Por Pedro Daire.
Hace tres semanas recibimos en la Fundación Ciudadano Inteligente la visita de Tony Bowden, un veterano de la tecnología para la sociedad civil. Tony lleva casi 10 años trabajando en MySociety.org, organización que fue de las inspiradoras para los fundadores de Ciudadano Inteligente.
Durante una semana Tony estuvo media jornada en nuestra oficina, conversando sobre lo que hacemos y compartiendo opiniones sobre lo que debiéramos hacer. Un tema importante dentro de la discusión fue nuestro sitio accesointeligente.org para hacer solicitudes de información ¿por qué? porque mysociety promovió y coordinó el desarrollo de un software open source (llamado Alaveteli) para hacer exactamente lo mismo. Bueno, la función es la misma, pero la realidad a la que se enfrentan muchos países a la hora de hacer una solicitud de información es distinta a la nuestra, en muchos países basta con enviar un e-mail, en cambio en Chile es necesario llenar un formulario web o uno en papel. Por esta razón nosotros no pudimos hacer uso de Alaveteli, aun sabiendo que existiría.
Desde que pusieron la primera piedra en Alaveteli han pasado ya 18 meses y, con mucho éxito, más de 10 implementaciones funcionando en varias partes del mundo. Seguramente este éxito fue el que motivó a los fundadores a hacer un encuentro de todos aquellos que algo tienen que ver con Alaveteli, en nuestro caso hacer lo mismo pero con otra tecnología.
El evento ocurrió en Oxford. Fueron dos días de conversación muy activa. Los asistentes tienen una pasión muy fuerte por lograr Libertad de Información (Freedom of Information) de la forma más fácil y cómoda para los ciudadanos.
Me llamó fuertemente la atención el uso que se le ha dado a alaveteli como una herramienta potente de presión en países en que aún no hay ley de acceso a la información pública. En estos países montan alaveteli (ej: http://tuderechoasaber.es/ y http://www.queremossaber.br) sin tener un canal claro ni plazos determinados y menos aun responsabilidades claras en las agencias gubernamentales. Pero eso no importa, ellos montan el sitio y comienzan preguntar. Pero qué pasa si hay que llenar papeles o formularios web, no importa, ellos creen que la mejor forma es vía e-mail y entonces así lo hacen, no adaptan la herramienta a su realidad, al contrario, usan la herramienta como creen que debiese funcionar su futura ley.
Antes dijimos que Alaveteli era un software open source, fuimos injustos, Alaveteli es 40% código y 60% comunidad. Muchas “manos” han pasado por Alaveteli (https://github.com/sebbacon/alaveteli) y todas las personas detrás de esas manos son de un valor inmenso a la hora de mejorar un software. En FCI nos dimos cuenta de eso y quisimos sumarnos y aportar con nuestra tecnología para aquellas jurisdicciones que requieran de formularios web y a cambio nuestros usuarios disfrutarían de todas las mejoras que esta excelente comunidad le haga a la aplicación en todos los aspectos de usabilidad que nosotros no hemos podido pulir por falta de tiempo.
En la conferencia manifestamos nuestra voluntad de crear un módulo de Acceso Inteligente que se integre 100% con Alaveteli y que permita manejar simultáneamente solicitudes vía e-mail y vía webforms. La comunidad celebró esta intención, eventualmente sería útil para España y Brasil y que están discutiendo sus leyes y el formulario web suena fuerte en el debate.
Esperamos que esta integración se concrete dentro de los próximos meses. Estamos ansiosos de entregarle a los ciudadanos un mejor servicio para acceder a la información pública. ¡Estén atentos!
M.I.F.S. son sus iniciales, degolló a dos jóvenes la semana pasada, tiene 16 años y por determinación de la Fiscalía Centro Norte quedó recluido en un centro del Sename, esto por 70 días a partir del miércoles 25 de enero. Hasta $242.045 pesos podría significarle al Estado mensualmente mantenerlo, ya que eso es lo que cuesta tener a un menor en los centros del Sename.
El Vaso quiso saber cuánto cuesta mantener a los menores de edad en un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename), para esto utilizamos la plataforma Acceso Inteligente, de la Fundación Ciudadano Inteligente, que te permite solicitar información a los organismos públicos de manera simple y efectiva.
El Sename dispone de distintos tipos de recintos en todo el país para atender a lactantes, niños y adolescentes. Estos establecimientos están clasificados en cuatro tipos distintos, funcionando y atendiendo de distintas maneras, por tanto teniendo diferentes gastos y costos para la mantención de los menores de edad. Están los Centros de Reparación Especializados de Administración Directa (CREAD), los Centros Semi Cerrados (CSC ), los Centros de Régimen Cerrado (CRC), y los Centros de Internación Provisoria (CIP).
1259 menores fueron atendidos por estos dos últimos centros entre el 1 de enero del año pasado hasta el 30 de noviembre, lo que al Estado le costó en promedio $242.045 pesos mensuales por joven. Estos dos servicios funcionan en un mismo recinto y con una administración común, por lo que el costo es el mismo a pesar de las distintas prestaciones que se realizan.
Los Centros de Internación Provisoria (CIP) -donde se encuentra M.I.F.S. esperando su condena- reciben a adolescentes y jóvenes que están en espera de la resolución de los fiscales para los cargos que presentan. Mientras que los Centros de Régimen Cerrados (CRC) atiende a los menores que deben cumplir sus condenas.
Según los datos entregados por el Sename por cada adolescente en estos recintos se gasta en promedio mensualmente $80.824 en alimentación, $4.007 en vestuario y calzado, $19.426 en materiales ( artículos de aseo, de enseñanza, de oficina, materiales, y más), $5.115 en mantención y reparación del establecimiento, $67.592 en consumos básicos, y $65.081 en otros (Insumos de computación, mantención de vehículos, combustible, etc)
Por lo que sólo en los CIP y en los CRC entre enero y noviembre del 2011 el Estado desembolsó $304.734.655, para mantener a los menores en estos centros del Sename.
Por otra parte, los Centros Semi Cerrados (CSC) reciben adolescentes y jóvenes condenados a sanción privativa de libertad que tienen residencia obligatoria en el centro, pero reciben programas de actividades personalizados que se desarrollan dentro y fuera del recinto.
Tanto en los Centro de Régimen Cerrados como en los Semi Cerrados desarrollan un programa de reinserción social que incluye la continuación de estudios, la formación para el trabajo, el manejo de tecnologías digitales, la atención de salud, el tratamiento de adicciones y el fortalecimiento del vínculo con la familia.
El costo mensual promedio de mantener a un menor en los CSC durante el año pasado fue de $237.900 pesos. Estos se desglosan en $53.398 en alimentación, $3.040 en vestuario y calzado, $73.650 en materiales (artículos de aseo, de enseñanza, de oficina, materiales, y más), $3.085 en mantención y reparación del establecimiento, $35.817 en consumos básicos, y $68.910 en otros (Insumos de computación, mantención de vehículos, combustible, etc).
311 jóvenes fueron atendidos entre enero y noviembre del 2011 en los Centros Semi Cerrados por lo que en total en esos once meses el Estado gastó $73.986.900 en la mantención de estos menores.
El cuarto sistema de atención son los Centros de Reparación Especializados de Administración Directa (CREAD) que reciben a población de menores de mayor complejidad, donde en una modalidad residencial entregan una atención especializada con estrategias apuntadas a reparar el daño asociado a la vulneración de derechos, entregar calidad de vida, y dar protección especial
$197.223 pesos mensuales fue lo que le costó en promedio al Estado la mantención de los 774 menores que estuvieron en los CREAD durante el 2011. $67.827 en alimentación, $10.373 en vestuario y calzado, $18.625 en materiales (artículos de aseo, de enseñanza, de oficina, materiales, y más), $3.587 en mantención y reparación del establecimiento, $36.660 en consumos básicos, y $60.151 en otros (Insumos de computación, mantención de vehículos, combustible, etc).
Considerando el total de menores en las cuatro modalidades de atención y el total de gasto promedio por cada uno, se ve que el total desembolsado por el Estado entre enero y noviembre del año pasado para mantener a los 2344 menores de edad en estos centros del Sename fue de $531.372.157 pesos.
*Revisa la ley de responsabilidad penal para adolescentes Ley 20.084.
289.692.417.254, no es ni un número de llamado al extranjero, ni los minutos que hay en un año, esa es la cifra en pesos de lo que en promedio el Gobierno gasta al año en mantención de servicios básicos para los estudiantes de la educación pública.
Gracias a una solicitud de información pública realizada por El Vaso en la plataforma Acceso Inteligente, de la Fundación Ciudadano Inteligente, que te permite solicitar información a los organismos públicos de manera simple y efectiva, se pudo conocer cuánto gastó el Gobierno el 2011 en entregar alimentación, útiles y computadores a los escolares de la educación pública.
En útiles escolares el Estado desembolsó el 2011 un total de $2.954.725.523 para 1.212.125 escolares, es decir, por cada estudiante se invirtió $2.437 pesos para sus útiles. La región en la que más se gastó en este ítem fue la Metropolitana, dado su mayor número de colegiales, donde para 398.364 estudiantes se destinaron poco más de $932 millones de pesos. Mientras que en la región que menos dinero se gastó fue en la de Magallanes que recibió $17.712.620 pesos para 7.060 alumnos.
En cuanto a la comida, la Junaeb no especificó la cantidad de estudiantes que reciben este beneficio, pero sí mostró los montos gastados por el Estado en este servicio durante el mes de noviembre del pasado año, tomándolo como mes referencial. El total de $30.148.701.009 pesos fue lo que se invirtió en el penúltimo mes del 2011 para entregarles alimentación a los escolares de la educación pública.
La entrega de esta alimentación, que consiste en desayuno y almuerzo o sólo este último – dependiendo del recinto- y que les proporciona a los jóvenes entre 700 a 1000 calorías, costó poco más de 8 mil millones de pesos para los alumnos de Media, $18.515.270.832 para los alumnos de Básica, $1.718.786.985 para los de Kinder, mientras que para los de Pre kínder se desembolsó mil millones y medio de pesos.
En definitiva, si consideramos 9 meses de asistencia escolar, se puede decir que para entregar alimentación en la educación pública el Estado gasta $271.338.309.081, algo así como US$542 millones de dólares.
Además de los útiles y la alimentación, el Gobierno ofrece una iniciativa llamada “Yo elijo mi PC” la cual consiste en premiar con un computador de regalo a los alumnos de 6° Básico que tuvieron mejor rendimiento y que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población. Estos aparatos tecnológicos se escogen a partir de un catálogo que el Gobierno ofrece donde se encuentran diversas marcas con distintas capacidades de funcionamiento.
El programa lleva tres años y 150 mil escolares ya han recibido su PC. Este año 59.334 estudiantes fueron escogidos para recibir este beneficio lo que le significará al Estado $15.399.382.650 pesos. De estos casi 31 millones de dólares la Región Metropolitana es la que se lleva mayor parte, con 4 mil millones y medio de pesos, dado a sus 16.756 alumnos que clasificaron para el premio. De tras lo siguen la VIII Región con 9.169 estudiantes recompensados y la V Región con 5.858 de estos alumnos. Por su parte, la región con menos escolares premiados fue la de Aysén, que tuvo 361 colegiales clasificados para el beneficio, lo que al Estado le costará $97.127.772 pesos.
En definitiva, si se consideran los gastos por alimentación de 9 meses, más lo desembolsado por útiles escolares, y el programa “Yo elijo mi PC”, el Estado gasta al año en estos servicios de mantención para los alumnos de la educación pública $289.692.417.254 pesos, cerca de US$ 579 millones de dólares
Por Francisco del Campo | Comunicaciones FCI
La suma de $1.147.984.473 pesos le costó al Estado detener el incendio forestal de Torres del Paine, que dejó una gran pérdida en parte del sector de Olguín de la reserva nacional de la Región de Magallanes.
Para saber esto, El Vaso realizó una solicitud de información pública a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) a través de la plataforma “Acceso Inteligente”, herramienta de la Fundación Ciudadano Inteligente que permite solicitar datos públicos a los organismos del Estado de una manera más simple y directa. La respuesta dada en definitiva por la Onemi mostró cuánto fueron los gastos incurridos para solucionar el incendio de Torres del Paine hasta el 3 de febrero.
El incendio comenzó el 27 de diciembre del pasado año después que un turista israelí prendiera fuego a un papel higiénico. Los gastos para contener el desastre que consumió 17.606 hectáreas del parque nacional han sido para contratar aeronaves, equipamiento de operaciones, combustible, y el traslado de personas y elementos.
El arriendo de aeronaves de combate de incendio especiales para las condiciones meteorológicas de la zona fue lo más costoso de todo el proceso, alcanzando la cifra de $656.731.956 pesos. Esto además de todo el combustible que se tuvo que usar para estas aeronaves que tuvo un costo de $46.868.979 pesos.
Hasta 900 personas se encontraron intentando detener el fuego en el momento de mayor complejidad de la operación, señaló a la prensa el director de la Conaf en Magallanes, José Fernández. Entre ellos habían brigadistas de la Conaf, bomberos, personal de las fuerzas armadas, brigadas forestales del Ejercito de Chile, además de brigadistas extranjeros (principalmente de Argentina y Uruguay) que llegaron a colaborar.
Para todos estos servicios que corresponden a los gastos de logística el Estado desembolsó $351.907.873 pesos. Estos se desglosan en el desplazamiento de las brigadas, el alimento para ellos, sus respectivos equipamientos, la habilitación de albergues, entre otros.
Otro gasto importante fue el del traslado de las personas que se encontraban en el sector del incendio, que incluso significó la evacuación emergencia por los servicios nacionales de más de 400 turistas. Todas estas asistencias le costaron a la Onemi $48.896.501 pesos.
El resto de los gastos se desembolsaron tanto en combustible para otras maquinarias, lo que costó $40.040.354, como para el traslado de elementos que la Onemi no especifica, que tuvo un costo de $3.538.810 pesos.
En definitiva, todo el operativo para detener y solucionar el incendio forestal de 17.606 hectáreas en Torres del Paine le significó al Estado $1.147.984.473 pesos.
Por Rocío Palma | Comunicaciones FCI.
Con la puesta en vigencia de la Ley de Transparencia en abril del 2009, muchos creyeron que sería un paso más para poder fiscalizar y saber lo que las autoridades realizan. A pesar de que las instituciones, durante estos años, han entregado la información solicitada por la ciudadanía, hay ciertos aspectos que con el pasar del tiempo, deberían mejorarse.
El artículo 10 de la Ley N°20285 de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, estipula que: “toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley. El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones“.
También, el artículo 11, sobre el principio de facilitación, dice que los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo.
Durante el 2011 y lo que llevamos de este año, diferentes han sido las solicitudes que se enviaron desde accesointeligente.org a los ministerios y a sus derivados. La mayoría de las preguntas fueron contestadas, pero hubo ciertas respuestas que no se entendían y para un ciudadano común y corriente, la información entregada se debe encontrar lo más comprensible posible.
Hubo situaciones que llamaron la atención, no por la calidad de las respuestas sino por la poca claridad y el desorden de los datos recibidos por los distintos organismos públicos.
¿Entregar para cumplir?
El 22 de noviembre del 2011, se envió una solicitud al Ministerio de Educación, más específicamente a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, pidiendo información sobre el costo de producir o crear un pase escolar, sus características y los servicios que monitorean la correcta asignación de la Tarjeta Nacional Estudiantil.
Cuando se cumplían los 20 días hábiles que estipula la ley para que los organismos entreguen la información -el 20 de diciembre del 2011- el ministerio en cuestión pidió la prórroga de 10 días hábiles, por lo que el 3 de enero debían responder.
Precisamente, el 3 de enero llegó la respuesta a la solicitud. En ella, se adjuntaba un archivo Word, que decía: “Junaeb no maneja costos, sólo maneja precios de la fabricación de tarjetas. Los precios para 2010 – 2011 fueron: Básica y Media Región Metropolitana: $2.038, Educación superior de la región Metropolitana: $2.038, Enseñanza Superior en otras Regiones: $2.140, Enseñanza Básica y Media en otras regiones: $904. Por lo tanto, la primera pregunta, se respondió.
Respecto al resto de las preguntas, se recibió (dentro del mismo documento) una planilla que contenía el nombre de la empresa, cobertura 2010-2011 y el monto del contrato 2010-2011. Nada de esto fue especificado y no decía a qué correspondía cada empresa, es más, las empresas eran de buses y solamente una pertenecía al rubro de tarjetas plásticas.
Se supone, y una de las ventajas de esta ley de Transparencia, es que la información la entiendan todos y no haya que ser un experto para comprender datos y gráficos, que al final si no se entienden por sí mismos son trabas para la anhelada “transparencia” de los organismos públicos.
Fue así como El Vaso el 6 de enero renvió la solicitud al Ministerio de Educación, señalando que la información recibida no había sido clara y que una explicación más específica del recuadro sería lo adecuado para lograr entender dichos datos que eran engorrosos.
Tras esta medida, con fecha 11 de enero, el organismo en cuestión, respondió nuevamente a la solicitud. Esta vez, el archivo adjunto era un Excel por lo que se creyó que la respuesta sería diferente y más completa respecto a la anterior, pero se trataba de exactamente lo mismo, sólo que en un formato diferente.
¿Entiendes?
Algo similar sucedió con una solicitud enviada al mismo organismo. El 19 de diciembre del 2011 se preguntó sobre el total de escolares en la educación pública y cuáles eran los costos promedio de cada alumno, es decir cuánto se gasta al mes en almuerzo, infraestructura y en útiles
El 3 de enero de este año, llegó la información solicitada, el problema fue que ésta venía en desorden, las regiones no coincidían con los montos entregados, y no era una planilla en la que había que hacer conjeturas para lograr comprender esos números. Por esa razón, se renvió una nota diciendo que los datos eran ilegibles.
La ley no estipula una fecha límite cuando el solicitante renvía una pregunta con la que no quedó conforme, por lo que la institución tiene tiempo suficiente para dar una respuesta legible, y así fue. Tres días después, la información llegó completa, ordenada y clara.
Si bien esta situación no sucede en todos los casos, debemos ser más rigurosos con nuestras autoridades, pues a la hora de pedir información, también tenemos que hacer valer nuestro derecho e insistir en la buena entrega de datos para que las instituciones cumplan con la ley.
Por Pedro Daire.
Después de la horrible analogía del cajón de manzanas con una de ellas podridas, la frase sobre las preguntas, debe ser lo segundo más repetido en la educación chilena.
Advierto que no soy experto ni en educación, ni en negocios, ni en leyes, sólo un ciudadano interesado en la sociedad civil. No quiero atacar a nadie, pero sí hostigar a todos. Como declarado inexperto yo tengo muchas preguntas y para evitar que me tilden de tonto, voy a hacerlas:
¿Cuántos profesores de Enseñanza Media están estudiando la ley 20.285 de Acceso a la Información Pública y la ley 20.500 de Participación Ciudadana para luego enseñárselas a sus alumnos?
Un país que aspire a tener una democracia participativa, con una ciudadanía responsable y fuerte, debe educar en esos aspectos a sus jóvenes o como he escuchado por ahí “pre-ciudadanos”. Me parece que asignar trabajos escolares que, en vez de una búsqueda en wikipedia, requieran una solicitud de acceso a la información pública pueden tener un impacto tremendo como una primera interacción directa entre un estudiante de tercero medio y el gobierno central de Chile.
En mi trabajo como encargado del proyecto www.accesointeligente.org de la Fundación Ciudadano Inteligente yo percibo ese ideal de un gobierno que trabaja por nosotros, a veces bien, a veces mal, pero veo que se mueven por nuestras solicitudes. Recordemos que mandatario es quien recibe los mandatos.
¿Cuántas acciones pro sociedad civil has hecho durante esta primera quincena del 2012?
Es muy común olvidarse que somos parte activa de la sociedad, está el gobierno, está el Congreso, están los bancos, las farmacias, los liceos, las sociedades agrícolas y está la sociedad civil, tan importantes somos que incluso en nuestra Constitución estamos considerados ¿Te imaginas cuántas acciones pro-banca realizaron los bancos en lo que ya va del 2012 y cuántas planean hacer? Se entiende, ellos están preocupados de su sector, lo cultivan y protegen. Nosotros debiésemos hacer lo mismo, porque tu sector –y el mío- es el de la sociedad civil; debemos protegerlo y cultivarlo. No es fácil porque no te pagan por eso, pero te sugiero algo que al menos es gratis.
¿Por qué no elijes un tema y haces una pregunta al gobierno? La lees y si te parece que hay algo sospechoso sobre lo que profundizar envíalo a algún periodista amigo tuyo para que lo ponga en la tabla de investigaciones. O, al menos, publícalo en facebook o en twitter con un comentario, quizás una amiga tuya lo quiera investigar.
¿Acaso te parece que en libre competencia todo anda bien?, ¿El Serviu es lo suficientemente transparente y eficiente?, ¿Las Isapres son fiscalizadas tanto como a ti te gustaría?, ¿Carabineros explica perfectamente la asignación de patrullas en los distintos sectores del país? Estas preguntas y muchas otras pueden ser respondidas en menos de 20 días si tú las haces.
¿No tienes nada que decirle a ningún senador respecto a ningún proyecto de ley, entonces por qué no has usado nunca el sitio www.senadorvirtual.cl?
¿Qué Chile es más valioso, el solidario que dona más de $20.000.000.000 a la teletón o un Chile fiscalizador que evita que Kodama reciba sumas similares por razones injustificadas?
Una de las consecuencias más importante y beneficiosa de la ley de transparencia es un efecto secundario o colateral: la inhibición de actos de corrupción. Sólo por la posibilidad de que alguna vez alguien empiece a preguntar cosas al respecto y que investigando por aquí o por allá descubra la corrupción.
¿Cuántos Juan Pablo Davila andan por ahí a punto de cometer unos inexplicables “errores de tipeo” inhibidos ante la posibilidad de que a uno de los 17 millones de chilenos se le ocurra indagar en algo que lo comprometa?, ¡Porque con uno basta! Imagina que conveniente la acción, pro-sociedad civil, de tener una fuerza fiscalizadora de cientos de miles al establecer como obligatorio al menos un trabajo que use la ley de transparencia en tercero medio. Millones de alumnos preguntando al gobierno, para ser buenos fiscalizadores hay que tener práctica ¿Puede eso ser malo?
En definitiva, la gran pregunta es cuánto más eficiente sería el Estado de Chile si contara con una sociedad civil fuerte y responsable. Cuánta de la debilidad actual de nuestra sociedad civil es nuestra responsabilidad. Dicen por ahí que las sociedades tienen los gobiernos e instituciones que se merecen ¿Cuál nos merecemos los chilenos?
Fuente: El Dinamo.
Por Rocío Palma | Comunicaciones FCI
Durante el 2011, la Fundación Ciudadano Inteligente, dentro de todas las aplicaciones que creó, lanzó “Acceso Inteligente” con el fin de promover la solicitud de información a los órganos del Estado y a la vez, compartir sus respuestas en un sólo lugar.
Esta herramienta permite que el usuario, a través de una sola plataforma, realice y ponga en ejercicio la Ley de Transparencia que durante estos últimos años ha sido promovida por el Gobierno en pos de mayor monitoreo de la ciudadanía a sus instituciones.
Por esta razón, es que la Fundación Ciudadano Inteligente quiso realizar el mismo ejercicio y traducir de manera simple los resultados de estas solicitudes que se hicieron durante los dos últimos meses del año, para ver en qué estado se encuentran las peticiones a los diferentes órganos del Estado.
Hay que recordar que la ley establece que aquél organismo que recibe una consulta tiene un plazo máximo de 20 días hábiles para responder la solicitud, de negarse a contestar, esta situación debe ser informada al solicitante. El plazo puede ampliarse por 10 días hábiles más en el caso que sea difícil reunir la información solicitada, informando esta prórroga al usuario.
Los resultados
Durante noviembre, se enviaron 77 solicitudes de las cuáles 12 no obtuvieron respuesta por parte de los organismos requeridos. El Ministerio que contestó la menor cantidad de solicitudes fue el de Agricultura junto al de Salud, pues en el último caso ninguna de ellas fue respondida, hecho que se demuestra con la situación de solicitudes enviadas a FONASA durante todo el 2011.
Respecto a los ministerios más solicitados para hacer las peticiones, se encuentra el del Interior con un 25,3% se las preguntas, luego el Ministerio de Agricultura con un 16,4% y por último el de Defensa Nacional con un 13,9%. En cuanto a los organismos menos requeridos, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la Secretaría General de Gobierno y el de Relaciones Exteriores, fueron aquellos que menos peticiones tuvieron, solamente con un 1,3% de preguntas respectivamente.
Durante el mes, hubo un promedio de 2,5 preguntas enviadas al día a las instituciones correspondientes. La primera solicitud se realizó el 2 de noviembre y fue respondida el mismo día y la última se hizo el 29 de noviembre y se contestó el 28 de diciembre.
El ministerio que llamó la atención por la baja cantidad de solicitudes realizadas, fue el de Educación. Durante el 2011, el Gobierno como la ciudadanía se vio convulsionada por la situación y las demandas que exigían los estudiantes de una educación gratuita y sin lucro, hecho que mantuvo a varios establecimientos universitarios con paros que duraron prácticamente más de cinco meses.
Durante noviembre, al ministerio de Educación se le realizaron preguntas respecto a la PSU y al costo de producir un Pase Escolar, por lo que el tema que durante todo el año causó impacto, no se consultó durante este mes.
En cuanto a diciembre, se hicieron 66 solicitudes en la página accesointeligente.org, la institución que más solicitudes recibió fue el ministerio de Agricultura, con más de 10 peticiones, lo que equivale al 22,7% de las preguntas enviadas a través de esta aplicación web.
Un año exitoso
Como recuento global y de fin de año, hubo ciertas respuestas que generaron polémica dentro de distintas esferas. A través de las preguntas enviadas a accesointeligente.org pudimos obtener que el presupuesto para la cena realizada al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, fue de más de 26 millones de pesos por el servicio de coctelería y cena completa.
También, solicitudes como el costo de la campaña del Gobierno “Yo sí quiero estudiar”, desembolsó $35.000.000 millones de pesos en la promoción por radio, $242.800.000 para la por prensa, $2.500.000 en pendones y $1.800.000 en la distribución de estos. Alcanzando un total de $282.100.000 con IVA incluido.
La Operación Loreto, fue una buena iniciativa para entregar información. Se pudo descubrir que para el rescate de la Isla Juan Fernández se habían gastado 105 millones de pesos durante las dos primeras semanas de rescate.
Gracias a la herramienta accesointeligente.org se solicitó información que ayudó a facilitar la transparencia de diferentes instituciones, y ver, respaldado con las respuestas, el trabajo que ellas realizan.
Por Francisco de Campo | Comunicaciones FCI.
$32.733.185 pesos fue lo que gastó el Gobierno en reconstruir los diversos daños que dejó el incendio en el Centro de Detención Preventiva San Miguel que le costó la vida a 81 reclusos a fines del 2010
Hace un año, en la madrugada del 8 de diciembre, en el cuarto piso de la torre número 5 de la cárcel de San Miguel ocurrió una de las mayores tragedias en la historia penitenciaria de Chile. Durante una riña interna, un grupo de presos utilizó un balón de gas como lanzallamas provocando un incendio en el sector que significó la muerte a 81 internos. Además de las pérdidas humanas, el incidente dejó grave daños en las dependencias de la torre, la cual no pudo ser utilizada durante meses, en un país donde el hacinamiento penitenciario es un tema que está en discusión permanente.
El costo total en la reparación de la Torre 5 fue $32.733.185 pesos. La cifra fue obtenida gracias a la petición realizada por un ciudadano anónimo, a través de la herramienta “Acceso Inteligente” (www.accesointeligente.org), una de las aplicaciones de la Fundación Ciudadano Inteligente (FCI), creada con el objetivo de reducir las asimetrías de la información para que las personas comunes y corrientes puedan aprovechar los beneficios de la ley de transparencia de manera más fácil y directa.
La remodelación abarcó todo el cuarto piso de la torre 5 del Penal de San y se enfocó en las redes contra incendio, en la pintura de las paredes, la reconstrucción de los dormitorios, la creación de nuevos comedores, la reparación de las zonas comunes, y la instalación de muros divisorios en el ala sur de la torre. Sólo en esos ítems se invirtieron $27.766.118 pesos con IVA incluido.
También se realizaron reparaciones en los baños del ala norte de la torre dañada, lo que costó $2.554.513 con IVA. Cifra levemente mayor a la desembolsada para los baños del ala sur, que significaron un gasto de $2.412.554.
En definitiva, según los datos entregados por Gendarmería de Chile a través de “Acceso inteligente”, el gasto total que tuvo que pagar el Gobierno para remodelar el área de la cárcel chilena dañada fue de $32.733.185.
La realidad hoy en San Miguel
Al momento de la tragedia 1.957 reclusos hombres habitaban la penitenciaría de San Miguel, cifra que hoy ha disminuido hasta los 924 internos y que pretende tener un drástico cambio para el 2012, ya que las autoridades han anunciado que el próximo año el penal se transformará en un centro de reclusión femenino. Para ello ya comenzó el traspaso tanto de los habitantes del centro de San Miguel a otros recintos penitenciarios, así como la llegada de reclutas mujeres al recinto carcelario.
Los traslados comenzaron gradualmente con el envío de decenas de presos desde la Cárcel de San Miguel a: la Cárcel de Colina, la Cárcel de Santiago Sur, y la Cárcel Concesionada de Rancagua. De esta forma se produjo hace pocos meses la llegada de 153 reclusas mujeres desde el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín.
Estas internas que permanecen en prisión preventiva, son quienes hoy habitan en la torre 5 del Penal de San Miguel. Centro que pretende alojar en un futuro cercano a mil mujeres, en sus instalaciones que están construidas para recibir a 1.100 presos.
Esta maniobra del Gobierno que tiene como objetivo disminuir el hacinamiento en los centros de reclusión chilenos (el 70% de las cárceles chilenas sufren de esta situación), continuará durante el próximo año permitiendotal como el Centro de Prisión preventiva de San Miguel,que el penal femenino de San Joaquín disminuya su sobrepoblación que con una capacidad de 900 internas pase de tener 2.200 presidiarias a quedar con 1.000 reclusas, aproximadamente.
Por Comunicaciones FCI.
Imagina que las principales ONG’s chilenas en pro de la transparencia y la participación ciudadana se unieran en un consorcio para potenciarse y crear una organización multidisciplinaria que fortalezca como nunca el monitoreo a las instituciones públicas, privadas y la relación entre las personas y la información pública. Eso es lo que realizaron las fundaciones chilenas Ciudadano Inteligente, Pro Acceso, Pro Bono y Participa que hoy inauguraron el sitio web de la nueva agrupación “Consorcio por la Transparencia”.
www.consorcioporlatransparencia.cl es la página web de esta nueva iniciativa que une a expertos en transparencia, acceso a la información, participación ciudadana, tecnología y derecho, para trabajar en pos del bien social. Las organizaciones que ahora trabajarán en conjunto pretenden acrecentar su compromiso con la sociedad, promoviendo y facilitando el acceso a la información pública, incentivando la participación ciudadana, y monitoreando a las diferentes instituciones públicas y privadas. Además de desarrollar acciones de educación, difusión y empoderamiento ciudadano en torno a estos derechos.
Específicamente la agrupación realizará un programa de apoyo legal para los ciudadanos y su relación con el cumplimiento de la Ley N°20.285 y el Acceso a la Información Pública por parte de los órganos de la administración del Estado y las empresas públicas. Como también, realizarán una constante fiscalización de estas instituciones públicas en cuanto a su probidad y legislación.
Cómo lo harán
Estas ONG’s trabajarán con las peticiones de información pública que los ciudadanos realizan en el sitio web www.accesointeligente.cl, plataforma de la fundación Ciudadano Inteligente que le permite a las personas una mejor interacción, facilidad y rapidez en la solicitud de acceso a la información pública. De estas demandas ciudadanas el consorcio analizará los problemas más reiterados y las mayores dificultades con que frecuentemente se encuentran las peticiones para lograr una respuesta satisfactoria y correspondiente a lo solicitado a los entes públicos.
A su vez, el Consorcio por la Transparencia proporcionará gratuitamente servicios legales para ayudar a los ciudadanos que se enfrenten con un incumplimiento de la Ley de transparencia y vean entrampado el derecho de todas las personas al acceso a la información pública.
Con estas actividades la agrupación pretende ser un aporte en la gestión de políticas públicas sobre transparencia –al detectar las mayores dificultades con que se enfrenta la ciudadanía al momento de requerir información pública-, mostrarle a la ciudadanía cuáles son sus derechos en estas materias, sus deberes como ciudadanos y promoverles la participación cívica. Todo esto con la intención de mejorar la calidad de la democracia en Chile.
El sitio web
La página de la agrupación estará contantemente informando sobre las investigaciones, publicaciones, asesorías legales a organizaciones y ciudadanos, actividades y otras iniciativas que el Consorcio por la Transparencia esté realizando. Asimismo, se mostrarán las opiniones de los miembros de la agrupación sobre la transparencia y democracia en Chile.
La agrupación pretende ser un actor y aportar en el debate público sobre estas materias, con la intención de mejorar los estándares en probidad, transparencia y democracia.
www.consorcioporlatransparencia.cl
Por Rocío Palma | Comunicaciones FCI.
El 21 de abril de este año, la Fundación Ciudadano Inteligente lanzó la aplicación accesointeligente.org con el fin de hacer más eficiente el ejercicio de acceso a información pública amparado por la Ley de Transparencia. Ésta aplicación funciona como una “ventanilla única”, enviando desde un sólo lugar todas las solicitudes de información de los usuarios a las instituciones requeridas, procesando luego la respuesta en el mismo portal y creando una base de datos con las respuestas anteriores.
La ley de Transparencia y acceso a la Información Pública – Nº20.285-, ha permitido que todos los chilenos sean capaces de ejercer su derecho de solicitar y recibir información de cualquier órgano público, y de esta manera fortalecer aún más la democracia.
La ciudadanía ha tomado nota de aquello, y hoy la solicitud de información a organismos del Estado vía internet se ha transformado en una herramienta poderosa y con variadas utilidades, desde investigaciones periodísticas hasta consultas por problemas particulares que afectan a los ciudadanos.
LO QUE NO SE CONTESTÓ
Con la entrada en funcionamiento de Acceso Inteligente, se ha revelado que no todo ha ido tan bien como se esperaría, pues las derivaciones, prórrogas y simplemente la ausencia de respuestas han hecho más lento o incluso defectuoso el proceso por medio del cual los ciudadanos ejercen su derecho a información. Éste es el caso del Fondo Nacional de Salud (FONASA); donde desde abril hasta agosto de este año, se ingresaron satisfactoriamente 24 solicitudes a través de http://www.accesointeligente.org pero nunca se obtuvieron respuestas.
La ley establece que las instituciones tienen 20 días hábiles para responder a las solicitudes de los usuarios o negarse, pero ésta negativa debe ser de manera fundada a quien hace la solicitud. El plazo puede ampliarse por 10 días hábiles más en el caso que sea difícil reunir la información solicitada, informando esta prórroga al usuario.
De todas las solicitudes hechas a FONASA ninguna obtuvo respuesta. Ni siquiera hubo una negativa de la institución frente a determinados temas o un aviso de prórrogas, sino que simplemente obviaron la entrega de información.
La ley estipula sanciones para los organismos que no cumplan con su obligación de entregar información. Para ello, si los ciudadanos no reciben respuesta pasado el plazo podrían elevar un reclamo ante el Consejo para la Transparencia.
Si la institución requerida rehúsa entregar la información sin fundamento alguno, también se podrá reclamar ante el Consejo, durante los 15 días siguientes a la respuesta dada por el servicio en cuestión. El usuario deberá especificar en su queja la infracción cometida y adjuntar medios de prueba. De comprobarse una falta por parte del servicio público, las sanciones irán desde un 20 a un 50 por ciento de las remuneraciones del infractor.
SITIO NO DISPONIBLE
En la semana del 20 de agosto, la página de FONASA -donde se hacen las solicitudes de información pública- no se encontraba disponible, y fue por esa razón que se perdió el contacto con el sistema del organismo por parte de Acceso Inteligente y los solicitantes.
El 23 de agosto, el Consejo para la Transparencia recibió un reclamo por el “portal de gestión de solicitudes” caído. Dicho reclamo fue basado en el articulo 7 de la Ley de Transparencia, siendo denegada la solicitud, por estimar el Consejo que: “del análisis del reclamo por infracción a las normas de transparencia activa (…) se advierte que no existe una infracción a los artículos 7° de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento, pues en el listado de la información que obligan a mantener en los sitios electrónicos no se encuentra la existencia de un link a un formulario de solicitud de acceso a la información, ni que este se encuentre operativo.”. Ver documento de decisión del reclamo.
De esta forma, el Consejo para la Transparencia desestimó el reclamo, dejando sin efecto la posibilidad de la ciudadanía de iniciar acciones cuando existe un problema técnico como el que tuvo FONASA.
TRANSPARENCIA DE VERDAD
Con el fin de lograr que nuestras instituciones de transparencia sean fuertes y exitosas, es necesario que los organismos sean capaces de mantener sus sitios y las solicitudes lo más actualizadas posibles, y siempre a disposición de los usuarios, informando –además- si tienen algún inconveniente y la duración de éste. Hoy no tenemos certeza legal de la responsabilidad de los organismos públicos en la mantención de los sitios, así como tampoco –y en virtud a las decisiones del Consejo para la Transparencia- de las acciones que podemos tomar los ciudadanos ante este tipo de situaciones.
Internet se transformó en una vía de acceso para facilitar las demandas de la sociedad. En el caso de FONASA la accesibilidad a través de este medio fue una traba para todos aquellos que intentaron hacer valer sus demandas, especialmente para los que pensaron que sería más fácil hacerlo de manera virtual que escrita.
Si bien el sitio de FONASA para realizar solicitudes hoy se encuentra funcionando, las solicitudes que se hicieron hasta agosto de este año no fueron respondidas. Con ello se limitó el acceso de los ciudadanos a la información, situación que no se puede volver a repetir.
