SOPA, ACTA y el TPP no son el problema
Por Francisco Luco.
Contrariamente a lo que hemos creído por algún tiempo, el problema de la amenaza a nuestros derechos de acceso a la información y libertad de expresión no se llama SOPA, PIPA, ACTA o TPP.
El problema fundamental no radica en instrumentos legislativos que, intentando resguardar valores difusos –llámense seguridad digital o derechos de autor–, tienden a vulnerar derechos fundamentales. El problema no radica en la ley de turno que busca responsabilizar al administrador de un blog por las injurias que se puedan eventualmente verter en él; ni en la que exija a los ISP un control férreo de los contenidos que un usuario de Internet descargue y les ordene cortar el servicio si se tratare de determinado material; ni tampoco en la ley que determine mandar a la cárcel a quien ose distribuir en la red cualquier obra protegida.
Aunque en los hechos no lo parezca, estos episodios –mientras no se aprueben los correspondientes proyectos– son meramente anecdóticos. A lo más sintomáticos, si se quiere.
El verdadero problema, aquel del cual SOPA y muchos otros acrónimos son nada más sus consecuencias, dice relación con las dimensiones que ha alcanzado Internet en la vida cotidiana y los ojos con que la red comienza a ser vista por grupos de interés como empresarios y políticos.
Que no se me malinterprete con esto último. No se trata de elucubrar una nueva teoría salfatiana y ver enemigos ocultos en todas partes, sino de identificar los poderes fácticos y tradicionales cuya existencia todos conocemos, y cómo sus miedos son cosa mucho más manifiesta de lo que creemos.
En el caso del genérico concepto de “empresarios”, entendemos que se trata de ejecutivos de la industria discográfica, del cine y otras que, ejerciendo un lobby feroz sobre la llamada clase política, ven una supuesta amenaza al bienestar de sus respectivas industrias en el comportamiento de usuarios con pata de palo y parche en el ojo.
Pero además del resguardo de ciertos intereses comerciales, el poder tradicional también posee sus propias razones para aguarnos la fiesta.
Y es que el caso de los políticos es especialmente interesante. Un rápido examen a nivel global nos permite apreciar la diversidad de colores de que hacen gala los distintos países que han coartado o pretendido coartar la libertad de expresión, el acceso a la información y otros derechos fundamentales (fundamentalísimos en el nuevo milenio). Dicho en otros términos, el poderoso, abierto y masivo espacio de información, conocimiento, cultura, entretenimiento y educación en que se ha convertido Internet ha merecido la amenaza tanto de tiranías en Medio Oriente, como de la dinastía Castro en Cuba y de republicanos y demócratas en Estados Unidos. O sea, hay para todos los gustos.
Como afirma con precisión Claudio Ruiz, de la ONG Derechos Digitales:
“todas estas iniciativas tratan de entender las nuevas tecnologías e Internet fundamentalmente como un lugar opaco cuyas prácticas hay que regular con severidad para resguardar mecánicas de negocio de la era previa a internet. Así, otros derechos que ven en Internet una zona segura y de fácil desarrollo, como la libertad de expresión, terminan cediendo a favor de intereses comerciales vinculados a la explotación de los derechos de autor.”
Creo fundamental resaltar aquello de entender las nuevas tecnologías e Internet como un lugar opaco. Incluso, a juzgar por las acciones adoptadas en diversos ordenamientos, uno podría inferir sin miedo a equivocarse que Internet es visto muchas veces como un auténtico espacio de libertinaje, una anarquía que se ha venido soportando durante décadas, y que amerita con urgencia y prontitud una regulación sumamente interventora e –incurriendo en un despropósito jurídico– incluso sanciones penales. Pero en esa absurda apreciación, por cierto que no sólo tienen cabida los intereses comerciales a los que se aludía anteriormente.
Permítanme aquí hacer un paréntesis bastante clarificador. Y es que una buena forma de ilustrar la situación es una ya legendaria declaración de la NTIA de principios de 2010.
Citando el correspondiente artículo en inglés de Wikipedia, la National Telecommunications and Information Administration es una agencia integrante del Departamento de Comercio de Estados Unidos, cuya función consiste en operar como principal asesor del Presidente en materia de telecomunicaciones.
Pues bien. No fue más ni menos que dicho órgano el que en la mentada declaración enseñó una curiosa delimitación temporal para referirse a la historia de Internet y a las medidas reactivas que deberían adoptarse de cara al futuro. Así, la NTIA se empeñó en describir el período comprendido entre los años 1990 y 2000 como la “Política de Internet 1.0: transición a la comercialización” y el período comprendido entre 2001 y 2009 como “Política de Internet 2.0: desde el garaje a las calles”.
Aquel primer período, caracterizado por el surgimiento de los primeros ISP comerciales, habría sido observado con una actitud del gobierno norteamericano propensa a la no intervención, de manera que se facilitara el crecimiento de la red y se promoviera la innovación en garajes a lo largo y ancho de todo Estados Unidos. En el segundo período, por su parte, en donde resulta evidente la masificación de Internet y la forma en que éste pasa a convertirse en un servicio doméstico más (con 7 de cada 10 hogares estadounidenses conectados, según las estimaciones de la NTIA en ese entonces), comenzarían a aparecer los problemas: de privacidad, de seguridad y, era que no, de infracción de copyright.
Con este par de antecedentes es que la NTIA no dudó en sugerir hace dos años la “Política de Internet 3.0”, una que vendría a poner orden en un mundo de caos en que el principio “leave the Internet alone” ya no puede seguir teniendo cabida.
Estas ideas manifestadas en 2010 no representan sino el puntapié formal de las nefastas iniciativas que se han venido conociendo en el último tiempo. Y las mismas palabras escogidas en dicho discurso (más elocuentes de lo que yo pueda reproducir) dejan entrever el problema de fondo al que aludía al principio, aquel que subyace como causa de esos efectos que llamamos SOPA o ACTA.
El problema no es económico, sino esencialmente político y sociológico: tiene que ver con la forma en que las cuotas de poder ahora, al menos en una cierta y moderada medida, son “compartidas” entre gobernantes y ciudadanos conectados, y la forma en que a los primeros atemoriza una suerte de comunismo 2.0 que en realidad no es tal.
Tiendo a creer que los principales actores políticos que hoy gobiernan Estados Unidos y Europa –y en realidad cualquier país– son gente de avanzada edad con una visión de mundo ya formada, moldeada, a modo de ilustración, por paradigmas anacrónicos como el de la guerra fría.
Las nuevas generaciones, en cambio, nacen y verán expuesto su crecimiento a otra clase de estímulos, a nuevas formas de aprender y hasta a un cambio en códigos del lenguaje como nunca antes visto; a un mundo distinto, donde Internet no es la novedad científica que –como afirmaba la propia NTIA– hace sólo un par de décadas permanecía en un garaje, sino un ente universal y accesible cuya existencia resulta tan natural e incuestionable como el agua.
Es el mundo tecnologizado y rebosante de información y oportunidades que escritores como Isaac Asimov y un algo más pesimista Arthur C. Clarke vaticinaron varias décadas atrás; un mundo cuya configuración golpea fuertemente las nociones de políticos vetustos y que los inmoviliza, de la misma manera que hoy un anciano promedio de 80 años sería reticente a aprender a utilizar un reproductor de música digital en desmedro de la radio.
Por ahora, la única forma de escapar de lo que parece ser un complejo año para el derecho de acceso a la información y el ejercicio de la libertad de expresión, es el boicot de proyectos como SOPA y el ejercicio proactivo de labores de información y difusión tan loables como las de ONGs tipo Ciudadano Inteligente y Derechos Digitales.
Sin embargo, no podemos obviar que en un largo plazo son otras las determinaciones que deberíamos tomar para evitar que lo que en algún momento parecía erigirse como una biblioteca de entretenimiento, conocimiento e información sin límites y al alcance de cualquiera, termine sucumbiendo, más que a los intereses de la industria editorial, musical y cinematográfica, a los intereses de un orden y estructuras con formas particulares de ver y gobernar la sociedad. En este sentido, los pasos a seguir son evidentes y dicen relación con ese sagrado ejercicio cívico llamado voto, pues mientras no exista un recambio de mentalidad en el poder (ojo, que no basta rejuvenecer en 20 años a los candidatos), iniciativas como SOPA y PIPA seguirán multiplicándose.
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