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Correos electrónicos institucionales: ¿públicos o privados?

El miércoles 18 se realizó una audiencia en el Consejo para la Transparencia por solicitud de correos electrónicos, que hizo un ciudadano, al Ministro Larroulet.

Es la tercera vez que en Chile sucede algo así. La primera, fue la petición de correos electrónicos que se hizo al Servicio Agrícola Ganadero (SAG), a raíz del proyecto HidroAysén; la segunda, una solicitud de los e-mails enviados sobre el tema de reconstrucción entre la Subsecretaría del Interior y la Gobernación de Talagante. En la actualidad el CPLT se encuentra conociendo su tercer caso.

Todo comenzó con una solicitud de acceso a la información pública del ciudadano Juan José Soto quien pidió acceder a los correos electrónicos despachados y recibidos desde la cuenta de correo institucional del Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, entre los días 18 y 21 de julio de 2011, solicitando expresamente, excluir cualquier tipo de correo privado del Secretario de Estado.

El 5 de septiembre de 2011, Juan José Soto, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Subsecretaría General de la Presidencia (SEGPRES), basado en que dicha institución habría denegado el acceso a datos solicitados.

“El artículo 5° de la Ley de acceso a la Información Pública establece que es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”, explica Juan José Soto

También, asegura que el derecho a la protección de la vida privada no se ve amenazado por la entrega de dicha información, pues se pidieron sólo aquellos correos electrónicos que tratan temas relativos a la gestión pública, y no los que tengan contenido privado.

Agregó que la tecnología actual, supone el reemplazo de las tradicionales formas de comunicación escrita entre funcionarios públicos, siendo los e-mails de cuentas institucionales pagadas por el Estado, y usadas por funcionarios contratados por este, escritos de carácter público, de interés ciudadano y parte esencial de la memoria institucional de un país. En naciones como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra o México, los ciudadanos pueden solicitar los correos electrónicos de sus autoridades, y no ha habido grandes problemas por ello, por eso no se entiende que el Gobierno quiera mantener sus comunicaciones en secreto.

Por su parte, el ministro Larroulet defiende su postura de no entregar los mails porque asegura que la diferenciación entre una información privada y una pública aún no está clarificada, pero que un email se puede comparar tecnológicamente con una llamada telefónica, y hoy hay una institucionalidad que define que un llamado es una información privada.

Es por ello que el Gobierno interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional, defendiendo la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la privacidad.

El miércoles 18, el Consejo para la Transparencia vio ambas posturas y se espera que  adopte una decisión definitiva, pronto  respecto al criterio sobre si los emails institucionales de las autoridades públicas deben ser privados o tienen un carácter público respecto del interés ciudadano.

 

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