the OGP has been the understanding that secrecy in public affairs has to be the exception, not the rule, and that ensuring accountability requires independent bodies to oversee public agencies. Chile will deliver its first draft action plan in April 2012 “and we want shine in this initiative,” concludes Precht.
OGP original publication: http://www.opengovpartnership.org/news/case-chile-secret-state-open-state
Por Juan José Soto.
El año 1971, el premio Nobel de economía James Tobin, propuso crear un impuesto a las transacciones financieras con el fin de desincentivar la volatilidad de los mercados financieros, sus consecuencias en la economía, y la especulación de corto plazo sobre éstos. Durante cuatro décadas, la tasa Tobin sólo fue defendida por pequeños grupos antiglobalización, y parecía una de esas utopías condenadas a materializarse más en sueños que en la realidad misma.
El año pasado, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy empezaron a liderar con fuerza la materialización de esa utopía en sus países y la Unión Europea, logrando que se sumaran España e Italia, quienes profundamente afectados por la crisis han visto la necesidad de restringir la especulación en los mercados financieros o de commodities.
Durante años, grupos ambientalistas han denunciado la degradación acelerada de nuestro medio ambiente, y la necesidad de buscar nuevas alternativas energéticas. A pesar del alto costo, países como Alemania y España, han decidido empujar con fuerza la generación de energía solar y eólica, convirtiendo esta cuestión en una decisión estratégica y en un plan de futuro con miras a nuestros hijos y no a nuestro tiempo terrenal.
Esta semana en Chile, un humorista pedía educación gratuita y de calidad, frente a millones de personas, y un cantante leyó una carta al presidente Piñera donde solicitaba que dejara a los jóvenes soñar.
¿Qué estén buscando los mas de 4 millones de personas que recientemente se sumaron a los padrones electorales y tendrán derecho a sufragar en las próximas elecciones? Es tal vez una de las grandes incógnitas.
Los comicios presidenciales del 2013, serán, por primera vez en muchos años, elecciones donde el peso de la propaganda y los lugares comunes como “mejor educación”, o “mejor salud”, perderán peso frente a la necesidad de los electores de escuchar nuevos sueños y nuevos discursos, que enfrenten el futuro y no solamente el presente.
Si bien en estos dos años de Gobierno de la Alianza se han sacado varios proyectos de ley adelante, el ministro Pablo Longueira tiene razón al insistir que a la administración Piñera le falta de relato. Es decir: el para qué, el para dónde vamos, por ejemplo con un postnatal de seis meses.
En un barco puedes trabajar todo el día, subir y bajar las velas varias veces, mover el timón otras tantas, incluso hasta no dormir, pero si no sabes para donde vas, es probable que termines en el mismo puerto desde el que zarpaste.
Hoy en Chile hay más de 4 millones de “huérfanos” con derecho a voto que buscan un líder que sea capaz de llevar adelante una reforma tributaria profunda y redistributiva, en busca de un modelo integral de sociedad mas equitativo. Alguien que sea capaz de cambiar la matriz energética de manera audaz y ambientalmente sustentable, porque nuestros jóvenes y nuestros hijos lo exigen. Que a su vez sea capaz de enfrentarse y terminar con la influencia del dinero de un puñado de empresas en la política chilena. Que también invite a soñar a los chilenos con una nueva Constitución para los próximos 100 años y lograr un sistema político mas representativo. Un líder que promueva una generación de emprendedores comprometidos con el bien de la sociedad y no solo con sus accionistas.
Chile busca un líder con urgencia. Una brújula que nos diga hacia dónde ir. Pero no precisamente desde la ingeniería, sino desde la poesía. Por muy mal que lo haga el gobierno de Sebastián Piñera, la Concertación no tiene ni el mas mínimo éxito asegurado en las próximas elecciones. Ganará quien logre revolucionar el discurso, mostrándonos nuevos mundos, nuevos desafíos, nuevas metas. Por el momento, se busca un líder…¡con suma urgencia!
Por José Francisco García.
Pronto comenzará a discutirse en la agenda pública la regulación del lobby –el Gobierno ha anunciado que enviará un proyecto de ley al Congreso Nacional este primer semestre–. Como sabemos, la discusión en Chile se ha basado en el modelo norteamericano; aunque en realidad, sólo ha mirado uno de los cuerpos legales: la Lobbying Disclosure Act(LDA) de 1995y sus modificaciones posteriores. Con todo, existe una serie de diferencias relevantes qué considerar al mirar, al norteamericano, como modelo.
En primer lugar, existen otros estatutos jurídicos complementarios a la LDA en Estados Unidos que regulan, o más bien, sobre-regulan a nuestro juicio, distintos aspectos de esta figura: la Foreign Agents Registration Act (para Gobiernos y empresas extranjeras), las reglas sobre tarifas de contingencia, restricciones a funcionarios públicos, las Reglas Éticas de la Cámara de Representantes y el Senado, entre otras.
Ello no sólo hace que la legislación norteamericana, sea una de las más restrictivas en el derecho comparado; sino queesta exhaustividad regulatoria llega a límites tan absurdos como el establecimiento de criterios objetivos de lo que debe entenderse por “amistad” en el contexto de la regulación sobre “regalos”.
Adicionalmente, la legislación norteamericana no es un buen modelo si se considera que el proceso de formación de la ley en ambos países es distinto.
Si bien en ambos existen Ejecutivos fuertes, el chileno cuenta con enormes potestades legislativas, por ejemplo, iniciativa exclusiva en diversas materias económicas y sociales (que requiere comprometer gasto público), amplio veto presidencial y el respeto a las ideas matrices de un proyecto de ley como límite a las enmiendas que se pueden presentar.
En el origen del presidencialismo, por ejemplo, la iniciativa legislativa exclusiva no es obvia. Si se acude al régimen presidencial más clásico, el norteamericano, construido sobre las bases diseñadas por Madison, Hamilton y Jay en El Federalista; la idea de iniciativa exclusiva presidencial no tiene asidero. No es por mero azar que la sección 1 del artículo I de la Constitución norteamericana le entregue “todos los poderes legislativos aquí consagrados” al Congreso.
Asimismo, para los parlamentarios chilenos, a diferencia de sus pares americanos, es bastante más costoso “vender” beneficios o ser “capturados” por los grupos de interés. Ello, gracias al proceso de formación de ley establecido en nuestro diseño constitucional. En efecto, la presión de los grupos de interés, debe considerar, además de las dos cámaras del Congreso (y las Comisiones que intervengan); al Presidente de la República y sus amplias facultades legislativas (desde la iniciativa exclusiva en algunas materias como el veto presidencial al final del proceso), y también al Tribunal Constitucional (tanto si se trata del control preventivo obligatorio respecto de algunas materias o a requerimiento parlamentario, como a posteriori, vía requerimiento de inaplicabilidad).
En el proceso de formación de la ley norteamericana, las cortapisas institucionales tienen una intensidad menor (en términos del rol del Ejecutivo y la Corte Suprema) y el poder del Congreso es mayor. Ello explica el surgimiento de la figura del logrolling como fenómeno central de este proceso, esto es, el intercambio de votos entre parlamentarios por la vía de introducir indicaciones de otros parlamentarios en un determinado proyecto de ley (bill) o asegurar el apoyo en otros proyectos.
Por otra parte, también encontramos otras críticas a la LDA que encontramos en la literatura especializada norteamericana y que conviene tener presente. A las objeciones tradicionales que se le hacen a las normas de divulgación obligatoria como el de la LDA, que implica la existencia de costos administrativos en tiempo y recursos para mantener registros y completar los formularios exigidos y las potenciales lesiones a los derechos de la Primera Enmienda (libertad de expresión); se suma una que les parece más atendible: el problema del volumen de información. Así, mayor cantidad de información podría no tener un correlato en la audiencia, ni el interés o la habilidad de estos para procesar dicha información, estableciendo vínculos relevantes y sacando conclusiones útiles. Con todo, para diversos autores, la existencia de grupos y organizaciones que sean vigilantes (watchdog), pueden transformarse en parte de la solución, al ser ellos quienes operen de intermediarios entre la información y las “pistas” o “piezas” de información relevantes para el público.
Bajo este contexto, es de esperar que el debate chileno pondere adecuadamente el tipo de instrumentos regulatorios adecuados para abordar el lobby en nuestro país. La legislación norteamericana, no parece ser el modelo adecuado.
Por Francisco del Campo | Comunicaciones FCI.
¿Cuántas becas entregó el programa Becas Chile el 2011?, ¿a qué países y universidades están destinadas las becas adjudicadas?, ¿quiénes las recibieron?, ¿Qué hay que hacer para postular?, ¿Qué necesidades cubren estas becas?, fueron una de las tantas preguntas que El Vaso quiso resolver.
El Vaso realizó una solicitud de información pública al Ministerio de Educación a través de la plataforma “Acceso Inteligente”, herramienta de la Fundación Ciudadano Inteligente que permite solicitar datos públicos a los organismos del Estado de una manera más simple y directa, con la intención de conocer las becas adjudicadas durante el 2011 por el programa Becas Chile.
Becas Chile cumple con una política de Estado que busca promover el aumento de formación y perfeccionamiento extranjero, modernizar y mejorar la articulación de los programas de becas gubernamentales, y fomentar la vinculación y cooperación internacional.
Las becas ofrecen oportunidades para diferentes intereses profesionales y académicos, los que se dividen en las categorías de formación de postgrado, formación técnica de nivel superior, y la formación docente. En la primera se incluyen las opciones de Magíster, Doctorados, Postdoctorados, Pasantías doctorales, Cotutelas de Doctorado y Sub-especialidades médicas. Para la formación técnica de nivel superior se ofrecen becas para Pasantías de perfeccionamiento de Competencias Técnicas. Y para la Formación docente, se brindan becas de Magíster para profesionales de la Educación, Semestre en el extranjero, Pasantías de Matemática y Ciencias, y Diplomado para Académicos de Pedadogía en Inglés.
El público objetivo de las becas de esta última categoría son los estudiantes de pedagogía que estén cursando los últimos años de su carrera en universidades de Chile, y profesionales de la educación que se desempeñen en escuelas municipales y subvencionadas. Mientras que las becas de Formación técnica se apunta a técnicos de nivel superior y profesionales de carreras de ocho semestres sin licenciatura, pero con al menos dos años de experiencia laboral ya sea en el sector público o privado.
El público objetivo de las becas de la categoría postgrados son los recién titulados, académicos y profesionales provenientes tanto del sector público como del privado. Mientras que los requisitos son tener excelencia académica ya sea habiendo terminado los estudios superiores con nota promedio superior a 5.0, o haber sido del 30% superior de su generación al momento de licenciarse u obtener el título. Además de ya haber sido aceptado en la universidad extranjera a la que se postula.
En total el 2011 se entregaron 1222 becas entre las distintas categorías antes mencionadas, las que se distribuyeron de la siguiente manera:
Magíster y Doctorados
De las 472 becas para Magíster adjudicadas el 2011 los países que más estudiantes chilenos recibirán son Inglaterra con 110 becas entregadas, Estados Unidos con 91 y Australia con 81 adjudicaciones. Mientras que las universidades que más chilenos recibirán para Magister son la española Universidad de Barcelona con 37 premiados, y las australianas University of Melbourne con 31 y Queensland University con 26 becarios.
Por otra parte, de las 298 becas adjudicadas para Doctorados los países con más premiados son España con 71 estudiantes, Inglaterra con 47, y Estados Unidos con 40 doctorados. En cuanto a las universidades que más becarios recibirán en este ítem son nuevamente la Universidad de Barcelona con 42 adjudicaciones, la universidad Autónoma de Barcelona con 10 y la University of Melbourne con 8 premiados.
Para quienes postulan a las becas de postgrados becas Chile cubre diferencialmente a cada una. A las becas de los Magíster, Postdoctorados y Cotutelas de Doctorado cubren hasta 2 años,; las Pasantías Doctorales hasta 10 meses; las Subespecialidades médicas hasta 3 años; y los Doctorados hasta 4 años.
Los servicios que cubren y el monto de dinero que entrega el Estado a través de estas becas, se distribuyen de diferentes maneras dependiendo de a la beca que se postuló y del coste de vida del país al que se va. Esta distribución se muestra en la siguiente tabla:
*El ministerio de Educación señaló que no pudo entregar los montos específicos para las becas dado que “la ejecución de los costos de las becas se realiza por períodos superiores a un año, por lo que aún no es posible detallar el costo total de cada beca”.
Así fue como Becas Chiles entregó sus becas durante el 2011, con el objetivo de, tal como dicen en su página oficial, “formar capital humano avanzado en todas las áreas del conocimiento, sin excepción alguna y en cualquier país excepto Chile, para que los graduados, a su regreso a Chile, apliquen los conocimientos adquiridos y contribuyan al desarrollo científico, académico, económico, social y cultural del país”.
Conozca aquí quiénes se adjudicaron cada una de las becas durante el 2011.
Por Marco Enríquez-Ominami.
Al perecer, las aventuras extra matrimoniales de Carlos Larraín e Ignacio Walker, que llevaban más de tres meses, está dejando a damnificados del duopolio político.
Respecto de las reformas políticas de RN y la DC, vuelve a plantearse en la opinión pública las sospechas metódicas cartesianas: ¿Será capaz la clase política del duopolio de autor reformarse y perder poder? ¿Podría pensarse que los conservadores de derecha y de izquierda estuvieran dispuestos a cambios tan radicales para perfeccionar nuestra democracia? Confío en que esta alentadora propuesta no sea un volador de luces y ojalá no sea un cambio tipo “gato pardo”.
El régimen semipresidencial, el sistema proporcional y el federalismo atenuado constituyen el eje de nuestro programa político, que ya en mi campaña presidencial eran considerados como una utopía por parte de los líderes conservadores. Si la fuerza de las ideas, hoy hegemónicas, ha logrado convencer a los miembros del duopolio de que el cambio es posible, no puedo sino regocijarme.
Yo profeso el optimismo trágico: estoy convencido de que resta mucho por hacer para romper la “jaula de hierro” weberiana, que exige quórums casi inalcanzables para este tipo de reformas. Esta tarea exige una dosis importante de voluntarismo, que supere el inmovilismo del pragmatismo ramplón. Propuesta y acción constituyen la tarea prioritaria de los Progresistas en esta coyuntura.
Terminar con la monarquía presidencial, que tanto daño ha hecho a la democracia chilena, reemplazándola por la democracia dual con correctivo presidencial – semi presidencialismo – con un jefe de Estado y un Jefe de Gobierno, es la garantía de un equilibrio de poder.
El sistema binominal catatónico no garantiza ninguna gobernabilidad y sólo reproduce la colusión política. Un sistema proporcional y una división correcta de los Distritos – según el número de habitantes y continuidad geográfica – debiera garantizar la equidad entre los sufragios obtenidos y los sillones parlamentarios. La elección de Intendentes y Consejeros regionales es fundamental para terminar con el centralismo; este el primer paso para un federalismo atenuado.
Aún faltan muchas tareas a realizar, como la revocación de mandatos, la limitación a una sola reelección de todos los cargos que emanen de la soberanía popular, sistema unicameral, plebiscitos vinculantes y voluntarios a nivel nacional, regional y comunal, primarias abiertas, obligatorias y vinculantes, controladas por el SERVEL. ¡El camino es largo, comencemos ya!
Es un gran mérito de los movimientos sociales, especialmente el estudiantil, el haber develado la profunda crisis de representación, legitimidad y gobernabilidad a la cual nos condujo una casta política, cuyo objetivo central consistía en reparto el botín del Estado y inmovilidad política, los cargos parlamentarios vitalicios, senadores y diputados nominados a dedo, combinaciones políticas que obtienen verdaderos récords de rechazo ciudadano. No cejaremos hasta lograr el cambio radical de nuestro sistema político, tarea central que me convoca, por la cual siento un profundo compromiso.
Por Pedro Daire.
Después de la horrible analogía del cajón de manzanas con una de ellas podridas, la frase sobre las preguntas, debe ser lo segundo más repetido en la educación chilena.
Advierto que no soy experto ni en educación, ni en negocios, ni en leyes, sólo un ciudadano interesado en la sociedad civil. No quiero atacar a nadie, pero sí hostigar a todos. Como declarado inexperto yo tengo muchas preguntas y para evitar que me tilden de tonto, voy a hacerlas:
¿Cuántos profesores de Enseñanza Media están estudiando la ley 20.285 de Acceso a la Información Pública y la ley 20.500 de Participación Ciudadana para luego enseñárselas a sus alumnos?
Un país que aspire a tener una democracia participativa, con una ciudadanía responsable y fuerte, debe educar en esos aspectos a sus jóvenes o como he escuchado por ahí “pre-ciudadanos”. Me parece que asignar trabajos escolares que, en vez de una búsqueda en wikipedia, requieran una solicitud de acceso a la información pública pueden tener un impacto tremendo como una primera interacción directa entre un estudiante de tercero medio y el gobierno central de Chile.
En mi trabajo como encargado del proyecto www.accesointeligente.org de la Fundación Ciudadano Inteligente yo percibo ese ideal de un gobierno que trabaja por nosotros, a veces bien, a veces mal, pero veo que se mueven por nuestras solicitudes. Recordemos que mandatario es quien recibe los mandatos.
¿Cuántas acciones pro sociedad civil has hecho durante esta primera quincena del 2012?
Es muy común olvidarse que somos parte activa de la sociedad, está el gobierno, está el Congreso, están los bancos, las farmacias, los liceos, las sociedades agrícolas y está la sociedad civil, tan importantes somos que incluso en nuestra Constitución estamos considerados ¿Te imaginas cuántas acciones pro-banca realizaron los bancos en lo que ya va del 2012 y cuántas planean hacer? Se entiende, ellos están preocupados de su sector, lo cultivan y protegen. Nosotros debiésemos hacer lo mismo, porque tu sector –y el mío- es el de la sociedad civil; debemos protegerlo y cultivarlo. No es fácil porque no te pagan por eso, pero te sugiero algo que al menos es gratis.
¿Por qué no elijes un tema y haces una pregunta al gobierno? La lees y si te parece que hay algo sospechoso sobre lo que profundizar envíalo a algún periodista amigo tuyo para que lo ponga en la tabla de investigaciones. O, al menos, publícalo en facebook o en twitter con un comentario, quizás una amiga tuya lo quiera investigar.
¿Acaso te parece que en libre competencia todo anda bien?, ¿El Serviu es lo suficientemente transparente y eficiente?, ¿Las Isapres son fiscalizadas tanto como a ti te gustaría?, ¿Carabineros explica perfectamente la asignación de patrullas en los distintos sectores del país? Estas preguntas y muchas otras pueden ser respondidas en menos de 20 días si tú las haces.
¿No tienes nada que decirle a ningún senador respecto a ningún proyecto de ley, entonces por qué no has usado nunca el sitio www.senadorvirtual.cl?
¿Qué Chile es más valioso, el solidario que dona más de $20.000.000.000 a la teletón o un Chile fiscalizador que evita que Kodama reciba sumas similares por razones injustificadas?
Una de las consecuencias más importante y beneficiosa de la ley de transparencia es un efecto secundario o colateral: la inhibición de actos de corrupción. Sólo por la posibilidad de que alguna vez alguien empiece a preguntar cosas al respecto y que investigando por aquí o por allá descubra la corrupción.
¿Cuántos Juan Pablo Davila andan por ahí a punto de cometer unos inexplicables “errores de tipeo” inhibidos ante la posibilidad de que a uno de los 17 millones de chilenos se le ocurra indagar en algo que lo comprometa?, ¡Porque con uno basta! Imagina que conveniente la acción, pro-sociedad civil, de tener una fuerza fiscalizadora de cientos de miles al establecer como obligatorio al menos un trabajo que use la ley de transparencia en tercero medio. Millones de alumnos preguntando al gobierno, para ser buenos fiscalizadores hay que tener práctica ¿Puede eso ser malo?
En definitiva, la gran pregunta es cuánto más eficiente sería el Estado de Chile si contara con una sociedad civil fuerte y responsable. Cuánta de la debilidad actual de nuestra sociedad civil es nuestra responsabilidad. Dicen por ahí que las sociedades tienen los gobiernos e instituciones que se merecen ¿Cuál nos merecemos los chilenos?
Fuente: El Dinamo.
Por José Francisco García.
La petición del movimiento estudiantil cuando estaba en su peak en torno a renacionalizar la gran minería chilena en manos de compañías extranjeras, no es más que un slogan. En efecto, no se trata siquiera de una argumentación puramente ideológica. Es sólo una buena estrategia comunicacional, dado que transmite una idea frente a la cual se puede tomar fácilmente una posición (sí o no). Su opacidad y falta de contenido argumentativo, son superados, por así decirlo, por su fuerza motivacional, que busca movilizar a la acción.
Porque más allá del slogan, el país no escuchó un ápice respecto de las bondades técnicas de la medida, o siquiera un plan respecto de su implementación y contenido: ¿se trata de los activos, del patrimonio, de las concesiones en manos de las empresas extranjeras? Ni una sola palabra.
Se trata de una propuesta que choca frontalmente con nuestras reglas fundamentales, con el espíritu y texto de nuestras normas constitucionales y legales en materia de derecho público económico, y los tratados de libre comercio y de protección de inversiones suscritos y vigentes en Chile, el grueso de ellos impulsados por los gobiernos de la Concertación–, aparece, de cara a nuestro ordenamiento jurídico como extraordinariamente inviable.
Nuestra Constitución Política actual (1980) descartó incorporar la figura de la nacionalización, institución que, como sabemos, fue incorporada en el ocaso de la Constitución de 1925 mediante reforma del 16 de julio de 1971. La nacionalización consiste conceptualmente en el traspaso o apoderamiento del Estado de un conjunto genérico de bienes destinados a una actividad o sobre las empresas dedicadas a ella, consideradas siempre como una universalidad, no siempre con derecho a indemnización, lo que dependerá de criterios políticos y la capacidad económica del Estado.
En este sentido, y en buena parte producto de la experiencia de la nacionalización de la gran minería del cobre durante el Gobierno de la Unidad Popular, es que en la actual Constitución se robusteció el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, estableciéndose además que nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio sino por ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional.
Entre algunas de las garantías que amparan al expropiado encontramos que siempre puede reclamar de la ilegalidad del acto expropiatorio ante los tribunales y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada por los tribunales.
Junto con lo anterior los tratados que hemos suscrito en materia de libre comercio y especialmente en materia de protección de inversiones, hacen que, no solamente deban respetarse la garantía de indemnizar, sino que justificar una expropiación o nacionalización, lo que puede llevar a los inversionistas afectados a demandar al Estado de Chile ante el CIADI.
Todas estas reglas no tienen la potencia comunicacional del slogan. No pululan las redes sociales ni frecuentan los debates en Twitter; pero un país requiere de una deliberación racional, de alto contenido para caminar al futuro. Y sobre todo de instituciones sólidas que respeten los derechos y libertades de todos los miembros de la comunidad, incluidas los de las minorías impopulares.
