Los anuncios realizados el 21 de mayo del 2011 por el Presidente Sebastián Piñera alcanzan, en materia legislativa, un 56% de cumplimiento, siendo las áreas de Tercera Edad (con un 100%), Desarrollo Social (con un 95%) y Seguridad Pública (con un 88%) las con más avance. En contraste, el estudio arrojó que en el área de Energía el cumplimiento corresponde a 0%.
Por su parte, en un seguimiento a los anuncios realizados el 21 de mayo del 2010, vemos que a la fecha sólo se han cumplido en un 100% las promesas -que implican iniciativa legal- referentes a Tercera Edad, Desarrollo Social y Telecomunicaciones, manteniéndose un 0% de cumplimiento las áreas de Energía, Discapacidad, Infraestructura, Clase Media y Deportes.
Por último, los ciudadanos podrán encontrar en www.deldichoalhecho.cl un análisis elaborado por la Fundación Ciudadano Inteligente respecto del “Informe de cumplimiento legislativo de los Mensajes Presidenciales 21 de mayo” publicado por SEGPRES, y que cifró en un 71% el cumplimiento en relación a los discursos 2010 y 2011, detallando por parte las discrepancias y concordancias con dicho informe.
La Fundación Ciudadano Inteligente evalúa año a año el cumplimiento, en materia legislativa, de los compromisos asumidos por la autoridad presidencial en sus discursos del 21 de mayo. El objetivo es entregar a los ciudadanos -a través de una web de fácil acceso y entendimiento- la posibilidad de realizar un seguimiento comparativo del cumplimiento de las promesas, fomentando una adecuada rendición de cuentas por parte de nuestras autoridades, así como el empoderamiento y fiscalización de la ciudadanía.
Para Felipe Heusser, Presidente Ejecutivo Fundación Ciudadano Inteligente, “El objetivo de “del Dicho al Hecho; 21 de mayo” es darle seguimiento en el tiempo al cumplimiento de los anuncios que involucran iniciativa legal y que son efectuados en los discursos de 21 de mayo por el Presidente de la República”, agregando que “en la actualidad, la tecnología ofrece a la ciudadanía la posibilidad de fiscalizar las promesas que nuestros gobernantes nos hacen. Se acabó el tiempo en que las promesas y los discursos quedaban en el olvido sin ser fiscalizados, en la era digital tenemos más herramientas para ejercer control de la gestión pública”.
Por su parte, Manuel Arís, encargado del proyecto y Jefe Área de Incidencia de la Fundación Ciudadano Inteligente, sostuvo que “la correcta rendición de cuentas le permite a la ciudadanía fiscalizar la gestión pública y revalorizar la actividad política, pero quienes se ven más beneficiados con este mecanismo son las autoridades, que legitiman sus decisiones y visibilizan sus logros. Ése es el objetivo que buscamos a través de una metodología imparcial y rigurosa como la que presentamos en Del Dicho al Hecho”.
Desde hoy y hasta el 18 de abril se realizará en la ciudad de Brasilia una nueva conferencia anual de la Sociedad de Gobierno Abierto (Open Government Partnership). En dicha instancia, más de 50 gobiernos del mundo se encontrarán con organizaciones de la sociedad civil para fortalecer el compromiso que mantienen sus miembros de promover la transparencia, la autonomía delos ciudadanos, combatir la corrupción, y aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernabilidad.
Como miembro y representante de la sociedad civil latinoamericana, una vez más la Fundación Ciudadano Inteligente reafirma su compromiso con los Gobiernos Abiertos, y se hará presente representada por el Presidente Ejecutivo de la Fundación, Felipe Heusser, y el Gerente Juan José Soto. Además, por primera vez participarán del encuentro dos grandes proyectos de Ciudadano Inteligente; Desarrollando América Latina y Desarrollando El Caribe, que van representados por su coordinadora Anca Matioc.
M.I.F.S. son sus iniciales, degolló a dos jóvenes la semana pasada, tiene 16 años y por determinación de la Fiscalía Centro Norte quedó recluido en un centro del Sename, esto por 70 días a partir del miércoles 25 de enero. Hasta $242.045 pesos podría significarle al Estado mensualmente mantenerlo, ya que eso es lo que cuesta tener a un menor en los centros del Sename.
El Vaso quiso saber cuánto cuesta mantener a los menores de edad en un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename), para esto utilizamos la plataforma Acceso Inteligente, de la Fundación Ciudadano Inteligente, que te permite solicitar información a los organismos públicos de manera simple y efectiva.
El Sename dispone de distintos tipos de recintos en todo el país para atender a lactantes, niños y adolescentes. Estos establecimientos están clasificados en cuatro tipos distintos, funcionando y atendiendo de distintas maneras, por tanto teniendo diferentes gastos y costos para la mantención de los menores de edad. Están los Centros de Reparación Especializados de Administración Directa (CREAD), los Centros Semi Cerrados (CSC ), los Centros de Régimen Cerrado (CRC), y los Centros de Internación Provisoria (CIP).
1259 menores fueron atendidos por estos dos últimos centros entre el 1 de enero del año pasado hasta el 30 de noviembre, lo que al Estado le costó en promedio $242.045 pesos mensuales por joven. Estos dos servicios funcionan en un mismo recinto y con una administración común, por lo que el costo es el mismo a pesar de las distintas prestaciones que se realizan.
Los Centros de Internación Provisoria (CIP) -donde se encuentra M.I.F.S. esperando su condena- reciben a adolescentes y jóvenes que están en espera de la resolución de los fiscales para los cargos que presentan. Mientras que los Centros de Régimen Cerrados (CRC) atiende a los menores que deben cumplir sus condenas.
Según los datos entregados por el Sename por cada adolescente en estos recintos se gasta en promedio mensualmente $80.824 en alimentación, $4.007 en vestuario y calzado, $19.426 en materiales ( artículos de aseo, de enseñanza, de oficina, materiales, y más), $5.115 en mantención y reparación del establecimiento, $67.592 en consumos básicos, y $65.081 en otros (Insumos de computación, mantención de vehículos, combustible, etc)
Por lo que sólo en los CIP y en los CRC entre enero y noviembre del 2011 el Estado desembolsó $304.734.655, para mantener a los menores en estos centros del Sename.
Por otra parte, los Centros Semi Cerrados (CSC) reciben adolescentes y jóvenes condenados a sanción privativa de libertad que tienen residencia obligatoria en el centro, pero reciben programas de actividades personalizados que se desarrollan dentro y fuera del recinto.
Tanto en los Centro de Régimen Cerrados como en los Semi Cerrados desarrollan un programa de reinserción social que incluye la continuación de estudios, la formación para el trabajo, el manejo de tecnologías digitales, la atención de salud, el tratamiento de adicciones y el fortalecimiento del vínculo con la familia.
El costo mensual promedio de mantener a un menor en los CSC durante el año pasado fue de $237.900 pesos. Estos se desglosan en $53.398 en alimentación, $3.040 en vestuario y calzado, $73.650 en materiales (artículos de aseo, de enseñanza, de oficina, materiales, y más), $3.085 en mantención y reparación del establecimiento, $35.817 en consumos básicos, y $68.910 en otros (Insumos de computación, mantención de vehículos, combustible, etc).
311 jóvenes fueron atendidos entre enero y noviembre del 2011 en los Centros Semi Cerrados por lo que en total en esos once meses el Estado gastó $73.986.900 en la mantención de estos menores.
El cuarto sistema de atención son los Centros de Reparación Especializados de Administración Directa (CREAD) que reciben a población de menores de mayor complejidad, donde en una modalidad residencial entregan una atención especializada con estrategias apuntadas a reparar el daño asociado a la vulneración de derechos, entregar calidad de vida, y dar protección especial
$197.223 pesos mensuales fue lo que le costó en promedio al Estado la mantención de los 774 menores que estuvieron en los CREAD durante el 2011. $67.827 en alimentación, $10.373 en vestuario y calzado, $18.625 en materiales (artículos de aseo, de enseñanza, de oficina, materiales, y más), $3.587 en mantención y reparación del establecimiento, $36.660 en consumos básicos, y $60.151 en otros (Insumos de computación, mantención de vehículos, combustible, etc).
Considerando el total de menores en las cuatro modalidades de atención y el total de gasto promedio por cada uno, se ve que el total desembolsado por el Estado entre enero y noviembre del año pasado para mantener a los 2344 menores de edad en estos centros del Sename fue de $531.372.157 pesos.
Los correos electrónicos recibidos y despachados desde la cuenta oficial del ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, entre los días 18 y 21 de julio de 2011 son información pública. Así se determinó -por dos votos contra uno- en la sesión N° 328 del 04 de abril de 2012 realizada por el Consejo para la Transparencia, resolviendo favorablemente el amparo al derecho de acceso a la información interpuesto por el ciudadano Juan José Soto.
El 5 de septiembre de 2011, Juan José Soto, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, recurrió al Consejo para la Transparencia – representado por la fundación Pro Acceso- en contra de la Subsecretaría General de la Presidencia (SEGPRES), luego de que dicha institución denegara el acceso a los correos electrónicos del ministro en un determinado periodo. El ciudadano alegó que al ser una cuenta institucional de un órgano del estado, ésta debía ser susceptible de ser solicitada a través de la normativa de acceso a la información.
El ministro Larroulet, por su parte, defendió su postura de no entregar los mails asegurando que la diferenciación entre una información privada y una pública aún no está clarificada, pero que un email se puede comparar tecnológicamente con una llamada telefónica, y hoy hay una institucionalidad que define que un llamado es una información privada.
Finalmente la controversia fue zanjada, señalando los consejeros en su decisión de mayoría que “los correos electrónicos de funcionarios públicos, enviados o recibidos desde su casilla institucional y en ejercicio de funciones públicas —esto es, no los que tengan que ver con su vida privada o personal—, son públicos sino se acredita la concurrencia de una causal legal específica de secreto o reserva. El secreto o la reserva de la información dependen del contenido y no del continente. Sólo así son posibles el control y la participación ciudadana en el ejercicio de las funciones públicas y el adecuado ejercicio de la libertad de expresión“.
Para Soto, “Este fallo reafirma el derecho de acceso a la información pública que tenemos como ciudadanos, considerando que lo que solicité eran correos electrónicos que sólo se refirieran a materias de interés público, solicitando expresamente excluir información que el Ministro considerara bajo el alero de su vida privada”.
Esta decisión reviste de especial importancia, ya que se sienta un precedente sobre el tema, donde el Consejo fue claro al señalar que, “…así como no puede sostenerse que todos los correos electrónicos de las autoridades son reservados no cabe, tampoco, estimar que todos esos correos son públicos“, reafirmando a su vez, que para denegar la entrega de la información es preciso justificar suficientemente la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva específica.
289.692.417.254, no es ni un número de llamado al extranjero, ni los minutos que hay en un año, esa es la cifra en pesos de lo que en promedio el Gobierno gasta al año en mantención de servicios básicos para los estudiantes de la educación pública.
Gracias a una solicitud de información pública realizada por El Vaso en la plataformaAcceso Inteligente,de la Fundación Ciudadano Inteligente, que te permite solicitar información a los organismos públicos de manera simple y efectiva, se pudo conocer cuánto gastó el Gobierno el 2011 en entregar alimentación, útiles y computadores a los escolares de la educación pública.
En útiles escolares el Estado desembolsó el 2011 un total de $2.954.725.523 para 1.212.125 escolares, es decir, por cada estudiante se invirtió $2.437 pesos para sus útiles. La región en la que más se gastó en este ítem fue la Metropolitana, dado su mayor número de colegiales, donde para 398.364 estudiantes se destinaron poco más de $932 millones de pesos. Mientras que en la región que menos dinero se gastó fue en la de Magallanes que recibió $17.712.620 pesos para 7.060 alumnos.
En cuanto a la comida, la Junaeb no especificó la cantidad de estudiantes que reciben este beneficio, pero sí mostró los montos gastados por el Estado en este servicio durante el mes de noviembre del pasado año, tomándolo como mes referencial. El total de $30.148.701.009 pesos fue lo que se invirtió en el penúltimo mes del 2011 para entregarles alimentación a los escolares de la educación pública.
La entrega de esta alimentación, que consiste en desayuno y almuerzo o sólo este último – dependiendo del recinto- y que les proporciona a los jóvenes entre 700 a 1000 calorías, costó poco más de 8 mil millones de pesos para los alumnos de Media, $18.515.270.832 para los alumnos de Básica, $1.718.786.985 para los de Kinder, mientras que para los de Pre kínder se desembolsó mil millones y medio de pesos.
En definitiva, si consideramos 9 meses de asistencia escolar, se puede decir que para entregar alimentación en la educación pública el Estado gasta $271.338.309.081, algo así como US$542 millones de dólares.
Además de los útiles y la alimentación, el Gobierno ofrece una iniciativa llamada “Yo elijo mi PC” la cual consiste en premiar con un computador de regalo a los alumnos de 6° Básico que tuvieron mejor rendimiento y que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población. Estos aparatos tecnológicos se escogen a partir de un catálogo que el Gobierno ofrece donde se encuentran diversas marcas con distintas capacidades de funcionamiento.
El programa lleva tres años y 150 mil escolares ya han recibido su PC. Este año 59.334 estudiantes fueron escogidos para recibir este beneficio lo que le significará al Estado $15.399.382.650 pesos. De estos casi 31 millones de dólares la Región Metropolitana es la que se lleva mayor parte, con 4 mil millones y medio de pesos, dado a sus 16.756 alumnos que clasificaron para el premio. De tras lo siguen la VIII Región con 9.169 estudiantes recompensados y la V Región con 5.858 de estos alumnos. Por su parte, la región con menos escolares premiados fue la de Aysén, que tuvo 361 colegiales clasificados para el beneficio, lo que al Estado le costará $97.127.772 pesos.
En definitiva, si se consideran los gastos por alimentación de 9 meses, más lo desembolsado por útiles escolares, y el programa “Yo elijo mi PC”, el Estado gasta al año en estos servicios de mantención para los alumnos de la educación pública $289.692.417.254 pesos, cerca de US$ 579 millones de dólares
La Fundación Ciudadano Inteligente elaboró un estudio que determina la congruencia entre el comportamiento legislativo del Ejecutivo y las promesas contenidas en el Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
La investigación se puede ver directamente enwww.deldichoalhecho.cl y entre las principales conclusiones se puede señalar que el Programa de Gobierno tiene un cumplimiento de 24,4% en materia legislativa. Para Manuel Arís, Director de Vota inteligente de la Fundación Ciudadano Inteligente, “Más allá de la calificación de bueno o malo del 24% de cumplimiento, en lo que tenemos que avanzar es que los futuros candidatos a elecciones, de cualquier tipo, elaboren sus programas de gobierno con la intención real de implementarlos cuando hayan sido elegidos, para que los ciudadanos mejoremos la confianza en los políticos y dejemos atrás la idea de que los políticos se olvidan de sus promesas cuando llegan al poder”
Otra de las conclusiones relevantes obtenidas por FCI es la llamada “agenda alternativa”, donde podemos apreciar que el 69% de los proyectos de ley ingresados al Congreso por el Ejecutivo no tienen relación con el cumplimiento de alguna de las promesas contenidas en el Programa de Gobierno, lo que demuestra que no necesariamente éste ha significado una carta de navegación en materia legislativa. Este 69% excluye los proyectos de ley relacionados con la reconstrucción, los que representan el 8% del total de proyectos ingresados al Congreso en estos dos años de Gobierno.
Felipe Heusser, Presidente Ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente comenta al respecto, “Como hemos constatado en este estudio, un 71% de los proyectos de ley ingresados por el Ejecutivo al Congreso corresponden a la Agenda Alternativa, lo que, más allá de evaluar la pertinencia de estos proyectos, nos invita a reflexionar sobre cómo vincular lo prometido en campaña con lo que se hace durante la gestión, es decir, a que se establezca una relación proporcional entre lo dicho y lo hecho”
Al mismo tiempo, el estudio concluye que la administración Piñera ha ingresado al Congreso un 28% más de proyectos de ley que el gobierno de Michelle Bachelet en sus dos primeros años de mandato.
¿Qué es lo que se busca con este estudio?
La Fundación Ciudadano Inteligente, a través de estudio, deja en evidencia que en Chile se necesita:
Mayor proporcionalidad entre lo prometido en los Programas de Gobierno y lo que se ejecuta desde la gestión pública.
Un mecanismo para informar a la ciudadanía los cambios que se producen en la carta de navegación establecida en el Programa de Gobierno.
Perfeccionar los mecanismos por medio de los cuales se informa sobre la gestión del Gobierno.
Te invitamos a revisar el estudio, formar parte del debate y revisar la metodología en http:www.deldichoalhecho.cl otro sitio de Ciudadano Inteligente.
¿Cuántas becas entregó el programa Becas Chile el 2011?, ¿a qué países y universidades están destinadas las becas adjudicadas?, ¿quiénes las recibieron?, ¿Qué hay que hacer para postular?, ¿Qué necesidades cubren estas becas?, fueron una de las tantas preguntas que El Vaso quiso resolver.
El Vaso realizó una solicitud de información pública al Ministerio de Educación a través de la plataforma “Acceso Inteligente”, herramienta de la Fundación Ciudadano Inteligente que permite solicitar datos públicos a los organismos del Estado de una manera más simple y directa, con la intención de conocer las becas adjudicadas durante el 2011 por el programa Becas Chile.
Becas Chile cumple con una política de Estado que busca promover el aumento de formación y perfeccionamiento extranjero, modernizar y mejorar la articulación de los programas de becas gubernamentales, y fomentar la vinculación y cooperación internacional.
Las becas ofrecen oportunidades para diferentes intereses profesionales y académicos, los que se dividen en las categorías de formación de postgrado, formación técnica de nivel superior, y la formación docente. En la primera se incluyen las opciones de Magíster, Doctorados, Postdoctorados, Pasantías doctorales, Cotutelas de Doctorado y Sub-especialidades médicas. Para la formación técnica de nivel superior se ofrecen becas para Pasantías de perfeccionamiento de Competencias Técnicas. Y para la Formación docente, se brindan becas de Magíster para profesionales de la Educación, Semestre en el extranjero, Pasantías de Matemática y Ciencias, y Diplomado para Académicos de Pedadogía en Inglés.
El público objetivo de las becas de esta última categoría son los estudiantes de pedagogía que estén cursando los últimos años de su carrera en universidades de Chile, y profesionales de la educación que se desempeñen en escuelas municipales y subvencionadas. Mientras que las becas de Formación técnica se apunta a técnicos de nivel superior y profesionales de carreras de ocho semestres sin licenciatura, pero con al menos dos años de experiencia laboral ya sea en el sector público o privado.
El público objetivo de las becas de la categoría postgrados son los recién titulados, académicos y profesionales provenientes tanto del sector público como del privado. Mientras que los requisitos son tener excelencia académica ya sea habiendo terminado los estudios superiores con nota promedio superior a 5.0, o haber sido del 30% superior de su generación al momento de licenciarse u obtener el título. Además de ya haber sido aceptado en la universidad extranjera a la que se postula.
En total el 2011 se entregaron 1222 becas entre las distintas categorías antes mencionadas, las que se distribuyeron de la siguiente manera:
Magíster y Doctorados
De las 472 becas para Magíster adjudicadas el 2011 los países que más estudiantes chilenos recibirán son Inglaterra con 110 becas entregadas, Estados Unidos con 91 y Australia con 81 adjudicaciones. Mientras que las universidades que más chilenos recibirán para Magister son la española Universidad de Barcelona con 37 premiados, y las australianas University of Melbourne con 31 y Queensland University con 26 becarios.
Por otra parte, de las 298 becas adjudicadas para Doctorados los países con más premiados son España con 71 estudiantes, Inglaterra con 47, y Estados Unidos con 40 doctorados. En cuanto a las universidades que más becarios recibirán en este ítem son nuevamente la Universidad de Barcelona con 42 adjudicaciones, la universidad Autónoma de Barcelona con 10 y la University of Melbourne con 8 premiados.
Para quienes postulan a las becas de postgrados becas Chile cubre diferencialmente a cada una. A las becas de los Magíster, Postdoctorados y Cotutelas de Doctorado cubren hasta 2 años,; las Pasantías Doctorales hasta 10 meses; las Subespecialidades médicas hasta 3 años; y los Doctorados hasta 4 años.
Los servicios que cubren y el monto de dinero que entrega el Estado a través de estas becas, se distribuyen de diferentes maneras dependiendo de a la beca que se postuló y del coste de vida del país al que se va. Esta distribución se muestra en la siguiente tabla:
*El ministerio de Educación señaló que no pudo entregar los montos específicos para las becas dado que “la ejecución de los costos de las becas se realiza por períodos superiores a un año, por lo que aún no es posible detallar el costo total de cada beca”.
Así fue como Becas Chiles entregó sus becas durante el 2011, con el objetivo de, tal como dicen en su página oficial, “formar capital humano avanzado en todas las áreas del conocimiento, sin excepción alguna y en cualquier país excepto Chile, para que los graduados, a su regreso a Chile, apliquen los conocimientos adquiridos y contribuyan al desarrollo científico, académico, económico, social y cultural del país”.
Durante el último tiempo, hemos puesto énfasis en hacernos –los ciudadanos- personas más informadas y participativas. A su vez, las instituciones han comenzado a revelar información a la que antes no podíamos acceder. Por eso, si tienes dudas en temas de transparencia y acceso a la información, estos son los sitios que no puedes dejar de visitar a la hora de hacerte preguntas, seguramente en ellos, podrás encontrar respuestas.
Desde 1988, la corporación Participa ha buscado mejorar la calidad de la democracia promoviendo la participación ciudadana en los asuntos de interés público y un ejercicio responsable del gobierno. La idea principal de esta entidad es contribuir para que los valores y derechos democráticos sean conocidos, respetados y ejercidos por personas informadas, organizadas y participativas. Además, aboga por prácticas transparentes y por la rendición de cuentas en la gestión pública.
Dentro de sus proyectos, destacan los de participación ciudadana y de transparencia y acceso a la información pública como el programa “Quiero mi barrio” (2007-2010), “Incide” (2010-2011) e “Iniciativa y Acceso”. Durante el 2011 se realizaron “Seminarios Participativos” y el proyecto “Ciudadanía Activa”.
Nació en julio del 2004 como una fundación sin fines de lucro que buscó -desde un comienzo- promover el acceso a la información pública, y consolidarlo como un derecho humano fundamental, generando cambios a nivel legal y cultural. Intenta garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública y promocionarlo como una herramienta central en el desarrollo de políticas públicas de Chile.
Actualmente, Pro Acceso realiza un arduo seguimiento al fallo de la Corte Interamericana y a los cambios institucionales que están en trámite legislativo.
El proyecto Transparentemos busca que las organizaciones que participen en él se autorregulen e incorporen a su gestión los principios de la transparencia activa y rendición de cuentas. Esto incrementará la legitimidad del sector, permitirá alcanzar una mayor eficacia e impacto tras su gestión y así, alcanzar más oportunidades de acceso a recursos del sector público y privado.
Transparentemos contempla construcción de estándares, en base al modelo Chile Transparente. También, tiene un plan piloto, donde se convocarán a 60 organizaciones sin fines de lucro para hacerse parte de esta experiencia. Por último, se emprenderán acciones con las distintas instituciones públicas y privadas.
En el 2000 se fundó Ciudad Viva , su compromiso fue tomar el conocimiento adquirido durante la lucha de cinco años contra el primer gran proyecto de autopista urbana en Chile (Costanera Norte), que hubiera destruido la rivera norte del río Mapocho y todo su patrimonio tangible e intangible, y ponerlo a disposición de las comunidades urbanas en conflicto o que estén buscando jugar un rol más activo en la planificación, para construir barrios y ciudades más justas socialmente y sustentables ambientalmente.
Finalmente, Ciudad Viva busca el empoderamiento de los ciudadanos y especialmente sus organizaciones, los espacios colectivos donde se construyen consensos cruciales.
El Consorcio es un grupo de organizaciones de carácter multidisciplinario que través de su experiencia y conocimiento en materias de transparencia, participación ciudadana, acceso a la información y tecnología, busca facilitar el acceso real de los ciudadanos a la información, y monitorear a las diferentes instituciones públicas y privadas. Además, se preocupa de desarrollar acciones de educación, difusión y empoderamiento ciudadano en torno a estos derechos.
Dentro de las organizaciones, cuentan con la participación de: Corporación Participa, Fundación Pro Acceso, Fundación Pro Bono y la Fundación Ciudadano Inteligente.
El Consejo para la Transparencia es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por la ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información del Administración del Estado. Busca promover y cooperar en la construcción e institucionalización de una cultura de la transparencia en Chile, garantizando el derecho de acceso a la información pública de las personas.
Es una red de intercambio entre organismos y entidades públicas que desarrollan supervisión en funciones de transparencia y acceso a la información pública. Esta red la conforman, el Ministerio Institucional de Transparencia y lucha contra la corrupción de Bolivia, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos de México, la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay, la Defensoría del Pueblo de Perú y el Consejo para la Transparencia de Chile.
Acá podrás enterarte que sucede no solamente en Chile, sino en otros países de América sobre el tema de transparencia y acceso a la información.
En este portal se encuentra toda la información sobre transparencia de las entidades públicas. Dentro de las opciones que te da, puedes ingresar y ver datos de organismos públicos, sistema de compras, informes de ejecución presupuestaria, transferencias, actos y resoluciones, estructuras orgánicas, la dotación de personal de las distintas instituciones y la declaración de intereses de nuestras autoridades, entre otras opciones.
Chile Transparente, combate la corrupción desde una perspectiva integral. Crea conciencia sobre los beneficios de la transparencia en las organizaciones públicas y privadas, y da a conocer los costos económicos y sociales que implica la corrupción.
Desarrolla proyectos que posicionan los valores de la transparencia y la probidad, y elabora herramientas y prácticas que permitan mejorar los niveles de integridad y acceso a la información de la ciudadanía.
Las actividades y acciones emprendidas por el organismo son financiadas por el aporte de socios individuales y de empresas cooperadoras, junto a las donaciones recibidas por proyectos específicos de parte de distintas entidades nacionales e internacionales.
El Open Goverment Partnership tiene por objeto asegurar el compromiso concreto de los gobiernos en promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana, luchar contra la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para hacer que los gobiernos sean más abiertos, efectivos y contables. Otra tarea, consiste en apoyar la participación ciudadana de todas las personas, por igual y sin discriminación, en la toma de decisiones y la formulación de políticas.
La suma de $1.147.984.473 pesos le costó al Estado detener el incendio forestal de Torres del Paine, que dejó una gran pérdida en parte del sector de Olguín de la reserva nacional de la Región de Magallanes.
Para saber esto, El Vaso realizó una solicitud de información pública a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) a través de la plataforma “Acceso Inteligente”, herramienta de la Fundación Ciudadano Inteligente que permite solicitar datos públicos a los organismos del Estado de una manera más simple y directa. La respuesta dada en definitiva por la Onemi mostró cuánto fueron los gastos incurridos para solucionar el incendio de Torres del Paine hasta el 3 de febrero.
El incendio comenzó el 27 de diciembre del pasado año después que un turista israelí prendiera fuego a un papel higiénico. Los gastos para contener el desastre que consumió 17.606 hectáreas del parque nacional han sido para contratar aeronaves, equipamiento de operaciones, combustible, y el traslado de personas y elementos.
El arriendo de aeronaves de combate de incendio especiales para las condiciones meteorológicas de la zona fue lo más costoso de todo el proceso, alcanzando la cifra de $656.731.956 pesos. Esto además de todo el combustible que se tuvo que usar para estas aeronaves que tuvo un costo de $46.868.979 pesos.
Hasta 900 personas se encontraron intentando detener el fuego en el momento de mayor complejidad de la operación, señaló a la prensa el director de la Conaf en Magallanes, José Fernández. Entre ellos habían brigadistas de la Conaf, bomberos, personal de las fuerzas armadas, brigadas forestales del Ejercito de Chile, además de brigadistas extranjeros (principalmente de Argentina y Uruguay) que llegaron a colaborar.
Para todos estos servicios que corresponden a los gastos de logística el Estado desembolsó $351.907.873 pesos. Estos se desglosan en el desplazamiento de las brigadas, el alimento para ellos, sus respectivos equipamientos, la habilitación de albergues, entre otros.
Otro gasto importante fue el del traslado de las personas que se encontraban en el sector del incendio, que incluso significó la evacuación emergencia por los servicios nacionales de más de 400 turistas. Todas estas asistencias le costaron a la Onemi $48.896.501 pesos.
El resto de los gastos se desembolsaron tanto en combustible para otras maquinarias, lo que costó $40.040.354, como para el traslado de elementos que la Onemi no especifica, que tuvo un costo de $3.538.810 pesos.
En definitiva, todo el operativo para detener y solucionar el incendio forestal de 17.606 hectáreas en Torres del Paine le significó al Estado $1.147.984.473 pesos.
¿Qué piensa cada congresista sobre el binominal, el semipresidencialismo, el matrimonio homosexual o sobre el aborto terapéutico?, ¿A qué opositor de su conglomerado político admiran más, a cuál menos?, ¿cuáles son sus creencias religiosas y cuáles sus referentes personales? 19 parlamentarios de diferentes partidos políticos accedieron a someterse al Rayo X Político, la nueva iniciativa de El Vaso, el blog de la Fundación Ciudadano Inteligente.
