Por Francisco Luco.
La anterior fue semana de encuestas, un verdadero festín mediático con una serie de ritos característicos a los que ciertamente ya estamos acostumbrados, y entre los que pueden contarse entrevistas a directores de centros de estudio sobreanalizando cualquier cosa, sociólogos haciendo juicios políticos livianos como los de ningún otro profesional, y vocero de gobierno intentando mantener la compostura y demostrar una calma zen que —pretenden hacernos creer— supuestamente se cierne sobre todos los funcionarios de La Moneda, como si realmente tuvieran mil y una mayores preocupaciones antes que comentar los resultados de una encuesta.
Pero la verdad es que en un palacio de gobierno efectivamente existen —creo yo— mayores preocupaciones que los resultados de una CEP o una Adimark, aunque los hechos pudieren demostrar otra cosa. Porque si hay algo en lo que no podemos dejar de convenir es que durante los últimos años las encuestas han alcanzado un grado de importancia insano y casi patológico. ¿Lo peor? Siempre es el propio gobierno de turno uno de los principales impulsores a la hora de darles a estas preguntas y sus dígitos correlativos más mérito del que realmente revisten.
Ahora bien, desde luego los propios candidatos, ministros y Presidente no son los únicos actores de esta función. Un rol tanto o más relevante lo cumplen, desde luego, los encuestados, quienes deben evaluar con un tajante sí o un lapidario no —como si en la vida no existieran matices— el trabajo de los antes aludidos. ¿En base a qué criterio? Vaya a saber usted.
Sería interesante, por ejemplo, preguntarle a los encuestados, después de que hubieren respondido si acaso aprueban o desaprueban la gestión del Presidente, por qué razón afirman una cosa o la otra. Para ponerlo en términos pedagógicos, hago una especie de alusión a esa clásica pregunta de prueba escrita, acompañada al final de un no menos típico «fundamente».
El problema radica —me aventuro a pensar— en que en la mayoría de las ocasiones no hay mucho que fundamentar.
Dicen que las emociones rigen el mundo, empero, ello no significa que deba suprimirse todo atisbo de racionalidad de lo que decimos, hacemos y pensamos a diario, máxime cuando se trata del arte de gobernar. Así, creo con toda confianza que cuando un encuestado, un ciudadano cualquiera como usted o yo, con un mayor o menor grado de conocimiento, “desaprueba” la gestión del Presidente —más allá de que ésta efectivamente sea o no cuestionable—, sólo se está dejando influenciar por la labor de los medios de comunicación, quienes suelen ser realmente los que en la práctica modelan aquel difuso y cuestionable ente llamado “opinión pública”.
Soy un convencido de que cuando una persona desaprueba la gestión del Presidente, se está limitando a reducir una entera gestión política —con sus aciertos y errores, pero llena de matices y complejidades— a criterios absurdos pero inconscientes, como si lo ha visto últimamente en matinales, si ha emitido últimamente un chiste de mal gusto o si —aquí estriba el factor más poderoso— ha sido blanco de ataques o críticas políticas recientes.
Y qué poco importa realizar una mínima operación intelectual, por cierto, para diagnosticar la justicia o rigurosidad detrás de frases muchas veces diseñadas para la galería, que no atañen al fondo de los problemas políticos, sociales y económicos que pudieran aquejarnos como país. En cambio, resulta más fácil quedarse con el comentario vacuo del diputado de oposición, o a veces con el del compañero de oficina que pretende saber más de política que el resto.
Insistiendo en lo errático de las encuestas de opinión, y sin ir más lejos, el propio Eugenio Tironi ha señalado, incluso, que existen estudios que indican que las poblaciones tienden a ser más duras en la evaluación de sus mandatarios en períodos invernales, como si el frío actuara de forma subconsciente y moldeara el temple y las opiniones políticas de los ciudadanos sin que estos se den cuenta.
Y ya que estamos en lo determinante que pueden llegar a ser factores completamente exógenos y aparentemente irrelevantes, qué decir de la actuación de los mismos candidatos presidenciales en tiempos de campaña (períodos en que las acciones de los centros de estudio suben como la espuma, y la realización de encuestas políticas se transforma en una nueva fiebre del oro). Porque a veces basta haber visto a alguien dando conferencias de prensa en el momento preciso, bailando cueca o subiéndose a un tanque para que la ciudadanía adquiera una impresión positiva de ellos y les dé un voto favorable a la hora de responder una encuesta.
Pareciera, entonces, que un estudio de opinión en la práctica se ve más influenciado por vaivenes aleatorios de cualquier tipo antes que por un mínimamente riguroso e informado análisis o juicio político. De otra manera, no podría explicarse cómo —ya volviendo al presente— se mantienen bajas las cifras de aprobación que atienden a áreas en que al país —y por extensión al Presidente—, objetivamente, le va bien.
Si no parece verosímil lo dicho hasta ahora, basta tomar cualquier encuesta relativamente prestigiada y comenzar a desmenuzar sus números, para que comiencen a aparecer las contradicciones de quienes responden afirmando primero tal cosa, pero después, con una respuesta inocente y bienintencionada (o desinformada) socavan lo dicho anteriormente.
¿Acaso no es obvio? Las encuestas no son pruebas escritas como las de la universidad o el colegio, donde con relativa certeza puede comprobarse el grado de conocimiento sobre una determinada materia, asignándose una calificación en atención a si se ha cumplido o no con estándares objetivos y predeterminados. A diferencia de este tipo de exámenes, una encuesta como las de Adimark o CEP parecieran estar más cerca de un juicio de valor modelado por sensaciones vacuas y, en ocasiones, carentes de fundamento técnico alguno.
Entonces, la gran duda que queda dando vuelta es: si esto resulta archisabido, ¿por qué ignorarlo? Y es aquí cuando me pregunto si la llamada clase política opera de buena fe, dejándose atrapar por la vorágine de los números y de la instantaneidad moderna con cierta torpeza e ingenuidad, o si se trata de un consenso malévolo del que oficialismo y oposición han sido actores por mucho tiempo, donde el acuerdo tácito consistiría en jugar las reglas del juego y dejarse regir por números insignificantes atribuidos por gente no más importante.
No quiero dejar de aclarar, en todo caso, que mi intención no es decir que los resultados de la encuesta CEP de la semana pasada se deben a que se cambió a la hora de invierno, o realizar una alegoría a la actual gestión presidencial, ya que si bien es cierto que mi diagnóstico de ésta sea probablemente un poco más condescendiente que el de la mayoría, lo dicho hasta acá puede aplicarse en realidad a cualquier mandato presidencial anterior, y cualquiera sea el venidero. Después de todo, el fenómeno de las encuestas y sus simpáticas externalidades no es nuevo, ni privativo de una coalición política, ni tampoco limitado a los tiempos en que los números no remontan.
Mi intención pasa, en cambio, por deslegitimar en un grado más general a las encuestas como indicativos fiables de que una gestión va bien o no, y por destacar que los países no crecen al son de las cifras de popularidad.
A veces siento que esto es como si se tratara de un reality show, y no mucho más que eso. Por ello es que añoro el día en que conformemos una ciudadanía lo suficientemente informada como para leer entre líneas, darse cuenta de lo que sucede día a día en la política, y de que lo determinante no es si el candidato de turno aumenta, disminuye o mantiene su “capital político”. Hasta entonces, que la función continúe. Y usted, disfrute.
Por Ítalo Álvarez.
Al analizar en la actualidad la situación del lobby en Chile vemos que, a diferencia de otros países, en el nuestro no existe un registro público de lobistas, no existe trasparencia en las conversaciones entre alguna autoridad y quienes realizan la actividad del lobbying, no se sabe, al menos que exista alguna denuncia, si hubo lobby ante determinada discusión parlamentaria o incluso en la decisión que concierne al consejo municipal de alguna comuna.
Pero en concreto ¿Dónde está la paradoja? Bueno, la respuesta es sencilla y se encuentra en el boletín 3407 que ingresó al legislativo en noviembre del año 2003. Su ingreso nace de la imperante necesidad de regular esta actividad, y luego de un largo periplo por ambas cámaras se logró aprobar. Así, todo marchaba bien, sólo era cosa de que en el ejecutivo le pusieran la firma… lo que no paso, por el contrario, fue “victima” del veto presidencial el año 2008, y así hoy nos encontramos sin una regulación, cuando pudimos haberla tenido en vigencia desde hace ya unos cuantos años.
En términos simples el lobby una acción destinada a influir en la decisión de algún cuerpo de gobierno (sea este central, regional o local) o congreso, esto por medio de una estrategia comunicacional desde un grupo particular con el objetivo de que las decisiones que se tomen en lo público sean de interés para el grupo que busca influir en ella, esta acción se puede llevar a cabo por el mismo interesado, o por un tercero que se dedique a la realización de la actividad, un profesional del lobby.
Ahora bien es necesario hacer una diferenciación, y dice relación con el lobby y el tráfico de influencias; ¿tiene que ver una con otra?
En origen, no tienen porque relacionarse, pero la falta de regulación puede producir ciertas uniones. El lobby implica una estrategia comunicacional para obtener el beneficio en la toma de decisiones, mientras que el tráfico de influencia, en cambio, busca un intercambio de favores, beneficios o privilegios de carácter privado, entre el actor privado y el funcionario público, para que realice un uso o incluso abuso de sus atribuciones para favorecer al actor privado. En síntesis, podemos señalar que el Lobby excluye tanto el intercambio, insinuación u oferta de algún tipo de beneficio, regalía o ventaja, el lobby no puede incluir algún tipo de amenaza o anuncio de medidas perjudiciales para el funcionario que recibe al lobista.
Al no existir una regulación para la actividad de lobbying, resulta difícil saber cuántos son, cuáles son sus intereses, bajo qué condiciones se reúnen con los funcionarios públicos (diputados, senadores, subsecretarios, ministros, alcaldes o hasta concejales), ni menos poder asegurar que no se da el temido tráfico de influencias. Es quizás por esta misma razón que la primera impresión de una persona al escuchar “el lobby en esta materia es muy fuerte” lo asocia de inmediato a una acción negativa en donde se cuadran según ciertos favores, pero debemos salir de esa primera impresión, puesto que el lobby no es en sí misma una mala acción; si bien representa algunas contrariedades y desventajas para el ciudadano “de a píe”, por ejemplo puede amenazar el principio de igualdad de oportunidades, amenazar también el deber del Gobierno en cumplir con el bien general (puesto que podría beneficiar a un particular o a unos pocos), pero también presenta ventajas, como entregar mayor información a quienes toman decisiones, agilizar el intercambio de información entre la autoridad pública y el grupo de interés organizado.
Respecto a la regulación del Lobby, son variados los ejemplos que se pueden comentar, el primer intento por regularlo lo podemos encontrar en Estados Unidos, en donde se crea un registro de lobistas exigiendo a estos su inclusión (1876), lo que se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo incluyendo al registro una ley de divulgación de las actividades en las cuales se practica la actividad (http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2005-10-24.0971900095/pdf/correccionsactloobyeeuu.pdf ), en Inglaterra y Escocia no existe un registro exhaustivo como en otros países, pero ellos optaron por la creación de un código que les regula, algol así como una ética del lobbying, que es obligatoria para quienes se asocian a asociaciones que se encargan de implementar el código (es un funcionamiento similar al de los colegios profesionales). En Canadá existe un acta de registro del lobistas (http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2005-10-24.0971900095/pdf/leycanada.pdf ) en Perú está la ley n°28024, normativa que regula la gestión de intereses en la administración pública, y que a su vez encuadra la actividad del lobby (http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2005-10-24.0971900095/pdf/leyperu.pdf ).
En Chile desde el 2008 no existió ningún avance, el veto que se presento no significo la presentación de un nuevo proyecto, solo en enero del 2012 el actual Gobierno por medio del Ministro Larroulet, hizo el anuncio que presentaría un proyecto que buscaría regular el lobby, y hasta la fecha del anuncio (5 de enero) se encontraban “consensuando” con diferentes conglomerados políticos su concreción (Gobierno de Chile, 2012).
Al día de hoy, el anuncio del Gobierno aún no se concreta, aún no existe una regulación de la actividad en cuestión, aún no podemos saber en qué materias se realiza la actividad (solo lo podemos elucubrar), seguimos en ascuas si hay tráfico de influencias… así seguiremos siendo lo mismo, más que un “paraíso del lobby”, lo denominaría “la selva del lobby”, donde se confunden los intereses políticos con los económicos, y no podemos hacer mucho por terminar con ello, quizás podría servir hacer algo de lobby para que esta situación al fin termine.
Por José Francisco Garcia.
Hablar de descentralización en Chile hoy en día está de moda. Sin embargo, es un tema de gran complejidad. Ni siquiera los expertos están de acuerdo en una única estrategia de descentralización para Chile. Para algunos ello pasa por potenciar la regionalización a través de los gobiernos regionales (siendo el paradigma la existencia de un intendente o un presidente regional elegido popularmente) o avanzando hacia un esquema de federal (de discutible raigambre cultural e histórica en nuestro país); otros creen se debe abandonar la estrategia de regionalización a cambio de una reforma radical que potencie los gobiernos locales (y en donde sea posible, por ejemplo, otorgar a los Municipios potestades amplias en materias de seguridad pública, como la posibilidad de crear policías municipales).
Lo anterior va acompañado, además, de discusiones en torno a la posibilidad de que exista una descentralización fiscal: financiamiento de bienes públicos regionales o locales mediante tributos que no van a un fondo común, y que permitiría, que la carga tributaria fuese parte de las ventajas competitivas de cada región y del atractivo de las mismas. Ello se ha vinculado, por ejemplo, a la competencia en Estados Unidos entre los estados para cobrar bajos impuestos a las empresas para constituirse en dichos estados, o bien transformarse en un “paraíso fiscal” a la hora de cobrar impuestos bajos a los adultos mayores que ya se han jubilado.
Hay todavía una tercera estrategia, un modelo ecléctico, como el actualmente existente bajo nuestra legislación, que busca integrar ambos ámbitos de actuación estatal bajo la lógica de la subsidiariedad competencial. Esta última es la posición que pareciera buscar sacar adelante el Presidente de la República al sostener en el discurso del 21 de mayo de 2010 que: “Todo aquello que puedan realizar los gobiernos regionales mejor que el gobierno central, será de competencia de las regiones. Y todo lo que puedan hacer mejor los municipios que los gobiernos regionales, será de competencia de los municipios”.
La actual agenda gubernamental en descentralización está buscando aterrizar en medidas concretas la visión presidencial antes descrita. Ello ha implicado para este año duplicar la inversión regional respecto al promedio 2002-2009 y un aumento sustancial en recursos en salud y educación a nivel local; aumento de más de $100 mil millones respecto al 2009 en el Fondo Común Municipal; la transferencia de competencias a nivel regional y comunal; la elección directa de los consejeros regionales; simplificar y facilitar la realización de plebiscitos comunales y consultas ciudadanas; y repensar el esquema de incentivos especiales para las zonas extremas en cuanto a la bonificación a la mano de obra, crédito tributario a la inversión y el fondo de fomento de zonas extremas.
Se trata entonces no sólo de un aumento de recursos; sino un esfuerzo serio por intentar delinear una estrategia en la materia.
Si bien creemos es un buen punto de partida; debe, en todo caso, considerar el potencial de distorsiones que se pueden generar; la captura de la legislación pro parte de los grupos de interés (que sólo potencia movimientos y protestas como los de Aysén bajo la forma de un discurso de interés nacional); evitar una lógica desarrollista desde el gobierno central; y, que el actual esquema de evaluación de políticas (tanto a nivele de beneficios como de regulaciones) es todavía débil.
El Estado, por lo mismo, no puede perder de vista cumplir sus principales roles. Es por eso que es necesario mejorar el acceso a estas regiones y la conectividad del país, porque indirectamente se atacarán los problemas anteriormente mencionados, y se logrará la verdadera unión geopolítica del país, terminando con el aislamiento de las zonas extremas.
Asimismo, el establecimiento y respeto por reglas claras que permitan el desarrollo de mercados y de la iniciativa privada en actividades como minería, comercio y turismo en la zona norte, y la agrícola-silvícola, pesquera y manufacturera para la del sur; tienen un potencial mayor que la entrega de beneficios selectivos.
Por Manuel Arís.
La semana pasada, en Lima, la Defensoría del Pueblo de Perú organizó un seminario para reflexionar acerca de los mecanismos de funcionamiento de las leyes de transparencia de Chile y Perú. En el encuentro, se abordó la necesidad de que en Perú existiese un órgano garante similar al Consejo para la Transparencia en Chile.
Expositores peruanos y chilenos concordamos en que el correcto funcionamiento de una Ley de Acceso a Información Pública requiere de la existencia de un órgano garante, con autonomía operativa, de presupuesto y decisión, tal como lo establece la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información de la OEA.
Algunas reacciones que ha suscitado el fallo del Consejo para la Transparencia en el caso de los mails del Ministro Larroulet, demuestran que el mismo tipo de debate que presenciamos para la experiencia peruana bien podría replicarse en nuestro país, pues el fallo y las atribuciones de este organismo para determinar este tipo decisiones ha sido fuertemente cuestionado.
Meses atrás, la discusión presupuestaria –que no implicó un aumento real de recursos para el Consejo para la Transparencia- y el poco afortunado proceso de selección de 2 de sus consejeros, fueron otros importantes hitos en los que quedó en evidencia que la real autonomía del Consejo para la Transparencia es un tema inconcluso en materia legal y procedimental.
Actualmente, en el Congreso Nacional se están discutiendo las modificaciones a la Ley de Acceso a Información Pública, donde esperamos se aborden estas deficiencias, entendiendo esta discusión como una oportunidad para consolidar la autonomía de un órgano encargado de velar por el ejercicio del derecho fundamental de acceso a información pública de los ciudadanos.
Para que el Consejo para la Transparencia chileno sea un producto de exportación, debemos avanzar en dos sentidos. En primer lugar, se tiene que reforzar su autonomía presupuestaria y de decisión, lo que requiere, por parte del ejecutivo, trabajar con la convicción de cederle poder a este organismo autónomo.
Por otra parte, la actual discusión parlamentaria sobre la Ley de Transparencia no sólo debe recoger la experiencia gubernamental de estos dos años de funcionamiento de la Ley, también, y con mayor importancia, la de los ciudadanos que hemos hecho uso de ella y de las organizaciones de la sociedad civil que promovemos su utilización, entendiendo que esta Ley está basada en el derecho de acceso a información pública que nuestra constitución establece.
Por Isidora Tunzi.
Que se aumentaron el sueldo, que de las asignaciones no llegará un peso al bolsillo de los senadores, que las bancadas estaban de acuerdo y que había senadores que no sabían de la solicitud. De todo se ha dicho respecto del aumento de dos millones de pesos en las asignaciones para gastos operacionales de los senadores, sin embargo, la polémica generada en torno al tema no es más que otra muestra de lo mucho que falta por avanzar en materia de transparencia en el Congreso.
Basta con intentar acceder a los informes emitidos por la Comisión de Régimen Interior para darse cuenta de que dichos informes no existen, todo lo que se discute en la comisión es absolutamente privado. Esto, a causa de que no existe la obligación de publicar lo que ahí se acuerda.
No obstante lo anterior, cabe preguntarse ¿por qué hacer privada la distribución de dineros destinados a las funciones parlamentarias? Pareciera no haber razón valida para mantener esa información en secreto, pues el dinero que se les entrega proviene directamente de los bolsillos de cada uno de los ciudadanos, es decir, no es más que justo que se nos informe cuál es el uso que se le da a ese dinero, cuáles son los montos que manejan los parlamentarios para cubrir las distintas responsabilidades que implica el cargo y de no gastarse el total del dinero entregado, qué pasa con lo que sobra.
El diputado Fidel Espinoza decía el 13 de abril que la fiscalización en ambas cámaras, respecto de sus gastos, ha aumentado, que ha existido un avance en esa materia, no obstante, dicha fiscalización es desconocida por los ciudadanos. Está bien que exista control sobre la función parlamentaria, pero como cualquier trabajador del país los parlamentarios deben rendir cuentas ante su empleador y, en este caso, el empleador somos nosotros, la ciudadanía.
El aumento en las asignaciones se justificó argumentando que corresponde a un mejoramiento del trabajo de los senadores en las circunscripciones que representan, pero ¿cómo saber el trabajo que hacen ahí cuando no existen registros de esa labor? Cada mes se destina una semana para que los parlamentarios puedan visitar sus circunscripciones y distritos, sin embargo, no existe registro respecto del trabajo que ahí realizan, cuántos días efectivamente pasan en el distrito o siquiera si en realidad aprovechan esa semana para acercarse a sus votantes y conocer sus demandas.
¿Y QUIÉN FISCALIZA?
El 3 de julio de 2010 se publicó la ley 20.447 que introducía en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la ley que reformó la Constitución Política. Entre las adecuaciones realizadas, se introdujo un Título VII que se refiere al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y al Comité de Auditoría Parlamentaria, siendo el primero quien determinará “el monto, el destino, la reajustabilidad y los criterios de uso de los fondos públicos destinados por cada Cámara a financiar el ejercicio de la función parlamentaria.
Para efectuar dicha labor, el Consejo oirá a las Comisiones de Régimen Interior del Senado y de Régimen Interno de la Cámara de Diputados.” (HL N° 20.447). Por otro lado, el Art. 66° A de la misma ley, señala que“El Comité de Auditoría Parlamentaria será un servicio común del Congreso Nacional y estará encargado de controlar el uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria y de revisar las auditorías que el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional efectúen de sus gastos institucionales.” (HL N° 20.447).
Si bien la ley se refiere al proceso de fiscalización y las medidas a tomar en caso de que existan deficiencias en la forma en que se utilizan los recursos, no existe referencia alguna a hacer público ni los datos recolectados ni los resultados de esa fiscalización, sólo respecto de las determinaciones que tomen las comisiones de Ética de cada una de las cámaras una vez que reciban el informe del Comité.
La transparencia y la consecuencia siempre serán valoradas por los votantes y la sociedad en su conjunto, por eso es que las controversias y declaraciones cruzadas entre parlamentarios no hacen más que aumentar la percepción negativa que se tiene del trabajo parlamentario. Si se hubiese informado a tiempo de la intención de aumentar las asignaciones, así como también se hubiese explicado porqué era necesaria y a qué se destinaría dicha asignación, se hubiese generado un debate pausado e informado y no se hubiera provocado una reacción negativa de antemano.
Por Francisco Luco.
Decir que Chile es un país que cambió, con ciudadanos hoy más “empoderados“, es un lugar común. Y de los favoritos en el vocablo de los políticos que pretenden vender el fiasco de la renovación.
Algunos más osados, como Tironi, aseveran que todo tiene su génesis en el mandato de la ex Presidente Bachelet; que fue ella quien instauró en el país un liderazgo “distinto”, más “horizontal”, más “maternal” y merecedor de toda clase de rasgos y apelativos siúticos de esos que fascinan a sociólogos, columnistas u opinólogos en general.
Sin embargo, no tantos se han esmerado en tratar de desentrañar a qué hacen alusión estas manoseadas frases clichés, que como otras tantas que se han instalado en la política nacional en distintos períodos –recuérdese la prostitución del vocablo “progresismo” durante la última presidencial–, parecen tener más de floritura retórica que de contenido.
Podría aseverarse que el que hoy los ciudadanos de Chile se encuentren más “empoderados” equivale a que sean más conscientes en la exigencia de sus derechos, y probablemente pocos se opondrían. Lamentablemente, si entendiésemos que efectivamente ocurre así, no parece saludable que tal cambio social tenga asidero si se lleva a la práctica de forma extrema, máxime si consideramos la existencia de esa clásica cultura, tan asentada en nuestra idiosincrasia, de exigir muchos derechos, pero cumplir pocos deberes.
Esto ha llegado en pleno 2012 a límites absurdos. Donde existe una colectividad –llámese ciclistas, homosexuales, heterosexuales, cuidadores de mascotas, pescadores, conductores, cocineros o meseros–, existe una causa que merece ser luchada (intereses privados, legítimos, pero aún circunscritos a un reducido grupo de la población). Donde existe una causa que merece ser luchada, hay un grupo de ciudadanos aguerridos dispuestos a exigir a la autoridad. Y donde hay un grupo de ciudadanos exigentes, supuestamente “empoderados” y conscientes de sus derechos, existe la enorme posibilidad de que se incurra en el ya clásico recurso de salir con todo a la calle, y de ahí para adelante que sea lo que Dios quiera.
Por supuesto que no siempre resulta especialmente alarmante esto último. El más novedoso de los paros es el declarado hace algunos días por un grupo de trabajadores del Censo 2012. Y más allá de la legitimidad o inexistencia de ésta en el movimiento, no parece sensato prever que se tratará de uno que podría alcanzar ribetes insospechados y poner a La Moneda de cabeza, como sí lo han hecho tantos otros en los últimos dos años.
El problema aparece, en cambio, cuando se trata de grupos que, precisamente, sí pueden llegar a conseguir un gran arrastre, al punto de poner en entredicho la institucionalidad del país y, peor aún, su estabilidad sociopolítica, como fue el caso de Aysén y las llamadas marchas estudiantiles.
Desde luego, podrá alegarse desde el fondo del movimiento de turno la legitimidad de sus demandas y la obligación del Estado por satisfacerlas, ya que el objetivo de este último es propender al bien común. Sin embargo, suele olvidarse muchas veces que así como cada grupo de interés privado cuenta con una serie de exigencias legítimas, hay cientos de otros grupos al lado haciendo fila para conseguir su propio proyecto de ley o aumento de lucas. Así, prima una cultura del egoísmo y egocentrismo que desnuda, más que un auténtico “empoderamiento” en la sociedad civil chilena –que tampoco es tal puesto que implica responsabilidades–, un deseo de llegar hasta las últimas consecuencias, por complejas que aparezcan, sin que importe demasiado resto.
Y qué importante es ese resto, por cierto. Podríamos hablar aquí de orden público, para que nos entendamos, pero probablemente a muchos el concepto les traiga aparejados viejos y malos recuerdos. Sin embargo, es necesario hacer notar que no se trata de defender estandartes de la vieja guardia ni ideas supuestamente autoritarias que pretenden sublimar valores cuestionables del republicanismo por sobre otros más democráticos y socialmente aceptados.
El orden público no es otra cosa que un cierto estado de paz social que posibilite el normal desenvolvimiento de la comunidad; que un oficinista pueda llegar a su trabajo sin necesidad de esquivar barricadas; que familias puedan salir a pasear un fin de semana sin temer encontrarse con piedras o desórdenes de otro tipo.
También podría alegarse eventualmente que quien suscribe confunde la legitimidad de las marchas autorizadas como manifestación de la voluntad social, con los desmanes de encapuchados que nada tienen que ver con los protestantes que anhelan ser escuchados. Sin embargo, resulta imposible convocar a esta clase de manifestaciones sin prever que los resultados acabarán siendo los mismos de siempre; los mismos que la historia reciente se ha encargado de reafirmar una y otra vez. Crear una barrera entre ambos fenómenos, con el pretensioso deseo de disociar una cosa y la otra, parece artificioso y autocomplaciente.
Junto con el orden público, suele arriesgarse también una cosa no menos importante, que es la legitimidad de nuestra institucionalidad. En efecto, en la medida en que cualquier demanda comienza a ser canalizada a través de gritos y marchas, se va creando una situación de inestabilidad social en que pareciera que no hay nadie capaz de representarnos, en que las autoridades no cuentan con legitimidad para actuar y en que el margen de acción de las instituciones es casi inexistente, porque sencillamente todo parece muy burocrático y engorroso y ya nada resulta tan expedito y efectivo como cortar un par de caminos, llamar a la prensa y “emplazar” (otro término trillado y de significado equívoco) a las autoridades.
En resumen, este falso “empoderamiento” sólo ha contribuido a que ante cualquier seña de descontento o problemática nos valgamos única y exclusivamente del que antaño era el último recurso, pero que ahora parece ser la primera opción en la lista de medidas a tomar.
Hoy, cuando nos encontramos ad portas de la que parece ser una nueva oleada de movilizaciones promovidas por la Confech, parece necesario recordar que la legitimidad de nuestras demandas no difiere demasiado de la legitimidad de las exigencias de quien se encuentra al lado, y que ser escuchado porque uno grita más fuerte, porque se puede reunir a más colaboradores o porque –aunque se niegue– se cuenta con la maquinaria de un partido detrás, no parece justo. Pintarse la cara, gritar fuerte y exigir hasta las últimas consecuencias, según mi humilde criterio, dista bastante de un verdadero “empoderamiento”.
Puede que el hecho de que Chile haya cambiado en los últimos años sea el único cliché verdadero, pero, lamentablemente, tampoco parece que dicha metamorfosis haya operado para bien.
Por Eliana Claro.
Recientemente se han dado a conocer los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2011 (ENUSC), que es considerada como el instrumento de mayor precisión para medir la delincuencia.
Los resultados presentados muestran que en un 31,1% de los hogares chilenos, al menos uno de sus miembros ha sido víctima de un delito durante los últimos 12 meses anteriores a su aplicación. Esta cifra implica un aumento de 10% en comparación a los niveles de 2010 y han sido evaluados de manera positiva por parte del Gobierno por encontrarse en línea con la meta establecida por el Plan Chile Seguro: reducir la victimización a una tasa inferior a 29% para el 2013.
Llama la atención los importantes aumentos que se dan en victimización en las regiones III, VI y Metropolitana, por aumentos en diversos delitos y las disminuciones no significativas que se dan en la VII, VIII y IX región, que a su vez cuestionan la relación de las excepcionales cifras del 2010 con el terremoto 27F. En términos de percepción, vemos que los resultados muestran aumentos de una percepción “negativa” de la gente respecto al tema y una mayor sensación de inseguridad. Datos que si son destacables son el aumento en las denuncias, que han sido crecientes desde 2008 y que reflejan indirectamente mayor confianza por parte de la sociedad en el sistema, puesto que mayor número de víctimas se acerca a denunciar y busca la persecución de sus delitos.
A mi juicio, es posible concluir que los resultados obtenidos por la encuesta son negativos, puesto que implican un aumento estimado de 460 mil delitos para todo el país durante 2011, pero sin embargo, se encuentran dentro de lo esperado y muestran una tendencia de victimización general que continúa a la baja. Respecto al aumento producido en relación a 2010, éste era esperable, ya que diversas cifras entregadas en 2011 habían “predicho” este fenómeno y demostrado que el 2010 había sido un año excepcionalmente bueno. Las razones son difíciles de explicar y se pueden asociar a una diversidad de factores, entre ellos, las altas expectativas generadas en relación a la mano dura del nuevo Gobierno en 2010, algo atribuible al terremoto, la cantidad de desórdenes públicos que ocurrieron en 2011 y otros.
Sin duda, los resultados nos demuestran que la delincuencia es un asunto prioritario y que, por ende, se requieren cambios más profundos y políticas eficientes. En este sentido, es importante resaltar la labor que se está haciendo respecto a la implementación de programas basados en la evidencia, puesto que éstos evitan la improvisación, generan una mayor eficiencia en la utilización de recursos y tiempo, a pesar de que sus resultados pueden ser de mediano plazo. Cabe destacar los primeros resultados atribuibles al Sistema Táctico de Análisis del Delito (STAD) y a otros programas implementados que se han dado a conocer en la Región Metropolitana.
Por José Francisco García.
En una gran cantidad de estados en Estados Unidos la evaluación y rendición de cuentas (accountability) judicial, incluidos excepcionalmente los tribunales superiores de justicia, puede llegar en el extremo, a ser ante los electores. Este esquema asegura altos grados de accountability, sin embargo, puede a su vez generar politización y disminución de independencia, en la medida en que los jueces se “deben” tanto a sus electores como a su programa.
Una vez en el cargo, los jueces controlan ampliamente la administración de las cortes. El Chief Justice (Presidente de la Corte Suprema) de Estados Unidos encabeza la judicatura, presidiendo la Conferencia judicial y eligiendo al director de la oficina administrativa. La Conferencia judicial determina la política administrativa de las cortes. La Conferencia judicial fue establecida en 1922 como un foro a través del cual los jueces podían discutir y desarrollar estrategias para mejorar el desempeño judicial. La Conferencia judicial está integrada por el Presidente de la Corte Suprema, el Presidente de la Corte Internacional de Comercio y un juez de distrito por cada circuito regional judicial elegidos por mayoría de voto de los jueces dentro de cada circuito en particular. Una característica relevante de la Conferencia Judicial, es su composición exclusivamente judicial y el hecho de no tener atribuciones en los nombramientos judiciales.
A diferencia de otros países que delegan la carga administrativa en las Cortes superiores, como es el caso chileno, en Estados Unidos el Congreso explícitamente delega la administración de las cortes a la Conferencia judicial y no a la Corte Suprema. Así, la Conferencia fiscaliza la oficina de administración de las cortes a través de sus propios comités asignados para conocer de materias específicas tales como personal, espacios y seguridad, salarios y beneficios. La oficina administrativa dirige el desarrollo de presupuestos, recolecta información y estadísticas judiciales, genera programas de capacitación, entre otros. Estadísticas como la tasa de revocaciones de los fallos de un juez o cuán frecuente han sido citados por los tribunales determinados jueces para obtener su opinión, han sido usados como criterio para medir el desempeño judicial. Mientras las Cortes difieren en el énfasis que le dan a las estadísticas, la oficina administrativa tiene la responsabilidad de evaluar a los jueces, sobre la base de esta información. El Director de la oficina administrativa se desempeña como secretario de la Conferencia judicial y como miembro de su Comité ejecutivo.
Así, mientras la política general de administración judicial es establecida por la Conferencia judicial en un nivel macro, la autoridad también se delega y es manejada más eficientemente por cada corte a un nivel micro. Por lo tanto, el Presidente de cada corte dirige diariamente la administración de su propia corte con la ayuda de los empleados de la misma de acuerdo a la política general llevada a cabo por la Conferencia judicial.
La Conferencia también fiscaliza la conducta judicial a nivel federal a través de sus comités ad-hoc. Existen procedimientos para realizar una queja contra un juez alegando mala conducta o inhabilidad para desempeñar sus tareas.
Las quejas deben inicialmente presentarse al Presidente de la Corte de Apelaciones (Chief Judge) dentro del circuito en el cuál el juez tiene asiento. Los empleados de la corte enviarán una copia al juez contra el cuál se realiza la queja, y el Presidente rápidamente revisará cualquier queja. Luego de una revisión no resolutiva, el Chief Judge declarará inadmisible la queja o concluirá los procedimientos si han sido puestos en marcha o si no son necesarios. La mayoría de las quejas no son admitidas, principalmente porque se basan en un fallo particular del juez o en elementos del procedimiento de un caso que no se relaciona con un mal comportamiento judicial. Si el Presidente cree que es necesaria una mayor investigación, nombrará un Comité especial integrado por él mismo junto con igual número de jueces del circuito y de distrito dentro de su circuito. El Comité luego investigará la conducta del juez y emitirá un informe al Consejo del circuito judicial con sus conclusiones y recomendaciones para una acción apropiada.
Este Consejo puede después suspender la asignación de nuevos casos al juez, requerir el retiro voluntario del juez, emitir una sanción al juez de manera privada o pública, u ordenar alguna acción apropiada relacionada a la mala conducta. El Consejo no puede ordenar la remoción de los jueces federales nombrados de por vida (life tenure) bajo la cláusula de buena conducta dispuesta en el artículo III de la Constitución.
El Consejo puede dirigir cualquier queja a la Conferencia judicial, que también tiene el poder para revisar las decisiones del Consejo. Tanto la persona que se queja, como el juez acusado de mala conducta, pueden solicitar a la Conferencia Judicial la revisión de cualquier acción disciplinaria emanada de los Consejos. En última instancia, la Conferencia Judicial debe enviar un informe a la Cámara de Representantes (House of Representatives) que decidirá qué medida será tomada en el asunto.
A nivel estatal, cada estado ha establecido su propio procedimiento y mecanismos para manejar la revisión de la conducta judicial. La función de estos órganos estatales disciplinarios varía, al punto de que en algunos casos se llegue a remover a jueces.
Por José Ignacio Vial.
A partir del conflicto en Aysén y de la reciente polémica por el nuevo intento de algunos parlamentarios de trasladar el Congreso a Santiago, se ha vuelto a instalar en la discusión pública el tema de la descentralización. Un tema en el que si bien existe gran consenso sobre la urgencia de hacer algo, este no se ha podido materializar en hechos concretos, más allá de algunas medidas y anuncios por aquí y por allá, sin consistencia ni armonía alguna.
A estas alturas ya resulta frustrante que nadie haga algo que vaya más allá de las medidas parche. Todos están de acuerdo en que Santiago no da para más. Nuestros políticos, a raíz de los hechos del sur, por enésima vez han rasgado vestiduras realizando una dura autocrítica por la poca importancia que le han dado al tema, pero el tiempo sigue pasando y las palabra nuevamente con el transcurso de los días se han ido borrando. Los ejemplos para escandalizarse son muchos: la diferencia en los precios de las bencinas, la falta de conectividad, las medidas contra la contaminación que se adoptan en un lugar y no en otro, el nivel de inversiones, el nivel de las autopistas y caminos, el acceso a educación universitaria, son sólo algunos de los tantos que podríamos enumerar.
Y es dentro de este contexto, que quisiera invitarlos a reflexionar, quizás una vez más, sobre las siguientes cuestiones que han dado vueltas alrededor de este tema: ¿Es razonable que quienes quieran estudiar en una universidad tengan que irse necesariamente a vivir a Santiago, separándose de su familia, amigos, y dejando la región donde vieron gran parte de su vida? ¿Es razonable la construcción de centrales hidroeléctricas que perjudican el mayor capital económico de una región (turismo) y que además conllevan la construcción de líneas de transmisión que atravesarán miles de kilómetros, todo con el fin de abastecer con energía eléctrica a la capital? ¿Es razonable que muchos de los “representantes” de regiones sean de Santiago y vivan en esta ciudad? ¿Es razonable que el equivalente a lo que se gasta anualmente en una región en transporte público (Metropolitana), sea lo que se destine al total de las otras regiones? ¿Es razonable que todos los puestos políticos importantes de regiones, con salvedad de alcaldes y parlamentarios, sean elegidos por alguien de Santiago?
Las anteriores son algunas de las muchas preguntas que deberíamos hacernos para darnos cuenta de lo absurda que es la situación actual. Los Aiseninos se dieron cuenta de ello, rompieron la inercia y decidieron decir basta, obteniendo una respuesta hasta ahora satisfactoria. Pero el gran desafío es determinar como se puede atacar estructuralmente este problema que, lamentablemente, afecta a gran parte de los países de América. ¿Mayores recursos?, ¿mayor autonomía?, ¿elección directa de autoridades regionales? Son algunas de las soluciones que se han propuesto y que bien implementadas podrían ayudar, pero lamentablemente no serán suficientes mientras no opere un cambio más profundo en la forma de pensar Chile, en la forma que queremos que sea Chile. Pero para ello urge un cambio tanto de los santiaguinos, como de aquellos que vivíamos en regiones.
Respecto de los primeros la situación es evidente, la capital está pronta a colapsar, el Sanhatan y el caos vial que éste va a generar es prueba de que hay lugares donde la ciudad ya “tocó techo”. La contaminación, que se hace insostenible cada invierno y que para variar afecta a los más pobres, es síntoma de que Santiago está pagando el precio por su crecimiento desmedido. Una mejor calidad de vida, que signifique menor tiempo de transporte, más tiempo con la familia, ritmos de vida más normales y un entorno más limpio y natural, son elementos que poco a poco están haciendo que mucho capitalinos emigren fuera de la metrópoli, pero se requiere que esta migración vaya acompañada con mejoras sustantivas en las regiones, para que al primer problema al que estas personas se vean enfrentadas, no tengan como única alternativa volver a Santiago. Hay que sacar del subconciente la idea de esta ciudad como refugio frente a las desgracias y adversidades, porque día a día se va transformando en una desgracia y adversidad en sí misma.
Respecto de quienes vivíamos en regiones el desafío es aún mayor, porque si no somos nosotros quienes volvemos a hacernos cargo de los problemas de nuestras ciudades, si no nos hacemos protagonistas en los lugares donde vivíamos y aprovechamos los conocimientos y experiencias adquiridas en la capital para trabajar por y en las ciudades y pueblos donde crecimos, difícilmente operará el giro que tanto necesitamos. Aquel por el que continuamente nos quejamos.
En nuestras manos está, y ha estado siempre, la posibilidad de acabar con la excesiva centralización, pero para ello tenemos que darnos cuenta que depende de nosotros y sólo de nosotros, de las decisiones que tomemos a futuro, que Santiago, de una vez por todas, deje de ser Chile y pase a ser de Chile.
M.I.F.S. son sus iniciales, degolló a dos jóvenes la semana pasada, tiene 16 años y por determinación de la Fiscalía Centro Norte quedó recluido en un centro del Sename, esto por 70 días a partir del miércoles 25 de enero. Hasta $242.045 pesos podría significarle al Estado mensualmente mantenerlo, ya que eso es lo que cuesta tener a un menor en los centros del Sename.
El Vaso quiso saber cuánto cuesta mantener a los menores de edad en un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename), para esto utilizamos la plataforma Acceso Inteligente, de la Fundación Ciudadano Inteligente, que te permite solicitar información a los organismos públicos de manera simple y efectiva.
El Sename dispone de distintos tipos de recintos en todo el país para atender a lactantes, niños y adolescentes. Estos establecimientos están clasificados en cuatro tipos distintos, funcionando y atendiendo de distintas maneras, por tanto teniendo diferentes gastos y costos para la mantención de los menores de edad. Están los Centros de Reparación Especializados de Administración Directa (CREAD), los Centros Semi Cerrados (CSC ), los Centros de Régimen Cerrado (CRC), y los Centros de Internación Provisoria (CIP).
1259 menores fueron atendidos por estos dos últimos centros entre el 1 de enero del año pasado hasta el 30 de noviembre, lo que al Estado le costó en promedio $242.045 pesos mensuales por joven. Estos dos servicios funcionan en un mismo recinto y con una administración común, por lo que el costo es el mismo a pesar de las distintas prestaciones que se realizan.
Los Centros de Internación Provisoria (CIP) -donde se encuentra M.I.F.S. esperando su condena- reciben a adolescentes y jóvenes que están en espera de la resolución de los fiscales para los cargos que presentan. Mientras que los Centros de Régimen Cerrados (CRC) atiende a los menores que deben cumplir sus condenas.
Según los datos entregados por el Sename por cada adolescente en estos recintos se gasta en promedio mensualmente $80.824 en alimentación, $4.007 en vestuario y calzado, $19.426 en materiales ( artículos de aseo, de enseñanza, de oficina, materiales, y más), $5.115 en mantención y reparación del establecimiento, $67.592 en consumos básicos, y $65.081 en otros (Insumos de computación, mantención de vehículos, combustible, etc)
Por lo que sólo en los CIP y en los CRC entre enero y noviembre del 2011 el Estado desembolsó $304.734.655, para mantener a los menores en estos centros del Sename.
Por otra parte, los Centros Semi Cerrados (CSC) reciben adolescentes y jóvenes condenados a sanción privativa de libertad que tienen residencia obligatoria en el centro, pero reciben programas de actividades personalizados que se desarrollan dentro y fuera del recinto.
Tanto en los Centro de Régimen Cerrados como en los Semi Cerrados desarrollan un programa de reinserción social que incluye la continuación de estudios, la formación para el trabajo, el manejo de tecnologías digitales, la atención de salud, el tratamiento de adicciones y el fortalecimiento del vínculo con la familia.
El costo mensual promedio de mantener a un menor en los CSC durante el año pasado fue de $237.900 pesos. Estos se desglosan en $53.398 en alimentación, $3.040 en vestuario y calzado, $73.650 en materiales (artículos de aseo, de enseñanza, de oficina, materiales, y más), $3.085 en mantención y reparación del establecimiento, $35.817 en consumos básicos, y $68.910 en otros (Insumos de computación, mantención de vehículos, combustible, etc).
311 jóvenes fueron atendidos entre enero y noviembre del 2011 en los Centros Semi Cerrados por lo que en total en esos once meses el Estado gastó $73.986.900 en la mantención de estos menores.
El cuarto sistema de atención son los Centros de Reparación Especializados de Administración Directa (CREAD) que reciben a población de menores de mayor complejidad, donde en una modalidad residencial entregan una atención especializada con estrategias apuntadas a reparar el daño asociado a la vulneración de derechos, entregar calidad de vida, y dar protección especial
$197.223 pesos mensuales fue lo que le costó en promedio al Estado la mantención de los 774 menores que estuvieron en los CREAD durante el 2011. $67.827 en alimentación, $10.373 en vestuario y calzado, $18.625 en materiales (artículos de aseo, de enseñanza, de oficina, materiales, y más), $3.587 en mantención y reparación del establecimiento, $36.660 en consumos básicos, y $60.151 en otros (Insumos de computación, mantención de vehículos, combustible, etc).
Considerando el total de menores en las cuatro modalidades de atención y el total de gasto promedio por cada uno, se ve que el total desembolsado por el Estado entre enero y noviembre del año pasado para mantener a los 2344 menores de edad en estos centros del Sename fue de $531.372.157 pesos.
*Revisa la ley de responsabilidad penal para adolescentes Ley 20.084.
